Según estas organizaciones, la objeción de conciencia de los ginecólogos interfiere con la aplicación de la ley, y sostienen que es éste uno de los principales obstáculos para el acceso a los servicios.

En un texto firmado por colectivos en defensa de los Derechos Humanos, se advirtió "falta de personal e infraestructura necesaria para la adecuada implementación del procedimiento en todo el territorio nacional".

En localidades del interior del país, ha ocurrido que todos los ginecólogos se han negado a realizar la práctica, por lo que las mujeres que desean interrumpir su embarazo deben desplazarse kilómetros para conseguir los medicamentos con los que luego podrán abortar en su casa.

Según quejas recogidas por el grupo Mujeres en el Horno, han sido constatados maltratos, por parte de médicos y otros funcionarios, a las pacientes que deciden abortar amparadas por la ley.

Algunos relatos señalan a su vez, "falta de confidencialidad, juicio moral sobre la decisión de la mujer (y) hostigamiento durante la realización de ecografías".

En agosto de 2015 el Tribunal de los Contencioso Administrativo de Uruguay, falló a favor de que los ginecólogos del país aleguen la objeción de conciencia para negarse a recibir consultas relacionadas con la interrupción de embarazos.

Tras este episodio, la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria junto al Ministerio de Salud Pública, buscan la manera de permitir que los médicos generales puedan suplir, en estas ocasiones, a los ginecólogos objetores.

Dichas organizaciones sociales reclaman también que el Código Penal uruguayo continúa previendo el delito de aborto a pesar de la aprobación de la ley, situación que, argumentan, "mantiene el estigma sobre su práctica y quienes la realizan". EFE