(emitido a las 8.58 hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
A partir de hoy miles de personas pueden cambiarse de mutualista.

Se trata de aquellos que tienen siete años o más de afiliados a una institución de asistencia médica y que están dispuestos a permanecer un mínimo de tres en la nueva mutualista.

El año pasado, en ocasión de una limitada apertura de este corralito mutual –era para quienes tenían 10% de estabilidad– se cambiaron unos 20.000, cerca del 10% de los habilitados.

Para ver cómo hay que hacer en este caso para cambiarse de mutualista y conocer más de cerca en qué consiste esta apertura del corralito, les proponemos conversar en los próximos minutos con el economista Daniel Olesker, director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública y futuro ministro a partir del 1º de marzo.


***


JAE – Tenemos el decreto que se dio a conocer el 18 de enero, que habilita a usuarios a cambiarse si cumplen ciertos requisitos. Del 1º al 27 es la apertura de este corralito. ¿Cuántos son los que tienen esta posibilidad de cambiarse de mutualista?

DANIEL OLESKER:
Son más o menos 210.000 activos y unos 35.000 pasivos, estaríamos hablando entre 240 y 250.000 personas que cumplen esta condición de tener siete años o más de antigüedad, pueden tener interrupciones en el medio siempre y cuando las interrupciones no sean mayores a 120 días. Y por las dudas, porque el año pasado generó alguna discusión, es de afiliación por la seguridad social, era en Disse o Fonasa; porque hay personas que pueden estar afiliados individualmente en la institución, luego consiguen trabajo y entran por la seguridad social: sólo se cuentan los años desde que están en la seguridad social, no de antigüedad en la institución.

JAE – O sea que a alguien que estuvo tres años en una mutualista pagando mes a mes y cuatro años como trabajador, y por ende pagando por Disse o por Fonasa, no se le contabilizan los siete años.

DO – No, porque además la seguridad social no tiene esa información, lo que tiene es cuándo comenzó su afiliación en el sistema de la seguridad social, que es el que da derecho a la mutualista. O sea que son siete años o más, con interrupciones menores a 120 días, en el sistema de seguridad social.

JAE – Pero las mutualistas tienen esa información, podría eventualmente pedírsele a ellas que la proporcionen.

DO – Lo que pasa es que el sistema es de movilidad de los afiliados Fonasa. A este sistema yo no le llamaría ya de apertura del corralito –porque al haberse abierto el año pasado el corralito dejó de existir como elemento de inamovilidad– sino de regulación de la movilidad.

Entonces la idea es que esto sea siempre en los meses de febrero, que todos los años haya un mes en el cual se abra la movilidad y la idea es que efectivamente el período de permanencia en una institución sea de 3 años; lo hicimos de 10 el año pasado, de siete este año y aspiramos a llegar a tres el año que viene.

JAE – ¿O sea que es esperable en los próximos años que se vayan flexibilizando las condiciones para cambiarse de mutualista?

DO – Que se vayan flexibilizando los plazos.

JAE – Los plazos, y por ende va a haber más personas con posibilidad de cambiarse.

DO – Claro, va a haber más personas pasibles de moverse.

Quiero aclarar también que en julio del año pasado nosotros sacamos un decreto de movilidad por excepción. Durante el año hay posibilidades de moverse entre mutualistas: una posibilidad es por el cambio de domicilio, mecanismo que es automático; cuando la gente cambia de domicilio y en el lugar donde va no está la mutualista en la que estaba puede cambiarse, y puede ser interdepartamento o intradepartamento –si se va de Tacuarembó a Paso de los Toros o de Salto a Belén o de Juan Lacaze a Carmelo–, basta mostrar la constancia. La otra es por disconformidad con la institución; la diferencia es que en este caso, en el mes de febrero, hay un plazo para moverse –siete años en este año– y no hay que dar causa, basta tener la condición para movilizarse.

Lo otro importante para el usuario que está entre los 240.000 y decide cambiar es que el trámite hay que hacerlo directamente en la mutualista en la que se quiere cambiar, no hay que pasar por las oficinas de la seguridad social.

No hay que hacer ningún trámite en la seguridad social sino que directamente se va a la mutual B –la mutual A es de la que quiere irse– y allí la mutualista va a tener todas las condiciones para afiliarlo.

JAE – Ya que usted mencionaba el decreto del año pasado y tomando en cuenta que es posible que fuera de febrero haya alguien disconforme que quiera cambiarse de mutualista, y puede hacerlo, ¿cómo se evalúa la disconformidad del paciente?

DO – Eso ingresa a la Junta Nacional de Salud, que es quien hace esto, y hay un equipo sanitario, con un médico responsable, que en un plazo bastante corto –porque si no pierde sentido la solicitud– hace una especie de auditoría de las causas de la disconformidad, consulta a la institución de la que se quiere ir, en un plazo razonable evalúa si eso efectivamente es una causa real de disconformidad y, si es así, hace el cambio.

JAE – ¿Y de esa fecha hasta ahora cuántos cambiaron con esta causa?

DO – Yo no tengo ahora los números generales de las dos causas sumadas –cambio de domicilio y disconformidas–, pero se cambian aproximadamente unos 200, 300 por mes. Hubo mucho acumulado cuando salió el decreto porque de alguna manera el decreto movilizó el cambio por excepción. En este momento no tengo esa información pero obviamente las podemos conseguir, son dos trámites que van por separado.

JAE – ¿Están incorporados aquí quienes fueron enviados de oficio a Salud Pública?

DO – Eso es lo segundo que yo quería decir. Además del cambio intermutual, que tiene esa condición de los siete años y más, hay un segundo grupo de personas que pueden cambiarse que son todas aquellas que fueron asignadas de oficio a los servicios de salud del Estado (ASSE). Si quieren retornar al sistema mutual, también pueden hacerlo en febrero y ahí no importa la antigüedad, es general para todos los afiliados de oficio de ASSE que quisieran hacerlo.

Por eso también aclaro que cuando usted dijo que el año pasado se movieron 20.000 en realidad fueron 10.000 de los que tenían 10 años y 10.000 afiliados de oficio de ASSE que hicieron la opción de retornar al mutualismo.

JAE – ¿Por qué se elige febrero para esta apertura del corralito teniendo en cuenta por ejemplo que muchos están de vacaciones, que es el más corto del año y que está carnaval en el medio?

DO – La elección de febrero responde a que es un mes de baja actividad asistencial para evitar que esto colide con una institución que está absorbida o desbordada, en algunos casos, por la atención asistencial que en general en otoño empieza a ser importante y en invierno comienza la zafra. ¿Por qué febrero y no noviembre o diciembre? En su momento la primera vez se eligió febrero y se entendió que podía ser un mes adecuado. El argumento es la baja de la actividad asistencial y la posibilidad de que las instituciones tengan recursos disponibles en el área de administración para este trabajo.

JAE – ¿Y qué pasa con los docentes, por qué tienen esta excepción de marzo?

DO – Porque lo que nos alertó el BPS en algún momento es que hay muchos – sobre todo en los colegios privados o los docentes públicos que ejercen suplencias– que tienen la actividad sólo por los meses de actividad de clase y enero y febrero no se los da en plantilla. Entonces puede haber personas que, como las interrupciones son menores a 120 días, estén en condiciones pero justo en febrero no estén.

Lo hemos detectado como hecho masivo sólo en el personal docente –puede pasar como zafra en alguna otra actividad– y por eso hemos hecho esto de dejarles el cambio en reserva y que cuando reingresen en marzo puedan ejercerlo aunque estén fuera del mes del cambio.

JAE – Este régimen entonces termina el 27 de febrero. El próximo gobierno, en el cual usted dirigirá la Salud Pública, tiene previsto en febrero del año que viene abrir otra vez esta posibilidad...

DO – Tenemos previsto abrirla otra vez. Estas cosas siempre hay que discutirlas más cerca de la fecha pero, si todo resulta como esperamos, ya consolidaremos el sistema de los tres años como plazo de antigüedad.

JAE – ¿Eso quedaría para siempre?

DO – Ya quedaría como un sistema de movilidad una vez al año, en el mes de febrero y con una antigüedad de tres años. En general casi todos los sistemas de salud del mundo tienen plazos para la movilidad. De hecho en Uruguay el viejo Disse, antes del decreto que dio la inamovilidad, tenía dos años para el cambio, ya tenía un plazo, esto no es nuevo para el sistema de la seguridad social uruguaya. Otros tienen uno, otros tienen tres, hay distintas opciones. Nosotros optamos por tres porque nos parecía que le daba a las instituciones una estabilidad, les permitía proyectar, invertir, captar profesionales que sean atractivos para los usuarios y darles una estabilidad a ese proceso.

JAE – María pregunta si hay límite de edad, ¿las personas mayores de 60 pueden hacerlo?

DO – No, en el Fonasa no hay límite de edad, las instituciones están obligadas a aceptar a cualquier persona que sea miembro del Fonasa; por lo tanto, están obligados a aceptar cualquier cambio siempre que cumpla los siete años de antigüedad.

JAE – Luis, de Minas, pregunta: "¿Una jubilada de 80 años que está en Salud Pública puede afiliarse a una mutualista?".

DO – Los jubilados hoy tienen su derecho a la afiliación mutual a través de la Seguridad Social siempre y cuando la jubilación sea menor a 2.6 BPC, que ahora anda en el orden de los 5.000 y algo de pesos. También hemos dicho que a lo largo de este próximo gobierno vamos a ir aumentando ese tope para aquellos que están con jubilaciones menores a 2.6 BPC, o sea en el entorno de los 5.000 y algo de pesos.

JAE – ¿Pero en ese caso no hay ningún límite de edad?

DO – No, a los jubilados que están en ese entorno y por lo tanto son Fonasa les caben las generales de la ley y deben ser aceptados por cualquier institución.

JAE – ¿Cuánto le cuesta a un usuario cambiarse de mutualista? Se lo pregunto porque ha habido algunas advertencias a usuarios que se quieren cambiar de mutualista y que llegado el caso se les cobra por ejemplo estudios y exámenes.

DO – Los costos de los estudios, de tickets, de órdenes de cada mutual están publicados en la página web del Ministerio; cuando alguien se va a cambiar sabe que está en una institución en la que el ticket de medicamentos le cuesta 40 pesos y va a otra que le cuesta 20 o 60. Todavía hay cierto grado de heterogeneidad en los costos. Es bueno que cuando las personas vayan a hacer el cambio, así como preguntan sobre las policlínicas de primer nivel que tienen las mutuales cerca de su casa o preguntan por los profesionales que están, se interioricen también sobre el costo de los tickets, órdenes y ciertos copagos en la institución a la cual quieren hacer la opción.

JAE – Pero en este caso la advertencia viene por el lado de estudios o exámenes adicionales que se le piden al futuro socio para ingresar, como un requisito previo.

DO – Pero eso es solamente para socios individuales, para socios Fonasa la aceptación es inmediata.

JAE – ¿Y eso incluye también a aquellos que fueron enviados de oficio a Salud Pública?

DO – Sí, porque son Fonasa, por lo tanto tienen todos los derechos del afiliado Fonasa y uno de los derechos que da la ley es que ninguna institución puede rechazar ni limitar por edad o por patología, como era muy común en el sistema de salud uruguayo.

JAE – Tengo otra pregunta de Sergio que dice: "Soy una empresa unipersonal, estaba en la privada pero a mitad del año pasado no firmé un papel en la sociedad privada y el BPS me pasó a la pública. ¿Ahora puedo pasar a la privada?".

DO – Sí, claro, está asignado de oficio a ASSE y está en el grupo de las personas que pueden retornar a la mutual.

JAE – ¿Cómo se cuentan los siete años de antigüedad para salir del corralito?

DO – Como decíamos, tiene que tener inscripción en la mutual por Disse, porque en aquel momento no existía Fonasa, antes del 31 de enero de 2003, y si tuvo interrupciones en los siete años que van entre el 31 de enero del 2003 y 31 de enero del 2010 que estas no sean mayores a 120 días.

JAE – María, del Cordón, pregunta: "¿Cómo averiguar la antigüedad en la mutualista para ver si uno está en condiciones de cambiarse?".

DO – El que tiene esa información es el BPS. Yo imagino que las mutuales tienen esa información pero la información la tiene que solicitar básicamente el interesado, probablemente la mutual no está obligada a dar esa información pero sí el BPS.

JAE – María, del Cordón, pregunta sobre un centro asistencial que le cobra tres meses de cuota adelantada para cambiarse porque el Fonasa está demorando ese plazo para adjudicarle o acreditarle el dinero que le corresponde por su aporte.

DO – Supongo que no se refiere a una mutual sino a un seguro privado, si es mutual no puede ser y no tengo datos de que haya casos de esos. En el seguro privado sucede lo siguiente: uno se afilia, luego el que elige por Fonasa un seguro privado paga un plus por la atención en ese seguro y luego el seguro le descuenta lo que el BPS le mandó como su cápita. Efectivamente el BPS, hasta que hace el trámite de incorporación al seguro, los primeros dos meses no se los acredita, pero sólo en el caso de los seguros privados, en las mutuales no pasa eso.


***

JAE – ¿Qué posición tiene Salud Pública hoy ante la irrupción de la abundante publicidad que por estos días aparece en los medios?

DO – La ley le da a Salud Pública la regulación de la publicidad, por lo tanto la publicidad pasa por la división del ministerio correspondiente y es autorizada. Siempre que esté autorizada, no tenemos una posición contraria a este punto.

En algún momento, en 2006, 2007, hablamos con instituciones que gastaban dinero en publicidad y luego el día 10 no pagaban los sueldos en fecha. Eso ya no pasa. Hoy el sistema está estable, económicamente está solvente, los salarios se pagan en fecha en todas las instituciones, los pasivos han bajado de manera importante, tres instituciones que estaban muy en rojo fueron dos de ellas intervenidas por el Ministerio y una apoyada en su proceso de solución. Por lo tanto es legítimo que ante procesos de cambio las instituciones muestren sus fortalezas a aquellos usuarios que pueden cambiarse.

Obviamente lo que demuestra la publicidad es que las instituciones han evaluado que la principal causa de cambio está en los tickets, las órdenes, o prestaciones adicionales, y por ello han trabajado en esa línea. En algún momento también se valorará la calidad de asistencia. Otros valoran mucho la tecnología y ponen en su publicidad ciertos estudios de diagnóstico de tecnologías avanzadas que tienen.

Nosotros no tenemos una opinión contraria a eso y nos parece que es razonable que en un proceso de selección esto se haga.

JAE – El Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada anoche emitió un comunicado en el que exhorta a las personas a verificar en aquellas mutualistas que están realizando una oferta amplísima de atenciones generales, órdenes, tickets, especialistas, a que se analicen los tiempos de espera, la cantidad de personal adecuado, el trato médico y no médico, para una correcta cobertura de servicios. Cuando Salud Pública aprueba una publicidad ¿también contempla que efectivamente no esté pasando que por priorizar el costo, como por ejemplo los copagos, la mutualista esté dejando servicios básicos de lado?

DO – Obviamente no lo podemos saber a priori pero tras la experiencia del año pasado, cuando también se ofrecieron algunos tickets y órdenes gratuitos de manera muy masiva, hemos comprobado que a lo largo del año esas ofertas no sólo se han mantenido sino que no han afectado la calidad de la atención en instituciones medidas en varios indicadores como los tiempos de espera o las metas asistenciales.

Me parece muy bien que los usuarios exhorten a sus afiliados del movimiento a verificar elementos de la calidad asistencial que estén asociados a estas ofertas que son muy económicas. Nosotros también lo controlamos pero hasta ahora no hemos encontrado divergencias por lo menos en las ofertas hechas en el año 2009 con la práctica efectiva de estas instituciones durante el año.

JAE – Este comunicado señala al final: "Aprovechamos también para informar a la población que cualquier usuario puede afiliarse a ASSE –Salud Pública– pagando una cuota mensual, no teniendo límite de ingresos económicos y con gratuidad en la totalidad de los servicios".

DO – Sí, ese es un decreto que salió el año pasado. Cuando ASSE se transformó en un servicio descentralizado lo primero que hicimos fue dar la opción a los afiliados Fonasa que lo eligieran –en la dictadura y pasando por los gobiernos anteriores no se podía elegir por Disse los servicios de salud del Estado, nosotros lo incluimos en la reforma– y luego ese decreto se amplió a la posibilidad de que ASSE cobre como servicio –como cobra UTE, ANTEL, cualquier servicio descentralizado del Estado– una cuota mutual pública para sus afiliados. Esa posibilidad existe y hoy de hecho ASSE es una mutualista más, una mutualista de propiedad del Estado que puede afiliar por Fonasa o afiliar individuales que paguen su cuota.

JAE – ¿Cuánto cuesta la cuota mensual?

DO – La cuota mutual que fue aprobada en el decreto, si no recuerdo mal, era 800 pesos más el Fondo Nacional de Recursos, o sea que oscila en los 900 pesos.

JAE – ¿Y cuántos se han inscripto desde ese momento?

DO – No tengo la información, eso habría que consultarlo a la gerencia comercial de ASSE. Esa información no llega al Ministerio porque al Ministerio llega la información consolidada de sus afiliados.

JAE – Hay varios comentarios de oyentes que hacen referencia a la calidad del servicio y hablan de un deterioro de los servicios desde que comenzó a funcionar el Fonasa. Efectivamente, en cuanto a población afiliada a las mutualistas, a partir de datos de Salud Pública se observa que en un año, si comparamos el final de 2008 con el final de 2007, la cantidad de afiliados de las mutualistas en todo el país subió en 314.870; es un número obviamente positivo para quienes prestan el servicio pero quizás negativo para quienes acuden al servicio y observan sistemas y servicios que están saturados. ¿Cuál es la visión que tiene como administrador de esta situación?

DO – Lo que importa es la relación entre los recursos que tienen las instituciones y los usuarios. Es verdad que aumentaron 314.000 usuarios pero quiero recordar también que aumentaron 4.000 puestos de trabajo en las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC) –que supuso un 22% de aumento del empleo en el sector, es uno de los sectores que mayor empleo aporta, hasta cerca del 8% de la población económicamente activa– y hubo una inversión sólo en el año 2008 de 40 millones de dólares, que acumulada en los cuatro años aproximadamente llega a los 75 millones de dólares, que estuvo muy concentrada en policlínicos de primer nivel, en ampliación de salas hospitalarias e incorporación de tecnología.

Y luego eso lo medimos con indicadores como los tiempos de espera o el número de profesionales por cada mil usuarios, un indicador que se usa mucho internacionalmente. Y si bien efectivamente hemos encontrado en el primer semestre de 2008 –cuando el ingreso masivo de los menores– un cierto desborde, a partir de las exigencias en materia de inversión y de recursos humanos –incluso con indicadores de recursos humanos mínimos para cada institución– eso se fue arreglando y hoy no lo vemos como un problema.

JAE – ¿No hay entonces ninguna institución que no esté en condiciones de recibir más afiliados?

DO – No, no hay ninguna y si hubiera en este caso de la movilidad de febrero –aunque no esperamos grandes movilidades sino una similar a la del año 2009–, a través de las auditorías de la Dirección General de Salud exigiremos, como lo hicimos en 2008, una ampliación de capacidad instalada y de recursos humanos acorde con el crecimiento que eventualmente tuvieran.

JAE – Sí, justamente la Federación Uruguay de la Salud (FUS) ha advertido sobre esto, ha denunciado que las mutualistas con tal de recibir nuevos usuarios terminan captando muchas más personas que las que efectivamente pueden recibir. ¿"Qué le responde usted como futuro ministro a la FUS sobre este punto?

DO – No, justamente nosotros tenemos indicadores de evaluación: tiempo de espera, número de recursos humanos cada mil afiliados, la habilitación de las capacidades instaladas, el número de camas por usuario de institución, y todos esos indicadores los vamos monitoreando. Cuando hay un ingreso medio masivo, como fue el de los niños en 2008 y como puede llegar a ser en este quinquenio cuando ingresen los cónyuges, las cónyuges y los jubilados, puede suceder, por lo tanto hay que generar medidas preventivas para eso. Pero hasta ahora nuestra respuesta es que la relación entre ampliación de la capacidad instalada y los nuevos usuarios ha estado alineada.

JAE – ¿Cómo se puede conseguir esa información?

DO – Toda esta información está publicada en informes que ha hecho el Ministerio, siempre agregadas para Montevideo e Interior. Nosotros no publicamos informaciones individuales de instituciones en términos económicos, financieros o de recursos humanos, por conceptos vinculados al secreto estadístico. Pero la información sobre los recursos humanos del sector, las inversiones del sector, están publicadas en la página web.

JAE – Pero desde el punto de vista del usuario, ¿cómo puede identificar el usuario por sí mismo que tal o cual institución para lo que necesita está bien o está mal?

DO – El balance contable de una institución, su activo y su pasivo, no es un elemento a elegir, nosotros hemos dicho que todas las instituciones están en condiciones de solvencia económica y no hay riesgo financiero...

JAE - ...le pregunto más bien por el tiempo de espera, por la cantidad de camas...

DO - ...los tiempos de espera están publicados por institución en la página web del Ministerio. Esos sí están auditados y publicados en la página web así como los costos y los copagos, que también están publicados por institución. Hay cosas que están publicadas por institución porque son importantes a la hora de la elección.

JAE – Uno piensa por ejemplo en el sistema de información que tiene el Banco Central del Uruguay (BCU) –aunque hablemos de otra área–, que informa mes a mes sobre todos los valores de cada institución: activos, pasivos, depósitos, toda la información a la que un ahorrista o un inversor puede acceder para conocer la salud de cada banco. ¿En este caso?

DO – A través de la Junta Nacional de Salud estamos planteando algunas modificaciones a la información publicable, es en lo que trabajaremos en el nuevo Ministerio a partir de marzo.

JAE – ¿O sea que es posible que el nuevo gobierno trabaje en hacer más transparente la situación de cada institución?

DO – Es posible. De hecho, si comparamos la información que hoy está publicada con la que había antes de 2005, ya es bastante más, sobre todo en indicadores asistenciales; es posible que trabajemos también en los indicadores económicos-financieros.


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JAE – ¿Cómo se viene preparando como futuro ministro? ¿Qué es lo que puede cambiar con respecto a la gestión que termina?

DO – Yo creo que cuando en este Ministerio del que yo formo parte hicimos el informe de transición ya marcamos tres o cuatro grandes ejes a futuro. Creo que uno es la universalización del Fonasa, con los ingresos que la propia ley 18.211 establece: los y las cónyuges, los profesionales, los propios jubilados y demás.

Por otro lado, el fortalecimiento de esta Junta Nacional de Salud, un organismo creado en este período con participación de usuarios, trabajadores y empresas, como resguardo sobre todo de los usuarios respecto a sus derechos. La idea es fortalecer a la Junta como un órgano visible desde el punto de vista de la relación con los prestadores y los usuarios.

También lo que hablábamos hoy de los tickets, órdenes, tasas moderadoras en las hay que ir a una tendencia mayor, por un lado, de igualación entre instituciones para que no sea un factor de competencia entre ellas, pero además de rebaja en algunas, sobre todo en los estudios de diagnóstico que todavía tienen tasas moderadoras y por lo tanto barreras de acceso bastante caras.

En líneas generales va a ser la profundización de la reforma, y sobre todo quiero darle mucha importancia al mercado de trabajo y a la organización del trabajo. En este período trabajamos mucho en la mejora de los niveles salariales y de empleo del sector, que venían muy deprimidos por la crisis mutual de los 90, profundizada en 2002. La idea ahora es trabajar –y en ello la convención médica ha sido muy explícita y muy alineada con mi pensamiento– en el cambio de la organización del trabajo, sobre todo tendiendo a concentrar el trabajo médico, a priorizar el único empleo, a trabajar en la capacitación como elemento incorporado al salario de los profesionales. Trabajar mucho en la reorganización del trabajo y tender a priorizar el único empleo, trabajar en contra de este multiempleo –que ha sido tan negativo para el sector, para el usuario y para el propio trabajador– dando estímulos económicos a todas aquellas personas que comiencen a tener más radicación de su trabajo en una o en dos instituciones.

JAE – ¿Estímulos económicos de parte de quién?

DO – En caso de ASSE, de ASSE, y en el caso de la mutual, de la mutual. Estímulos económicos pero que no siempre significan más salario, muchas veces puede significar que parte de las horas de trabajo extendidas –porque estamos hablando de horarios extendidos en las instituciones para ir hacia el único empleo– puedan dedicarse a actividades de ateneos médicos, de capacitación profesional, que de alguna manera la tarea del profesional de la salud –no sólo de los médicos sino de todos los profesionales de la salud– incorpore en el propio laudo salarial actividades que no son de atención directa a los pacientes y que sirvan para mejorar la calidad de la atención desde la formación de los profesionales.

JAE – Una pregunta que se ha reiterado mucho en este tiempo tiene que ver con lo que usted mencionaba sobre universalización del servicio de Fonasa, ¿en qué momento podrán entrar los cónyuges?

DO – Lo que dice la ley es que ingresan entre el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2013, o sea en cuatro períodos anuales. Empiezan los cónyuges que tienen tres hijos, luego los que tienen dos, luego los que tienen uno y finalmente los que no tienen hijos, y entran automáticamente en la fecha que está establecida en la ley.

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