(Emitido a las 7.45)

EMILIANO COTELO:
La justicia condenó al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) a realojar a las familias con niños contaminados con plomo de la zona de La Teja.

Después de casi siete años de instrucción, la Justicia hizo lugar a la demanda presentada en su momento por el fiscal en lo civil Enrique Viana, quien reclamó la condena del MVOTMA y la IMM por los daños sufridos por niños afectados por plombemia en el barrio La Teja.

Según el fallo, que fue notificado a las partes ayer por el juez en lo civil José Lobelcho, tanto el ministerio como la comuna deberán facilitar el traslado a otras viviendas de los niños damnificados y sus familias en un plazo máximo de seis meses. Este fallo de primera instancia señaló que deberán ser trasladadas las personas más damnificadas por el plomo, aunque no estableció ni cantidad ni ubicación de los beneficiarios.

Además el juez estableció que el ministerio y la Intendencia deberán buscar el método de neutralización o remediación de los suelos contaminados. Si las medidas dispuestas no se cumplen en el plazo previsto, los demandados tendrán que pagar una multa de 900 unidades reajustables (UR) (325.000 pesos) por día de atraso.

El caso se disparó en setiembre del año 2001, cuando el fiscal Viana reclamó la responsabilidad de los demandados por su omisión en la protección del ambiente en virtud de los perjuicios sufridos por vecinos, principalmente niños, por el alto contenido de plomo de los suelos de esa zona de Montevideo.

Estamos con el fiscal en lo civil Enrique Viana, quien presentó esta demanda. ¿Por qué tengo la impresión de que esta es una película que ya vimos?

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ENRIQUE VIANA:
Es una película que se viene repitiendo desde hace un tiempo. Una de las cosas que yo quería resaltar momentos antes del dictado de la sentencia, es decir hace unos 20 días, en oportunidad de expresar el alegato, era que si bien en aquella época –2000, 2001, podemos llegar hasta 2003– la situación de la contaminación con plomo provocó una cierta reacción, un cierto accionar de las autoridades, aunque ya insuficiente y teñido de cierta omisión, hoy hemos vuelto atrás, hemos vuelto a la inercia inicial, a esa actitud que uno no sabe si es falta de capacidad o de voluntad para responder frente al hecho de contaminación más grave que ha tenido el país, contaminación masiva por el número de personas afectadas, y de extrema gravedad en la medida que afecta la salud de niños con secuelas que se prolongarán el resto de sus vidas.

EC - Hubo realojos, las autoridades realojaron dos asentamientos.

EV - Sí, hubo algunos realojos, que no fueron realizados de la forma más organizada y transparente posible.

EC - ¿Por qué no?

EV - No voy a decir que se hizo a dedo, pero se trasladaron determinados grupos de familias y otras quedaron, sin un criterio muy claro, sin aclararle a la gente con qué lineamientos se estaban manejando. Y luego se abandonó el tema. Una de las cosas más interesantes que dice la sentencia y que refleja esta situación, es que en determinado momento el tema quedó abandonado.

Y así como la contaminación no aparece de un día para otro, tampoco se puede pretender que se solucionen de un día para otro. A Estados Unidos le demandó un proceso de entre 14 y 20 años atacar el problema de la contaminación con plomo, hace bastante tiempo, el problema arrancó en la década de los setenta. Y el fenómeno en Uruguay no podía tener características diversas.

Usted comentaba que no hay una determinación de cuál es el número de familias que se debería trasladar...

EC - ...sobre ese punto quería consultarlo, porque según los antecedentes que se publican en la prensa esta mañana, hubo dos realojos, el del asentamiento Inlasa y el del asentamiento Rodolfo Rincón.

EV - Sí, esas eran las situaciones más graves, porque esos asentamientos estaban ubicados encima de lugares con enterramiento de escoria metálica, eran los lugares con mayor contaminación.

EC - El asentamiento Inlasa, en la calle Conciliación, fue realojado sobre la calle Luis Batlle Berres y Ruta 5 nueva, y el Rodolfo Rincón, que estaba en Conciliación y Manuel Herrera y Obes, fue trasladado a Ariel y Confederación. Esas eran las zonas más críticas.

EV - Eran las zonas más críticas o las que llamaban más la atención en aquel momento, pero el problema no se reducía a esos casos. Hay falta de datos y de información, en especial en los últimos tiempos. Si el ministerio había adoptado algunas decisiones y llevaba un registro, una identificación de las personas afectadas, eso está ausente en el expediente. El ministerio no lo aportó porque el tema fue abandonado.

Estoy convencido de que hoy no hay una persona en el MVOTMA ni en la IMM dedicada a este tema. Y una persona es muy poco.

Ayer estuve en el barrio La Teja, invitado por la gente de la comisión "Vivir sin Plomo", y vi las condiciones en que trabaja, condiciones muy precarias. Hacen un esfuerzo por brindar información y atención a mucha gente, trabajan en condiciones de extrema humildad, y lo hacen desde hace siete años, con tesón y por amor al prójimo. Yo comentaba que así como ellos son un grupo de personas, debería haber un equivalente con un número dos o tres veces mayor de personas que desde la administración pública se encargara de atender el tema.

EC - ¿Tiene una estimación de cuántas personas deberían ser realojadas?

EV - No la tengo, es imposible tenerla, creo que no la tiene nadie, ni siquiera la gente de esta comisión que está imbuida en el tema. Se requiere un estudio, que un momento se hizo. Cuando el problema eclosionó se hicieron mapeos de situación, etcétera, pero después el tema se dejó de lado. Yo me atrevería a decir que los problemas de contaminación y plombemia siguen siendo tan graves como en aquel momento.

EC - Hablamos de una situación que ha abarcado dos administraciones de gobierno, en el caso de la Intendencia dos gobiernos del mismo partido político y en el caso del MVOTMA dos gobiernos de partidos distintos. En total van siete u ocho años con este tema arriba de la mesa. Entonces, ¿qué valor tiene una intimación para un realojo en seis meses cuando esta gente ha vivido todo este tiempo en esas condiciones? ¿Cómo puede considerarse útil una intimación tanto tiempo después?

EV - Le hago una pequeña corrección: no es una intimación, es una condena; hay una diferencia entre intimación y condena. Intimar es cuando usted le pide al juez que intime, que le requiera a una persona que haga algo; pero esto es una condena, ambas administraciones, IMM y MVOTMA, han sido declaradas responsables por haber sido omisas en atender un problema, y en segundo lugar han sido condenadas. Eso es muy importante, porque frente al fenómeno de contaminación más significativo que ha tenido el país la administración pública no ha actuado debidamente. Estamos dedicados a autorizar la instalación en el país de nuevas industrias con alto potencial contaminante, como las plantas de celulosa, y desatendemos estos problemas.

Lo otro es que sirva como un llamador de atención en cuanto a que esta situación no ha sido resuelta y marcar dos caminos de solución. Y paso al otro punto, que la remediación de los suelos, sobre lo cual se hicieron anuncios, hubo sugerencias de técnicos en el país y de gente especializada. Los señores Campali y Shipilov sugirieron un procedimiento que podía ser polémico, podía discutirse si era el mejor o no, pero los suelos siguen con la misma afectación, y quizás aún más que en aquel momento, porque nada se hizo al respecto.

Una de las cosas más importantes de esto es que sirve para despertarnos y preguntarnos: ¿estamos preparados para enfrentar problemas ambientales? El que hemos tenido no ha sido resuelto hasta la fecha.

EC - Entiendo lo que dice, pero en el fondo el problema es que lo que está de por medio es un grupo de personas, son seres humanos. Ahora se condena a tomar estas medidas en un plazo máximo de seis meses, pero teniendo en cuenta los antecedentes resulta bastante difícil pensar que en seis meses se pueda cumplir lo que no se hizo en siete años.

¿Qué pasa con la gente que está de por medio?

EV - La gente ha venido "apechugando" sola y es hora de que eso cambie.

EC - Para el caso de que no se cumpla, se ha fijado una multa de 900 UR por día de atraso.

Desde la audiencia, Federico pregunta: "Y esa multa, en caso de cobrarse, ¿a quién beneficia? ¿Qué sentido tiene multar a la Intendencia y al MVOTMA?, ¿a dónde va a ir ese dinero de una eventual multa?".

EV - Esas multas tienen un destino muy claro y muy ajeno a quien habla. Por disposición legal su destino es el Poder Judicial. Pero ese no es el problema, el problema es que es una sanción. Lamentablemente tenemos que acostumbrarnos a que al Estado, como cualquiera de nosotros, como cualquier hijo de vecino, la cosa le duele únicamente si le toca el bolsillo.

EC - Pero si se le saca plata al Estado hay menos recursos para destinar a estos planes que hay que ejecutar. Eso es lo paradójico.

EV - Esos planes no existen. Ha habido tiempo más que suficiente para actuar y no se ha actuado.

EC - El plazo es de seis meses, pero eso es teórico, porque en rigor el ministerio y la Intendencia pueden apelar.

EV - Es cierto.

EC - Seguramente van a ser más de seis meses.

EV - El plazo no empieza a correr hasta que la sentencia no queda firme. Pero insisto: lo que debería preocuparnos es que tenemos un MVOTMA que no ha sabido resolver un problema de contaminación ambiental; yo quisiera saber cuántas horas/hombre le dedica el ministerio a este caso que está sin solución y que es el problema de contaminación más grave que ha tenido Uruguay.

EC - Esta demanda tuvo algún resultado exitoso en el caso concreto de Ancap y la venta de nafta con plomo.

EV - Las dos demandas fueron presentadas el mismo día, en setiembre de 2001.

EC - Por un lado se presentó una demanda contra el MVOTMA y la Intendencia y por otro se presentó una demanda contra Ancap. En el caso de la demanda contra Ancap hubo una primera sentencia favorable y después dos contrarias, de un tribunal de apelaciones y de la Suprema Corte Justicia. De todos modos, Ancap dejó de producir nafta con plomo.

EV - Después de dictada la primera y antes de la segunda.

EC - ¿En qué medida sabemos que no continúa la contaminación con plomo por otro tipo de factores?

EV - Es verdad, la contaminación por tetraetilo de plomo agregado a las naftas se prolonga en el tiempo, está comprobado científicamente, no se elimina por el solo hecho de que los vehículos dejen de funcionar con ese aditivo.

EC - Pero ese no era el único factor de contaminación.

EV - No, y por eso se presentaron dos demandas, había múltiples circunstancias. Una circunstancia eran los enterraderos de escoria metálica ubicados predominantemente en La Teja; otra mucho más extendida y quizás más difícil de resolver son ciertas conexiones de OSE y después había circunstancias más concretas, como la actuación de algunas fundiciones en la zona. Había un cúmulo importante, como sucede generalmente en estos problemas de contaminación, es muy difuso el número de fuentes que la provocan. Pero dos de esas fuentes habían sido identificadas claramente, una era el aditivo en las naftas y otra eran los enterraderos de escoria en la zona.

EC - ¿No hay otras zonas de Uruguay con problemáticas parecidas?

EV - Por supuesto, pero el punto de mayor gravedad era esta zona, con los niveles de plombemia más altos. En Uruguay ya desde 1996 la Intendencia y la Universidad de la República sabían que había contaminación por plomo y llamativamente eso fue (no sé si) minimizado, ocultado o dejado a la deriva.

A raíz de la llegada de unos científicos suecos se había hecho un estudio en la zona de Euskal Erría y se encontraron altos niveles de plombemia en niños. Sin embargo esos estudios quedaron en el olvido, al menos no se conocieron públicamente. Recién en 2000, 2001 nos enteramos de que eso se conocía desde 1996. Lo cual marca otra omisión.