(Emitido a las 7.35)

EMILIANO COTELO:
El coscorrón, la cachetada, la palmada para "corregir" a un hijo están a punto de quedar prohibidos por ley. El Senado aprobó ayer por unanimidad un proyecto de ley que procura desterrar los apremios físicos a menores, aunque en rigor no establece sanciones para quienes incumplan esta disposición, dice una nota de El Observador esta mañana.

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EC - El proyecto en su artículo 1º señala:

"Se incorpora al Código de la Niñez y la Adolescencia el siguiente artículo:

Queda prohibido a padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños y adolescentes, utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes.

Compete al INAU, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, en coordinación con las demás instituciones del Estado y con la sociedad civil:

a) ejecutar programas de sensibilización y educación dirigidos a padres, responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de las personas menores de edad; y

b) promover formas de disciplina positivas, participativas y no violentas que sean alternativas al castigo físico y otras formas de trato humillante".

El proyecto tiene un par de artículos más, pero antes de detenernos en el texto vamos a recibir a la senadora Margarita Percovich (Vertiente Artiguista, Frente Amplio).

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Senadora Percovich, ¿cómo llega al debate político uruguayo un proyecto con este contenido?

MARGARITA PERCOVICH:
Por iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con los temas de niñez y adolescencia. En general teníamos un vacío legal que no estaba explicitado claramente y a raíz de nuestra presencia como país en Ginebra el Comité de Derechos del Niño nos hace una serie de recomendaciones al Estado con relación a vacíos en la legislación pero también a políticas públicas. Como en Uruguay hacía muchos años que no hacíamos un informe sobre nuestras responsabilidades con relación a la niñez y la adolescencia, allí hay una serie de recomendaciones sobre los vacíos legislativos. Y esta es una de ellas, expresar claramente la prohibición de castigos físicos o tratos degradantes, como dicen los instrumentos internacionales. De eso se trata.

EC - ¿Por qué se necesitaba una norma aparte? ¿Por qué esta situación no queda abarcada por la legislación sobre violencia doméstica, por ejemplo?

MP - Nosotros entendemos que está abarcada. El problema es que la ley de violencia doméstica, que cubre a todos los sujetos vulnerables al interior de las familias, no tiene medidas de precaución específicas para la niñez y la adolescencia, se ha centrado más en el maltrato, en el castigo físico entre adultos. Los jueces no la utilizan para la niñez y la adolescencia, esa es una de las críticas que les hacemos a los jueces de niñez y adolescencia, que no utilizan la ley de violencia doméstica, porque no está claramente expresado.

Además en el Código Civil está claramente expresado que entre los adultos no debe haber relaciones violentas, eso está penalizado, las agresiones están penalizadas y catalogadas, pero no existía este tipo de normas aplicables a la relación entre los adultos y los niños y los adolescentes. Es un adelanto en nuestra legislación el reconocimiento de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho.

EC - Quizás haya todavía algún matiz más, porque quizás no estemos hablando de las situaciones más graves de violencia doméstica que puede vivir un niño en una casa, esas que cada tanto aparecen en la prensa, casos de castigos permanentes, verdaderos infiernos que han tenido que pasar algunos chicos en sus propias casas. Porque el proyecto que se votó ayer en el Senado apunta a algo menos grave que eso, más suave que eso, a la costumbre que muchos ni siquiera se cuestionan de utilizar como método correctivo en la relación con un niño un golpe. Apunta a eso.

MP - Exacto, apunta mucho más a que reflexionemos culturalmente, porque acá no estamos creando un delito. Muchas veces se me ha preguntado cómo se castiga, pero no estamos creando una norma que haya que estar inspeccionando, a ver qué pasa al interior de la casa o de la relación entre los adultos y los niños. Apunta a reflexionar en las instituciones, en las escuelas, en los liceos, en el INAU, en las instituciones deportivas y, por supuesto, en la relación de padres o tutores con los niños y las niñas cómo marcamos los límites a las conductas de esas personitas o personas que van creciendo de forma no violenta.

Esto tiene una vigencia muy grande en Uruguay, hoy estamos reflexionando sobre la violencia en distintos ámbitos, por ejemplo en los liceos, en las escuelas. Nos ayuda a pensar cómo en nuestra conducta personal, cada uno en el rol que le toca en la relación con los más chicos, marcamos cómo deben ir estableciéndose las relaciones entre los seres humanos. Una conducta violenta puede ser una expresión oral, no tiene necesariamente que ser una agresión física, una agresión oral puede ser muy degradante, muy humillante y no ayuda a construir el respeto que tenemos que tener en la relación entre las personas. Eso después se repite.

EC - Mientras la escuchaba revisaba el texto del artículo. Dice que queda prohibido utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes.

MP - Exacto, porque ese es el lenguaje que se utiliza en los instrumentos internacionales, tanto para los adultos como para la niñez y la adolescencia. Lo nuevo es que lo incorporamos para la relación con la niñez y la adolescencia.

EC - Y tomo nota de algo que quizás cuando lo leí al principio no quedó suficientemente remarcado: no abarca solamente a padres, sino también a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia. En rigor, no estamos hablando solo de eventuales casos de violencia doméstica, estamos hablando de situaciones que pueden darse, por ejemplo, en un instituto de enseñanza o en un club.

MP - Para los casos más agudos de maltrato y abuso hay todo un capítulo del Código de la Niñez y la Adolescencia que estamos completando, ya tiene media sanción del Senado y está en tratamiento en la Cámara de Representantes, para incorporar esas medidas de prevención, las medidas cautelares cuando los temas llegan a ser judicializados.

Este caso es mucho más de reflexión, de transmisión a través de los medios de comunicación, de campañas (lo hemos visto en esas lindas campañas que hace UNICEF utilizando los Tatitos de Tournier), para los adultos que nos relacionamos con niños. Lo de las instituciones es muy importante, porque el niño quizás tenga respeto de sus padres en el hogar pero quizás luego en la institución adonde va eso no se configure o no se discuta entre los docentes, en el propio INAU en el caso de los niños y adolescentes institucionalizados. Eso no ayuda a reflexionar sobre la propia autoestima y cómo debemos respetar al o la que está al lado, ahí es que tenemos que poner el acento.

EC - Se destacaba ayer durante el debate parlamentario que Uruguay queda a la vanguardia en la región con esta norma.

MP - Sí, porque en general las legislaciones todavía no han incorporado esta prohibición del castigo físico o del trato degradante, humillante.

EC - Me llamó la atención cuando me tocó estar en Nueva Zelandia en el mes de junio que acababa de votarse en el Parlamento de ese país una norma de este tipo, exactamente igual. Por lo visto hay una tendencia.

MP - En el ámbito internacional el Comité de Derechos del Niño está impulsándolo como una forma de empezar a cortar esa espiral de violencia que termina después en las relaciones entre los adultos pero que empieza en la construcción de la personalidad de los niños y las niñas.

EC - Le traslado una pregunta que ha venido de varios oyentes en estos minutos mientras yo conversaba con usted.

Raúl, del Reducto: "En este país el INAU no tiene marco legal para llevar a un niño que duerme en la calle, y sin embargo ahora se pierde tiempo con esto del coscorrón".

"También está prohibido que los niños ejerzan la mendicidad. Eso no se ataca, y sin embargo se legisla con nuevas normas como esta."

¿Qué responde usted?

MP - Está legislado, el INAU, la Policía, los organismos que realizan políticas sociales, como el Ministerio de Desarrollo Social, tienen legislación sobre eso. Un niño que está durmiendo en la calle está sufriendo en sus derechos, por lo tanto hay que ver por qué sucede eso. Está claramente legislado, forma parte de las modificaciones que tienen que votarse en la Cámara de Representantes, dar una explicitación del marco legal del Código de la Niñez y la Adolescencia. La reflexión en las instituciones tiene que ver cómo se instrumentan las políticas para que se cumplan esas normas, y que cada uno de los actores las conozca.

Se está trabajando bien en la capacitación del INAU, en los roles que tiene que cumplir, en la Policía, que también tiene que cumplir un rol en ese aspecto, y por supuesto en las organizaciones que trabajan en las políticas sociales que realizan el Ministerio de Desarrollo Social y las intendencias. Hay estrategias. No olvidemos que (lamentablemente ha habido un crecimiento) la mayoría de los niños que duerme en la calle tiene una familia, el problema es cómo se trabaja con ese entorno familiar o con los referentes de ese niño para evitar que esté durmiendo en la calle, generalmente porque ha consumido algún tipo de droga.

Hay estrategias para hacerlo, lo importante es que la sociedad asuma que eso es una agresión para ese niño y que se comunique con las instituciones que tienen actuar en el caso, el INAU claramente, los programas del Ministerio de Desarrollo Social y la seccional especializada en niñez y adolescencia.

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EC - La norma fue impulsada en nuestro país por una organización no gubernamental llamada Arcoiris. Esta institución les presentó a los parlamentarios en su momento una encuesta que demuestra que si bien la mayoría de las personas consultadas en el área metropolitana manifiesta usar como método de corrección la penitencia o prohibirle a su hijo lo que más le gusta, 51% estaría dispuesto a usar en cualquier momento el castigo físico en plan de corrección y 68% justifica el uso del castigo físico en algún caso a la hora de modificar una conducta.

Ante esta realidad, la institución Arcoiris sostiene que no solo es necesario que haya una ley que prohíba el castigo a menores, sino también generar conciencia social y que el INAU produzca programas, algo que ya está previsto, según dijo la directora de la ONG, Rosana Acosta, consultada hoy por el diario El Observador.

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Edición: Mauricio Erramuspe