(Emitido a las 9.01 horas)


EMILIANO COTELO (EC):
Se está cumpliendo un año de la inauguración de los juzgados penales especializados en crimen organizado y lavado de activos.

Los "juzgados antimafia", como muchas veces se los denomina, tienen bajo su órbita casos de narcotráfico, delitos tributarios, tráfico de armas, delitos contra la administración publica, trata de personas y delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes: un escenario bastante amplio.

En sus primeros 12 meses de actividad manejaron 300 expedientes, con 147 personas procesadas, la mayoría de ellas (101) por casos vinculados a drogas.

En febrero del año pasado, poco después de que se abrieron estos juzgados, conversamos aquí con el doctor Jorge Díaz, uno de los dos magistrados designados en esta materia. Este miércoles, un año después, vamos a intentar un balance en diálogo con su colega, Graciela Gatti, responsable del otro juzgado especializado.

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EC - La encontramos de vacaciones...

GRACIELA GATTI (GG):
Sí, disfrutando de la feria.

EC - Pero usted recién comenzó su licencia, cuando la feria judicial mayor está vigente desde el 24 de diciembre del año pasado. ¿Por qué?

GG - La Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció un sistema de fraccionamiento para el caso de estos dos juzgados y a mí me tocó descansar en feria del 16 de enero hasta el final, el 31 de enero.

EC - Entonces estos jueces no tienen toda la feria para descansar.

GG - No, quedamos cubriendo. En general es lo que ocurre con los jueces penales en Montevideo: mantienen su régimen de turnos habitual, por tanto, el turno lo cubre el juez al que le correspondía por el sistema de turnos establecido para todo el año. Lo mismo ocurre con estos dos juzgados, aquel a quien le correspondía turno en enero cubre la feria con los dos juzgados.

EC - ¿Cómo evalúa este primer año de trabajo en los juzgados especializados en crimen organizado?

GG - Yo no tenía expectativas previas de números, no me había planteado qué volumen de trabajo íbamos a tener, porque no tenía bases ciertas como para partir de allí. Por lo tanto, es muy difícil hacer una evaluación en este primer año. Y es mucho más difícil todavía cuando uno está inserto en el trabajo de juzgados, por lo tanto, tiende a ser muy subjetivo. Sí puedo decir que es un trabajo que ha ido en aumento, comenzó lentamente y se ha ido ampliando, sobre todo en lo que tiene que ver con casos vinculados a delitos que también son competencia de nuestra sede, pero distintos del narcotráfico. Allí los números muestran una mayor incidencia, porque ya había toda una línea de trabajo establecida que permitió obtener resultados más claros. En otros delitos, si bien todavía no ha habido quizá demasiados procesamientos, sí hay muchos casos que se están investigando, muchas situaciones que se están estudiando...

EC - ...¿A qué otros delitos se refiere?

GG - Me refiero a trata de personas, lavado de activos con delitos precedentes distintos del narcotráfico, como por ejemplo corrupción pública, estafas, abuso comercial o no comercial sexual de menores incapaces. Esa rama, que también es competencia nuestra, que no tiene nada que ver en cuanto a su modalidad concreta con el narcotráfico, ha ido aumentando lentamente pero en forma sostenida.

EC - ¿Qué expectativas que tenía al asumir el cargo se fueron cumpliendo y cuáles no?

GG - Las expectativas pasaban básicamente por trabajar mejor, trabajar de la mejor manera posible, de una manera ágil, con la mejor eficiencia posible, respetando las garantías del proceso, pero un accionar efectivo, que los procesos no se dilataran y duraran eternamente. En algunos casos se han logrado resultados bastante rápidos, ya sea para archivar como para procesar. Cuando digo resultado me refiero a la definición de un caso, que no siempre se va a reflejar en un procesamiento, bien puede ser el archivo de un expediente al comprobarse que no existió delito. Pero no siempre ha podido ser así; por el tipo de modalidad delictiva que manejamos, muchas veces tratamos con delitos trasnacionales, es decir, se realizan parte en nuestro país y parte en el exterior y se necesitan pruebas que se obtienen por cooperación internacional. Todo eso lleva un tiempo.

EC - Dábamos algunos números al empezar. ¿En total fueron 300 expedientes?

GG - Aproximadamente, 163 en el juzgado a mi cargo y 168 en la sede de segundo turno.

EC - ¿Cómo se desglosan esos 300 expedientes?

GG - Llevamos una estadística muy artesanal, que se hace por conteo de fichas; lo hacemos en el juzgado por una inquietud de los jueces para tener una idea del volumen de trabajo y qué estamos manejando, si no, uno a veces no ve la globalidad. En los que hay procesamiento, que es en los que deslindamos por delito, porque en los demás todavía no hay una tipificación, por más que uno puede ver adónde apuntan, pero solo en los que hay un procesamiento, donde hay una imputación provisional pero con una calificación jurídica, uno puede decir "este es delito". En mi juzgado tenemos 35 casos de delitos de narcotráfico en que habido procesamiento; 25 delitos contra la administración pública y luego tenemos otros delitos.

En materia de segundo turno tenemos básicamente narcotráfico, delitos contra la administración pública y hay investigaciones sobre otro tipo de delitos. En el global tenemos también delitos de contribución a la explotación sexual de menores, de estafa, de falsificación documental. Las modalidades delictivas son muchísimas; el grueso pasa por narcotráfico, luego delitos contra la administración pública y finalmente delitos vinculados con explotación sexual, comercial o no comercial contra menores, trata de personas, etcétera.

EC - Y mirado desde otro ángulo, ¿cuántos de esos expedientes han sido archivados?

GG - Son 300 en total, 45  en mi sede y 50 en la sede de segundo turno; en total son 95 expedientes.

EC - ¿Y los otros?

GG - Los otros o pasaron a sumario porque hay procesamiento, se siguen tramitando en la etapa de sumario, o siguen todavía en presumario, en la etapa de investigación previa, sin una imputación.

EC - Cuando el próximo 1° de febrero se levante la feria judicial, estos dos juzgados van a retomar la actividad con 155 expedientes en situación de presumario que quedaron abiertos del año pasado: 83 a cargo del doctor Díaz y 72 a su cargo. ¿No es mucho que usted tenga 72 expedientes abiertos?

GG - Si uno compara con el volumen de trabajo normal en una sede penal, no...

EC - ...Ese es el punto.

GG – Además, tiene que ver con la propia estructura del proceso. Los jueces en nuestro país, en penal y en todas las materias, estamos habituados a trabajar con un volumen alto de expedientes a la vez. Lo ideal, quizá, sería, como sucede en otros sistemas, que el juez se dedicara a un solo caso y hasta que no se terminara no pasara a otro. Pero es absolutamente inviable, porque se exige una infraestructura que no tenemos y un proceso que tampoco tenemos.

EC - La consecuencia de eso es la lentitud de la Justicia.

GG - En algunos casos sí y en otros no, muchas veces no es lenta. Yo he tenido casos en los que la gente se ha quejado porque las resoluciones han salido rápido, o sea, hay para todos los gustos.

Lo normal es que las cosas tiendan a dilatarse porque la investigación se va haciendo fraccionada, se necesitan tres testigos hoy, obtiene esa prueba y a partir de allí pasa a buscar otra que surge de esas declaraciones, y así va sucediendo a lo largo del tiempo.

EC - En definitiva, que usted tenga 72 casos en presumario ahora, ¿qué implica en febrero cuando retome?

GG - Implica que hay casos para seguir investigando. Muchos de ellos están avanzados. Estamos esperando que vengan algunas pruebas que no se pudieron obtener antes del 25 de diciembre. Partimos de allí y agregaremos lo que vaya surgiendo.

EC - Usted dice que implica una mejora desde el punto de vista del trabajo con respecto a un juzgado penal común y corriente.

GG - Sin duda.

EC - El juez Jorge Díaz, cuando lo entrevistamos hace un año, decía que uno de los objetivos, una de las ventajas de estos juzgados es que permiten ir más a fondo en las investigaciones. Decía: "En las operaciones vinculadas al narcotráfico se acumula un volumen de información impresionante y la mayor parte de las veces uno queda con gusto a poco. Tenemos la certeza de que hay un volumen de información que no es debidamente investigada. La idea de la creación de los juzgados no es sacarles trabajo a los juzgados que ya estaban funcionando, sino hacer un trabajo que hasta ahora no se estaba haciendo por falta de tiempo, por falta de recursos, por distintas razones". ¿Están pudiendo hacer eso?

GG - Se está haciendo, quizá no con la velocidad que uno pretendería, pero se está haciendo y estamos organizados para hacerlo. Lo que sucede es que esa información que no se puede procesar en una primera instancia tiene que ver muchas veces con los delitos de lavado de activos con investigaciones básicamente financieras, que llevan necesariamente mucho tiempo; usted no las va a poder tener resueltas de un día para otro. Esas investigaciones necesariamente llevan tiempo y no por eficiencia de quien las lleva a su cargo, sino porque se necesita recolectar muchísima información de distintos organismos que no está fácilmente disponible, muchas veces, incluso, del exterior. Entonces, no solo depende de la infraestructura que el juzgado tenga, sino también de muchas variables que hay que considerar. Se está haciendo todo eso de una manera que antes no se hacía. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, sin duda.

EC - ¿Cuántas horas por día le dedica a su tarea?

GG - El grueso de mi jornada, las horas que uno pasa en el juzgado, que generalmente comprenden todo el horario de atención al público, seis o siete horas, más todo el trabajo que se lleva para su casa. Los jueces hacemos gran parte de nuestro trabajo fuera del horario de oficina: estudiar expedientes, preparar audiencias y estudiar los casos para dictar sentencia y redactar la sentencia es todo trabajo extra que está incorporado a nuestra jornada de trabajo. Sin duda es mucho más de ocho horas.

EC - Es mucho más de ocho horas.

GG - Sí, pero en todos los casos, no es una especialidad de nuestro juzgado. Es lo normal en general...

EC - ...Ya están acostumbrados, cuando eligen esta carrera ya saben que eso es lo que afrontan.

GG - Sin duda.

EC - ¿En todo el mundo es así?, ¿en todo el mundo los jueces están tan apabullados de trabajo?

GG - Depende mucho de los sistemas. Yo he hablado con colegas de otros países y me comentaban que podían hacer todo su trabajo dentro del horario que tenían asignado en el juzgado. Por supuesto, siempre lo que tiene que ver con estudio de casos, de doctrina o precedencia es casi inviable manejarlo porque lleva mucho tiempo y uno necesita una calma que generalmente no tiene en el horario de oficina. Pero en algunos casos me comentaban de sistemas en los que sí se logra hacer en horario de oficina. Depende de cómo esté organizado, del número de jueces y también del sistema procesal.

EC - ¿Con qué facilidades cuentan en estos juzgados especializados en materia de infraestructura y personal?

GG - Tenemos dos juzgados equipados con el número de funcionarios previsto por la SCJ para una oficina modelo, una oficina tipo, lo normal, pero en la que están cubiertos todos los cargos, cosa que a veces no sucede en otras oficinas por distintas circunstancias.

Como única especialidad tenemos una perito contadora del Instituto Técnico Forense que trabaja dedicada exclusivamente a estos juzgados, con lo cual tenemos una buena y rápida respuesta en materia de pericias contables. Y hemos tenido una muy buena respuesta de las autoridades encargadas de la investigación, es decir, todo lo que tiene que ver con Policía, Prefectura, etcétera: todas las dependencias con las que trabajamos.

EC - Cuando hablábamos con el doctor Jorge Díaz hace un año yo le preguntaba si en estos juzgados, teniendo en cuenta las dificultades que implican los asuntos que tienen que abordar, se habían asegurado mejores condiciones para el desarrollo del trabajo que las que habitualmente tiene un juez en lo penal. Y la respuesta era: "Hasta ahora lo que hay es la voluntad de hacerlo". ¿Cuánto se ha podido avanzar? ¿Cuánto falta? ¿Qué es lo que ustedes entienden que todavía es necesario tener?

GG - En mi opinión personal, en estos juzgados, mientras se mantenga esta estructura procesal penal –hay un proyecto de proceso penal que está en el Parlamento– en la que es el juez quien investiga, deberíamos tener una suerte de asistentes técnicos abogados, por ejemplo, que nos ayudaran en lo que tiene que ver con el procesamiento de la información que se recolecta, porque el juez sigue trabajando solo...

EC - ...Concretamente, ¿con cuánto personal de apoyo cuenta usted?

GG - Son 14 funcionarios, pero administrativos...

EC - ...¿Son 14 en su juzgado?

GG - No, para los dos juzgados. Pero ningún funcionario interviene en la parte técnica. Yo tengo tres receptores penales que reciben declaraciones, pero quien tiene que preparar el interrogatorio, interrogar, estar presente en la audiencia es el juez. Por lo tanto, quizá sería necesario tener algún asistente que colaborara con nosotros, por supuesto sin tareas de resolución, porque esa es la tarea propia y específica del juez, pero sí que ayudara en todo lo que tiene que ver con procesamiento y análisis de información.

EC - Ese es un mínimo de personal extra que usted entiende que hace falta.

GG - Es un personal necesario, quizá para todos los juzgados, pero en estos se vuelve imprescindible.

EC - ¿Qué pasa con el equipamiento material?

GG - Por ahora seguimos en el régimen de provisoriedad que se estableció el año pasado: estamos en una sede provisoria que tiene defectos, pero ha tenido también algunas virtudes. Para lo rápido que se armó ha funcionado razonablemente bien.

EC - ¿Cuál es la sede provisoria?

GG - Estamos en la calle Buenos Aires 580, donde funcionaban antes juzgados de trabajo.

EC - Todavía no se han mudado a la casona que se alquiló en el Prado.

GG - No, tengo entendido que se están haciendo obras de adaptación; probablemente ingresemos allí este año 2010. Todavía estamos en las antiguas sedes de los juzgados laborales de primero y cuarto turno.

EC - ¿Ustedes dicen que allí se están desempeñando razonablemente bien?

GG - Es una superficie grande, tenemos salas donde se pueden tomar las audiencias sin mayores dificultades, el lugar ha resultado adecuado, en materia de distribución de espacios tenemos un sistema razonable. Se ha podido trabajar. Hay grandes deficiencias: por ejemplo, en materia de reserva, las salas, que son muy cómodas, no pueden ser aisladas en cuanto a sonido, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado si uno está tomando una audiencia en un lugar, porque se puede escuchar de otro y eso puede llegar a ser nefasto para un proceso, porque se está tomando información reservada.

EC - ¿Qué pasa con el equipamiento informático?

GG - Tenemos el equipamiento informático propio del Poder Judicial, trabajamos con un sistema Linux. Ahí sí debería haber mejoras o algún tipo de programa especial.

Hasta ahora nos hemos manejado con el apoyo de las dependencias policiales con las que trabajamos. Por ejemplo, si tenemos un caso en el que tenemos que tomar audiencias y poner de manifiesto en la audiencia escuchas telefónicas, no podemos hacerlo con los programas que tenemos en el juzgado. Por lo tanto, la dependencia policial con la que se trabajó, generalmente la Dirección de Drogas, Prefectura o la Dirección de Inteligencia, aporta sus equipos transitoriamente.

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EC - La doctora Graciela Gatti tiene 45 años, es jueza desde 1992, comenzó como jueza de paz de Montevideo, luego ejerció en Carmelo, Paso de los Toros y Maldonado. En 2003 regresó a la capital para asumir en el Juzgado Laboral de 14° turno, luego fue nombrada titular del Juzgado Penal de 7° Turno y el 24 de diciembre de 2008 asumió, junto con Jorge Díaz, como jueza especializada en crimen organizado y lavado de activos.

¿Qué la llevó a presentarse para concursar por este puesto?

GG - Es una materia muy atractiva para trabajar. Las modalidades delictivas con las que trabajamos hacen que sea muy interesante desde el punto de vista técnico, por lo tanto, ese fue el interés, partió por allí.

EC - El juzgado que usted dirige tiene en investigación, entre otros casos, el de narcotráfico denominado Guerrero de los Balcanes, las irregularidades en la relación entre el Hospital Maciel y la empresa de limpieza Clanider, la exportación de libros a Venezuela a un precio sospechosamente alto, la denuncia por irregularidades en la compra de equipos para el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el caso del "espía" que logró que lo contrataran en el Directorio de Antel tras imitar la voz de Jorge Vázquez, el prosecretario de la Presidencia.

¿Cómo ha cambiado su vida en este año, teniendo que manejar este tipo de asuntos?

GG - En lo estrictamente laboral no supone mayores cambios, porque este es un juzgado con una modalidad delictiva distinta, pero en cuanto a cantidad de horas de trabajo, dedicación, etcétera, eso no cambia. Lo ha cambiado es la exposición pública, que es un fenómeno al que todavía no he terminado de acostumbrarme, y se lo digo mientras estoy hablando con usted; es lo distinto. A veces ver la cara de una tanto en la prensa o su nombre tan mencionado es como extraño, un fenómeno al que todavía no termino de acostumbrarme.

EC - ¿De qué manera incide sobre su trabajo?

GG - No incide de ningún modo, pero usted me preguntaba qué cambió. En el trabajo nada, pero es una extra que no existe en otros juzgados.

EC - Sobre todo en los casos de narcotráfico y lavado de activos, usted, con sus decisiones, se enfrenta a personas y organizaciones muy poderosas, sin escrúpulos, a las que pone presas, les incauta grandes sumas de dinero, les liquida negocios multimillonarios. Entonces, ¿usted y el doctor Díaz cuentan con seguridad especial?

GG - Sí, hay un sistema instaurado de protección que monitorea y controla todo esto. Por suerte, hasta ahora no ha sido necesario adoptar ninguna medida concreta. Pero hay una atención especial de las autoridades con relación a este tema.

EC - Si entiendo bien, hay un sistema de protección previsto pero que no necesariamente se aplica.

GG - No, no es que no necesariamente se aplique; usted ve que nosotros no estamos con una custodia personal o guardaespaldas, pero hay un sistema de protección y un contralor muy grande sobre el juzgado como actitud preventiva.

EC - ¿No ha tenido amenazas hasta ahora?

GG - Afortunadamente, no.

EC - ¿Cómo maneja el tema de estos riesgos, por ejemplo con su familia? Usted es casada, tiene hijos...

GG - Soy casada y tengo una hija...

EC - ...¿Entonces?

GG - Trato de mantenerlos lo más separados posible del juzgado, de jamás vincular a mi familia con el juzgado. El gran riesgo tiene que ver con la exposición en los medios, el hecho de que mi cara aparezca tanto en la prensa a veces hace que si estoy con mi familia, ella pueda ser reconocida. Ese es el problema. Trato de involucrarlos lo menos posible en actividades en las que pueda existir algún tipo de riesgo.

EC - ¿Sus familiares no están preocupados?

GG - Hay una cierta preocupación razonable. Todavía se puede trabajar con cierta tranquilidad; esperemos que se mantenga así a futuro.

EC - El año pasado se aprobó un convenio entre la Junta Nacional de la Droga y el Banco Hipotecario del Uruguay que prevé la posibilidad de suministrar una vivienda más segura, disponiendo para ello de créditos especiales para quienes están involucrados en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Estamos hablando de distintos funcionarios, desde los policiales hasta los judiciales. ¿Usted se acogió a este beneficio? ¿Cómo ve esta posibilidad?

GG - Este beneficio supone simplemente la posibilidad de acceder a un crédito. El funcionario que hace uso de ese beneficio tiene que pagar todo el crédito, por tanto su vivienda, al 100%. Pero al margen de eso, no lo he utilizado porque entiendo que en mi caso no es necesario, tengo una vivienda que cumple con los requisitos de seguridad razonables que se exigirían si comprara otra, por lo tanto, no tiene ningún sentido que ingrese en ese sistema.

EC - ¿Qué evaluación hace de la legislación en las materias en las que le toca intervenir?

GG - Una gran aspiración pendiente, que es urgente e imperiosa, es la modificación del sistema procesal penal. En derecho de fondo ha habido una actualización muy reciente, la Ley 18.494...

EC - ...La Ley 18.494 es la que se aprobó a mediados del año pasado, de control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

GG - Exacto, y creó, además, medios probatorios, proactivos, mediante los cuales se puede investigar de una manera mucho más eficiente el tipo de delitos típico de la criminalidad organizada...

EC - ...Es la ley que regula la vigilancia electrónica.

GG - Exacto, prevé la figura del colaborador, del agente encubierto, regula de una manera mucho más precisa y funcional la entrega vigilada, y prevé el sistema de protección de testigos y víctimas...

EC - ...Esa ley, entonces, ha sido una herramienta importante.

GG - Sin duda, es una herramienta importante desde ese punto de vista, sobre todo en algunos casos, porque al reglamentar mejor estos medios probatorios ha otorgado más garantías y más certezas a los indagados y ha asignado un rol más concreto y una participación más activa a la defensa. No todo va en contra de los defensores, como a veces parece señalarse. En realidad, la vigilancia electrónica, por ejemplo, ya estaba regulada por el sistema de intervención telefónica que surgía del Código del Proceso Penal. La ley le ha dado una regulación más precisa y ha establecido qué se hace con el material colectado, qué se utiliza en el proceso, qué no se utiliza. Se ha regulado mucho mejor.

La gran falla todavía tiene que ver –pero no solo en lo que atañe a los juzgados especializados, sino a la justicia penal en general– con el proceso penal, la estructura procesal en la que el juez sigue investigando, juzgando y controlando luego la sentencia, con lo cual está involucrado en todas las etapas del proceso...

EC - ...Es un tema viejo, se ha discutido mucho, pero quizá no todos los oyentes tienen claro dónde están las debilidades, dónde están los inconvenientes del sistema actual. ¿Puede desarrollar un poco más su análisis?

GG - El tema parte de la estructura del proceso en la cual el mismo juez que luego va a juzgar a la persona es el que inicia y dirige la investigación. Lo lógico y razonable sería que quien resulta ser la parte actora del proceso, el titular de la acción penal, es decir, el fiscal, el ministerio público, fuera quien, actuando con la Policía, dirigiera la investigación y en caso de entender que alguna persona debería ser sometida a proceso la pusiera a consideración del juzgado para que el juez decidiera iniciar o no proceso y qué medidas se adoptar. En este caso es el propio juez quien, incluso de oficio, decide en qué caso se investiga. Eso es lo que tenemos que hacer ahora porque es nuestra obligación por ley, más allá de lo que uno considere como sistema ideal. La ley así lo marca hoy, nosotros somos quienes iniciamos las investigaciones, disponemos qué medios probatorios se van a utilizar y colectamos las pruebas. En estos dos juzgados ha habido la particularidad de que también hay dos fiscales especializados que han tenido una participación muy activa en todos los casos. Por lo tanto, el juez no actúa tan solo, sino que el fiscal está inserto desde un primer momento, con una participación activa asumiendo su rol de parte. Pero no siempre es así dentro del sistema procesal actualmente.

EC - La reforma pendiente hace años que está en la agenda. Se ha formado una comisión que ha trabajado, se ha elaborado un borrador del proyecto de ley. ¿Qué falta? ¿Por qué no se termina de resolver?

GG - No lo sé, creo que quienes tienen las potestades para decidir no han querido hacerlo. O no ha habido consenso en cuanto a cuál sería el sistema ideal. Yo tengo una visión de cuál sería el sistema ideal, pero quizá no sea compartida por el Parlamento, que es el que debería aprobar la ley y asignar los recursos, porque también eso tiene que ver, un nuevo Código Procesal Penal supondría necesariamente para su estructuración una inversión. Entonces hay que aprobar recursos si se quiere que funcione.

EC - ¿Otros pendientes en materia legislativa, pensando en el ámbito en el que usted se desempeña, en este ámbito judicial específico?

GG - Con la normativa que tenemos actualmente más o menos nos manejamos sin mayores inconvenientes. Estamos bastante aggiornados en materia legislativa, sacando la parte procesal. En materia de derecho de fondo no hemos tenido mayores inconvenientes. Las normas que se han aprobado en los últimos tiempos en general han recogido lo que se ha elaborado a nivel internacional, sobre todo a nivel de convenciones de Naciones Unidas, y cubrimos bastante ampliamente el espectro de delitos vinculados al crimen organizado. Puede haber alguna pequeña discusión en cuanto a si tal delito o tal otro debieron estar regulados en algún detalle de una manera o de otra, pero la modificación no hace al grueso del trabajo.

EC - ¿Y cómo está operando la coordinación con otros países, en particular con la Justicia de otros países, por ejemplo con Argentina, que es otro país involucrado en el caso de Guerrero de los Balcanes? Pero en general, ¿cómo anda esta parte?

GG - La noto cada vez mejor. El hecho de que seamos solamente dos jueces en este país que estamos trabajando en materia de cooperación internacional en lo que tiene que ver con procesos propios de la competencia nuestra, hace que se vaya generando hasta un cierto conocimiento con los magistrados de otros países.

Ha habido casos en que la coordinación ha sido excelente. En el caso de Guerrero de los Balcanes, por ejemplo, ha sido sumamente eficiente. Yo estaba trabajando aquí con una persona que estaba detenida, teníamos la incautación de la droga y estaba en contacto directo con el juez argentino que llevaba la investigación sobre otra parte de la operación. A los dos días yo tuve en mi despacho copia de todo su caso, de todo su expediente; y a los dos o tres días estaba también la copia de mis actuaciones en el despacho de él en Argentina. Desde ese punto de vista se está trabajando bien. Hemos tenido una muy buena coordinación también con las autoridades de Serbia, no hemos tenido inconveniente.

EC - ¿Falta algo en esta materia?

GG – No; seguir trabajando, tratar de tener siempre presente que en materia de cooperación internacional no solamente está en juego lo que uno pueda decir en este país, no solo el caso concreto en sí, sino que también es una obligación del Estado cooperar para que la Justicia, ya sea a aplicarse en nuestro país o en el exterior, no se vea trunca por la existencia de una frontera. Hay que tener presente eso: la cooperación es de principios, debería ser la regla, siempre y cuanto lo que se pida se adecue a lo que está previsto en nuestras normas.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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