Un llamado de OSE para profesionales discapacitados permitió que Álvaro Rodríguez y Luis Suifett, dos arquitectos, ingresaran a ese ente.

Desde 1996 Luis sabe que tiene esclerosis múltiple, una enfermedad que ataca al sistema nervioso y ante situaciones de estrés emocional le provoca reacciones distorsionadas como problemas de equilibro, dificultades para caminar y hablar, falta de visión o insensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo. En el momento del diagnóstico estaba terminando la facultad y tras recibirse no pudo conseguir un empleo estable como arquitecto. Sólo trabajaba zafralmente. En diciembre del año pasado Luis recibió la noticia de que tendría un empleo en OSE.

"Yo todas las semanas llamaba a ver cómo iba y todavía no se había decido. Tenía toda una planificación de familia, de ampliar la familia. Pero uno de los casos era ese, de ampliar, que debido a los ingresos no lo podíamos realizar antes con mi señora. Por ahora no tenemos hijos pero está en los planes... Dijimos: ‘ahora vamos a poder acceder a esto que tanto esperábamos’. Se presentaron ciertos proyectos que ahora pensamos que se van a concretar", contó Luis.

Antes de esa satisfacción y alegría, hubo muchas frustraciones con forma de entrevista que nunca terminaban en un empleo. Álvaro Rodríguez ingresó con Luis a la Dirección de Arquitectura de OSE. A los 49 años padeció una crisis de aneurisma cerebral que lo dejó 20 días inconsciente en un CTI y lo obligó a dos años de recuperación y otros cuatro de desocupación.

Álvaro contó cómo recuerda esa búsqueda sin éxito de un empleo: "Como algo feo, pero que no me obnubilaba, me hacía recobrar más ímpetu para el que me fuera a presentar porque yo si se quiere venía de la muerte a los 49 años y después dos años más de recuperación plena. Y para tratar de romper eso, no importaba qué era lo que venía...".

No desanimarse y seguir adelante es una de las claves que tanto Álvaro como Luis tuvieron presentes en todo momento. Claro que no fue fácil y atravesaron diferentes etapas. Luis habló de algo que trató de no perder de vista y que, piensa, puede servirle a otros que pasen por esa situación: "Yo voy a psicoterapia y el psicólogo me decía: ‘Luis, vos no sos la esclerosis múltiple, vos tenés esclerosis múltiple. No sos la enfermedad, vos tenés una enfermedad. Así como otra persona tiene otra enfermedad, otro problema, otra equis razón. En mi caso me ha ayudado mucho a separar eso. Yo no soy el problema, tengo un problema, una discapacidad. Me parece que esa forma de ver las cosas puede ayudar mucho a otras personas que tienen otra dificultad".

El ingreso de estos dos nuevos funcionarios de OSE se dio cumpliendo con la Ley 16.095 que establece, entre otras disposiciones, a favor de los minusválidos que el 4% de las vacantes que se generaran en la Administración Pública se cubrieran con personas con alguna discapacidad. Durante años esa norma fue aplicada irregularmente cuando no ignorada. Se destaca que la Intendencia Municipal de Montevideo fue el primer organismo en cumplirla y llevarla adelante. Entre 1990 y 2005, 130 discapacitados ingresaron a la comuna. Alberto Della Gatta estuvo al frente de esos llamados y hoy es quien preside la Comisión Nacional del Discapacitado, también creada por aquella Ley 16.095.

Della Gatta contó que desde 2005 han ingresado a la administración unos 150 discapacitados y se espera que antes de fines de 2007 se completen los 200, en distintos llamados de una docena de entes estatales: "Ante la nada de esos largos 16 años hoy hay una movida importante en cuanto al ingreso de estas personas pero además el Poder Ejecutivo reglamentó este artículo de la ley hace aproximadamente un mes, por lo cual la Oficina Nacional del Servicio Civil está colaborando con nosotros. Es la que tiene que actuar como policía, por decirlo de alguna forma, de que se cumpla este artículo de la Ley 16.095. Entonces es fácil vislumbrar que todos los organismos públicos en estos próximos tiempos van a adjudicar estas vacantes".

El presidente de la Comisión del Discapacitado contó que la experiencia indica que estas oportunidades se aprovechan. Por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo los primeros ingresos se dieron en puestos de telefonista. Hoy ya casi nadie está en esos puestos sino que fueron ascendiendo en la administración mediante concurso o porque, al tener un empleo, lograron terminar sus estudios terciarios: "Históricamente se veía a la persona con discapacidad en lo laboral como para darle un puestito desde un punto de vista paternalista de portero y no... Hay una cantidad de gente joven, de mediana edad, que tiene una muy buena preparación y puede competir con cualquier trabajador".

La ley de 1989 será complementada por una que avanza en el Parlamento y que impulsa el senador blanco Ruperto Long. Esa norma, que cuenta con media sanción del Senado y ya ingresó en la comisión respectiva de Diputados, busca promover el empleo de los discapacitados también en la esfera privada.

La ley establece que el Estado deberá priorizar en la adquisición de bienes y servicios a aquellas empresas que contraten personas con discapacidad y que, siempre que efectúe concesiones para la explotación de pequeños emprendimientos comerciales o de servicios, se le deberá dar prioridad a estas personas.

Además, establece que los organismos de recaudación exonerarán de una parte del aporte patronal a las empresas que contraten personas discapacitadas, incluyendo a aquellas que trabajen a domicilio, siempre que estén dentro de las planillas de la empresa.

Estas medidas buscan ayudar a revertir con incentivos económicos los prejuicios que puede tener un empleador. Ana María Fosatti, del Movimiento Nacional de Recuperación del Minusválido (Monami), que desde 1981 trabaja en este tema, explicó que la discapacidad impide ver las capacidades: "En vez de ver su competencia, el halo de la discapacidad hace que tengan miedo los empleadores de contratar personas con discapacidad. Generalmente son las personas que cuidan más su empleo, no faltan, son muy cuidadosos y se desempeñan con mucha seriedad y responsabilidad. (...) Nosotros decimos que la rehabilitación es que el niño vaya a la escuela y juegue; y el adulto pueda tener su familia y trabajo digno".

Los números hablan por sí solos. En Uruguay se piensa que existen unos 300.000 discapacitados, respondiendo a la proyección internacional que habla de que un 10% de la población tiene alguna discapacidad. De esos 300.000, sólo trabajarían unos 50.000 y hay otras 50.000 pensiones por invalidez. En muchos casos, quienes tienen pensión también trabajan. Es decir que una inmensa mayoría de los discapacitados no tiene protección laboral ni de pensión, según los datos que maneja Monami.

El 84% de los discapacitados está desempleado, según números de la Comisión Nacional del Discapacitado.

Los llamados para el ingreso de personas discapacitadas al Estado seguramente se multiplicarán en los próximos meses, dado que la reglamentación de la ley de 1989, que se concretó hace un mes, terminó de consolidar que el 4% de las vacantes deban cubrirse con personas minusválidas y, según adelantó, Della Gatta, la Oficina Nacional del Servicio Civil ahora está controlando este tema.

Por estos días están preparando llamados varios entes. Para poder postularse, las personas deben anotarse en las bolsas de trabajo que tiene la Comisión del Discapacitado, donde se relevan las potencialidades de los candidatos, además de recomendarle planes de rehabilitación en caso que no los hayan hecho antes. Justamente, la rehabilitación es un escollo para muchos discapacitados.

Jorge Sosa es ciego y dirigente de Monami. Para él la rehabilitación es aún poco accesible en muchos puntos del país: "En el interior, por ejemplo, en lo que me compete a mí personas ciegas tienen muy pocas posibilidades de rehabilitarse, o sea que desde Artigas tiene que bajar a Montevideo, desde Rivera a Montevideo, de Cerro Largo a Montevideo... de puntos muy lejanos. Y hay personas que pasan por la vida, personas ciegas y con algún otro tipo de discapacidad, sin pena ni gloria. Sin tener posibilidades aunque sea de tener una silla de ruedas, un par de bastones canadienses. Eso lo hemos vivido también en la práctica que hace Monami en rehabilitación con base en la comunidad, que es donde apunta Monami desde sus comienzos en la vida institucional".

Rehabilitación con Base en la Comunidad, como se define el trabajo que realizan Monami y otras instituciones, supone establecer un plan de acción con cada discapacitado y desarrollarlo en el lugar donde vive, interactuando con la familia. En ese sentido, Monami prepara proyectos para seis puntos del país como forma de facilitar el acceso a esta capacitación, la primera que debe realizar un discapacitado para poder aspirar a una empleo.

"Para mí es elemental que la gente sepa que el 90% de la gente con discapacidad en el departamento de Montevideo no está institucionalizado. Ese es también donde tenemos que salir de ante mano, partir en el rescate de esas personas, que salgan de sus hogares, que sus familias las saquen",, dijo Sosa.

Monami trabaja con varios talleres en Montevideo y tiene sedes en la calle Paullier y en Camino Castro, en el Prado. Tras enseñarles prácticas cotidianas como la higiene personal, sentarse a la mesa y comer en caso que lo necesiten, los discapacitados participan de talleres de dibujo, pintura, fotografía y otras disciplinas artísticas como forma de ir desarrollando capacidades. Luego hay una segunda etapa donde ya se desarrollan actividades productivas en panadería o el cultivo de hidroponia.

Ana María Fossati explicó cuál es el paradigma con el que trabajan: "El nuevo paradigma internacional sobre discapacidad que no es minusvalía sino que es funcionamiento. La nueva clasificación internacional de funcionamiento mide cómo funciona cualquier ser normal o con discapacidad y usted por ejemplo si lo mide a Beethoven como músico creo que va a decir que tiene un buen funcionamiento, aunque no oyera, aunque fuera sordo. Y si nosotros lo que queremos es que todas las personas funcionen de acuerdo a sus capacidades, superando sus límites, tenemos que cambiar el enfoque de las políticas sociales. No es solamente darles un dinerito por el menoscabo, es rehabilitar a esas personas al máximo de su potencialidad".

La Organización Nacional Pro-Laboral del Lisiado (Onpli) trabaja hace 30 años con discapacitados motrices. Tiene cuatro áreas principales de actividad. Un taller de imprenta, uno de encuadernación, una lavandería industrial y un taller metalúrgico ortopédico. En este último reparan sillas de ruedas y elaboran distintos equipamientos para discapacitados. Los talleres de Onpli emplean a unos 50 minusválidos.

En 2007 se cumplen los 25 años del accidente que dejó en silla de ruedas al actual vicepresidente de Onpli, Jorge Reyes. Hoy tiene 47 años y trabaja en la lavandería y el taller metalúrgico de la ONG. Él destacó que en estos 25 años hubo cambios positivos en la percepción y el trabajo con la discapacidad: "En algún caso cambió, creo que hay otra política, otra idea. Se ve a la persona con discapacidad de otro modo, creo que ya no es el pobrecito que hay que sacar a la vereda. Es una persona que intenta salir, que es una persona que intenta integrarse. La Intendencia de Montevideo en los últimos 10 años ha hecho mucho para eso. Y falta hace mucho más. Pero ha habido un cambio sustancial, lento, es un proceso lento pero va cambiando. Hoy el Banco de Seguros del Estado, las jubilaciones se las otorgan a las personas que tienen accidentes pero cuando no tienen más remedio que jubilarse, al que puede trabajar, tratan de integrarlo en el trabajo que es por lo que tanto hemos luchado".

De todos modos, Jorge y todos los que trabajan con la discapacidad afirman que queda mucho por hacer. En la actualidad hay una preocupación central, por ejemplo, en el caso de Onpli. Esta organización trabaja en lo que se llaman "Talleres de Producción Protegida" que, según Reyes, perdieron todas las exoneraciones tributarias el 1º de julio con la entrada en vigencia de la Reforma Tributaria.

Los talleres protegidos deben autofinanciarse para funcionar y no reciben un aporte económico del Estado. Jorge llamó la atención sobre las diferencias entre estos emprendimientos y una empresa convencional:  "Evidentemente la producción no es la misma que si tenés el mejor trabajador convencional, queda en desigualdad de oportunidades y de posibilidades frente al taller convencional que tiene el mejor trabajador, le va a exigir todo lo que tenga que exigirle y le está pagando lo mismo que le paga un taller protegido y lo está clasificando en su categoría igual que un taller protegido que no puede hacer ni la cuarta parte de lo que puede hacer una empresa convencional. Eso son los elementos más fuertes que tenemos para decir que el taller protegido o de producción protegida como se llama ahora se encuentra en estos momentos en las peores condiciones de funcionamiento y mantenimiento del taller que existió en el país".

La tributación actual no es sostenible para Onpli: "Hoy por hoy yo te diría que la lavandería está trabajando porque viene por inercia pero si vamos a los números reales que factura tenemos que cerrar la lavandería. La imprenta no sé hasta cuándo podrá solventar ese tipo de costos. Y los talleres de Onpli no es que cada taller se autofinancie, son un conjunto de talleres que todos se autofinancian, cuando no marcha uno  el otro lo subvenciona y así... Pero cuando todo está marchando mal, cuando estás tributando como cualquier empresa, cuando estás cobrando IVA como cualquier empresa, ¿cómo hacés para hacer la formación profesional, darle trabajo a la gente con discapacidad dentro del taller protegido si no tenés ningún tipo de facilidad para seguirlo logrando? Si es que quisieron poner un incentivo al taller protegido, creeme que no lo lograron", sentenció Jorge.

La ley elaborada por Ruperto Long, que avanza en el Parlamento, amplía la protección de los discapacitados y, entre otras cosas, regula la actividad de los Talleres de Producción Protegida, recogiendo una iniciativa del diputado del MPP, Pablo Álvarez.

La ley ya cuenta con media sanción del Senado e ingresó en la Comisión de Población de Diputados. El diputado Álvarez aclaró que esa ley equipara a los talleres de producción protegida con las cooperativas sociales, exoneradas de IVA y de aportes patronales. Así, recuperarían las ventajas tributarias que les permiten funcionar. El diputado del MPP dijo que está el compromiso de trabajar rápidamente en la aprobación y que el equipo económico está de acuerdo. Ahora resta ver si los tiempos políticos coinciden con la urgencia que planteó Reyes.

Comisión Honoraria del Discapacitado
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Monami
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Onpli
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Web: http://www.onpli.org/

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