El Ministerio de Salud Pública destinó el año pasado más de 5 millones de dólares a la financiación de medicamentos de alto costo por orden judicial, ya que en la mayoría de los casos se negaba a pagar tratamientos con esa clase de fármacos. La cifra la difundió el subsecretario, Jorge Quian, en un seminario en Punta del Este, donde pronunció algunas frases que generaron una fuerte polémica.

"Hay abogados que operan con la industria farmacéutica" dijo, cuestionando que algunas resoluciones judiciales obliguen al ministerio a comprar, incluso, determinadas marcas de medicamentos. Llegó a decir incluso que algunos profesionales "trafican con la angustia y el miedo a morir" de los pacientes terminales para inicien ante la Justicia recursos de amparo, expondiendo al ministerio a "gastos injustificados".

Buena parte de estos pacientes son representados por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Por eso recibimos a uno de sus integrantes, Juan Ceretta.

"Son declaraciones que duelen", afirmó con respecto a las expresiones del ministro.

En primer lugar porque ningún abogado es el que le indica a un paciente un medicamento, sino que todo sigue recomendaciones de un profesional médico. "No es algo que se busque en Google ni nada por el estilo", dijo.

Ceretta informó que el Consultorio trabaja en forma honoraria  con personas con ingresos mensuales inferiores a $ 30 mil. "De lo único que se trata nuestro trabajo es que esos ciudadanos pobres accedan a los medicamentos que el propio Quian admite que querría para él", dijo.

El consultorio atiende unos 3800 casos por año en todo tipo de materias. En lo que respecta a cuestiones de acceso a los medicamentos, en 2017 se superaron los 100 amparos. En lo que va de este año, ya se llevan 40 reclamos.

Según relató Ceretta, responde varias factores. Entre otros, diojo que incide es la falta de actualización en el formulario de cobertura del Fondo Nacional de Recursos, que no se compadece con la introducción de nuevos tipos de medicación,.

Además de las diversas patologías oncológicas, explicó que existen muchísimos recursos de amparo por implantes cocleares para sordos.

El Fondo Nacional de Recursos cubre estos dispositivos para los niños menores de siete años, pero no les financia la operación para implantarlos. Además, en los casos de un adulto que no sea activo laboramente no se prevé su acceso. En definitiva, cualquiera que lo necesite deberá hacer un juicio.

En el caso de los cardiodesfibriladores, el fondo requiere que el paciente se recupere de una "muerte súbita" para que el organismo se los financie.

Ceretta aseguró que muchas veces los medicamentos no son tan costosos para el Estado como se piensa.

Después de dos instancias judiciales con sus respectivas condenas, el Ministerio de Salud Pública accedió a financiar el costo de la medicación para los niños con HIV del Hospital Pereira Rossell. El costo total, dijo, fue de US$ 3000 anuales.

"La discusión de fondo debería ser si las prestaciones de salud son una mercancía o bien social", expresó.