Deberán instalar un desfibrilador los aeropuertos internacionales, los estadios y gimnasios, locales de espectáculos como cines, teatros, y salas de conferencia, las instituciones sociales y los edificios en los que hayan o circulen más de 1.000 personas diariamente.

También están obligados los centros comerciales con más de 1.000 metros cuadrados como los shoppings.

El diputado oficialista, Luis Gallo, médico y promotor de la iniciativa, dijo que una de las principales causas de muerte en el país son las enfermedades cardiovasculares. Indicó que la idea del proyecto es "frenar las muertes" que se producen por paros cardíacos que son evitables con el uso de un desfibrilador.

"El fundamento de este proyecto está en el hecho de que en nuestro país la morbi mortalidad por enfermedades cardiovascualares es muy importante, es la primera causa de muerte. Y dentro de esas causas de muerte, el paro cardíaco o la muerte súbita, ocupa un lugar muy importante. Hay 5.000 personas que fallecen al año por esta situación. De las cuales, un porcentaje muy importante de paros cardíacos son por un trastorno de la contracción del corazón llamada fibrilación ventricular, y este trastorno, esta fibrilación ventricular es revertida fácilmente con la colocación de un dispositivo llamado desfibrilador", explicó Gallo.

La instalación, el funcionamiento y los costos del desfibrilador correrán por cuenta de los propietarios de los establecimientos. Y van a disponer de un plazo de 180 días para comprar el aparato, una vez que sea promulgada la ley, que ahora pasará al Senado.

El Ministerio de Salud Pública controlará que los establecimientos cuenten con el desfibrilador. Las firmas que desconozcan esta disposición obligatoria serán pasibles de sanciones.

"Van a tener 180 días para acogerse a lo que la ley los va a obligar. Y será el Ministerio de Salud Pública, que reglamentará la ley, la que tendrá a su cargo el control de que la ley se cumpla y que todos aquellos espacios, tanto públicos como privados, que tengan o movilicen por día más de 1.000 personas, puedan registrarse a los efectos de que posteriormente, dado que la ley los obliga, el Ministerio de Salud Pública, controle que la misma se cumpla", aseguró el diputado.

El proyecto también establece que las empresas deberán capacitar a sus funcionarios para usar el desfibrilador. Gallo dijo que, siguiendo las instrucciones, el aparato es muy fácil de manejar, pero advirtió que para optimizar el resultado quienes lo apliquen deberán tener conocimientos sobre cómo hacer una reanimación básica.

"Esto es un procedimiento muy fácil que puede ser realizado por cualquier persona, pero que tiene que tener determinada capacitación. En ese sentido la ley obliga no solamente a tener el desfibrilador, si no tener personal capacitado en reanimación básica, que no es solamente colocar el aparato si no que ese operador también tendrá que estar preparado en una reanimación básica, que es el masaje cardíaco externo y la respiración boca a boca, que son elementales a los efectos de mantener la circulación en un paro cardíaco mientras se llega a la utilización del procedimiento".

El aparato tiene un costo promedio de 1.500 dólares y en Uruguay hay varias empresas que lo distribuyen.

El diputado Gallo explicó que con el uso de los desfibriladores se podría evitar la mitad de estos fallecimientos.

"Si hablamos de que hay 5.000 muertes súbitas en el año, prácticamente 20 por día, en el país, y que tenemos la posibilidad de que podamos revertir un porcentaje del 50% de la misma, quiere decir que estamos dando un gran paso en una política que apunta cada vez más instrumentar mecanismos y programas que apunten a mejorar la calidad de vida de la gente. En este caso nada más y nada menos que salvar la vida a la gente", destacó Gallo.

Cuando una persona tiene un paro cardíaco, primero sufre un dolor y a los cinco minutos hace una fibrilación ventricular que implica la pérdida de su ritmo cardíaco. El desfribilador tratar de recuperar su ritmo normal a través de choques eléctricos.