Todos los ginecólogos de Salto presentaron objeción de conciencia para evitar recetar un medicamento que interrumpe el embarazo. Por eso en este departamento, muchas mujeres recurren a médicos o personas dispuestas a hacerlo por fuera del sistema de salud.

"Testimonios recogidos señalan que 'las mujeres acuden más para consultar por complicaciones de abortos realizados fuera del sistema de salud que para practicarse Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE)'", indica el documento de AI.

El organismo cita en este aspecto un informe del colectivo Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), que agrega que "el desconocimiento de la legislación promulgada las expone a posibles medidas judiciales dado que cuando se practica fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud se comete un delito de aborto".

Amnistía Internacional destaca que las mujeres de Salto "no pueden acceder en condiciones de igualdad con las mujeres de Montevideo a un servicio garantizado en la salud publica uruguaya".

Agrega que "es difícil imaginar un servicio de salud exclusivo para hombres, en ocasiones necesario para salvar la vida y la salud de ellos, que les sea denegado por razones de conciencia".