Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, defendió la recomendación no vinculante del Ministerio de Salud de Colombia para suspender el uso del glifosato en la guerra antidrogas que mantiene el país.

Según explicó, el ministerio adoptó esa postura por un estudio de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) que clasifica el herbicida como "probablemente cancerígeno", algo que ya han apuntado anteriormente otros informes realizados en el país suramericano.

"En Colombia también hemos encontrado evidencias en el mismo sentido, tanto en nuestras investigaciones como en las de otros centros. Y no se pueden desconocer", apuntó en entrevista con el diario El Espectador.

En este sentido indicó que existen "evidencias mixtas de estudios experimentales con animales y 'observacionales' con humanos" y que, si bien algunos estudios no encuentran relación entre exposición al glifosato y enfermedades, en otros casos "se han constatado efectos" tales como mayor incidencia en algunos tipos de cáncer.

También observaron una relación entre el herbicida y enfermedades dermatológicas y respiratorias, agregó.

Para Mejía estos indicios, aunque no sean concluyentes, sostienen la recomendación del ministerio, obligado a cumplir un fallo de la Corte Constitucional que les ordena desde el año pasado a hacer seguimiento a los posibles efectos que la aspersión del glifosato tenga sobre la salud humana.

"El debate no es si esta comprobado, 100 %, que existe una relación causal entre el glifosato y afectaciones a la salud, sino si hay evidencia de que esa relación puede existir", puntualizó.

El Cesed publicó el año pasado un estudio que estableció "una relación causal fuerte y robusta" entre la exposición al herbicida y enfermedades.

Por ello rechaza la oposición a acabar con el glifosato expresada por varios sectores de Colombia, a los que, a juicio de Mejía, "no les gusta (o tal vez no les convienen) los resultados" de su estudio.

Y resaltó que el país suramericano, que utiliza la aspersión de este producto desde hace tres décadas, es la única nación del mundo que continúa desarrollando una práctica que "tiene efectos muy pequeños sobre los cultivos ilícitos".

"Por cada hectárea asperjada con glifosato, los cultivos de coca se reducen en 0,035 hectáreas. En otras palabras, para eliminar una hectárea con aspersiones con glifosato hay que fumigar cerca de 30 hectáreas", expuso.

La tarea cuesta 72.000 dólares por hectárea que, como recordó Mejía, son financiados por Colombia en dos terceras partes, en tanto que Estados Unidos asume el coste del resto.

Tras la recomendación del ministerio el debate se ha abierto en el país suramericano, que espera las conclusiones que emita al respecto el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), convocado para el próximo 15 de mayo por el presidente, Juan Manuel Santos.

Si se muestran partidarios de suspender el uso del glifosato, podrían abrirse el camino para dar un giro a la política antidrogas de Colombia. EFE