Discurso del Presidente del Directorio del Banco Central del Uruguay, Cr. César Rodríguez Batlle, en el almuerzo organizado por ADM, 26 de setiembre de 2001

Nos sentimos muy honrados de poder exponer ante ustedes acerca del sistema financiero doméstico y su vinculación con la actividad productiva. Me siento inclinado a integrar este tema a otro un poco más amplio, enfocándolo más bien desde el punto de vista de las relaciones entre la actividad productiva y las distintas áreas bajo la competencia del Banco Central del Uruguay.

Quizás este violando una regla de oro de los banqueros centrales, que es la de hablar poco. Como todos ustedes saben, el Sr. Alan Greenspan no es un colega de palabra fácil, tal vez porque sabe que un par de palabras suyas pueden costar millones al mercado. Modestamente, espero ser un poco más inofensivo. Pero dada la coyuntura y el interés que ustedes demuestran, ésta es una buena oportunidad para poder exponer nuestra visión sobre el sistema financiero, particularmente en aspectos que a nos involucran.

Para comenzar, déjenme recordarles que el Banco Central del Uruguay es un organismo complejo con múltiples responsabilidades, siendo una de las principales cuidar de la solvencia y el sano desarrollo del sistema financiero, para que éste pueda a su vez cumplir su doble papel de administrar los mecanismos de pagos y canalizar el financiamiento de la actividad económica. El Banco Central hace bien su trabajo cuando nadie se acuerda de él. No obstante, nuestro rol no se agota en aspectos regulatorios, sino que abarca también decisiones de política monetaria y cambiaria, que como ustedes comprenderán, no puedo dejar fuera de esta exposición. No sólo por la vinculación entre éstos y la actividad productiva, sino también por la estrecha relación que existe a su vez con la propia actividad financiera.

Dentro de esta lógica, organizaré mi exposición en tres partes:
• para comenzar, situaremos la política cambiaria en el contexto externo y en el marco de la política de estabilización que hemos llevado exitosamente adelante durante los últimos años, dedicando una especial atención en los objetivos que este instrumento busca alcanzar.
• Seguidamente, continuaremos nuestra exposición centrándonos en el sistema financiero y en los fundamentos de las políticas regulatorias que aplicamos desde el BCU. En particular, trataremos de explicar las medidas recientes que hemos adoptado en materia de regulación prudencial anticíclica, la cual pone al Uruguay en la vanguardia internacional en la materia.
•
Finalmente, haremos algunos comentarios acerca del costo del crédito, para luego concluír con comentarios sobre alguno de nuestros proyectos para el futuro.

Permítanme, entonces, comenzar por la gestión cambiaria y su relación con el plan de estabilización. Recordemos que Uruguay comenzó la década de los noventa con una tasa de inflación del orden del 130%. Esta tasa, como ustedes comprenden, era y es realmente inaceptable. El impuesto inflacionario es el peor de los impuestos, no sólo por su regresividad y por su ilegalidad, ya que es un impuesto cuya recaudación no se encuentra bajo control parlamentario. Además, este impuesto es altamente distorsionante en términos de la asignación de recursos, ya que dificulta el cálculo económico y afecta negativamente las decisiones de inversión.

Hoy en día, la tasa de inflación se encuentra situada en un entorno del 4%. Esto no sólo es un parámetro aceptable en términos de estándares internacionales, sino que además revela una mayor explicitación de los costos de funcionamiento del gobierno. El impuesto inflacionario no es más una fuente de financiamiento fiscal.

Este entorno de estabilidad le da certeza al funcionamiento del mercado y permite a las empresas tener un marco de planificación. Ahora, la tasa de inflación no es un instrumento en sí mismo. Por el contrario, es una meta para el Banco Central en el cumplimiento de la función de preservar el valor de la moneda, así como está determinado por nuestra Carta Orgánica. El principal instrumento, ha sido la administración de la política cambiaria. En una economía pequeña, abierta y altamente dolarizada como la nuestra, el nivel de precios guarda una estrecha relación con la inflación externa, que importamos de nuestros socios comerciales, y con la tasa de devaluación, que traduce esa inflación externa a inflación expresada en moneda nacional. La combinación de ambas genera una especie de "ancla nominal" para el nivel de precios domésticos, en un entorno de la cual se sitúan los precios domésticos. La gradual desaceleración de este ancla ha permitido un gradual descenso de la tasa de inflación a los niveles que disfrutamos hoy en día y que tenemos la obligación de preservar.

En este sentido, es importante tener presente que existe una estrecha relación entre el ancla y el nivel de precios interno. En consecuencia, la única forma que una mayor tasa de devaluación no se traduzca en una mayor inflación doméstica, es sólo si nos encontramos en una coyuntura deflacionista en la cual nuestros precios en dólares, como una situación de equilibrio, tienden a evolucionar por debajo de la inflación internacional. Indudablemente, esto es lo que define nuestra coyuntura actual, producto de la serie de shocks adversos que nos han venido afectando en los últimos tres años.

El gobierno no considera al manejo de la política cambiaria como un instrumento idóneo para ganar competitividad per se. Pero lo que sí resulta evidente, es que es un instrumento adecuado para facilitar el ajuste de los precios relativos en este contexto deflacionario.

Algo así comenzó a generarse a comienzos de 1999, con el abandono de la paridad fija del Real en Brasil y la caída de la demanda externa. En los últimos 30 meses, nuestra moneda se depreció aproximadamente un 25% respecto del dólar, pero sólo un 13% se tradujo en inflación. Aún así, al comparar esta caída de nuestros precios en dólares con lo ocurrido en Brasil, el resultado es desfavorable para nuestra producción. Por eso, nuestro indicador de competitividad bilateral se deteriora. Brasil es un país con características financieras y comerciales muy diferentes a las nuestras, y el Real ha ingresado en un proceso de fuerte depreciación. Una mayor devaluación en nuestro país , podría haber generado un mayor nivel de inflación sin traducirse en una ganancia neta de competitividad. No debemos olvidar que Brasil es una parte de nuestro "resto del mundo". Y cuando uno deprecia su moneda no lo hace bilateralmente, sino que lo hace con todos los socios.

Consideremos el caso de Argentina, donde claramente una rápida inspección a nuestros índices de competitividad bilateral sugieren una significativa mejoría durante los últimos dos años. Sin considerar el efecto del "empalme" registrado en la convertibilidad argentina, podemos estimar preliminarmente un aumento de nuestra competitividad bilateral del orden del 6% entre Enero de 1999 y Junio 2001. Sin pretender que este efecto sea la consecuencia directa de nuestra pauta devaluatoria, resulta evidente que la misma contribuyó positivamente en este proceso. Esto es particularmente importante, porque el nivel de precios en dólares de Uruguay se explica, en muy buena medida, por el nivel de precios en dólares de Argentina, país con el cual tenemos un intenso comercio no sólo a nivel de mercancías sino también de servicios. En este sentido se comprende mejor la modificación temporal en nuestra pauta devaluatoria, no sólo como resultado de la coyuntura que vivimos, sino también como adecuación a la devaluación técnica producida por el empalme de la convertibilidad.

Algo similar sucede respecto del "resto del mundo", definido como canasta ponderada de un grupo significativo de nuestros socios comerciales extrarregionales. En este caso, nuestra estimación preliminar sugiere un incremento del 3% en la competitividad bilateral, el que luce más significativo cuando reflexionamos a donde podría habernos conducido la dramática depreciación del Euro durante ese período (lo que se está atemperando en estos días).

En lo que respecta a nuestro futuro próximo, la pauta devaluatoria ha sido fijada en un 1.2% mensual, efectiva hasta Junio de 2002. Sólo durante el correr de 2001, dado que esta pauta es consistente con una inflación dentro del rango de 5 a 6%, nuestros precios en dólares se reducirán aproximadamente un 6%, en promedio. Como ustedes observan, la pauta devaluatoria es funcional a nuestros objetivos inflacionarios al tiempo que facilita un más fluido ajuste de nuestros costos en dólares. De hecho, la inflación acumulada desde enero de 1999 hasta la fecha ha sido del orden del 12%, mientras que el deslizamiento de la banda de flotación fue del 22%, lo cual permitió una disminución de nuestros precios en dólares del orden del 9%, sin tener en cuenta las variaciones del tipo de cambio dentro de la banda de flotación.

En resumen, como siempre puede haber más y más rápido. Pero hemos logrado la estabilidad y continuaremos con un paulatino ajuste de precios relativos. Las exportaciones, aun teniendo en cuenta el fenómeno de la aftosa y la brutal caída de los mercados vecinos, han evolucionado favorablemente en términos de volumen físico, cayendo en valor alrededor de un 7% anualizado a agosto de este año, principalmente por razones de precios deprimidos.

No obstante, entendemos y reafirmamos que la política cambiaria no solo debe estar al servicio de la estabilidad, sino también debe ser funcional al objetivo de crecimiento de la economía.

Hechas estas consideraciones sobre nuestro contexto monetario-cambiario, me concentraré sobre los aspectos más específicos vinculados al sistema financiero.
Para situar el tema, tengamos presente que el mismo es importante no sólo desde el punto de vista de su relacionamiento con otros sectores de la economía. Para comenzar, recordemos que el desarrollo del sistema financiero -si bien ha tenido algunas características de naturaleza aluvional a través de los años- ha sido en buena medida el producto de una estrategia de largo plazo que ha trascendido varios gobiernos durante los últimos 25 años. Esta estrategia, que podríamos definir como una verdadera política de Estado, ha apuntado a desarrollar un sistema cuyo valor agregado se estima actualmente en orden de los 2 mil millones de dólares.

En un sentido amplio, el sistema financiero comprende las actividades bancarias tradicionales, los seguros, las administradoras de fondos de ahorro previsional y el mercado de valores. A pesar de ello, nuestro enfoque, por razones de tiempo, principalmente se concentrará en la actividad del sistema bancario.

Hechas estas consideraciones sobre nuestro contexto monetario-cambiario, me concentraré sobre los aspectos más específicos vinculados al sistema financiero.
Para situar el tema, tengamos presente que el mismo es importante no sólo desde el punto de vista de su relacionamiento con otros sectores de la economía. Para comenzar, recordemos que el desarrollo del sistema financiero -si bien ha tenido algunas características de naturaleza aluvional a través de los años- ha sido en buena medida el producto de una estrategia de largo plazo que ha trascendido varios gobiernos durante los últimos 25 años. Esta estrategia, que podríamos definir como una verdadera política de Estado, ha apuntado a desarrollar un sistema cuyo valor agregado se estima actualmente en orden de los 2 mil millones de dólares.

En un sentido amplio, el sistema financiero comprende las actividades bancarias tradicionales, los seguros, las administradoras de fondos de ahorro previsional y el mercado de valores.

A pesar de ello, nuestro enfoque, por razones de tiempo, principalmente se concentrará en la actividad del sistema bancario.

Desde el punto de vista de la contribución al producto bruto interno, el valor agregado de la actividad financiera (definida en general, incluyendo la actividad de las compañías de seguros) representa aproximadamente un 10% del esfuerzo productivo total del país. Para darles una idea de magnitud, su contribución directa es comparable al del sector de transportes y comunicaciones, o a la de la industria de la construcción. Desde ya hablamos en términos de valor agregado bruto y dejamos de lado otros aspectos importantes (ocupación, efectos indirectos, etc.). No es una comparación de carácter polémico, sin perjuicio de que no compartimos la visión que enfrenta los llamados sectores reales con los financieros.
Por otro lado, en términos de capital, sin duda se trata de un sector clave aunque difícil de cuantificar, dada la intangibilidad de muchos de sus activos. Si bien el sector se encuentra respaldado por una fuerte acumulación del capital físico, no nos cabe duda que su principal riqueza se encuentra en el capital humano involucrado, su acumulación de conocimientos, su capacidad de innovación tecnológica, el know-how, y tan importante como ésto, la confianza y la reputación que el propio sector ha ido acumulando a través de los años.

La vinculación del sector con el resto de la sociedad a través de su actividad de intermediación financiera es significativa. Medido a través de sus activos, el crédito total del sistema financiero al sector privado residente equivale a aproximadamente la mitad del producto interno bruto. De este total, más de la mitad corresponde al sistema bancario oficial.

Una vez planteada la importancia del desarrollo del sector en la economía nacional podemos analizar las claves para una articulación constructiva entre el sistema financiero y el resto del aparato productivo.

El primer canal se refiere a la existencia de flujos estables de financiamiento. Estabilidad entendida en oposición a crisis. Por supuesto que el crédito tiene ciclos y los seguirá teniendo, pero es vital que el flujo no se interrumpa y que facilite el crecimiento de la economía. Para esto, también es necesaria la existencia de financiamiento de largo plazo y de capital de riesgo. El primero para adecuarse a los plazos de maduración de distintas inversiones. Muchos proyectos requieren de capital de riesgo que esté dispuesto a aceptar incertidumbre que rodea a una actividad innovadora, así como de financiamiento a largo plazo que elimine la presión de liquidez en las fases de desarrollo del proyecto.

Para que estas condiciones estén presentes, el Banco Central del Uruguay, como regulador del sistema financiero, debe mantener una conducta prudencial que asegure la solvencia de la plaza y debe estar atento a asegurar el desarrollo del marco regulatorio adecuado a esta articulación. Nuestra función es cuidar de la solvencia de las instituciones, porque eso implica proteger a los depositantes y a la cadena de pagos, al tiempo de generar el marco regulatorio apropiado para que el mercado se desarrolle en toda su potencialidad. Pero tal como lo veremos más adelante, estas políticas regulatorias no deben forzar decisiones anti-económicas.
Por otra parte, en un plano más proactivo, y de acciones directas, el Banco Central facilita la canalización de recursos de mediano y largo plazo a los sectores productivos, como en el caso de los préstamos Multisectoriales, e instrumenta el mecanismo de prefinanciación de exportaciones. Lo anterior habilita al sistema bancario a acceder a fondos de mediano y largo plazo que trasladan a los sectores productivos y en el caso de la prefinanciación permite a los exportadores financiarse con la tasa más baja de la región.

No siempre es fácil ver cómo la solvencia paga. Sin embargo, esto tiene un claro efecto sobre las condiciones financieras de los bancos. Un sistema financiero riesgoso, con fundamentos débiles, tendría costos de captación típicamente mayores que la tasa de interés internacional. Sin embargo, este no es el caso de Uruguay. En nuestro país, el costo de captación se encuentra sistemáticamente por debajo de la tasa LIBOR. Por un lado, este es un claro indicador de que el flujo de capitales que vienen a Uruguay no es de naturaleza especulativa. No se trata de hot money, sino de fondos que buscan seguridad en un contexto donde las reglas del juego son claras y el sistema financiero solvente. Por otra parte, este costo de captación es parte esencial del costo del crédito ya que es el piso de las tasas de interés. Para entenderlo bien, basta reflexionar sobre cuál sería este costo si nuestro sistema financiero tuviera que fondearse a tasas cinco o diez puntos porcentuales superiores a las actuales.

Otra modo de ver la misma situación es no ya a través de los precios, sino a través de las cantidades. Si tomamos a los depósitos de no residentes como indicador de la imagen de solvencia de nuestro sistema, los mismos mantienen su tendencia creciente de los últimos años. En particular, han aumentado un 18% en lo que va del año, en buena medida como resultado de un arbitraje en las condiciones de seguridad y solvencia a nivel regional.

Dando vuelta la hoja de balance y viendo la actividad del sistema bancario a través de sus activos, se observa un sostenido crecimiento del crédito durante la década anterior. Si observamos en primer lugar la actividad del sistema bancario privado, nos permite evaluar directamente las tendencias de mercado.
En este sentido, lo primero es notar que el crédito crecía exponencialmente hasta 1998, momento en el cual comenzó a generarse una situación muy adversa en los mercados financieros internacionales y en nuestros países vecinos, principalmente en Brasil. A mediados de ese año, el Banco Central estaba muy preocupado con una tasa de crecimiento anual del crédito de más del 20%, que no guardaba ninguna armonía con el resto de las variables macro y que eventualmente podía inducir a la toma de excesivos riesgos que menoscabaran la solvencia de las instituciones financieras.

El Banco de la República, por su lado, suministra aproximadamente un 44% del total del crédito a la actividad productiva. Su comportamiento crediticio, si bien agresivo, puede observarse que guardó más equilibrio con el desarrollo económico de la segunda mitad de la década, para luego reflejar también la particular coyuntura económica de estos últimos años.

Volviendo a la banca privada, con los matices del caso, puede apreciarse que la evolución general se replica a nivel de los distintos sectores del quehacer económico.

Por ello se aprobó oportunamente un conjunto de normas tendientes a dar más solidez financiera a los bancos, al tiempo que armonizaran las tasas de crecimiento del crédito. Entre ellas, se aumentó la responsabilidad patrimonial a un 10%, lo cual consolidó la posición financiera de las instituciones al tiempo que nos acercaba a los estándares del Mercosur. Al mismo tiempo, se volvió más exigente la normativa en materia de previsiones por riesgos, lo cual permitió no sólo frenar el aumento excesivo del crédito en un momento de auge, sino también crear reservas que son las que en el futuro permitirán aislar, al menos parcialmente, la evolución del crédito del momento del ciclo.

No obstante, antes de entrar en la consideración de la regulación, creo que sería útil dar una idea de donde estamos situados en materia de acceso al crédito. No escapa al conocimiento general que el crecimiento del crédito se ha desacelerado significativamente en los últimos meses. Esta realidad es común a los principales sectores de la actividad económica. Entender el problema es importante para no tratar de implementar soluciones equivocadas, las cuales no sólo no resolverían los problemas sino que podrían crear otros que ahora no tenemos.

En particular, quisiera demostrarles que este comportamiento no es el producto de una restricción de liquidez, ni de un entorno regulatorio inapropiado. Por el contrario, es principalmente el producto de la particular coyuntura del ciclo económico y de la percepción del estado de los negocios.

Si observamos los flujos de fondos del sistema, vemos que el sistema bancario ha tenido durante el último año una actitud muy conservadora. De los 1657 millones de dólares que estuvieron disponibles durante los últimos doce meses finalizados en Julio de este año, principalmente originados en depósitos de no residentes, más de mil millones fueron utilizados en acumulación de activos financieros de corto plazo. Esta importante liquidez es en buena medida una respuesta natural ante flujos de capital que, más allá de su robustez, se originan en una búsqueda de refugio ante la volatilidad regional y condiciones financieras muy severas. Esta liquidez es la misma que asegura la tranquilidad de los depositantes y la continuidad de los flujos.

Pero la otra lectura complementaria, es que sólo 154 millones fueron utilizados en financiar al sector privado residente. En otras palabras, el sistema bancario privado disponía de fondos para financiar actividades productivas a nivel doméstico y no encontró negocios convenientes para asignar esa liquidez. Este dato es muy importante porque descarta de plano un diagnóstico que escuchamos a menudo: que el problema del crédito al sector privado es un problema de liquidez. Este no es un problema de liquidez, sino de falta de identificación de negocios. En consecuencia, es inútil discutir sobre políticas de encajes o mecanismos de provisión de liquidez.

Llegados a este punto, entiendo que es una buena oportunidad para reflexionar acerca de lo que es conveniente hacer, pero también sobre lo que no es conveniente hacer. Para comenzar, déjenme recordarles que la actividad de intermediación financiera es un delicado negocio, sensible no sólo al marco regulatorio y a las expectativas futuras, sino también a la capacidad de ejercicio de los derechos de propiedad. Todo el negocio financiero se basa sobre la idea de que los contratos se cumplen: si esto no fuera así, nadie firmaría contratos. Para ello se requiere de un procedimiento de liquidación de deudas eficiente, lo cual está más allá de la responsabilidad del Banco Central del Uruguay. Si las deudas no pueden liquidarse, o es costoso o lento hacerlo por limitaciones judiciales, el ejercicio de los derechos se encuentra limitado y esto necesariamente aumenta el costo del crédito.

Algo similar sucede con la refinanciación de las deudas. El plan de reperfilamiento que el Banco de la República y los bancos gestionados pusieron a disposición del sector agropecuario por instrucciones de su principal accionista, el Estado, se basó en un esquema voluntario con una explicitación de costos que son asumidos fiscalmente. Este esquema no puede implicar un menoscabo de la solvencia de las instituciones involucradas. A su vez, cuando se considera extender este régimen al sistema bancario privado, debe tenerse muy presente que no es posible hacer que esta refinanciación sea forzada. Si la refinanciación no es voluntaria, esto equivaldría a romper de oficio los contratos e imponer otros nuevos, lo cual implica erosionar el ejercicio de los derechos de propiedad. Esto puede sonar atractivo para los endeudados hoy, los insiders, pero el costo financiero que implica el riesgo de otros eventuales cambios en las reglas del juego sería inevitablemente pagado por todos aquellos que en el futuro requieran financiamiento. En resumen, aumentaría el costo y restringiría aún más el acceso al crédito.

Desearía aquí, dar lectura a un fragmento muy breve del Libro I, Capítulo IX de la Riqueza de la Naciones, en el cual Adam Smith se refiere a este tema con la elegancia de sus escritos:

"Hay ocasiones en que un defecto en una ley puede elevar el tipo de interés muy por encima de lo que permitiría la situación del país en cuanto a riqueza o pobreza. Cuando la ley no impone el cumplimiento de los contratos, coloca a todos los prestatarios de dinero casi al mismo nivel que los quebrados, o que las personas de crédito dudoso.... La inseguridad de reembolsarse de su dinero hace que el prestamista exija el mismo interés usurario que es corriente exigir a los que se encuentran en la bancarrota.". (Libro I, Capítulo IX, Beneficios del Capital. Adam Smith.

Esto nos lleva al otro aspecto del problema: el rol de la regulación prudencial, y nuestro margen de flexibilidad dentro de este marco. Este punto no es trivial: existen estándares regulatorios internacionales que necesariamente debemos respetar. Por un lado, por convicción y por el otro, para conservar la buana calificación que a nivel internacional tiene el Uruguay. Cuando nuestro país adhiere a estos principios generales, cuando incluso los excedemos, tal como sucede con la responsabilidad patrimonial de los bancos, cuando somos estrictos en la adopción de un protocolo para prevenir el lavado de activos, cuando recibimos el reconocimiento del GAFI o de la OCDE o de la IRS, no sólo estamos protegiendo una reputación en abstracto. Estamos disminuyendo el costo país y bajando el costo del crédito, y eso implica hacer rentables proyectos de inversión que en otras condiciones no lo serían.

Una vez aceptadas estas reglas básicas del juego, creo que sería oportuno dedicar unos minutos a explicar la naturaleza de las modificaciones recientemente aprobadas en materia de constitución de previsiones. Esta normativa no sólo es importante porque permite mitigar los efectos adversos del ciclo sobre el crédito bancario, sino también porque coloca a Uruguay en la vanguardia mundial en este plano. Pocos países han adoptado normas previsionales anticíclicas, y esta resolución es la mejor contribución que podemos hacer para evitar que el impacto de la fase baja del ciclo se multiplique a través de una contracción adicional del crédito.

Permítanme explicar el contenido de esta modificación. Como recordábamos recién, en setiembre de 1998 el Banco Central tomó una serie de medidas para controlar una fuerte expansión del crédito que no estaba en armonía con los fundamentos macroeconómicos. Una de esas medidas apuntó a aumentar las tasas de previsión para riesgos crediticios y atender las probables pérdidas derivadas de una actitud demasiado optimista en la concesión de créditos, inducida por el favorable momento del ciclo. Hoy en día, en la fase opuesta del ciclo, estamos devolviendo los porcentajes específicos de provisiones a sus niveles anteriores.

Sin embargo, debe tenerse claro que el efecto directo de esta medida no es liberar recursos. En un principio, esto implicaría menoscabar la solvencia global del sistema sin solucionar el problema del crédito -ya que tal como hemos discutido- éste no está asociado a la falta de recursos financieros. Las provisiones excedentes acumuladas estos dos años, automáticamente quedan afectadas a la constitución de un fondo de provisiones estadísticas, el cual se continuará generando mensualmente como un porcentaje de los créditos otorgados. Este fondo de reserva crece en los momentos altos del ciclo cuando el incumplimiento efectivo es más bajo que el promedio, y es utilizado cuando los requerimientos de provisiones específicas generadas por incumplimientos superan a las estadísticas, suavizando el impacto del ciclo sobre los resultados de los bancos. ¿Por qué esta normativa contribuye a suavizar el impacto del ciclo sobre el aparato productivo? Porque reduce el vínculo entre la afectación de resultados del banco y el momento del ciclo. En lo sucesivo, si los bancos deben previsionar sus riesgos por sobre el promedio, la utilización de este fondo de reserva necesariamente habrá de suavizar el efecto de la norma prudencial sobre el otorgamiento de créditos.

Esta decisión, la de mayor trascendencia, se enmarca en otras que tienden a facilitar la operativa del crédito y de la reestructuración de deudas en un momento adverso del ciclo económico. A tal fin se han admitido nuevas garantías computables para la determinación de previsiones sobre riesgos crediticios, (prenda de vehículos utilitarios, semovientes, títulos valores, prenda de stocks, etc.), así como la extensión de los plazos de cómputo de garantías ya admitidas.
A su vez, se flexibilizaron las condiciones para la reestructuración de operaciones, admitiendo bajo ciertas circunstancias, para deudores agropecuarios, el mantenimiento de la categorización preexistente, evitando nuevas previsiones o aumentos en las tasas de interés. En todo caso, dando señales de que el BCU no está ajeno a la realidad del País, sin descuidar la solidez y solvencia del sistema.
Normas bancocentralistas de regulación prudencial, sobre estándares internacionales, que se han flexibilizado o adaptado para facilitar el crédito o las reestructuraciones del mismo y previsiones anticíclicas en el mismo sentido frente a la difícil coyuntura.
En resumen: un sistema bancario sólido, solvente y líquido. Con condiciones y recursos para otorgar préstamos en función de la libre decisión de cada institución y de acuerdo con la identificación de oportunidades de negocios.

Dediquemos unos minutos a analizar el problema desde otro punto de vista: el costo comparado del crédito a nivel regional. Evidentemente, aquí tenemos un claro problema de segmentación de mercados: existen deudores que pueden elegir la moneda de su endeudamiento mientras que otros no. Para algunos, por un problema de gestión del riesgo cambiario, la opción puede ser muy costosa. Otros deudores pueden inclusive elegir también el mercado si tienen acceso a financiamiento externo o posibilidad de recurrir al mercado de valores. No son tampoco iguales las tasas según los plazos.

A pesar de que cada historia es diferente, trataremos de sacar algo en limpio comenzando por la moneda extranjera: nos basaremos en tasas promedio del sistema para generalizar nuestras conclusiones, aunque reconocemos que estas pueden aparecer algo contaminadas por la percepción del riesgo crediticio asociado a las características de los deudores.
Si tomamos las tasas de crédito promedio en moneda extranjera, lo primero que observamos es que no estamos hablando de niveles elevados. El costo del crédito para esta franja se encuentra domésticamente en un entorno del 10%, nivel que, en promedio es inferior a su similar en Argentina. Esta tasa baja uno o dos puntos para créditos preferenciales, y en términos efectivos es inclusive entre 3% y 4% menor para aquellos exportadores que acceden al mecanismo de prefinanciación de exportaciones. Pero también es preciso notar que, a diferencia de Argentina, el costo de ese crédito es poco volátil. Como es previsible, Argentina traslada sus problemas crediticios a nivel soberano al ámbito privado y ustedes pueden observar los picos registrados durante la moratoria rusa de 1998, la crisis del Real en Brasil a fines de 1998 y comienzos de 1999, o aún durante los desarrollos actuales. Una vez más, resulta claro que los esfuerzos realizados en nuestro país para asegurar la estabilidad macroeconómica, mantener la calificación crediticia y preservar la solvencia del sistema financiero pagan doblemente, por un menor costo de crédito y una menor volatilidad.

Un mensaje análogo puede extraerse de la observación de las tasas de interés reales en moneda nacional. Para este propósito hemos elaborado, una rápida estimación de las tasas de interés reales implícitas en las tasas en moneda nacional, también para los casos de Argentina y Uruguay. En este caso, también disponemos de datos del mercado en Brasil. Tomamos tasas reales para hacer comparables los costos nominales en términos de una canasta de bienes.

Una rápida inspección a estas series sugiere que el costo del crédito en moneda nacional, para esta categoría de riesgos, no ha sido significativamente diferente en Argentina que en Uruguay, aunque sí existe una diferencia en la volatilidad. En Brasil, el rol del riesgo cambiario es más evidente donde las tasas reales se encuentran por debajo de las uruguayas.

Por supuesto, esto abarca una categoría muy amplia de créditos y una heterogeneidad de tasas. Con toda seguridad este no es el caso del crédito al consumo en moneda nacional. Este es un tema muy complejo que excede el objetivo de esta charla. Con relación a esto último, permítanme una breve digresión. Desde el año pasado impulsamos ciertas medidas tendientes principalmente a dar mayor información a los consumidores sobre los niveles de tasa de interés y los momentos de aplicación de la misma.

Si bien se ha generado, en algunos casos, disminuciones significativas de las tasas de interés, entendemos que hay que continuar en el esfuerzo. Me interesa anunciar que es nuestro propósito publicar un ranking que exhiba -sobre la base de información de las propias empresas- el orden de los niveles de tasa de interés aplicados por las tarjetas y administradoras de crédito para que se pueda comparar dichos niveles y posiciones con las tasas promedio cobradas por el sistema bancario. De estas forma el consumidor tendrá un nuevo elemento de comparación para decidir con mayor información
De todas maneras, insistimos en seguir trabajando para bajar el costo del crédito en moneda nacional. Creemos que existe una asimetría entre la moneda extranjera y la moneda nacional, y que aún existe espacio para reducir las tasas en moneda nacional.
Desde ya éstas deben bajar en el corto plazo, a impulso de la reducción de las tasas a nivel internacional.

Si analizamos los spreads promedio por moneda implícitos en las tasas activas promedio del crédito corporativo, vemos que para la moneda extranjera éste se ubica en el orden del 7%, mientras que en moneda nacional está diez puntos por encima de eso. Esto es particularmente importante, dado que aquellas empresas que tienen su base de ventas en sectores no transables, con ingresos vinculados al mercado doméstico, preferirían endeudarse en m/n si las tasas estuvieran arbitradas.

Pero los altos spreads deben ser u n alerta que se vincula a los costos operativos de los bancos. Sin mejora de su productividad -que se les pide con razón a todos los sectores- no podemos trasladar a la producción las menores tasas de captación, como debería ocurrir, y no son las regulaciones bancocentralistas la razón de estos altos costos.

Como ya insinuamos, estamos frente a una segmentación de mercados entre moneda nacional y moneda extranjera, en la cual elevadas tasas activas conviven con un tramo del mercado que exhibe una elevada aversión al riesgo cambiario, probablemente empresas con las características ya mencionadas.
El mercado ha resuelto este problema dolarizando el crédito, donde las tasas son más competitivas. Hoy en día, el crédito en dólares al sector privado no financiero equivale aproximadamente a un 85%, del crédito total, excluyendo el crédito al BHU, con sus especiales características. Esto resuelve el problema del costo, pero no el problema del riesgo cambiario que se encuentra implícito en el riesgo crediticio de muchas empresas. Arbitrar estos costos es uno de nuestros más importantes desafíos, que en este caso equivale a resucitar un mercado de créditos en moneda nacional.

En este sentido, quisiéramos comentar brevemente sobre un proyecto que sintetiza algunas ideas que venimos manejando de tiempo atrás, junto con inquietudes y propuestas que algunos de ustedes nos han hecho llegar. Esta alternativa posible, que conjuga el desarrollo del mercado en moneda nacional con la generación de un mercado de crédito a mediano y largo plazo, es sobre la base del desarrollo de un indexador diario. Este indexador no está relacionado con la UR, sino que es un pariente más cercano de la Unidad de Fomento chilena. La idea es generar y poner a disposición del mercado una Unidad Indexada, vinculada a la evolución del IPC. La desvinculación del Indice Medio de Salarios aislaría al indexador de los efectos de cambios en la productividad o en la coyuntura del mercado laboral. El IPC, por una parte, es una unidad de cuenta natural para el ahorro previsional, razón por la cual ya hemos recibido muestras de interés por parte de AFAP y compañías de seguros. Por otra parte, somos concientes que muchos de ustedes estan interesados en este desarrollo por un problema de diversificación de pasivos o más directamente, de gestión del riesgo cambiario. En particular, aquellos deudores con actividades más orientadas al mercado interno, así como también aquellos que manejan proyectos de mediano y largo plazo. Aún para el propio gobierno sería interesante desarrollar este mercado como forma de diversificar su estructura de pasivos por monedas, bajando de este modo el riesgo país y el costo del financiamiento. Sin duda, disponer de una Unidad Indexada de manejo público y diario facilitará el desarrollo de un mercado en moneda nacional, y de hecho es la única alternativa que puede generar un mercado profundo y líquido que compita con el dólar
Evidentemente, desarrollar un mercado de la nada no es fácil, pero tenemos confianza que en breve tendremos novedades positivas al respecto.

Una palabra final sobre el futuro.
Si seguimos creyendo en Uruguay como plaza financiera, debemos continuar y profundizar las reformas del sistema. El Banco Central ha planteado iniciativas al Poder Ejecutivo que se han materializaran en leyes o están en proyecto para ser consideradas por el Poder Legislativo
Entre otras, algunas orientadas a una menor regulación en materia de seguros, o la creación de posibles opciones para las administradoras de fondos de pensión o flexibilizar la instalación de bancos eliminando la restricción de acceso existente.
A su vez, se han adoptado numerosas resoluciones tendientes a mejorar el funcionamiento y la información de los bancos y del mercado de valores.
Pero el camino requiere de incorporar nuevas tecnologías y bajar costos operativos. O aumentar la base de negocios en el sentido anteriormente mencionado. O, en el caso de los bancos públicos continuar los procesos de reestructura y mejora de la gestión y la información.

Nuestro país ha realizado, desde mediados de la década de los noventa, importantes esfuerzos legislativos para configurar el mercado financiero. Recordemos las leyes de mercado de valores y obligaciones negociables, los fondos de ahorro previsional, la desmonopolización de seguros e hipotecas, la securitización, los fondos de inversión, etc. Esta legislación ha creado instituciones y nuevos productos. Hay allí un importante campo para el de desarrollo de mercados aún incipientes, de acción complementaria con el sistema bancario tradicional.

Podemos crecer hacia fuera sin descuidar lo interno. Necesitamos financiamiento para la inversión y el capital de trabajo de las empresas, tanto proveniente de los bancos como del resto del sistema financiero, particularmente el mercado de valores y los recursos de las AFAP. Del lado externo, tenemos entonces la oportunidad, de proyectarnos como centro de exportación de servicios financieros siguiendo la misma visión estratégica que se ha tenido para los otros sectores de la economía nacional.
Circunstancias como la presente, donde Uruguay desde el Mercosur aborda procesos de negociación en USA y con la Unión Europea pueden ser propicias para incluir la consideración de estos temas.
De todas maneras esto no alivia la carga de seguir trabajando para la mejora continua del sistema financiero.