Familia naturista demandó al Estado por 10 millones de dólares
La familia Borgogno demandó al Estado por 10 millones de dólares. El matrimonio naturista reclama los derechos civiles de sus cinco hijos, a los que Uruguay negó 11 años la educación pública por no tener el certificado de vacunación. La familia asegura que durante todo ese tiempo se violaron sus derechos, se los obligó al exilio y se atentó contra la vida de los integrantes de la familia al intentar obligarlos a recibir vacunas, cuando físicamente no toleran las inoculaciones por problemas congénitos.
Los Borgogno decidieron demandar al Estado, tras varios años de librar una batalla científica y filosófica por no la vacunación de sus cinco hijos, decisión que tomó un médico en Argentina que constató que los pequeños no resistían este tipo de medicina y les recomendó una vida naturista.
La familia está compuesta por Juan Carlos Borgogno y Alicia Arce, un matrimonio que tuvo cinco hijos, Maité que ya tiene 26 años y es madre de una beba de nueve meses, Nahuel de 24, Ayelén de 22, Nohelí de 17 y Yosimari de 12 años.
A estos jóvenes no se les permitió estudiar en Uruguay, por no contar con el esquema de vacunación. La ANEP no aceptó cuando ellos eran niños los certificados médicos que daban constancia que esto no podía hacerse porque ponía en riesgo sus vidas.
A partir de allí la familia Borgogno-Arce recorre el mundo en busca de apoyo, logra que el Instituto Pasteur certifique su situación y en el año 2005 en Uruguay, el gobierno de Tabaré Vázquez, acepta la documentación y permite que los jóvenes accedan a la educación, al trabajo y la asistencia en salud.
Nahuel Borgogno, el mayor de los hermanos varones, explicó a Índice 810 en qué se basa la demanda que realiza su familia al Estado uruguayo por 10 millones de dólares.
"Concretamente es contra ANEP, Codicen y Ministerio de Salud Pública por el hecho que fue de público conocimiento que fue la violación de los Derechos Humanos de una forma continua y reiterada durante un lapso de 11 años hasta que asumieron las nuevas autoridades de salud. Mediante el cumplimiento de la ley, que fue lo que se reclamó en un principio, se dio paso a la exoneración de vacunas a través de una constancia médica y se nos entregó los certificados y esquema de vacunación donde consta esta situación de hipersensibilidad que tenemos hacia las proteínas y otros elementos presentes en las vacunas. Pudimos recuperar los derechos, pero quedó todo un lapso de tiempo donde quedó una violación muy grande a diversos derechos civiles y derechos humanos como fue el tema de la educación, el deporte, la salud, la asistencia social y para abajo... Y la amenaza misma de la vida que significó el exilio de nuestra familia en el año 97 hacia a Buenos Aires. Tuvimos que irnos porque nos querían vacunar por la fuerza y las indicaciones médicas nos decían que podríamos sufrir un problema grave", estableció Nahuel.
Esta situación se generó en la década del 80 cuando los dos hermanos mayores (Maite y Nahuel) son vacunados y sufren serias consecuencias.
En 1984 los Borgogno vivían en Buenos Aires, cuando Nahuel fue vacunado de sarampión a los tres meses de edad, lo que le provocó convulsiones, fiebre muy alta y espasmos bronquiales.
Lo mismo ocurrió con su hermana Maite. Los niños fueron asistidos y tras varios estudios un médico argentino diagnosticó hipersensibilidad congénita a la proteína y a otros componentes de las vacunas.
Bajo ese cuadro médico se recomendó no vacunar a los pequeños y se les aconsejó llevar una vida naturista.
"Más que nada los médicos son los que determinen qué medicamentos podemos tener. Básicamente lo que intentamos es mantener un estado de salud lo más óptimo posible con una asistencia personalizada en el caso de la salud. Lamentablemente tiene que ser privada para que sea en óptimas condiciones. Pero principalmente la asistencia de los médicos que nos dicen en cada situación que nos dicen cómo se resuelve el tema de la salud familiar", indicó Nahuel.
En cuanto a lo que sucede en materia de educación, en el año 1989 toda la familia se traslada a Uruguay por temas laborales, se establece en Paso Sena, y los niños comienzan a concurrir a la escuela número 38, presentando los certificados médicos que dejaban constancia de que no podían ser vacunados.
El director en ese momento, Reinaldo Rivoira, entiende que con esa documentación es suficiente, hasta que en el año 1994 deja la escuela y asume como directora Elena Casco que remite una denuncia a la ANEP argumentando todo lo contrario. Este organismo resuelve considerar a los
niños como un "foco infeccioso potencial" y los expulsan de la escuela 38.
"Hubo una resolución de ANEP, Codicien en un tema específico de salud que no le competía al organismo y que resolvió la vacunación de nosotros sin absolutamente ninguna prueba ni ninguna otra información más que la denuncia de la directora que constaba que no teníamos el certificado de esquema de vacunación, pero era una cuestión obvia porque el ministerio nunca había cumplido con el canje que les hicimos durante 11 años que finalmente lo terminas haciendo y gracias a eso hoy el Estado cuenta con un sistema de registro de las personas que tienen este tipo de problemas y pueden estar contemplados dentro del sistema de salud que es muy importante. Hoy o mañana sufres un accidente, estás inconsciente y entras a un hospital y por algún medicamento que te tengan que dar por una operación de urgencia contiene algún elemento al cual tu sos hiperalérgico gracias a esa base de datos te va a poder prevenir de ese tipo de casos", afirmó Nahuel.
Toda la familia goza de buena salud y mantiene una vida naturista. Susana Arce, mamá de los ahora jóvenes se encargó de educarlos en su casa, ella es maestra.
La familia Borgogno-Arce generó un antecedente para que no suceda esto a otros niños.
Nahuel Borgogno dijo que esta prohibición no sólo afecto su educación, sino que también no se les permitió hacer deportes, acceder a lugares de trabajo, por lo que debieron exiliarse a Argentina.
"La misma ley que establece el certificado de vacunación establece las características que requiere este documento; entre ellas está el trabajo y la asistencia social. El tema del exilio fue algo fuertísimo, porque si hasta ese momento nuestra situación social era bastante complicada ahí fue el extremo, abandonar todo y tener que partir en exilio por una medida totalmente arbitraria y totalmente fuera de la legalidad. Felizmente cuando asumió la nueva autoridad fue una de las cosas más importantes que empezó a cambiar en esta situación. La política de derechos humanos que se está llevando a cabo -es importante destacarlo y valorarlo- significó apegarse a la legalidad y devolver los derechos que se habían arrebatado en forma impune e injusta", finalizó.