En su fallo, la magistrada sostiene que "no advierte perjuicio alguno a la DGI", requisito esencial para que pueda prosperar la acción pauliana.
    
El diario El País informa este martes que la denuncia de la DGI nació en octubre de 2007 con la cesión de algunos de los bienes de Casal a un familiar cercano, transacción que fue anulada mediante un "distracto", una operación que de mutuo acuerdo extingue los contratos entre dos partes.