Sociedad

Evalúan ampliar estructura investigativa del Estado

La aparición de polémicos casos judiciales e investigaciones que implican la existencia de organizaciones criminales que operan en Uruguay con tráfico de armas, lavado de activos y narcotráfico motivará que las autoridades de gobierno y los operadores judiciales analicen la ampliación de la estructura investigativa y sus recursos a partir del próximo año.


Varios casos sacudieron la opinión pública y obligaron la actuación de los dos juzgados de crimen organizado, que comenzaron a funcionar este año, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y otras reparticiones públicas, como la DGI, el Banco Central y el Instituto Técnico Forense.

Dos polémicos casos desataron investigaciones que han sido mediáticas y que requirieron la intervención de estas reparticiones: el hallazgo de más de 2.000 kilos de cocaína en un yate en Santiago Vázquez y el caso Saúl Feldman, el hombre que fue abatido luego de resistir en su casa tras el hallazgo por parte de la Policía de un arsenal de más de 700 armas.

En cuanto al primer caso, investigado en Uruguay por la jueza de crimen organizado, Graciela Gatti, se realiza por estos días el cruce de datos e información entre la Justicia uruguaya, la argentina y la serbia. La operación se inscribe en el operativo "Guerrero de los Balcanes".

El cargamento de más de dos toneladas fue primero llevado por botes hasta el yate confiscado, llamado Maui, por el Río de la Plata, a la altura de Chascomús, a unos 38 kilómetros de la costa bonaerense. Los botes deportivos traspasaron la carga en bolsos hasta el Maui.

El plan era que el Maui llevara las dos toneladas hasta un buque carguero, que en el puerto de Buenos Aires completaría su cobertura al recibir un cargamento de granos.

El segundo caso es el que acapara la atención mediática por estos días: el caso Feldman, en manos del juez de crimen organizado, Jorge Díaz. Según dijo este martes el magistrado, se ha conformado un equipo multidisciplinario con integrantes de la DGI, el Banco Central y la Secretaría Antilavado para analizar el perfil financiero de Feldman, especialmente para estudiar si participaba como director o apoderado de sociedades anónimas.

Si bien Díaz fue muy hermético a la salida de la reunión, en cuanto a los datos de la investigación, este martes confirmó que, hasta el momento, sin haber finalizado el recuento, van halladas más de 700 armas de fuego entre cortas y largas, además de encontrar una cantidad importante de municiones y alrededor de 500 granadas, municiones para fusiles y de mano de distintas categorías, pólvora, cables detonadores y mechas.

Antes de comenzar la reunión los investigadores de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia manejaban como hipótesis más firme que Feldman preparaba un envío de armas al exterior, quizá con destino a los narcotraficantes brasileños. Se verificó que algunas de las armas encontradas podrían haber sido robadas al Ejército Nacional, con lo cual, se abrió una nueva investigación complementaria.

También estuvo en la palestra pública el caso de Miriam Mazzeu, la mujer que muriera víctima de un atentado explosivo en su hogar del Buceo. Este caso está en la órbita de la Justicia Penal, pero el caso continúa sin resolución.

Todos estos casos movilizaron una estructura que fue institucionalizada recientemente, como los juzgados especializados en crimen organizado, que fueron creados por la penúltima Rendición de Cuentas y entraron en funcionamiento el 1 de enero de 2009. Se iban a crear tres juzgados, pero finalmente se crearon dos.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo reglamentó este año las atribuciones de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, uno de los organismos específicos en el combate al crimen organizado bajo la órbita de la Presidencia de la República.

El director de la repartición, Ricardo Gil Iribarne, recordó a El Espectador que en Uruguay no se había procesado a una persona por lavado de activos hasta el año 2005.

Gil Iribarne hizo una evaluación positiva de la actuación de las reparticiones involucradas en las investigaciones de casos vinculados al crimen organizado. De todos modos, aseguró que el próximo año será propicio para evaluar el funcionamiento del aparato estatal y analizar su ampliación.

"Eso hay que evaluarlo, si las competencias son las correctas, si falta algún delito, si sobra alguno y cuántos casos empiezan a meterse para adentro de los juzgados. Creo que la complejidad de algunos casos que se han venido generando, en algún momento van a indicar la conveniencia de agregar alguno nuevo. Por otro lado, creo que la experiencia de los equipos de investigación, que ha sido muy buena, ha estado muy concentrada en algunas instituciones, pero dentro de ellas en algunas personas. Me parece que ahí va a haber que evaluar esa experiencia también el año que viene para ver si hay que ampliar los equipos o si de alguna manera hay que darle otra estructura más estable. No queremos crear la sensación de que se hace una bruta estructura que no se sabe para qué está . Hoy creo que la estructura pequeña ha tenido muy buenos resultados", indicó Gil Iribarne.

Por otra parte, en 2010 quedarán eliminadas las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), señaladas por el gobierno como una herramienta para lavar dinero en la plaza local y ocultar acciones ilícitas.

Gil Iribarne dijo que pese a la eliminación de las SAFI, las personas involucradas en organizaciones delictivas pueden utilizar otras herramientas para lavar dinero, como las sociedades anónimas con acciones al portador.

"Eliminanado las SAFI no se elimina el riesgo de que hay enormes sociedades para delinquir porque sigue habiendo otras formas societarias y la más clara es la sociedad anónima con acciones al portador, donde hoy no sabemos quién es el propietario verdadero. Eso es un riesgo para Uruguay (...) Eliminamos un riesgo muy grande (...)", sostuvo Gil Iribarne.

La reglamentación de la Secretaría señala que la repartición deberá "coordinar y ejecutar, en forma permanente, los programas de capacitación definidos por la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo" para "los operadores del derecho en materia de prevención y represión" como jueces y fiscales, así como de funcionarios de los ministerios del Interior, Defensa, Economía y Relaciones Exteriores.