(emitido a las 08.34 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Seis personas fueron procesadas con prisión ayer por tráfico de drogas después de que la Policía les incautara 180 kilos de cocaína. Los paquetes con la sustancia fueron arrojados desde una avioneta en un campo en el departamento de Cerro Largo.

Según confirmó el juez especializado en crimen organizado, Jorge Díaz, se trata de cinco hombres, uno de ellos colombiano, y una mujer. El negocio era manejado desde el Penal de Libertad por un recluso que ya se encontraba procesado por narcotráfico.


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EC – Estamos en comunicación con el doctor Jorge Díaz, magistrado a cargo de esta investigación. Usted ha explicado que la operación policial de seguimiento de este caso se inició hace dos meses, o sea que hay un trabajo largo de por medio, ¿cómo se realizó?

JORGE DÍAZ:
La punta de la investigación fue un recluso que está alojado en el Penal de Libertad procesado, por el Juzgado que está a mi cargo, en octubre del año pasado, por un cargamento de 80 kilos de cocaína que se incautó en la ciudad de Nueva Palmira en el departamento de Colonia. En ese momento se procesó a un grupo importante de personas y estas personas fueron remitidas a la cárcel.

Hace aproximadamente dos meses, recibimos información de parte de la Brigada Nacional Antidrogas de que se estaba utilizando por parte de este recluso un teléfono celular en el Penal de Libertad y que podía estar coordinando el ingreso de un nuevo cargamento al país.

EC – Ese es uno de los puntos que de la información que ha circulado llama la atención o genera preguntas. Tengo acá un mensaje que viene desde la audiencia, de Alicia, que dice: "No puedo creer que un preso encarcelado por narcotráfico pudiera usar un celular en el Penal". ¿Cómo es esto?

JD – Esa pregunta la deberían responder las autoridades del Ministerio del Interior que son quienes tienen a cargo los establecimientos carcelarios, no el Poder Judicial.

De todas maneras, hace tiempo que venimos realizando investigaciones mediante la interceptación de teléfonos celulares que se utilizan en establecimientos de reclusión.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
¿En general?

JD – Sí, en general, por lo menos los dos Juzgados especializados. De hecho, nosotros procesamos a Suárez "Betito" Correa en dos oportunidades, por tráfico ilícito de sustancias, y una persona que siempre estuvo alojada en el Penal de Libertad.

EC – Una vez que se recibe el dato de que un preso está utilizando un teléfono celular se aprovecha esa circunstancia. En vez de quitarle el teléfono se aprovecha el hecho de que esa persona tiene un celular y se pasa a intervenir sus comunicaciones para obtener información útil a la causa, ¿verdad?

JD – Efectivamente. En realidad no es que cada recluso tenga un aparato celular dentro del establecimiento carcelario, muchas veces hay un aparato por sector que utilizan distintos reclusos con distintos chips. Incautar un chip dentro de un establecimiento carcelario no es algo sencillo. Un chip de un aparato celular es un objeto que se puede esconder en cualquier lado, incluso dentro del propio cuerpo. Muchas veces la incautación de los aparatos celulares implica que el recluso 24, 48, 72 horas después tenga un nuevo aparato. Entonces no es un procedimiento eficiente como para evitar que el recluso pueda comunicarse con el exterior.

En realidad el procedimiento eficiente para evitar que los reclusos puedan comunicarse mediante teléfono celular con el exterior sería tener un establecimiento carcelario que estuviera bloqueado electrónicamente.

EC – ¿Es una medida que se puede adoptar, existe tecnología a esos efectos?

JD – Existe tecnología. En varios países del mundo existen establecimientos carcelarios en los cuales están bloqueados electrónicamente (no hay señal) y se evita que se puedan realizar llamadas.

En Uruguay no se ha puesto en práctica esa medida. Supongo que debe haber un problema de costos; lo desconozco. Sé que existe la tecnología y se aplica. No hace mucho tiempo, en Río de Janeiro hubo una revuelta en un establecimiento carcelario porque iban a trasladar a un narcotraficante que estaba preso a uno de esos establecimientos bloqueados electrónicamente.

EC – ¿Tienen forma de intervenir las comunicaciones de teléfonos móviles de los reclusos, ubicar cuál es el número que está usando, ubicar cuál es el chip que está usando, hay tecnología a esos efectos?

JD – Lo que nosotros recibimos en realidad más que tecnología es un procedimiento de Inteligencia que yo no se lo puedo detallar; es mucho más sencillo de lo que usted se imagina.

No es un problema de alta tecnología sino es un problema de Inteligencia. Cuando usted tiene un teléfono celular llama a determinada gente, siempre. Piense usted a quién llama todos los días y que fácil sería saber cuál es el número de teléfono de Cotelo.

EC – Claro, entiendo. Lo cierto es que a partir de que este preso se comunicaba por celular se pudo tirar de esa piola y comenzar la investigación.

JD – Sí. En el procedimiento que se hizo en octubre del año pasado en Nueva Palmira, se incautaron 80 kilos cocaína, quedamos con dos personas requeridas: dos ciudadanos uruguayos que están radicados en Bolivia. Inmediatamente, a través de un monitoreo internacional comenzamos a detectar de que este recluso se estaba comunicando con estas personas en Bolivia.

A partir de ese momento comenzamos a hacer la interceptación del teléfono de este recluso y de las personas que trabajaban para este recluso, es decir, con las personas que estaban libres en Uruguay. Concomitantemente con ello, obtuvimos información de que había un ciudadano colombiano que estaba radicado en la ciudad de Cardona, Florencio Sánchez, en el límite entre Soriano y Colonia, que se estaba comunicando con estas personas.

A partir de ese momento se interceptaron los teléfonos y se comenzó a obtener información de que estaban preparando el ingreso de un cargamento de clorhidrato de cocaína. Por la forma que lo iban a ingresar nos hacía pensar que era de dimensiones importantes.

Con posterioridad se fue afinando más el lápiz –como se dice habitualmente- ya teníamos información de que el cargamento era de aproximadamente 160 kilos, como se iba a distribuir una vez que llegara al territorio nacional y que el ingreso iba a ser por vía aérea.

Llegamos a la determinación también de que el lugar donde iba a bajar ese cargamento era en el departamento de Cerro Largo porque habían ingresado al territorio nacional ciudadanos colombianos por Río Branco, se habían trasladado dentro del departamento de Cerro Largo, al norte del departamento de Cerro Largo y al sur del departamento de Rivera y que habían marcado mediante GPS lugares donde hacer el descenso.

Nosotros no teníamos la información precisa de donde era el lugar, en principio pensábamos que iba a descender la avioneta, no teníamos información precisa. Por eso...

JAE - ...Sí, después terminó en una lluvia porque fueron tirados los paquetes.

JD - ...lo que se conoce como el bombardeo o lluvia: volar a muy baja altura y lanzarlos en un lugar que está determinado por el aparato de GPS, un lugar que además es de tierra, se marca con banderas -con sábanas básicamente-, luego se recogen y la avioneta no desciende.

EC – ¿Los efectivos policiales estuvieron más de un día esperando ese momento?

JD – Los efectivos policiales estuvieron una semana esperando ese momento porque hubo un problema operativo. La avioneta había salido desde Bolivia y tuvo que parar en Paraguay por razones del clima. Después desde Paraguay se continuó el viaje pero pasados cuatro o cinco días. En realidad, los efectivos policiales anduvieron más de una semana en el interior del país.

EC – ¿Jugaron algún papel en la localización de la avioneta los nuevos radares de la Fuerza Aérea?

JD – No, ninguno. Es más, no sé si lo detectó el radar. En realidad estamos hablando de avionetas pequeñas que vuelan a muy baja altura. El aparato entró muy poco tiempo al territorio nacional. El donde se arrojó la sustancia es a muy pocos kilómetros de la frontera con Brasil, a un par de minutos de vuelo. Además, la zona es de sierras, como se le conoce habitualmente, y no sé si efectivamente el radar los pudo detectar o no; de eso no tengo conocimiento. De hecho, nosotros no consultamos a la Fuerza Aérea.

EC – ¿Las personas que fueron procesadas, estas seis personas, son las únicas involucradas en esta maniobra?

JD – No. Estamos hablando de que hay ciudadanos uruguayos que están radicados en el exterior, que están trabajando. De hecho, son los mismos ciudadanos uruguayos que hicieron la operación del ingreso de 80 kilos en octubre.

EC – ¿Pero están identificadas estas personas?

JD – Estas personas están identificadas, pero están en el extranjero y por la información que tenemos utilizan documentación falsa. Dependemos de las autoridades extranjeras para poder ubicarlas y detenerlas.

JAE – Para terminar y saliendo brevemente de este caso particular, ¿el caso Feldman va camino a ser archivado?

JD – Estamos esperando, básicamente tenemos dos cosas pendientes. Una es la denominada autopsia psicológica, los peritos del Instituto Técnico Forense están trabajando en ese sentido. La otra es la búsqueda del origen de las armas que es información del sector exterior; son tiempos que no maneja el Juzgado. O sea, el Juzgado libra el exhorto, libra la comunicación internacional, y a lo sumo lo que puede hacer es reiterarla, pero dependemos de las agencias internacionales.

No sé si se va a archivar o no, lo que me parece que no se va a archivar pronto. Por lo pronto, nosotros estamos siguiendo un protocolo de actuación, siguiendo todos los pasos y hasta que no terminemos con todo ese protocolo no vamos a tomar una decisión. No sé si vamos a lograr avanzar más de lo que ya hemos avanzado, tenemos la esperanza de que efectivamente sí. O sea, no es eminente una decisión hasta tanto no cumplamos con todos los pasos y hasta tanto no recibamos la información.

JAE – En algún medio se había manejado que el caso iba camino al archivo rápidamente. En la nota se explicaba que el expediente tiene doce piezas, 3.600 fojas y que no había mucho margen para avanzar.

JD – Nosotros avanzamos: el informe económico está terminado, el informe médico está terminado, los informes de los operativos están terminados, rastreamos las cuentas bancarias, el origen del oro, etcétera. Lo que nos está faltando la información de donde salieron esas armas; por ejemplo hay grandas que debería ser relativamente fácil saber cuál es su origen, por ejemplo todo el armamento de guerra que está efectivamente numerado es producido en algún lugar, esa fábrica se la vende a alguien, solamente se la puede vender a algún ejército. Por ejemplo las armas que son de origen argentino que son utilizadas por el servicio de Material y Armamento argentina, ¿a quién se la vendieron?, ¿a qué unidad militar fueron adjudicadas?, ¿fueron robadas en algún momento?, ¿no fueron robadas?, ¿fueron vendidas al exterior?, ¿a qué país?, ¿ese país a qué unidad del ejército se la adjudicó? O sea, por lo menos hasta cierto punto hay una trazabilidad que debería ser rastreable, pero necesitamos información que tiene que venir del exterior que nosotros no la tenemos acá, no está en el país.