Hasta ahora, para poner fin a la vida de un enfermo en estado vegetativo permanente era necesario acudir al Tribunal de Protección británico, que daba el consentimiento legal.

La decisión de este tribunal podía tardar en llegar meses o incluso años y suponía un coste de cerca de 50.000 libras (unos 56.000 euros).

Tras el fallo de la Corte Suprema británica, no será necesario acudir al Tribunal de Protección si los familiares del paciente y el personal sanitario que lo cuida coinciden en la decisión de quitarle las sondas de alimentos y líquidos.

Los jueces del Supremo opinan en su fallo que un acuerdo mutuo entre las familias y los médicos es suficiente para garantizar "la confianza pública" en la decisión adoptada.

La respuesta de esta instancia legislativa llega a raíz del caso de un hombre de unos 50 años que se encontraba en estado vegetativo tras sufrir un paro cardíaco.

El varón, nombrado en los documentos oficiales como "Señor Y", no tenía posibilidades de recuperarse. Por ello, su familia y los médicos acordaron que lo mejor sería permitirle morir retirándole la sonda que lo alimentaba.

El Servicio de Salud británico le pidió entonces a la Corte Suprema que declarara que no era necesario acudir al Tribunal de Protección en busca del permiso para desconectar al paciente.

Un juez del Supremo le dio la razón, pero el procurador oficial -un abogado que defiende a aquellas personas que no pueden hacerlo por sí mismas- presentó una apelación que hoy ha sido desestimada. EFE