(Emitido a las 7.43)

EMILIANO COTELO:
El 5 de setiembre de 1978, Cecilia Fontana de Heber, esposa del dirigente nacionalista Mario Heber, cayó fulminada en su hogar al beber apenas un trago de una copa de vino blanco que en forma anónima había llegado días antes a tres domicilios: el de Luis Alberto Lacalle, el de Carlos Julio Pereyra y el de Mario Heber.

Las tres botellas de vino Riesling habían sido recibidas a mediados de agosto acompañadas de una tarjeta que decía: "El jueves 31 al mediodía brindaremos por la patria, en su nueva etapa", y firmaba "MDN".

Lacalle, por sugerencia de su esposa, según luego se supo, vació el contenido de la botella en una pileta. Carlos Julio Pereyra mantuvo la botella cerrada. En cambio, Cecilia Fontana, madre del hoy senador Luis Alberto Heber, optó por abrirla y murió apenas lo bebió.

Las especulaciones sobre quién fue el autor de esa operación han sido decenas desde entonces. Hubo una investigación judicial en plena dictadura que no llegó a conclusiones pero el caso nunca quedó cerrado; sobre todo para los directamente involucrados. Y hace pocos meses, a instancias del ex senador y líder del Movimiento Nacional de Rocha Carlos Julio Pereyra, se procesó una reapertura de la indagatoria en la justicia penal.

Desde entonces, cada tanto el tema vuelve y hoy es noticia porque el diario La República anuncia en su portada que Carlos Julio Pereyra revelará documentos de la CIA sobre el crimen de Cecilia Fontana de Heber.

Pereyra presentará hoy a la prensa documentación nueva, desclasificada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, vinculada con el caso de los vinos envenenados, que en 1978 provocaran la muerte de Cecilia Fontana de Heber. El artículo dice que Pereyra hablará con la prensa después de la reunión semanal del Directorio del Partido Nacional.

***

EC - Profesor Carlos Julio Pereyra, ¿por qué ha organizado esta conferencia de prensa para hoy?

CARLOS JULIO PEREYRA:
Después de haber pedido la actualización de las investigaciones, por nuestra parte hemos procurado obtener alguna información. Entre otras cosas, visitamos la embajada de Estados Unidos para ver si en los documentos desclasificados por el Departamento de Estado se podía encontrar información sobre aquel suceso.

EC - ¿Ustedes tenían algún indicio? ¿Por qué apuntaron a documentos desclasificados por Estados Unidos?

CJP - Es evidente que las embajadas de Estados Unidos realizan servicios de investigación, de conocimiento de la realidad, en todos los países de América. Y creemos que en aquel momento la embajada de Estados Unidos tenía muy buena información. Antes de recibir la botella de vino yo recibí la visita de un funcionario de la embajada que me anunció cambios importantes en la cúpula militar y en la cúpula del gobierno dictatorial de entonces. Manejó información que después se confirmó. De manera que pensamos que ahí podía haber algo. Y efectivamente, nos contestaron que sí, que eran documentos reservados, a pesar de haber sido desclasificados, pero que esa resolución podía apelarse. Apelamos y nos enviaron información, pero la mitad de la información, porque la otra se sigue manteniendo en reserva, anuncian que está en reserva, que es secreta y que por lo tanto no la van a dar a conocimiento de nosotros, de nadie.

EC - ¿Cuántos documentos recibieron?

CJP - Recibimos dos documentos, uno con las generalidades del caso, señalando que el atentado se había producido en el marco de discusiones y enfrentamientos en la cúpula militar, y cuando se apeló por el resto de la información, la enviaron trunca. Por lo tanto se han reservado algo y si lo han reservado es porque hay información importante. Vamos a hacer las gestiones para que Uruguay oficialmente le reclame al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que remita esa información, que puede ser fundamental para el esclarecimiento del atentado.

EC - ¿Ustedes sugieren una gestión del gobierno uruguayo actual?

CJP - Se lo vamos a reclamar al gobierno.

EC - Más allá de lo que ustedes han hecho hasta ahora, que el tema sea tomado como asunto de Estado...

CJP - Es un asunto de Estado. Porque fue un atentado contra tres dirigentes que en aquel momento tenían la representación oficial de un partido político en Uruguay. De manera que, en un momento en que se investigan las violaciones de los derechos por la dictadura de entonces, reclamamos que también se aclare este suceso.

EC - También existe la posibilidad de continuar haciendo gestiones directamente a través de los abogados patrocinantes de esta investigación en Estados Unidos mismo.

CJP - En Estados Unidos hemos obtenido alguna información, pero la que vale es la información oficial que la CIA dice tener pero no envía.

EC - Ustedes recibieron ese documento, que cuando insistieron vino ampliado pero con tachaduras. ¿Esa es la situación?

CJP - Exactamente.

EC - Aparte de ese documento sin las tachaduras, ¿conocen la existencia de otro documento? ¿Habría más documentos que se podrían desclasificar?

CJP - La CIA dice que se reserva esos documentos, de manera que los tiene, según declaración de la propia entidad.

EC - El planteo de ustedes apunta a todos los documentos que tengan que ver con el caso del vino envenenado.

CJP – Evidentemente. La Justicia uruguaya, que está investigando debe tenerlos para esclarecer el hecho.

EC - Usted era uno de los destinatarios de aquellas botellas de vino envenenado. Supongo que aquellos hechos del año 1978 no se borran fácilmente de la memoria. ¿Ha tenido en estos años interpretaciones, teorías a propósito de lo que ocurrió?

CJP - Siempre se ha manejado que el hecho sucedió simultáneamente con el enfrentamiento que se mantenía desde el Servicio de Inteligencia del Ejército, presidido entonces por el general Pran, con quien después fue presidente de facto, el general Gregorio Álvarez. La nueva etapa que se iniciaría para la patria sería la sustitución de jerarcas del gobierno por una línea si se quiere más dura, o que ellos entendían más dura. Eso dice el primer documento la CIA, dice que el hecho se realizó en ese marco.

Por otra parte, la prensa ha divulgado –y nosotros lo hemos llevado a la justicia– que hay un preso uruguayo en Porto Alegre que dice conocer el nombre de la persona que preparó las botellas con veneno.

EC – Sí. Hace pocas semanas entrevistamos al doctor Javier Barrios Bove, el abogado que está trabajando con ustedes en este caso, y contaba que incluso llegó a entrevistarse con el uruguayo preso en Brasil que ha hecho estas declaraciones. Él se refiere a un médico ya fallecido.

CJP - Sí, que falleció precisamente cuando –según dice este preso– había resuelto hablar del asunto, en virtud de que los militares no habían cumplido el acuerdo que habían realizado para premiarlo posteriormente por su acción. El preso señala que su actividad consistía en servir a la dictadura y también a la brasileña, vigilando a João Gulart, que posteriormente falleció y algunas personas sostienen que fue víctima de un atentado.

EC - ¿Usted conocía el nombre de ese médico? ¿Formaba parte de las posibilidades, según lo que usted había investigado?

CJP - No, no lo conocíamos. Sabíamos que alguien tenía que conocer las drogas y la forma de suministrarlas, que alguien tenía que haberlas manipulado, pero no sabíamos el nombre. Ni podemos decir que esa información, que hasta ahora nos ha llegado solo por medios de prensa y un poco indirectamente por el abogado Barrios Bove –aunque a él no se le reveló el nombre– sea cierta. Todas esas manifestaciones están en manos de la Justicia uruguaya para que ella oficialmente reclame la información necesaria.

EC - Pero –sobre todo pensando en la audiencia más joven–, ¿quién podría haber tenido interés en matar a Mario Heber, Luis Alberto Lacalle y usted en 1978? ¿De qué habría servido envenenarlos? ¿Cuál podía ser el objetivo de esa jugada?

CJP - Todo lo que sucedió entonces referente a la actividad de políticos era de conocimiento de la dictadura uruguaya. Nada escapaba a ella.

EC – Sí. Y en teoría la actividad política estaba prohibida...

CJP - Estaba prohibida, pero nosotros realizábamos actividad clandestina o semi-clandestina por delegación de las autoridades del Partido Nacional en lo que se denominó el triunvirato, que integraban Mario Heber, Dardo Ortiz y quien habla. Esa actividad que realizábamos seguramente molestaba a la dictadura. Si bien no era una actividad violenta, era una actividad de desgaste que realizábamos recabando información, organizando reuniones clandestinas con nuestros dirigentes, apuntalando de alguna manera la resistencia al régimen para procurar el retorno a la democracia. A tal punto molestaba eso que en el teléfono eran permanentes las amenazas provenientes de la Policía uruguaya. Alguna erosión causábamos al régimen y seguramente por eso se preparó el atentado.

EC - ¿Le parece posible que 30 años después aquellos hechos se esclarezcan efectivamente?

CJP - Se han esclarecido otros de la misma época y aún anteriores, o se están esclareciendo por la Justicia. De manera que no es aventurado que también este pueda esclarecerse.

EC - A propósito de estas investigaciones que han tenido resultado positivo siempre hay un debate en la sociedad uruguaya sobre si es conveniente o no seguir trabajando sobre aquel pasado... si no es momento de dar vuelta la página. ¿Cómo analiza esto?

CJP - La Justicia tiene que actuar. Cuando un civil delinque es sometido a la Justicia. Si un militar ha delinquido también debe ser sometido a la Justicia. Esa ha sido nuestra posición y la seguimos manteniendo.

EC - En este replanteo del caso ante la Justicia, ¿usted actúa solo o tiene el respaldo del partido?

CJP - Yo no solicité el respaldo del partido, pero de diversas maneras todo el partido me ha hecho llegar sus manifestaciones de apoyo. Entre esas personas ha estado el propio Luis Alberto Heber. De manera que estamos trabajando y ha llegado el momento de darle una información al Directorio, que es lo que vamos a hacer hoy.

------------------------------*
Edición: María Eugenia Martínez