(Emitido a las 7.42)

EMILIANO COTELO:
Últimas Noticias (páginas de información política): "Promueven crear un registro de abusadores de menores".

El diputado Luis Lacalle Pou impulsará un proyecto de ley para crear un registro de abusadores de menores, que dispondrá de información sobre todas las personas que hayan cumplido condena por delitos sexuales contra menores de edad.

Según el proyecto, al que accedió el matutino, en este registro, que tendrá lugar en la órbita del Ministerio del Interior (MI), se incluirá el nombre de la persona involucrada, una fotografía y todos sus datos personales (domicilio, profesión y lugar de trabajo), que de deberán actualizarse periódicamente.

A pesar de que ya estaba trabajando sobre el tema, con la andanada de casos de violación de menores registrados en el último tiempo, Lacalle Pou decidió, junto con la abogada que lo asesora, terminar la redacción de esta iniciativa, porque entiende que si se siguen dando situaciones de este tipo "el pueblo va a terminar haciendo justicia por mano propia".

Para tratar este tema, estamos con el diputado Lacalle Pou.

¿Por qué decidió presentar un proyecto de este tipo en este momento? ¿Qué tiene que ver su iniciativa con el riesgo de que la gente haga justicia por mano propia?

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LUIS LACALLE POU:
Cuando empieza a suceder este tipo de incidentes en forma muy reiterada y exagerada, los gobernantes reaccionamos. Sería ilógico que no reaccionáramos frente a realidades que rompen los ojos. Hoy el Estado, en este caso el Parlamento, la legislación, no da respuesta del todo satisfactoria en lo que hace a los delitos sexuales, cometidos cada vez con mayor degeneración; están en todos los titulares de los diarios, las radios y la televisión.

En ese sentido mucha gente empieza a desempolvar viejas ideas, a aportar nuevas, nos empezamos a comunicar, y en esas sinergias que se generan tenemos dos proyectos de ley. El primero, el más básico, es el aumento de la pena a más del doble, a 30 años para un violador (artículo 272 del Código Penal); creo que hoy la máxima está en 12 y la vamos a llevar a 30.

EC - ¿Se va a llevar a 30 años la pena para violación en general, independientemente de que la víctima sea un menor o un mayor?

LLP - Ahí innovamos con agravantes especiales para el delito, ponemos con personas del mismo o diferente sexo, con menores de 12 años; cuando el abuso sea en las relaciones domésticas, con los descendientes legítimos y los hijos naturales reconocidos o no del propio violador, y en las relaciones domésticas con los descendientes legítimos y los hijos naturales reconocidos o no por el cónyuge –aquí aparece un elemento nuevo, que es el concubino, debido a la ley que se aprobó hace poco– de quien comete el delito. Esos son agravantes especiales que le generamos al delito de violación.

Y por otra parte lo que usted decía en la presentación, que capaz que es lo más innovador, lo nuevo, que se basa en lo siguiente: hay muchos estudios que establecen que una persona que comete delitos sexuales, que son contranatura la mayoría de ellos, es gente psíquicamente alterada y de muy difícil cura. Entonces la pena termina y la persona sale en libertad.

Lo que buscamos es estar medianamente tranquilos de que esa persona no va a reiterar un delito en este sentido, que, diría yo –no soy técnico ni médico–, es casi patológico.

EC - Usted dice que por más que cumpla la pena, esa persona no cambia.

LLP - Hay quienes sostienen –psiquiatras y gente relacionada con la ciencia médica– que muchos de ellos no cambian porque su psiquis es así. Entonces tenemos el deber de saber qué está haciendo esa persona y qué no está haciendo. Voy a poner un ejemplo ridículo: un violador de menores no puede estar en una jardinera, no puede tener ninguna actividad laboral ni de ningún tipo relacionada con menores de edad. Esa persona no puede estar en actividades que hagan a la salud pública, en las que tenga que tratar con el cuerpo del ser humano, no puede tener actividades de docencia, no puede estar enseñando a niños.

Con este registro se pretende saber dónde vive, a qué se dedica, y estamos pensando en prohibirle circular por determinados lugares, por ejemplo por donde viven las personas que fueron sus víctimas.

EC - Usted habla de un nuevo agravamiento de la pena, aparte de la condena a prisión en sí. Después de cumplida esa "deuda" con la sociedad, a esa persona le queda prohibida una serie de actividades.

LLP - En principio éramos más contundentes, pero no podíamos penar dos veces a la persona, pensábamos en la imposibilidad de que la persona saliera en libertad sin que se le hubiera realizado una pericia psiquiátrica que dijera que estaba apta para vivir en sociedad. Pero eso sería una extensión de por vida de la pena.

Yo le hablaba más temprano de la sinergia: una compañera abogada escribió algunas cosas, más lo que estamos pensando, y quedamos en esto: conocer la cara de esa persona, incluso está la posibilidad de tener un banco de ADN para los violadores, porque va a ser más fácil comprobar un delito con el ADN guardado. El registro básicamente es para saber quiénes son los que cometieron los delitos de violación, atentado violento al pudor, corrupción, incesto y estamos viendo el tema del estupro también.

EC - Entendida la idea, la filosofía de este proyecto, surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se lograría que el registro fuera efectivo?, ¿cómo se mantendría actualizado?

LLP - Cada vez que la persona cambie alguno de sus datos básicos –actividad, vivienda, trabajo y algún otro elemento– tiene que comunicarlo al registro. Si no, se tiene que establecer una sanción al respecto.

EC - Ese es el tema, ¿cómo se controla el cumplimiento de las obligaciones que la persona asume, por ejemplo notificar un cambio de domicilio? ¿Cómo se controla que no se acerque a las personas del entorno en el que llevó adelante la violación, el abuso de menores por el cual fue condenado?

LLP - Primero, calculo que una vez que el MI cuente con este registro podrá realizar las investigaciones correspondientes. Y segundo, si la familia de la víctima, sabiendo que existe este registro, denuncia que anda por el barrio, también estaría en infracción o incumpliendo esta ley que proponemos sobre el registro público.

La otra que queda –porque uno empieza a pensar y a veces se le van las entrañas más que el corazón– es ponerle, como en algunos otros lugares del mundo, un brazalete a esta gente para saber por dónde anda. No sé hasta dónde la sociedad uruguaya aceptaría eso y hasta dónde la tecnología y los medios nuestros podrían llegar a eso. Está claro que estos delitos son más rechazados que el propio homicidio por la sociedad y que deben tener la sanción apropiada y un contralor posterior, porque si es una patología no hay pena que la cure.

EC - Desde la audiencia le preguntan: "¿Ese registro no lo tiene la Policía?".

Y dice Laura, de Rivera: "¿Por qué un nuevo registro? ¿No está ya el Certificado de Buena Conducta, que teóricamente no se tendría que expedir a una persona con este tipo de antecedentes?".

LLP - Están buenas las dos preguntas. Este registro es exclusivo y pongo un símil: si yo tengo una biblioteca con todos los libros de derecho diseminados por todo el país, es una cosa, pero si yo tengo una biblioteca con estos libros de derecho y estas personas y con características especiales, es otra cosa. Porque el de buena conducta y algunos otros registros no establecen la fotografía, la prohibición y la inhabilitación para algunas actividades, no establecen la comunicación cotidiana de dónde se vive, ni la imposibilidad de acercarse a determinados lugares. Este es un registro específico para tenerlo a mano, para que sea más efectivo y exclusivo para este tipo de delitos.

EC - ¿Cómo funcionaría después la aplicación de ese registro? Usted dice que no tiene sentido que alguien con antecedentes como violador de menores trabaje en una jardinera, pero ¿cómo se evita que lo haga? ¿Va a haber una obligación para determinado tipo de empresas de consultar el registro a la hora de tomar personal?

LLP - Calculo que en los documentos que se expidan a los efectos laborales sobre esta persona constará que está inhabilitado para determinadas tareas que tengan que ver con la docencia, con los menores, con cualquier cosa que implique contacto con menores de edad.

EC - Tengo una cantidad de mensajes de la audiencia, algunos a favor y otros en contra o con reparos.

Eduardo, de Lagomar, dice: "Por fin una voz de un legislador que se pronuncia sobre el tema del abuso de menores. Pensé que el Poder Legislativo estaba ciego y sordo".

LLP - Han hablado varios de este tema, no creo ser exclusivo. Capaz que uno tiene más gente en la vuelta que se arrimó y conversó, pero me imagino que es un sentir de muchos legisladores, sin perjuicio de a qué partido pertenezcan.

EC - Nelson, de Colonia, dice: "Lacalle Pou no es santo de mi devolución, pero apoyo esa iniciativa del registro de violadores de menores".

Y después aparece este tipo de mensaje: "Muy loable la actitud del diputado, pero la solución no es aumentar las penas. De esa forma no mejoraremos. Hay que combatir la miseria".

LLP - Me permito decir una cosa: no soy técnico en esto, no soy médico ni psiquiatra ni he estudiado a los violadores, pero no es un tema de bolsillo. La miseria humana no tiene capital económico, y si esto lo llevamos a una patología, una enfermedad se puede tener en cualquier condición económica y cultural.

EC - "Por favor, esto es como cuando antes se tiraba a los leprosos", dice otro mensaje.

LLP - Ese comentario, no tan exagerado, créame que me lo planteé: ¿esto es el circo romano, la hinchada pidiendo que se los tiren a los leones y nosotros ponemos el dedo para abajo o para arriba? No. Utilizando ese símil, la ciudadanía pide que se los tiren a los leones, lo hemos visto en la puerta de los juzgados y en todos lados. No es cobrar al grito de la tribuna, pero si somos ciegos ante este tipo de reclamos en que hay temas a modificar, no somos merecedores de ser representantes. Creo interpretar –aparte de estar tranquilo conmigo mismo– que es necesario agravar la pena –quizás no sea lo sustancial– y generar este registro público nacional, que no es una idea totalmente propia de mi intelecto, sino el producto de una sinergia entre mucha gente que hemos estado pensando en este sentido. Es una buena cosa, no para prevenir cien por ciento, porque en esto no se puede prevenir cien por ciento, pero al menos para intimidación y prevención, y para tranquilidad de algunos organismos del Estado de saber dónde anda esta gente enferma psiquiátrica que comete violaciones.

EC - ¿Hay antecedentes en otros países?

LLP - Ahí me mató. Sé que en otros países para algún tipo de delito se usan esos chips con GPS para saber qué hace cada una de estas personas. Es un registro más específico.

EC - ¿Ha hecho contactos con otros sectores políticos? ¿Es viable este proyecto?

LLP - Lo conversé con mis compañeros del Herrerismo, que están de acuerdo, esperamos firmarlo todos la semana que viene. Cuando se plantea el aumento de pena y el endurecimiento de algunos instrumentos, como este registro público, mucha gente no está de acuerdo. Pero este es un caso especial; usted leía un mensaje de alguien que decía "Lacalle Pou no es santo de mi devolución pero en esto lo apoyo". Eso podría resumir el sentimiento de gente de otros partidos. Ojalá que sea así.

EC - ¿Habló con el partido de gobierno?

LLP - No, esto es una primicia que le dimos a la gente de Últimas Noticias, y ahora conversamos con ustedes, previo a la presentación la semana que viene. No lo hemos conversado en estos días.