(Emitido a las 9.01 horas)


JOSÉ IRAZÁBAL:
En diferentes medios de prensa aparece publicado esta mañana un remitido de uno de los consorcios que han pugnado en la licitación por el Hotel Casino Carrasco.

Se trata de Dongara Investments, del grupo Hyatt, operador hotelero. El remitido está fechado hoy, 6 de enero, con el título "Licitación del Hotel Casino Carrasco. La Intendencia de Montevideo no puede apartarse del derecho ni ignorar lo que es más conveniente para los montevideanos".

Es un comunicado muy extenso en el que se dan detalles de los cuestionamientos que hace este consorcio con respecto a otros consorcios que se presentaron, sobre todo señalamientos hacia quienes encabezan el puntaje en la licitación después de la apertura de los dos sobres para la concesión por 30 años del histórico edificio del Hotel Casino Carrasco.

Estamos en contacto con el abogado del consorcio Dongara Investments, el doctor Ariel Gianola.

¿Por qué se publica este remitido en la prensa hoy?

ARIEL GIANOLA:
Es una respuesta ante unas expresiones –estimo que equivocadas– del vocero de la firma Bahía Verde SA, o Codere, como se la conoce más usualmente...

JI - ...Otro de los consorcios que se presentaron a la licitación y el que ha obtenido el mejor puntaje y se perfila para ganar el llamado de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

AG - Exactamente, obtuvo el primer puntaje en el primer sobre, sobre todo a partir de una diferencia en el proyecto arquitectónico, en lo que Dongara fue claramente perjudicada. Luego, en la apertura del sobre dos, si bien nuestra oferta es rotundamente más conveniente que la de Bahía Verde, no alcanzó el puntaje para sobrepasarla. Pero el tema es que –y por eso nuestra impugnación anterior a la apertura de los sobres–, como lo hemos denunciado desde el mismo inicio de la licitación, esta empresa debió ser descalificada por gruesos errores en los requisitos de admisibilidad, en los requisitos que permiten estar dentro del procedimiento, y también por la violación de ciertos requisitos sustanciales.

JI - ¿A qué tipo de violaciones se refiere?

AG - Al día 8 de mayo, que era la fecha de la recepción de las ofertas, había que acreditar una disponibilidad económico-financiera de la forma que establecía el pliego. Y no solo el pliego, lo estableció la propia Intendencia en una consulta que se le había formulado; al responder, espontáneamente agregó un párrafo especificando en qué momento debía acreditarse esa disponibilidad de financiamiento. Y esta empresa no solo no la acreditó, sino que incluso, en el estudio que hizo el catedrático de Derecho Comercial y Bancario Ricardo Olivera García, se comprueba que aun si hubiera tenido la intención de hacerlo, la estructura social con la que se presentó se lo habría impedido. De modo que tanto por esas consultas como por otra realizada al auditor internacional KPMG, teníamos la certeza del no cumplimiento de ese requisito de admisibilidad que en la Cátedra de Derecho Administrativo todos los catedráticos expresaron que necesariamente debía cumplirse de acuerdo a los términos del pliego y de la respuesta, en una interpretación auténtica, que la IMM realizó sobre ese pliego.

Ese es un primer requisito de admisibilidad no cumplido. Hay otros que se agregan, que fueron denunciados de inmediato por Dongara Investments, por el estatuto riguroso al que se someten una cadena hotelera como Hyatt o el grupo Liberman, dada su actuación internacional. De manera que lo que se hizo acá, inmediatamente después de la apertura, fue consultar a todos los catedráticos titulares o ex titulares grado 5, como el profesor emérito Horacio Cassinelli Muñoz. Dongara reprodujo lo que estos catedráticos dijeron, acá no hay opiniones de parte, fue la cátedra la que opinó así; ya van 13 dictámenes, pero no parecieron conformar a la Intendencia, que terminó contratando a un asesor especialmente para tratar este tema.

JI - La Intendencia tiene su propia versión de esto y quienes la asesoraron no entienden lo mismo que estos catedráticos que consultó el grupo Hyatt-Liberman...
    
AG - ...Hay uno solo que no lo entiende así, que es el catedrático contratado por la Intendencia. Es curioso que, en una actitud de coadyuvante con la administración, para el encauce jurídico la presentación de las ofertas, de los más excelentes e insospechables profesores de Derecho Administrativo de este país –que la izquierda conoce muy bien, por otra parte, que el propio intendente y sus asesores conocen muy bien, como es el caso de Horacio Cassinelli Muñoz, que se expresan rotundamente en estos requisitos– se haya recurrido a la contratación de alguien para tener una respuesta completamente inédita, que no se compadece con ninguna de sus normas y que no ha sido sostenida jamás ni tiene más compañía que la de quien emitió esa opinión.

De modo que a esta altura, cuando para colmo Dongara Investments recibe la imputación de estar procurando la confusión a través de los medios, se decidió, en un alto nivel empresarial, publicar un remitido que aclarara a la población, aunque sea mínimamente, qué es lo que está sucediendo en este caso.

JI - Usted hace referencia a requisitos que no se habrían cumplido ya en la apertura del primer sobre, no en el segundo, que se refería más bien a lo que tiene que ver con el canon y las condiciones...

AG – ...También impugnamos la apertura del segundo, porque mandar abrir los sobres de los demás implica precalificarlos. Como esa precalificación es imposible de realizar cuando hay violación de requisitos sustanciales, y en particular requisitos de admisibilidad para participar en el proceso, lo que corresponde es la impugnación de esa parte del acto que mandó abrir los sobres.

JI - La Intendencia decide seguir por el camino que se había trazado en la licitación, no hace lugar a los planteos que ustedes hacen. Ya se ha abierto el segundo sobre y se ha anunciado que hay dos comisiones municipales analizando los diferentes planteos. Todo hace pensar que finalmente el grupo Codere será el que obtenga la concesión del hotel por 30 años.

Pero ustedes publican hoy esta solicitada en los diarios de Montevideo aclarando la posición que han sustentado y por qué han observado todo este proceso. Y ahora ¿qué?

AG - Según lo que se ha anunciado –esperaremos la confirmación–, luego de que actúe una comisión que estudia la paramétrica del pliego y la aplica sobre la oferta económica de cada uno de los oferentes para establecer un orden de prelación de puntaje, sucederá una propuesta de adjudicación a quien tenga más puntaje. De ese modo, aparentemente sin un acto previo de adjudicación, sino con esa propuesta, iría al Tribunal de Cuentas para que este analice su procedencia legal. Una vez que eso se produzca y el Tribunal se expida, está previsto que vaya directamente a la Junta Departamental, y luego del trámite en la Junta –aprobación de lo actuado– regrese a la Intendencia para que tome la resolución definitiva. Ese acto definitivo es un acto de adjudicación que, si no corresponde a la firma Dongara Investments, será impugnado.

JI - ¿Ante quiénes pueden impugnar después de todos esos pasos?

AG - Ante el intendente, como impugnamos ahora. El acto que manda abrir el sobre número dos, ya de oferta económica, es el primer acto dictado por el intendente, por lo tanto era recurrible ante el intendente en la parte en que nos agraviaba. Eso fue lo que hicimos. Se levantó el efecto suspensivo, ese recurso todavía no se decidió –obviamente hay perspectiva de que se resuelva favorablemente, pese a que el asesoramiento hasta ahora ha sido el contrario–; y en forma paralela una comisión está estudiando para precisar exactamente los números y por lo tanto el puntaje definitivo.

JI - Supongo que ustedes tienen claro que todos estos pasos que están dando han puesto esta licitación bajo la lupa, y que para el ciudadano común y corriente, para quien es muy difícil seguir todo un proceso de estas características, que, además, es muy complejo, se están denunciando hechos no sé si "de corrupción", pero al menos de mal manejo del pliego por la Intendencia. ¿Cómo se paran ustedes ante eso?

AG - Esa lectura es correcta, y en la medida en que la opinión pública participe en lo que está sucediendo dentro de las paredes de la Intendencia estaremos satisfechos nosotros y también la Intendencia...

JI - ...¿Creen que hay cosas raras, que hay desvíos dentro de la Intendencia, casos de corrupción con respecto a esta licitación?

AG - Yo nunca me manejo con el término "corrupción", me manejo con el término "fraudulencia", que tiene una amplitud mucho mayor. El fraude a la ley puede implicar exclusivamente el no cumplir el fin del servicio, y eso se puede deber a una multiplicidad de errores, entre ellos un mal asesoramiento. Más allá de eso puede haber muchas lecturas, dentro y fuera de este expediente. En lo personal focalizo exclusivamente en el expediente, porque está dirigido a la decisión por la cual un concesionario se hará cargo del Hotel Casino Carrasco, ese es el objetivo.

Si dentro de las reglas de juego fijadas por la propia administración y propaladas a los cuatro vientos respecto de la calidad de hotel y de casino que se quería tener y las condiciones –expresas y enfatizadas en razón de las dificultades del proceso anterior, que terminó en un fracaso–, y también por razones económico-financieras que fueron señaladas por el Tribunal de Cuentas y que la Intendencia no quiso atender –me refiero al caso Carmitel–, si todos esos elementos, fijados después por la propia administración, no son respetados, tenemos que denunciar.

En esa denuncia poco importan los calificativos que supongan la posibilidad de maniobras; sí la posibilidad de errores que en definitiva tienden a lo que los organismos multilaterales de crédito consideran acciones fraudulentas. Fraudulentas quiere decir que no apuntan a que se cumpla el fin del servicio, que no se cumple lo que la ley marca; en este caso no solo la legislación general aplicable a una licitación pública, sino la fijada por propia determinación de la administración convocante a la licitación.

JI - Con respecto a la licitación en sí misma y este planteo que hacen ustedes hubo un episodio que generó más ruido y más dudas sobre todo este camino, que fue una declaración hecha por el senador José Mujica, hoy precandidato del Frente Amplio, quien habría recibido algún planteo con respecto a la licitación y sugería la posibilidad de anularla. ¿Cómo se debe leer ese episodio en medio de este planteo de ustedes?

AG - Lo mejor sería que contestara el senador Mujica. Pero el senador tiene vías de información; siendo su propio sector el que predomina en la administración municipal debe tener buena información sobre lo que ha sucedido antes de la apertura de ofertas y después, supongo que mucho mejor información que la que puedo tener yo personalmente. De manera que a sus conclusiones, en un hombre que ha demostrado mucha perspicacia, algún sentido hay que otorgarles.

En lo personal, yo enfoco el procedimiento licitatorio. Son muy claras las ventajas –después de la apertura del segundo sobre han sido más claras– de la propuesta de Hyatt a través de Dongara Investments. De modo que respeto enormemente las precisiones o las declaraciones que oportunamente hizo el senador Mujica, sé que tiene fundamentos, porque él conoció desde el principio una serie de episodios sobre este tema, y ha de tener una información mucho más acabada que la que puedo tener yo, que en definitiva reproduzco en puridad la opinión de los catedráticos más calificados del país.

JI - Cuando usted dice que Mujica tuvo conocimiento de algunos "episodios", ¿a qué se refiere?

AG - Cuando hubo un episodio de acercamiento de planos y de posibilidades de éxito dentro de la licitación si se seguía un determinado procedimiento, eso fue denunciado de inmediato al senador Mujica.

JI - ¿Quién hizo ese acercamiento?

AG - Ha salido en la prensa un señor de apellido Larre Borges. Es un tema bastante notorio, que yo he soslayado porque me es indiferente, no forma parte de mi función, al menos al presente...

JI - ...¿Quién era este señor que proponía esto? ¿Era alguien en representación de la Intendencia? ¿Cómo se presentaba?

AG - Supongo que se presentaba en forma particular señalando las garantías de éxito en la licitación que se podían obtener al presentarse con esos planos, obviamente de su misma compañía.

JI - ¿Eso no debió haber sido denunciado ante la Justicia?

AG - No, porque no es un delito. Yo puedo ofrecerle a usted triunfar en una determinada licitación por las amistades que tengo y me podría considerar un lobbista, y le puedo hasta dar un precio. Eventualmente condiciones, circunstancias posteriores podrían crear indicios de una acción fraudulenta, con la confirmación de que esos planos eran los mismos que se exhibieron en diciembre del año 2007.

JI - ¿La Justicia no debería investigar eso?

AG - Sí, pero no es obligación de nadie, y sería una mala maniobra, una mala acción realizarla. Lo que se hace en esos casos es denunciar ante un interlocutor válido y ante alguna otra autoridad del máximo nivel que puede proyectar a través de las fiscalías o de una denuncia ante los jueces lo que está sucediendo. Pero el particular no tiene por qué someterse permanentemente a este tipo de visitas o de propuestas a la denuncia judicial. Por otra parte, esto ocurrió varios meses antes de la apertura de la licitación. Se hizo lo que se debía hacer: inmediatamente se denunció.

Para quitar algo de complejidad le digo que hay reglas de juego, como en cualquier actividad deportiva o de otro orden, que deben respetarse. Cuando se ve un penal notorio, se cobra. En estos casos hay por lo menos tres áreas de notorios incumplimientos que no señalamos nosotros, que señalan todos los catedráticos del país consultados. De manera que aparentemente es complejo pero no lo es tanto en la lectura: no se cumple con la disponibilidad económico-financiera, no se cumple con las áreas para habitaciones que marca el pliego, no se cumple con tener un operador hotelero en firme, sino que el operador se presenta diciendo que oportunamente negociará las condiciones de administración del hotel, de asistencia técnica y de uso del nombre. De manera que muy complejo no es, pero se ha tornado complejo en mérito a una actitud contumaz de la administración, que hasta ahora no ha reconocido la verdad.

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Transcripción: María Lila Ltaif