(Emitido a las 7.39)

EMILIANO COTELO:
El País (título principal): "Investigan nexo del robo de armas con el narcotráfico". Se ocupa así de este asunto que desde hace varios días preocupa a la Fuerza Aérea y ha generado inquietud también en otros niveles del gobierno y de la sociedad en general.

El Observador (título principal): "Las armas las cambiaron por drogas. Hay ocho procesados. La Policía recuperó ayer uno de los fusiles de guerra robados de Boiso Lanza".

La República (páginas interiores): "El juez penal de 15º Turno, doctor Ricardo Miguez, procesó ayer a ocho personas por el robo de armas de guerra de la base Boiso Lanza", de la Fuerza Aérea. De todos modos, aseveró: "la investigación sigue abierta". "Entre los enjuiciados, se encuentran cuatro militares y cuatro civiles, de los cuales dos son mujeres.

Luego de una extensa jornada de interrogatorios, a iniciativa de la fiscal Penal de 11º Turno, doctora Cristina González, el juez Miguez procesó a cuatro soldados de tropa y a cuatro civiles por el robo de un fusil FAL de la base Boiso Lanza; sede del Comando de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Según informó anoche un comunicado de la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia, los soldados de iniciales JAPA, EDRO, JARM y PDLS, fueron remitidos con prisión por un delito de ‘peculado en régimen de reiteración real’.

Mientras, un recluso del complejo carcelario de Santiago Vázquez de iniciales LDO fue enjuiciado con prisión por el delito de ‘peculado en reiteración real’, en calidad de ‘coautor’, en virtud de ser quien realizó los contactos para vender el arma.

Además, el juez Miguez dispuso los procesamientos pero sin prisión de otros tres civiles: dos mujeres (CEPF y TPS) y un hombre de iniciales ABM por el delito de ‘receptación’. Según se comprobó, las mujeres habían ocultado el fusil y dieron aviso al hombre para que lo retirara.

La semana pasada, en el marco de inspección de rutina realizada en la Base Boiso Lanza, se constató el faltante de 11 fusiles FAL y dos subametralladoras FMK-3. Además, fueron sustraídos nueve cargadores para los rifles FAL y cuatro cargadores de las subametralladoras FMK-3".

Estamos en diálogo con el juez en lo Penal responsable de esta investigación: el doctor Ricardo Miguez

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Doctor Miguez,  con las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, ¿qué se ha podido armar de este rompecabezas?

RICARDO MIGUEZ:
Al principio la investigación estuvo un poco complicada porque había versiones contradictorias. Recién al finalizar el día de ayer pudimos aclarar un poco la situación, pero no completamente, porque quedaron cosas pendientes de investigación.

Llegamos a la conclusión de que, el viernes, cuatro soldados habrían obtenido los fusiles y las armas que faltaban de la base y los habrían negociado en el exterior de la misma. Los desarmaban, los colocaban dentro de un bolso y luego una persona - que desconocemos- los vendía a otra persona desconocida.

EC - La versión del diario La República hoy dice que "de acuerdo a lo que se desprende de la investigación y de las confesiones de los implicados, el recluso LDO, de 37 años y con profusos antecedentes penales, era quien manejaba los hilos de la banda desde la prisión. Él encargaba a los uniformados las armas y les pagaba 30.000 pesos por cada unidad robada. El robo de cada una de las 13 armas sustraídas de los depósitos de Boiso Lanza requería de la participación de dos efectivos de la Fuerza Aérea".

¿Esto coincide con lo que ustedes han logrado averiguar?

RM – Sí. Consideramos la participación de los cuatro en la sustracción –por eso el enjuiciamiento de los cuatro–, de diferentes formas. Esa tercera persona que obtenía las armas de los primeros, les pagaba y las negociaba con otra persona que desconocemos. Es lo que vamos a investigar.

EC - Queda por verificar quién o quiénes comercializaban las armas robadas...

RM - Quiénes las obtenían y a dónde las llevaban. No pudimos obtener más información. No quiere decir que no se pueda obtener. Este expediente recién empieza. Hay estos procesamientos porque tenemos plazos constitucionales que cumplir y gente que estaba detenida sobre la cual teníamos que resolver. Los elementos de prueba que manejábamos nos daban la posibilidad de entender que existían conductas delictivas y que la participación de esas personas era punible. Pero la investigación va a continuar para saber si hay más gente involucrada.

EC - A propósito de cuál es el destino de estas armas y cómo estaba conformada la estructura delictiva, ayer el vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Rodolfo Nin Novoa, cuando terminó la sesión del Consejo de Ministros (en la que este tema fue examinado) dijo a la prensa: "En los informes que tenemos, esto está vinculado directamente al narcotráfico. El Uruguay desde hace mucho tiempo se ha transformado en un centro importante del tráfico de drogas y lo que se captura es un porcentaje menor, porque hay muchas maneras por las que se viene a lavar dinero a nuestro país. El gobierno se encuentra trabajando con mucha preocupación, abocado fuertemente a lograr soluciones a este tema".

¿Qué han podido avanzar sobre nexos con el narcotráfico?

RM - No tenemos esa información que dio el vicepresidente. De cualquier manera, solicité informes al Ministerio de Defensa, de modo que si hay algún elemento de ese tipo, estoy plenamente seguro de que me lo van a hacer llegar. En la instrucción manejé la venta de esas armas para la obtención de dinero. Ninguna de las personas que fueron sometidas a interrogatorio me dijo que el destino de ese dinero fuera comprar drogas. No me lo manifestaron. Pero puede ser que el Poder Ejecutivo maneje otra información, que va a llegar a nuestro conocimiento.

EC - ¿Cómo se llegó al lugar donde estaba guardada una de estas armas?

RM - La Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), que estaba trabajando en el asunto, me comunicó que tenía información de que en una vivienda habría un fusil FAL, que presumiblemente era de la Fuerza Aérea. Me solicitó una orden de allanamiento, que le di inmediatamente. Se hizo el allanamiento y se encontró el fusil desarmado dentro de una bolsa. Eso fue lo que dio origen al procedimiento.

La DNII no manifestó cómo obtuvo la información. Ni le pregunté, porque lo que me interesaba era el hecho en sí.

EC - Usted procesó por "reiterados delitos de peculado". ¿Por qué "reiterados"?

RM - Porque sacaron más de una vez. No puedo decir que sacaron 11 veces porque no me lo dijeron. Dijeron "tres o cuatro veces", pero no sé qué cantidad de armas salían cada vez en el bolso. Capaz que salieron de a dos...alguna vez puede haber salido una. Por eso son reiterados delitos de peculado.

Peculado es el hurto hecho por un funcionario público en una dependencia pública, según el artículo 153 del Código Penal. Es tomar algo del lugar de trabajo; en este caso, la unidad militar.

EC - Si bien hasta ahora apareció sólo una de las armas, esas personas confesaron que participaron en el robo de varias de ellas.

RM – Sí. Y en la entrega: en dos o tres entregas. Pero hubo versiones contradictorias, al principio se autoinculpaban uno a otro, pero al final se llegó, a través de los careos, a una versión única y conformada de todas las situaciones. Principalmente se traían los fusiles y después iban a otro lugar a entregar las armas.

EC - Llama la atención que estos efectivos de la Fuerza Aérea hayan participado en estos robos, porque quedaban bastante expuestos. Es un lugar al cual tiene acceso poco personal. ¿Ese detalle no le llamó la atención?

RM – Sí. Pero por cada arma recibían 15.000 o 30.000 pesos (había las dos versiones). Para un soldado es plata, y más si están necesitados económicamente. Para cualquier persona 30.000 pesos es dinero, entonces se corre el riesgo.

EC - Pero se supone que un arsenal como ese es objeto de inspecciones y controles cada tanto y se sabe quiénes son las personas que lo cuidan. Son muy pocas.

RM - Pero después de hacerlo una vez... A veces la gente se confía, "si lo vendo no va a pasar nada". Además no los sacaron todos juntos. Fue dilatado en el tiempo.

EC - ¿En qué lapso?

RM - En unos 10 días. Vieron que no pasó nada y decidieron seguir. Deben de haber pensado que capaz que daban por extraviadas las armas y que si se descubría que estaban extraviadas no iban a pensar que habían sido ellos. No sé cuál fue la idea. Pero deben de haber pensado que podían ser descubiertos.

EC - En cuanto a cómo continúa esto, el diario El Observador informa que: "la Policía va a realizar hoy allanamientos en el interior del país en busca de las otras armas, aunque los investigadores creen que la mitad de ellas ya estaría en Paraguay cambiada por drogas". ¿Tiene elementos de esto?

RM - No, no lo sabía. No descartaba la posibilidad de que la Policía siguiera actuando e hiciera otras actuaciones. Para los allanamientos en el interior la orden la da el juez del interior. Le corresponde al juez del lugar. Es probable que la Policía haya tenido algún otro dato o siga recabando información y tenga el dato de que pueden estar en otro lugar. Por ahora no me han enterado. No quiere decir que en el correr del día no se me comunique.

EC - En este caso actúan simultáneamente la Justicia Penal, usted al frente del expediente, y la Justicia Militar. ¿Cómo se da la coordinación entre los dos ámbitos?

RM - Son dos justicias independientes. La Justicia Militar juzga el delito propiamente militar. El comandante de la Fuerza dijo: "esto es un acto de traición". Tiene un delito específico para este tipo de accionar, que es distinto del civil. Yo actué en la sustracción del arma, ante el delito de peculado, que es penado por la Justicia Penal ordinaria.

EC - ¿Existe cooperación entre las dos jurisdicciones?

RM - Claro, cuando tuve esto y sabía que la Justicia Militar estaba investigando, entendí que correspondía comunicarme con el juez militar y manifestarle que iba a comenzar la investigación y que iba a tener que trasladar a la sede judicial a gente que estaba en la unidad sometida a arresto administrativo. El juez militar muy amablemente me dijo que estaba totalmente a mi disposición, que trabajara con todo lo que entendiera necesario solicitar.

EC - Nunca se dio ninguna posibilidad de contienda de competencia.

RM - No, nunca me lo planteó. Me planteó la colaboración. Lo mismo el coronel de la base de donde se sustrajeron las armas: también se puso a disposición inmediatamente. No hubo problemas de ningún tipo. Incluso al principio los traslados de los militares los hicieron efectivos de la Fuerza Aérea. Como estaban detenidos por la parte administrativa, dijimos que no era necesaria la detención en principio, mientras los tomábamos, no como indagados sino como testigos. Cuando vimos que la cosa había cambiado, ordenamos la detención efectiva.

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EC - ¿Qué delitos y qué penas están en juego? El artículo 153 del Código Penal tipifica el delito de peculado, que consiste en apropiarse de dinero o cosas muebles que se encuentran en posesión de un funcionario público o por razón de su cargo. El castigo previsto es un año de prisión a seis de penitenciaría. Eso es lo que está en juego para los cuatro militares.

¿Qué ocurre con el delito de receptación? El artículo 350 bis del Código Penal establece que "quien, sin acuerdo previo con los ejecutores de un delito, adquiere, recibe u oculta dinero o efectos provenientes de un delito, debe ser penado con seis meses de prisión a 10 años de penitenciaría". Eso es lo que ocurre con los civiles, sobre todo con tres de ellos, que habrían participado ocultando los fusiles y dando aviso al hombre que se encargó de retirarlos. Son tres civiles procesados por receptación; tres mujeres.

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Edición: Ma. Eugenia Martínez