El gerente de la empresa Tenfield, Edward Yern, y el contratista de fútbol Luis Sumasi fueron trasladados ayer al Comcar, el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez. La investigación judicial sobre la red de narcotráfico que intentaba ingresar más de 300 kilos de cocaína en Europa continúa. El juez a cargo de ese caso, Jorge Díaz, ya dispuso el levantamiento del secreto bancario sobre varias cuentas de los involucrados.

Esto es lo más nuevo de un caso que ha generado una gran conmoción en nuestro país, que ha dado mucho que hablar, entre otras cosas por las personas que estaban involucradas en estas actividades. Y un caso del que, a su vez, derivan diferentes reflexiones, porque la forma se llevó adelante la indagatoria por parte de la justicia y la policía tiene características bastante particulares.

Teniendo en cuenta que en esta investigación duró seis meses e incluyó seguimientos, filmaciones, escuchas telefónicas e intervención de correo electrónico, hoy en el diario El Observador le preguntan al doctor Jorge Díaz si le parece que esa modalidad de trabajo vino para quedarse. Y el magistrado responde: "Hay un dato de la realidad. En Uruguay existe el crimen organizado y estos acontecimientos lo están demostrando con absoluta claridad. A esa constatación, la sociedad tiene que responder si está dispuesta a investigar y a reprimir ese tipo de crimen organizado. Si la respuesta es sí, lo que tenemos que hacer como sociedad es darnos los medios para combatirlo dentro de un régimen republicano que por supuesto garantice los derechos individuales".

Luego le consultan si estamos muy rezagados en Uruguay en cuanto a recursos materiales y humanos. Y el doctor Díaz contesta: "Los recursos materiales hay que mejorarlos porque son importantes, pero no es lo único que hay que hacer. Hay que dotar a la Justicia de medios jurídicos y a esta altura es indispensable crear juzgados y fiscalías especializadas".

¿Estamos ante esa posibilidad? ¿Se vienen los juzgados y las fiscalías especializados? Para saber más sobre este pedido, estamos con el doctor Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

¿Está previsto crear tres juzgados y tres fiscalías especializados en narcotráfico y lavado de activos?

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RAUL OXANDABARAT:

Sí, en el mensaje de la Rendición de Cuentas del año 2007 la SCJ incluyó entre otras mejoras la creación de tres juzgados que se especialicen en la materia de narcotráfico y lavado de activos a través de estas operaciones, así como tres fiscalías especializadas que acompañen a esos juzgados.

Las fiscalías –que no son parte del Poder Judicial sino que dependen del fiscal de Corte que a su vez depende del Ministerio de Educación y Cultura (es decir del Poder Ejecutivo)– son un punto muy importante en materia penal, dado que si bien el juez es quien decide la suerte de las personas que son indagadas y si deben ser sancionadas o no, los fiscales son los titulares de la acción penal. Son quienes tienen la potestad en nombre de toda la sociedad y el Estado de pedir, en el caso de este tipo de indagatoria e investigaciones, determinadas sanciones para los implicados. Por tanto, solo al fiscal le corresponde llevar adelante los casos en representación de toda la sociedad y pedir al juez determinadas acciones y sanciones una vez que se ha establecido que la conducta ilícita ha sido producida por las personas responsables, o sea que juegan un rol fundamental en lo que tiene que ver con la materia penal.

Por eso no hablamos solamente de la creación de tres juzgados especializados en este tema de narcotráfico y lavado de activos, sino que esto debe ser acompañado, para que sea eficiente, de la creación de tres fiscalías que trabajen junto con esos juzgados.

EC - Eso está previsto en el proyecto de Rendición de Cuentas elaborado por la SCJ.

RO - Así es, la SCJ ha elaborado este proyecto de rendición. El Poder Judicial está entre los organismos del artículo 220 de la Constitución, por tanto no tiene un presupuesto independiente, sino que tiene que elaborar un proyecto de Rendición de Cuentas, pasarlo al Poder Ejecutivo, y de allí pasa al Parlamento. Todavía queda por delante todo un debate sobre qué cosas –de las que ha pedido el Poder Judicial– van a ser tomadas en cuenta por el Parlamento nacional y votadas para que esos recursos entren en funcionamiento para el período próximo.

EC - En la entrevista que yo citaba, el doctor Díaz no reclama sólo los juzgados especializados: "Es imprescindible mejorar el diseño del control del sistema de lavado de activos y que se aprueben las convenciones de Naciones Unidas contra el tráfico de drogas, que establecen como sanción el decomiso de bienes a los delincuentes para atender a las víctimas de este delito, que son los adictos". Y, además, agrega que "hay que establecer un sistema de protección de testigos, hay que establecer la figura del colaborador y del agente encubierto, hay que regular mejor la entrega vigilada y la vigilancia electrónica. Por lo tanto hay que hacer reformas sustanciales, aunque estos medios siempre deben ser utilizados previa disposición policial fundada".

En cuanto a estos otras aspiraciones que plantea el doctor Díaz, ¿cuán cerca estamos?

RO - El doctor Jorge Díaz ha sido protagonista de una investigación que puso al descubierto la organización más grande que hemos descubierto en nuestro país. Ya se habían hecho algunos operativos anteriores relacionados con enlaces o grupos que operaban fuera del país en consonancia con grupos uruguayos. En este caso se ha puesto al descubierto un grupo "autóctono", el más grande grupo nacional que se ha descubierto hasta ahora.

Sin duda, toda la sociedad uruguaya coincide con el doctor Díaz, tenemos por delante muchísimo trabajo, el narcotráfico está operando en nuestro país a una escala muy importante y por tanto el Estado uruguayo y la sociedad toda tienen que poner atención y recursos para el combate de esta realidad...

EC - ...ya que menciona otra vez el tema recursos. El proyecto sobre juzgados y fiscalías especializados, ¿tiene posibilidades de salir? ¿Qué se sabe en la SCJ?

RO - Es una decisión política, no es una decisión técnico-jurídica que pueda tomar la SCJ. En principio, de acuerdo a los contactos mantenidos por los ministros con diversos grupos relacionados con esta actividad (especialmente con la Junta Nacional de Drogas), habría voluntad política para sacar adelante no todo el contenido del proyecto remitido al Poder Ejecutivo, pero sí una buena parte. Por ejemplo, la que hace a la creación de estos juzgados especializados en narcotráfico y lavado de activos, así como de juzgados en materia de violencia doméstica, que es otro de los grandes temas sociales que tenemos por delante.

EC - ¿Y en cuanto a las herramientas jurídicas que maneja el doctor Díaz?

RO – En relación a esas herramientas, cuando hablamos de narcotráfico y lavado de activos enfrentamos situaciones que no son las comunes en la justicia penal. En general los delitos simples cometidos por una, dos o tres personas –hurtos, rapiñas, homicidios– son muy sencillos de aclarar y, una vez que cae el responsable, con una simple investigación de los hechos acontecidos en las circunstancias en que se produjo el delito, se aclara.

El problema con el narcotráfico y el lavado de activos es la complejidad que se tiene por delante, porque estamos hablando de organizaciones que están imbricadas o relacionadas directamente con el quehacer de la sociedad (empresas, cuentas de bancos, tecnología de punta). Por tanto el trabajo que se les exige no solo al juez y al fiscal, sino además a la Policía en materia de formación técnica y de otros aspectos relacionados con esos seguimientos, escuchas, etcétera, es mucho más complejo que en los delitos comunes. Por esa razón se entiende necesario que los jueces y los fiscales que van a trabajar en esta materia se especialicen, dado que para hacer este tipo de investigaciones es necesario comenzar a trabajar muchos meses antes.

En el Operativo Cancerbero, que ahora se dio a conocer públicamente, hacía meses que Policía, juez y fiscal trabajaban en conjunto para descubrir quiénes eran las personas implicadas.

EC - El juez dice: "Hay que establecer un sistema de protección de testigos y la figura del colaborador y del agente encubierto, hay que regular mejor la entrega vigilada y la vigilancia electrónica". ¿Cuánto se ha avanzado en esta dirección? ¿Cuán cerca se está de esto?

RO - Se ha avanzado mucho, en la medida en que el juez Jorge Díaz ha participado en cursos de formación, en seminarios y en debates sobre estos puntos en particular, especialmente con jerarcas del Poder Ejecutivo que están involucrados en la investigación de lavado de activos, y se ha llegado a la conclusión de que es necesario mejorar las herramientas jurídicas. En algunos proyectos han trabajado algunos de los grupos implicados en esto, hay mucho para avanzar, pero un paso muy importante sería la creación de estos juzgados especializados, que comenzarían a dar como fruto una experiencia en materia de lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos.

Todo esto se mueve concomitante y conjuntamente. No se puede trabajar sobre una punta del tema y olvidar la otra, hay que trabajar sobre todo el conjunto.

El doctor Díaz, al haberse preparado y especializado en esta materia, conoce el tema mucho más profundamente que nosotros, pero queremos dar una idea de que se está en el camino correcto y que, con el aporte que puede implicar la creación de [juzgados] especializados con mayor libertad, sin el peso de los otros asuntos y con mayor enfoque y dedicación, vamos a ganar una herramienta muy importante que permitirá ganar la experiencia necesaria para hacer esas modificaciones legales que hacen falta.

Esto se debe a que toda la estructura jurídica en la que se mueven los negocios legales puede servir para ocultar este tipo de operaciones, por tanto es necesaria una vigilancia permanente del sistema para mantener limpio su funcionamiento. A eso se refiere el doctor Díaz cuando señala que son necesarias determinadas herramientas jurídicas para proteger testigos, para la revisión de las cuentas bancarias y demás.