Emitido a las 7.35

EMILIANO COTELO:
La Justicia le impuso al INAU un plazo de 90 días para tomar las medidas necesarias a efectos de atender a los niños en situación de calle. La jueza de familia Graciela Barcelona acogió el recurso de amparo presentado por el fiscal en lo civil Enrique Viana.

La doctora Barcelona dio un plazo máximo de 90 días para la consideración -caso por caso- de las situaciones de esos menores y su derivación hacia los núcleos más adecuados para su protección, ya sea la propia familia, centros de pensión diurnos y/o nocturnos, internación en dependencias del INAU o las medidas que sean supervisadas por este organismo.

El presidente del INAU, Víctor Giorgi, dijo al diario El Observador anoche que hoy se definirá si el Instituto apela o no.

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EC - Estamos con la licenciada Cristina Álvarez, directora del INAU.

¿Efectivamente cabe la posibilidad de que apelen?

CRISTINA ÁLVAREZ:
Sí, vamos a apelar.

EC - ¿Por qué?

CA - Porque si bien en la sentencia se reconocen todas las cosas que nosotros hacemos (porque en ningún momento se plantea que no estemos haciendo nada por los niños de calle) queremos apelar la parte que nos observa el Poder Judicial, porque no nos parece justa la conminación.

EC - No les parece justa la conminación. ¿Ustedes entienden que están siendo presionados por la Justicia?

CA - Es muy difícil. Me cuesta mucho hablar sobre estos temas. Primero, porque no soy abogada. Segundo, porque cada palabra puede ser interpretada de un modo o de otro. Queremos comunicarle a la población que sí trabajamos por los niños de calle. La propia sentencia dice la cantidad de casos que hemos resuelto. Trabajamos tanto con el ámbito oficial como a través de convenios. Trabajamos con Infamilia, del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)...Pero el fenómeno nos trasciende bastante. Es un problema complejo. Nunca dijimos que el niño decidía si se quedaba o no en la calle. Siempre enfatizamos que al niño no se lo puede privar de libertad. Sí ampararlo, pero no privarlo de libertad.

Hacemos todos los esfuerzos cuando los educadores de calle están trabajando por entablar una relación con el niño, un diálogo. No queremos conducirlos con violencia. No queremos empeorar algo que ya es bastante grave. Porque que un niño esté en la calle es la consecuencia de una larga historia de violencia, de malos tratos.

EC - La jueza dice en su sentencia que es inadmisible afirmar que la voluntad de los niños y de los adolescentes debe ser respetada, aún cuando sea totalmente contraria a sus derechos y a la protección que debe proporcionárseles por imperio legal.

CA - No hemos dicho eso. Yo por lo menos no recuerdo que lo haya dicho ningún miembro del Directorio y yo personalmente no lo he dicho. Sabemos que defender sus derechos es hacer -de repente- algo contra su voluntad. Respetar sus derechos no es dejarlos (ni a los niños de calle ni a ningún niño) hacer lo que quieran. A los niños se les pone límites, tanto en la familia como en la escuela o en cualquier institución. No compartimos generar más violencia. Reconocemos algo que dice la sentencia: que se verifica un aumento de la cantidad de niños en la calle, pero eso no quiere decir que no estemos trabajando.

Ayer estuvimos analizando la sentencia y hoy nos vamos a reunir con los directores que se ocupan de la atención directa de niños y adolescentes para revisar todas nuestras acciones y reforzar algunos de nuestros servicios.

EC - La jueza coincide con el fiscal Viana en que existe "una omisión manifiestamente ilegítima por parte del INAU en brindar protección a los niños y adolescentes en situación de calle".

CA - Justamente, por eso vamos a apelar. Porque es un fenómeno complejo, estamos trabajando en muchos niveles. Es verdad que hay que trabajar más intensamente en las calles, sobre todo en las noches, pero no se dice que hemos sacado de la calle a cientos de niños con el Proyecto 300.

EC - ¿Qué quiere decir que los sacaron de la calle?

CA - Que se ha logrado establecer contacto familiar y mejorar la relación con las familias de esos niños. Es verdad que hay un núcleo muy difícil de trabajar. Me gustaría que la audiencia supiera lo difícil que es trabajar en la calle. Los educadores que trabajan en la calle sufren un sinfín de presiones y también peligros. Porque estamos de acuerdo en que están expuestos a una cantidad de situaciones de abuso, de maltrato, y por lo mismo es muy difícil trabajar en las calles, sobre todo en las noches. Trabajamos en dos niveles. Por un lado con nuestros equipos de calle, pero también con el grupo interinstitucional que sale desde el MIDES durante todo el invierno. Y no salimos sólo nosotros. Salen también trabajadores de otras instituciones, del MIDES, del Banco de Previsión Social, de la Intendencia, ya está afectado el mecanismo de la comunicación con nuestro Centro de Estudios y Derivación para ir a buscar a los chiquilines.

EC - Iba a preguntarle cómo son los plazos que maneja la resolución de la jueza Barcelona, pero si ustedes están considerando la posibilidad de apelar los plazos no están corriendo aún.

CA - No, estamos trabajando. Hoy vamos a afinar nuestras acciones con todos los directores responsables de la atención directa, para cumplirlo. Hacemos las dos cosas.

EC - ¿Pero cómo puede ser que ustedes no tengan un diagnóstico de qué características tienen los niños que hoy están en la calle en Montevideo? Eso es lo primero que tendrían que hacer para cumplir con esta resolución, según lo que en ella se establece.

CA - Ya está planificado con Infamilia hacer ese conteo. No es que no tengamos las características.

EC - ¿No lo tienen hecho?

CA - El conteo no. Pero tenemos características provenientes de la experiencia de trabajo de nuestros educadores y de nuestros equipos técnicos. Todavía no hemos podido hacer un trabajo de investigación científica más preciso. Lo estamos encarando.

Quiero señalarles a todos los que están escuchando que encontramos una institución con una cantidad de carencias. Hemos estado trabajando para resolver una cantidad de problemas. En este último mes encaramos la puesta a cero kilómetro de tres o cuatro internados. Anteayer se mudó un centro de amparo para adolescentes. Porque no hay proyecto educativo, no hay forma de atraer a los jóvenes a lugares como los que teníamos cuando asumimos, totalmente destruidos. Hacía por lo menos 10 años que no se hacía nada por el mantenimiento de nuestras sedes.

EC - Todos los oyentes tienen entendido que este problema de los niños de la calle y la aparente inoperancia del INAU frente a ellos no son sólo de esta administración. Esto también se discutió en el período de gobierno anterior.

CA - Pero quiero que se sepa todo lo que estamos haciendo.

EC - El fiscal Viana ha declarado que decidió actuar ahora y hacer el planteo en esta administración, en estos días, a raíz de declaraciones desde la Dirección del INAU en las que se sostenía que los niños y adolescentes de la calle deben ser respetados cuando deciden quedarse allí.

CA - Nosotros decimos que hay que respetar los derechos de todos los niños. Pero respetar los derechos de los niños no quiere decir dejarlos librados a su suerte. Ahí hay una mala interpretación. Por eso vamos a apelar.

EC - Más allá de que apelen por ese tipo de discrepancias conceptuales, ¿se puede concluir que ahora sí, en un plazo breve, el INAU va a tener una fórmula que evite que esos niños sigan expuestos a los riesgos y a los peligros que la calle implica?

CA - ¿Usted cree que el INAU puede revertir una situación de pobreza tan profunda? Porque en el fondo de todo esto el problema de las familias deviene (no quiero decir que sea el único factor) de una crisis muy grande que hubo en nuestro país.

EC - Eso es obvio. Pero estamos hablando de los peligros nuevos a los que esos niños quedan expuestos por estar en la calle permanentemente.

CA - Yo no le puedo decir que mágicamente de acá a fin de año vayamos a sacar a todos los niños de calle. Ya hemos sacado muchos y surgen nuevos. Es como si usted hoy le pidiera al ministro de Vivienda que en un plazo de 90 días se respete el derecho a la vivienda y mágicamente toda la gente salga de los asentamientos. Son procesos. No somos responsables solamente nosotros. Trabajamos muy estrechamente con otros organismos, tenemos problemas de salud que atendemos porque no está prevista la atención de las patologías psiquiátricas, de las adicciones por Salud Pública. Pero no pretendemos que en 90 días se resuelva todo ese problema.

Tenemos una cantidad de familias que están a la intemperie y se trabaja con el MIDES. Querríamos que no estuvieran a la intemperie, ahora están en un refugio. Trabajamos todos los aspectos, pero nosotros no inventamos que hay un millón de pobres en este país, no sé cuántos miles de indigentes y todo lo que genera eso. Trabajamos, vamos a intensificar nuestro trabajo, vamos a redoblar el esfuerzo por sacar a los niños de la calle, pero esto no es algo matemático. Es como si le exigiéramos a la escuela pública que en 90 días erradique a todos los chiquilines que no asisten a la escuela.

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EC - En la prensa se recuerda que esta es la segunda vez que la Justicia declara que el INAU incumple sus obligaciones legales en cuanto a atención a la infancia. Ya se había decretado algo similar a propósito de no contar con centros de internación para menores consumidores de pasta base. También se le había dado 90 días para tomar medidas, y el fiscal Viana, que había sido el promotor también de aquel recurso de amparo, entiende que aún sigue sin cumplirse con aquel fallo judicial.

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