"Es una buena noticia para todo el país porque este problema de la fertilidad afecta a entre un 10% y 13% de las parejas", dijo a El Espectador el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo.

Y agregó: "Esta ley y su reglamentación vienen a terminar de completar la canasta de prestaciones en Salud Sexual y Reproductiva más importante a nivel mundial".

Sostuvo que se demoró en la reglamentación debido a que "es muy compleja -abarca dos procedimientos-, y nuestro concepto desde el inicio fue lograr una reglamentación que diera prestaciones de la más alta calidad y que fuera sustentable en el tiempo".

Briozzo dijo que calculan que "en el primer año van a haber 3.500 procedimientos aproximadamente de baja complejidad y unos 3.000 de alta".

Con la nueva normativa, los procedimientos de baja complejidad (cuando se logra la fertilización dentro del cuerpo de la mujer) entran a partir del 1° de octubre dentro de las prestaciones integrales de atención que brindan todas las instituciones de salud públicas y privadas.

En el caso de las entidades del Estado son gratuitos y en las privadas serán con un copago muy módico en relación a los medicamentos, cuando son necesarios, y a los estudios imagenológicos (las ecografías) también cuando se requieran.

La alta complejidad es mucho más costosa, y en ese caso, la financiación se hará a través del Fondo Nacional de Recursos (FNR) y se graduará el pago en función de los ingresos de la mujer y de su entorno familiar.

Se irá de un copago cero hasta uno importante en caso de que quien lo requiera tenga altos ingresos y ya se hayan practicado intentos de fertilización anteriores. Se estima que entre noviembre y diciembre se podrán comenzar a implementar los procedimientos de alta complejidad bajo estas condiciones.