(Emitido a las 7.35)

EMILIANO COTELO:
El título principal del diario La República hoy pega fuerte, impresiona, genera una cantidad de preguntas. Dice: "Alto jerarca de Estados Unidos admitió que la CIA estuvo involucrada en el asesinato de la madre de Heber".

"La máxima autoridad del órgano desclasificador de archivos de Estados Unidos así lo reveló al fundamentar la negativa para reabrir el caso de los vinos envenenados ocurrido en 1978", agrega.

Cecilia Fontana de Heber, esposa del extinto dirigente nacionalista Mario Heber, murió el 5 de setiembre de 1978, en plena dictadura, luego de ingerir vino de una de tres botellas que el 29 de agosto desconocidos habían dejado en la puerta del domicilio, en Pocitos, de Luis Alberto Lacalle. Las botellas que se dejaron en la casa de Lacalle para ser repartidas estaban destinadas al propio Lacalle, a Carlos Julio Pereyra y a Mario Heber. Iban acompañadas de tarjetones que tenían un mismo texto en una caligrafía muy particular.

La investigación judicial fue archivada en su momento por el juez Eduardo Lombardi, a pedido de la fiscal Ofelia Gressi; esto ocurrió en octubre de 1988. Pero hace pocos meses la indagatoria en el ámbito de la justicia se ha reabierto y en ese contexto han surgido estas novedades.

Yo presentaba la forma como La República da esta noticia, pero hay otro encare, que no llega tan lejos, que es el del semanario Búsqueda. Ahí el título es "La CIA denegó la información por estar rotulada de secreta". Dice Búsqueda que la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) admitió tener en sus archivos antecedentes relacionados con la muerte por envenenamiento en 1978 de Cecilia Fontana de Heber, pero dado que esa información es secreta, sostuvo que no puede divulgarla. Así lo informó el 6 de junio el coordinador de Información y Privacidad de la CIA, Scott Koch, en respuesta a una consulta efectuada por el abogado Javier Barrios Bove.

El texto dice: "En respuesta a su solicitud, hemos realizado una exhaustiva búsqueda de registros y hemos ubicado material que entendemos que debe ser considerado como secreto y por lo tanto denegada la liberación de la totalidad del mismo". La respuesta de la agencia se basa en las excepciones B1 y B3 de la ley de libertad de información.

La primera de esas excepciones se aplica a material clasificado secreto, en la forma debida, al cumplimiento de un decreto ejecutivo en interés de la defensa nacional o la política exterior. Y la segunda hipótesis en la que puede denegarse la desclasificación refiere a información que se encuentra dentro de las obligaciones exigidas por ley al director de CIA de preservar de divulgación las fuentes y métodos de inteligencia, así como la organización, funciones, nombres, títulos oficiales, sueldos o cantidad de personal empleado por la agencia, de conformidad con la ley de seguridad nacional de 1947 y/o la ley de la CIA de 1949.

Estamos con el doctor Javier Barrios Bove, quien con el ex senador Carlos Julio Pereyra solicitó el año pasado la reapertura de la investigación en el juzgado a cargo de la doctora Gabriela Merialdo.

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Doctor Barrios Bove, ¿cómo es este trámite que ustedes han estado haciendo en Estados Unidos?

JAVIER BARRIOS BOVE:
A fines del año pasado, entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, amparados en la Freedom of Information Act (FOIA), o ley de libertad de información, enviamos dos solicitudes, una a la CIA y otra al Departamento de Estado, para ver si existía la posibilidad de que ellos tuvieran en su poder documentos relacionados con el hecho, en virtud de que en nuestro país se habían dado casos, también de derechos humanos, en que se había contado con el aporte de documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos.

EC - ¿Tenían algún indicio de que podía haber información?

JBV - Era una posibilidad, era posible que hubiera documentación de esa época, entonces pensamos que era pertinente hacer la consulta del caso.

EC - ¿Cómo interpretan esta respuesta que han recibido?

JBV - Usted recién leyó textualmente la carta...

EC - La respuesta es complicada de entender, porque hay toda una jerga jurídica y vinculada con los servicios de inteligencia, y por otro lado debe estar mediando algún problema de traducción. No es del todo sencillo entender los argumentos, por qué no pueden divulgarse estas documentaciones.

JBV - No es sencillo pero la respuesta es honesta. El responsable de la sección Información y Privacidad de la CIA, la parte que analiza los pedidos de liberación de información, dice que tiene materiales, para ellos habría sido mucho más fácil decir "no tenemos nada", aun cuando lo tuvieran. Es honesto, dice que existe material pero que por razones de seguridad la totalidad del mismo (hago énfasis en esto, "la totalidad") debe permanecer secreta.

EC - La totalidad de la información debe permanecer secreta.

JBV - Exacto. Traduciendo un poco, ¿qué puede pasar?, que ese documento, además de relatar un hecho en sí, el hecho vinculado con la muerte de Cecilia Fontana de Heber, diga quién relató el hecho, el oficial o el agente que lo hizo. En principio, si lo tuviéramos sería el súmmum, pero si no estuviera el nombre de esa persona (si lo que buscan es proteger ese nombre) y nos liberaran el contenido ya sería muchísimo.

EC - Usted alude a una de las dos excepciones que argumenta la respuesta para no dar la información. Parece que se puede negar la información...

JBV - Para proteger fuentes o métodos.

EC - Información que se encuentra dentro de las obligaciones exigidas por ley al director de la CIA de preservar las fuentes y los métodos de inteligencia.

JBV - Y los nombres de los agentes, etcétera.

EC - Esa sería una de las razones.

JBV - Si usted entra en la página de la FOIA, que es www.foia.cia.gov, o busca con Google, va a ver que una cantidad de documentos desclasificados tienen partes tachadas u oscurecidas, que son las partes sensibles que la CIA nunca va a liberar, aunque ese documento esté liberado al público. No somos tan ambiciosos para querer que nos liberen el documento tal cual fue emitido en aquella época.

EC - Por eso están insistiendo ahora.

JBV - Sí, apelamos por dos vías, apelamos la resolución administrativa de este órgano de Estados Unidos, dentro del plazo que teníamos, y pusimos en conocimiento de la jueza de la causa, la doctora Merialdo, esta información que nos llegó, que consideramos muy importante y que debe estar en su conocimiento para, llegado el momento, evaluar todos los hechos. Y le solicitamos que librara un exhorto a su homólogo de Estados Unidos a los efectos de que ellos también soliciten el material que pueda haber en esta u otra dependencia del gobierno de su país para remitirlo a la justicia uruguaya.

EC - ¿Usted hace alguna interpretación de lo que puede significar esta respuesta? Porque el diario La República dice directamente que la CIA reconoce haber estado implicada.

JBV - Yo no le dije eso a ninguno de los dos diarios. Me remito a la carta, no hago interpretaciones.

EC - De la carta podría deducirse eso, porque la segunda de las excepciones para divulgar información alude a "preservar la organización, funciones, nombres, títulos oficiales, sueldos o cantidad de personal empleado" por parte de la agencia. Y la primera de las excepciones se aplica a material clasificado secreto, en la forma debida, "al cumplimiento de un secreto ejecutivo en interés de la defensa nacional o la política exterior".

JBV - Ahí pueden jugar muchas cosas, puede jugar la defensa nacional y la política exterior de aquellos años para el gobierno de Estados Unidos, y lo que es hoy. Como abogado, hasta no ver la información que me proporcione (si me la proporciona) la CIA, no puedo entrar a juzgar si hubo participación o no.

EC - La nota de La República dice que la jueza Gabriela Merialdo "ya realizó una serie de interrogatorios testimoniales entre los que declaró La República debido a una serie de artículos de investigación que revelaron nuevas pistas sobre el caso de los vinos envenenados.

Entre los aportes periodísticos se incluyó una entrevista realizada en 2002 al ex agente uruguayo Mario Ronald Barreiro Neira, preso en una cárcel de Porto Alegre, quien señaló la participación de servicios de Inteligencia uruguayos en el atentado y reveló el nombre del médico que habría envenenado los vinos".

JBV - Antes de la feria judicial declararon los periodistas Roger Rodríguez, de La República, y el periodista Álvaro Alfonso, por la investigación que había realizado, que terminó en un libro que publicó.

EC - La nota sigue diciendo: "El testimonio de La República ante el juzgado también incluyó los datos obtenidos por un informante directo referentes a una lista de agentes de Inteligencia policial que cobraban dinero de la Embajada de Estados Unidos y habrían tenido participación en la planificación y ejecución del atentado".

Usted también conoce esto.

JBV - Conozco parte; el expediente está en secreto de presumario, no conozco las declaraciones que ellos vertieron a la jueza, no he tenido acceso a ellas. Sí he tenido conversaciones con ambos periodistas, o investigadores, y sé que manejan otras fuentes. El documento que yo tengo, al que hacemos referencia, este de la CIA, dice lo que usted leyó. Sé que tanto Roger Rodríguez, de La República, como Álvaro Alfonso han aportado otros elementos a la causa, sobre todo Roger Rodríguez ha hecho varios artículos con información que le puede dar a él otros elementos para hacer ese juicio.

EC - ¿Usted entiende que este caso, que estuvo en suspenso durante tantos años, hoy, en el año 2007, casi 30 años después de ocurrido, puede llegar a avanzar?

JBV - Sí, cuando tomamos este caso a pedido del ex senador Pereyra, lo primero que hicimos fue una investigación profusa de las 500 fojas del expediente. El primer escrito que le presentamos a la doctora Merialdo solicitando la reapertura del caso tiene más de 11 carillas en las que hacemos distintas puntualizaciones de elementos o puntos oscuros en las dos investigaciones que se realizaron sobre este caso, la primera en el 78, a cargo del doctor Larrié, y la investigación a cargo del doctor Lombardi. Por dos distintas razones, cuando la del doctor Larrié estábamos en plena dictadura, mucho no se podía investigar, y cuando la del doctor Lombardi estábamos a la salida de la dictadura, en el reinicio de la democracia, y era muy difícil investigar. Le pongo un ejemplo, el doctor Lombardi, en 1986, 1987, le solicitó al Ministerio de Defensa Nacional una serie de documentos...

EC - Ya en democracia.

JBV - Sí; y el Ministerio de Defensa Nacional dijo que no tenía ningún documento. Después, con el pasar de los años fueron apareciendo documentos (que fueron algunos de los hechos que motivaron nuestra solicitud de reapertura del caso) provenientes del Ministerio de Defensa Nacional que aportan o agregan datos sobre este hecho. En el 87 y el 88, en un contexto muy especial, al doctor Lombardi no se le había dicho toda la verdad.

EC - Esperamos lo que ocurra con las próximas actuaciones.

JBV - La justicia no lleva los ritmos que lleva la prensa o que nosotros querríamos, son pequeños granitos de arena que se van sumando hasta lograr el objetivo final, que es echar luz sobre este caso.