(Emitido a las 9.09)

ANDRÉS GIL:
Demoró bastante más de la cuenta, pero finalmente llegó la hora. Ayer el gobierno inauguró más de 380 celdas en un remodelado Penal de Libertad que desde el motín de 2002 estaba en la más absoluta ruina.

Cerca de 750 nuevas plazas, con una inversión de casi tres millones y medio               de dólares, en la segunda de cuatro etapas que componen este proyecto de remodelación del centro carcelario.

La pregunta que surge es: ¿estamos frente a un paliativo, ante una medida apenas parcial, o se trata de un paso trascendente en el proceso de ajuste de nuestro sistema carcelario a los estándares internacionales?

Vamos a conversarlo con el doctor Álvaro Garcé, comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario.

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Doctor Garcé, ¿qué es el comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario?

ÁLVARO GARCÉ:
Es un órgano técnico del Parlamento Nacional. En cuanto órgano técnico, no responde a directivas de carácter político-partidario y tiene como cometido fundamental hacer un seguimiento de la situación de las cárceles con el doble objetivo de hacer recomendaciones al Poder Ejecutivo, al Ministerio del Interior, y mantener informados a todos los legisladores por intermedio de una Comisión Especial de Seguimiento de las Cárceles, integrada por cinco senadores y diez diputados.

AG - Ahora sí, pasemos a la inauguración de una nueva etapa de remodelación del Penal de Libertad. ¿Qué parte del penal fue remodelada?

AlG - Todo el edificio, lo que se ve desde la Ruta 1 cuando se va hacia o se vuelve de Colonia, ese edificio tan grande que aparece en el medio del campo. El edificio histórico fue reconstruido después del motín del año 2002.

AG - Pero eso no alcanzó solo a las celdas.

AlG - No, porque en aquel momento se destruyó todo, entonces fue necesario no solo reparar las celdas sino todo el edificio. El edificio quedó en su estructura, pero fue internamente demolido, y ahora desde la enfermería hasta otros servicios anexos fueron todos reparados. Falta la construcción, que está en marcha, de algunas obras perimetrales, como la revisoría, lo accesorio, lo que está fuera del edificio.

AG - Tengo aquí algunos datos: 20 cocinas, 120 duchas (24 por piso), 10 depósitos de comida, 10 aulas de biblioteca, cinco salas para visita de un total de 25 metros cuadrados, cinco salas administrativas para reclusos (40 metros cuadrados), cinco oficinas con servicios higiénicos para guardias, la enfermería, el consultorio odontológico y la farmacia. ¿Estas instalaciones ahora cumplen con las convenciones internacionales? Porque se ha hablado mucho de cuán lejos estábamos del cumplimiento de tratados sobre derechos humanos que nuestro país ha ratificado.

AlG - Sin duda cumplen esos estándares mínimos. En la introducción usted se preguntaba si esto es paliativo o implica acercarse definitivamente a las normas internacionales. Las dos cosas. La reincorporación de estos 750 lugares al sistema penitenciario va a generar en los próximos meses –porque esto no es de hoy para mañana, va a haber que ir poblándolo gradualmente, porque además de los reclusos hay que pensar en los guardias y en toda la logística que implica un celdario grande– descompresión y alivio en otras unidades, se va a sentir. Por ahí hay un paliativo al problema mayor, que es la superpoblación, que se da en el Comcar y en algunas unidades del interior como la de Maldonado y la de Rivera.

También es cierto que estos 750 lugares se agregan en condiciones dignas y acordes con la normativa internacional. Hay que tener presente que ni siquiera construyendo 2.000 o 3.000 lugares cada cinco años se resuelve el problema penitenciario, no pasa solo por construir –que es imprescindible–, también hay que apuntar a modificar determinadas condiciones sociales, que luego generarán un aumento sostenido en la cantidad de primarios que ingresan a las cárceles.

AG - ¿Tiene claro quiénes van a ser realojados en estas plazas?

AlG - Lo he conversado con las autoridades, con la señora ministra, con el director de Cárceles, con el propio director del establecimiento. En ese intercambio de ideas cada uno fue aportando una visión. A mí me parecía importante que en el propio establecimiento de Libertad hubiera una cierta posibilidad de progresividad. No es lo mismo estar dentro del penal en los módulos de acero, en el celdario que se reinaugura o en la barraca, hay tres niveles distintos, tres niveles de seguridad. En la medida que existan escalones hay un estímulo a la buena conducta: si estoy en una celda en los módulos de acero y quiero salir al celdario es obvio que voy a intentar tener una buena conducta y, sobre todo, que mi buena conducta sea considerada. Porque si un interno tiene una buena conducta por un determinado lapso y no es tenido en cuenta, se genera un desánimo.

AG - Usted dice que habría que afinar el mecanismo de premios y castigos.

AG - Sobre todo premios, y que exista la posibilidad material de premiar, porque se puede tener claro que fulano y mengano hace años que tienen buena conducta, pero si no existe la posibilidad de premiarlos seguirán en la misma celda hoy, mañana y el mes que viene. El aporte pasa por allí, por tener distintos escalones dentro de la unidad de mayor seguridad de todo el sistema. Aunque este sector del celdario que se está reinaugurando no sea el de mayor seguridad.

AG - Supongo que en ese sistema de premios y castigos se podrá evitar que quienes destrozaron el penal en 2002 sean premiados con esta nueva cárcel. Eso es algo que en general molesta mucho. ¿Se va a tomar en cuenta?

AlG - Por supuesto, cuando se analiza la conducta no es solo lo que ocurrió la semana pasada, hay una historia. Esa historia, esa hoja de cada interno tiene que ver con hechos concretos, no solo con la suposición de si es peligroso o no, es un análisis basado en la trayectoria. Desde luego, si el Estado ha invertido 3 millones de dólares en la reconstrucción de este celdario, no es para facilitar su destrucción.

No pasa solo por la conducta de los internos. Si se llegó a la destrucción del celdario no fue solamente por la mala conducta o la propensión a destruir, sino que eso fue en su momento facilitado, la destrucción del penal fue facilitada.

AG - Justamente, iba a preguntarle cómo inciden estos cambios en el trabajo del personal policial asignado al establecimiento. Leía que se ejecutaron obras de iluminación exterior de máxima seguridad y se instaló un equipo para incendio y antimotines; son cuestiones de seguridad que facilitan el trabajo del personal policial.

AlG - Sí, muchísimo, porque en el nuevo celdario van a estar en mejores condiciones los reclusos y los guardias. Por eso le decía, inaugurar una obra de este tipo, igual que el Módulo 7 del Comcar, que fue inaugurado el 19 de octubre, coincidiendo con el aniversario de la Dirección Nacional de Cárceles (DNC), es el primer paso, después hay que ponerla en marcha. Y para poner en marcha eso se requiere personal. La falta de personal es uno de los aspectos más complicados del sistema penitenciario, sobre todo en el campo de la DNC, que tenía un déficit de personal muy grande.

AG - ¿Ese sigue siendo uno de los problemas principales del sistema?

AlG - Sin duda.

AG - ¿Lo han planteado?

AlG - Por supuesto. En el ranking de problemas yo diría: hacinamiento, superpoblación y después el tema del personal. No digo que el problema del personal sea más o menos importante que el otro, es de primer orden. A su vez, el problema del personal tiene dos proyecciones, una cuantitativa y otra cualitativa. Cuantitativamente, que exista la cantidad suficiente de guardias; cualitativamente, que los y las guardias estén debidamente capacitados para trabajar en una tarea que no es nada sencilla, porque si la función policial es compleja, la función penitenciaria lo es mucho más.

Desde el punto de vista de los números, en este momento se está preparando la decimosegunda tanda de agentes penitenciarios en la Escuela Penitenciaria, que va a egresar en diciembre y va a sumar unos 70 nuevos guardias, que se suman a los 50 que ingresaron hace poco. Si sumamos todas las tandas que fueron saliendo a lo largo de 2006 y 2007, en números el año que viene se van a estar equilibrando las necesidades y las posibilidades.

AG - Supongo que están en juego dos cosas, una, contar con el personal calificado, especializado en tareas carcelarias, pero también con recursos presupuestarios. ¿Esos recursos están para que las personas que egresan de esa formación se incorporen a las cárceles?

AlG - Lo más elemental, que es el rubro cero, salarios, todo eso está previsto, pero no pasa solo por ahí. En materia de personal lo primero es que haya guardias en cantidad suficiente, y después que tengan la calidad suficiente. La reinauguración del penal, con todas estas tandas que se han incorporado y las que se van a incorporar, da para ponerlo en marcha en toda su potencialidad. Estamos hablando de, entre el módulo 7 del Comcar y esto del penal, de 1.000 lugares. No es poco, es un aporte significativo, se va a sentir la descompresión dentro del sistema.

AG - Según algunos datos, al 1 de noviembre de 2007 la población reclusa ascendía a 7.231 personas. Una cifra que mantiene a Uruguay entre los países con mayores tasas de encierro de la región (217 presos cada 100.000 habitantes).

AlG - Efectivamente. Hemos empatado el número de 2005, la cantidad previa a la sanción de la ley de humanización, cuyo primer capítulo dispuso la liberación de unos 800 internos.

AG - A propósito, ¿cómo evalúa la implementación del recurso de reclusión domiciliaria habilitado por la ley de humanización, que, según informes oficiales, alcanza por ahora a unas 50 personas entre reclusos enfermos, ancianos y embarazadas? ¿Es un recurso útil, funcional?

AlG - Es un recurso imprescindible, que todavía está en vías de implementación. A eso hay que sumarle otras dos medidas. Primero, el estímulo al trabajo y al estudio, la conmutación de días de trabajo y estudio por saldo de condena. Eso comenzó a implementarse en forma desigual, en los contextos más favorables ya ha funcionado bien y ha tenido buena aplicación. En el interior hay cárceles que tienen aproximadamente un 90% de internos que trabajan y/o estudian, eso es realmente importante, ahí hay un cambio. Pero en los contextos más complicados, en las cárceles que están desbordadas es mucho más difícil implementar estos programas de trabajo y estudio. Cuando el contexto es más favorable se puede implementar un estímulo, ese estímulo hace que disminuyan los saldos de las condenas, entonces la circulación es mucho mayor y se favorece el propio descenso de la cantidad de internos. Es un mecanismo que funciona bien a partir de condiciones más o menos favorables. En los contextos más adversos y más críticos, que es justamente donde hay que buscar algunas salidas para el problema del hacinamiento, es más difícil de implementar.

Lo otro que está en vías de implementación –esto ya no previsto por la ley de humanización sino por una ley anterior de 2003– son las llamadas medidas alternativas a la prisión preventiva. Están muy bien legisladas, pero hasta ahora no han tenido una aplicación significativa para todos aquellos casos de delitos menores, por los cuales no tiene sentido encerrar a una persona, sobre todo encerrarla para que pierda su trabajo en el afuera y se contagie de algunos malos hábitos, reforzando aquella percepción de que la cárcel a veces opera como un refuerzo de determinados malos hábitos. Entonces la reclusión domiciliaria, las medidas sustitutivas y la redención por trabajo o estudio conforman un paquete de medidas que hay que aplicar, porque esto no pasa solo por agregar metros cuadrados.

AG - Son 3.100 los reclusos que estudian o trabajan en el régimen de redención de pena. Es un número interesante, 43% del total. ¿Hay infraestructura en las cárceles del interior desde el punto de vista físico y humano para cubrir de forma correcta esas necesidades?

AlG - Es mucho más fácil. Pero cuando hablamos del interior hagamos la diferencia entre la generalidad y la excepción; la excepción son dos o tres unidades que están en condiciones similares a las de Montevideo. Si usted compara la cárcel de Las Rosas con un módulo de Comcar, el 3 o el 4, es más o menos lo mismo, porque la proporción y la sobrecarga son más o menos similares, entonces todos los problemas que por vías de consecuencias se van generando son los mismos. Esto es bien distinto si lo comparamos con cárceles que tienen 80, 90 o 120 internos, que además han sido previstas para un número acorde, que también las hay, con 100 y debería haber 30, pero es excepcional. En las cárceles en que está más o menos equilibrada la cantidad de lugares con la cantidad de personas, la cantidad de personas presas con la cantidad de guardias, el sistema funciona en forma armónica y es mucho más fácil aplicar la ley, eso es lo que está demostrando la realidad.

AG - ¿Cuáles son los centros más complicados hoy?

AlG - Por razones de sobrecarga y de sobrepoblación: Comcar, Las Rosas y Rivera, en ese orden. Y por condiciones de reclusión, el establecimiento que a mi juicio está más alejado de las normas internacionales es el sector de los módulos de acero del Penal de Libertad. Ahí no hay tanto un problema de hacinamiento sino de condiciones materiales de reclusión.

AG - En más de una oportunidad se han escuchado protestas de familiares de reclusos vinculadas con las prácticas aplicadas en el momento de las requisas, algunas de las cuales violan los derechos humanos más básicos de los presos. ¿Es un tema en su agenda?

AlG - Ha sido un tema permanente en las últimas semanas a partir de algunos cambios que se han implementado. Por ejemplo, en el caso del Penal de Libertad se ha establecido un sistema de control más riguroso y el cambio generó una serie de quejas que en número importante fueron planteadas en nuestra oficina. Eso motivó, primero, el contacto con la autoridad del establecimiento, el director del Penal de Libertad, y posteriormente una conversación extensa con la señora ministra.

AG - ¿Cuál es concretamente el problema?

AlG - El problema es que se carece de medios técnicos para evitar la inspección ocular, que implica que la persona se desnude, lo que es vivido como un episodio bastante vergonzante y agresivo. Que lo es para el que es revisado y para el que tiene que revisar también, no es nada cómodo trabajar de ese modo. Se trata de evitar el ingreso sobre todo de drogas, y de determinadas drogas, por ejemplo la pasta base, cuyo ingreso a una unidad de seguridad podría tener consecuencias nefastas.

AG - ¿No ingresa?

AlG - No lo puedo saber. El consumo de drogas es una realidad en prácticamente todos los establecimientos.

AG - Usted decía la pasta base.

AlG - Hemos tenido noticia del consumo de pasta base en otras unidades. En el Penal de Libertad ha habido algún caso de incautación, pero es el eventual ingreso por la vía de los familiares no es la única puerta de entrada, es evidente.

AG - Le pregunto porque se habla mucho de que la delincuencia aumenta en función de la pasta base, muchos de esos presos van a parar a las cárceles, y no es razonable pensar que no la consuman en el centro de reclusión.

AlG - Volvemos a lo del comienzo: ni siquiera construyendo 2.000 o 3.000 lugares cada cinco años se resuelve esto si en el afuera, en la sociedad, no se ensayan políticas de fondo fundamentalmente en la prevención del uso de drogas, y además de determinadas drogas, concretamente la pasta base. El problema penitenciario no se resuelve solo con agregar los imprescindibles metros cuadrados y refaccionar los locales, que también es imprescindible, lo mismo que apostar a la cantidad y calidad del personal y a toda la logística en general. También hay que trabajar en el afuera.

Volviendo al tema de las requisas, no solo ha sido un asunto de permanente seguimiento en las últimas semanas, sino que además hemos visto una evolución desde un control que se había vuelto bastante laxo y que se hacía al azar –de diez se revisaba a uno o a dos–, ahora se revisa a todos, pero además las condiciones de revisación en algún momento ambientaron quejas y denuncias. Las quejas y las denuncias no pueden tener que ver con la inspección ocular, porque eso está habilitado por el reglamento y por normas internacionales, siempre y cuando en ocasión de la revisación no se hostigue, no se aproveche para hostigar sutilmente a la persona que es revisada, lo que se puede hacer de distintas maneras. Lo que hemos planteado a las autoridades, con buen grado de receptividad, porque esto fue escuchado y sabemos que se han introducido determinados correctivos en esas revisaciones: revisación, sí; hostigamiento, de ninguna manera.

AG - Si se contara con la tecnología necesaria se evitaría todo eso.

AlG - Tecnología que no tiene un costo enorme para el Estado.

AG - Básicamente detectores de metales y de drogas.

AlG - La tecnología existe. Si se tienen los medios, pasa una persona por un escáner, se le aplican los controles técnicos y no hay que molestarla en lo más mínimo. No es necesario terminar, como ocurre, en el hospital de la ciudad de Libertad, habiéndole pedido la intervención a la justicia para revisar a una persona que se presume que dentro de su cuerpo puede llevar droga. Ha ocurrido, entonces si se tienen los medios técnicos se evitan molestias al revisado y se evitan todos esos trastornos en el trabajo que implican desplazar a una persona, desplazar custodia, llamar a la jueza.

AG -  Usted entregó la semana pasada a la Secretaría de la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario un avance de su informe anual que será entregado antes de fin de año. ¿Cuáles son las principales materias pendientes? Algunas ya surgieron en la charla.

AlG - El primer pendiente, en el primer renglón de la primera hoja: las cárceles no pueden estar en el Ministerio del Interior. El proyecto existe, lo planteó por primera vez en su momento el diputado Díaz Maynard, ese gran legislador, y está pendiente la creación de un instituto, que a mi juicio debería estar en la órbita del artículo 220 de la Constitución, una especie de instituto desconcentrado similar al INAU, pero para las cárceles. El nombre ya ha sido adelantado: Instituto Nacional de Rehabilitación, que deberá incluir al Patronato, las cárceles más el Patronato. Pensando en todo el proceso, no solo en la reclusión sino también en lo que viene después.

En el segundo renglón de la primera hoja, el problema del personal, que ya repasamos, junto con todos los aspectos locativos. En lo institucional no se ha avanzado nada o se ha avanzado muy poco, se ha buscado el crecimiento de la DNC hacia el interior, nuclear los distintos establecimientos, que hoy son una especie de confederación. Cada jefatura es Jefatura de Policía y Jefatura de Cárcel, cada cárcel tiene un comando que reporta a la jefatura, y después, en última instancia, por vía jerárquica, al Ministerio del Interior. Se hace mucho más difícil ejecutar una política coherente y común cuando hay 20 centros de autoridad que cuando hay uno solo.

Está el tema institucional, está el tema locativo y de personal, y a partir de ahí tenemos los principales pendientes. Se ha avanzado, varias cárceles del interior han mejorado, esto del módulo 7 y del celdario del Penal de Libertad constituye un aporte paliativo, pero aporte al fin y aporte trascendente, pero si proyectamos la mirada dos o tres años hacia delante vemos la cantidad de libertades que se van concediendo por libertad anticipada o por vencimiento de pena, y la cantidad de personas que ingresan, sobre todo con problemáticas muy agudas de consumo de drogas y demás, vemos que a mediano plazo el problema subsiste.

AG - Para terminar, le consulto sobre un hecho de las últimas horas. ¿Qué información tiene a propósito de la denuncia sobre hechos reñidos con la moral protagonizados por algunos guardias de la cárcel de mujeres de la calle Cabildo? Se habla de que dos guardias se habrían desnudado y masturbado frente a las reclusas. La denuncia llegó a la justicia penal.

AlG - Yo planteé la denuncia el martes ante la justicia. Enterado de la situación y todavía no repuesto de mi asombro, me constituí en la cárcel de Cabildo con una asesora. Ya teníamos por distintas fuentes referencias a lo que habría ocurrido –hablo en condicional porque será la justicia la que indague y determine qué pasó–, y al cabo de esa primera indagatoria, brevísima y sumaria, me pareció imprescindible informar directamente a la señora ministra, al director de Cárceles, a la presidenta de la Comisión de Seguimiento de Cárceles, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y dar pase a la justicia, para que investigara si ese hecho, que tiene una fuerte apariencia delictiva, constituye o no un delito y si hay prueba para juzgar y reprochar penalmente a los responsables.

AG - ¿Esto corre solo por la justicia penal? ¿No hay una investigación interna?

AlG - Desde luego que hay una investigación administrativa, que se inició el mismo día de los hechos. Cada vez que ocurre algo extraordinario en una cárcel, desde la muerte de un recluso, un incidente o un episodio de esta naturaleza, se disparan por lo menos tres mecanismos en forma paralela. El primero y natural es la investigación administrativa dentro del Ministerio del Interior; el segundo, si el hecho constituye aparentemente un delito inmediatamente tiene intervención la justicia penal –muchas veces el papel que nos toca en cuanto comisionado es hacer la denuncia penal, es parte de la función, dar noticia a la justicia para que sea la que determine–; y el tercero, la investigación correspondiente en el Poder Legislativo, cuya primera fase generalmente hacemos en nuestra oficina, una vez que tenemos las conclusiones las elevamos a la Comisión de Seguimiento de Cárceles y a partir de allí comienza el tratamiento legislativo.

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Edición: Mauricio Erramuspe