86.601 es la cantidad de uruguayos que viven en España (44.314 hombres y 42.287 mujeres), según el censo divulgado la semana pasada.

En tanto, 25.671 son los uruguayos que viven en España y tienen la ciudadanía de ese país.

Las nuevas reglas aprobadas por el Europarlamento contra la inmigración ilegal, que comenzarán a aplicarse en 2010, incluyen un máximo de detención de los "sin papeles" de hasta 18 meses, antes de la expulsión. Además, se establece que quienes sean expulsados no podrán volver a ingresar a Europa por un plazo máximo de cinco años.

Mientras en los consulados en meses anteriores recibían de a dos o tres llamadas o pedidos por mes, ahora se realizan esta misma cantidad de consultas pero por día.

También las organizaciones de uruguayos en el exterior han recibido decenas de estos planteos en las últimas semanas.

Fernando Fraga, de la Asociación de Uruguayos en Valencia, España, comentó cuál es la realidad: "Para el que no tiene papeles la situación está muy difícil, porque ahora se está poniendo en tela de juicio como que la inmigración es el problema de todo. Entonces, se está yendo un poco a la casa del que no tiene papeles, se va a los locutorios. Hay una falta de trabajo, entonces eso hace que toda la situación que antes se dejaba pasar un poco más, ahora está muy difícil par ala gente".
  
La crisis inmobiliaria de España y la falta de trabajo se siente hoy más que nunca sumado a estos procesos que planteaba Fraga.

El gobierno de Rodríguez Zapatero implementa en estos momentos el Operativo de Retorno Voluntario, por el que se le otorgan casi 500 euros a los inmigrantes que quieran volver y además el pasaje de vuelta.

"Nosotros en la Asociación hemos tenido gente que ha venido a pedirnos información para repatriarse, porque aquí, en principio, están dando el pasaje y 400 euros para la repatriación de la gente. Hemos recibido consultas que antes no recibíamos. Cuando la gente te viene a plantear eso es que está en una situación muy desesperada", señaló Fraga.

El trámite demora entre uno y dos meses.  

El gobierno español también implementará un operativo por el que aquel inmigrante que esté en seguro de paro por falta de trabajo, pueda volver a su país, y se le continúe pagando el seguro.

Se le abonará un 40 % en España y en este caso un 60% en Uruguay. En España los seguros de paro duran como máximo un año.

La ley europea contra los inmigrantes generó rechazo por parte de los mandatarios de America Latina, pero también muchos miedos en, por ejemplo, los uruguayos que están en España.