(emitido a las 9.08 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
En pocos días las usuarias de mutualistas podrán acceder a pastillas anticonceptivas a cambio de un tique de 30 pesos. Así lo establecerá la reglamentación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada en diciembre de 2008.

Todavía no hay detalles de la norma, pero la polémica ya se ha desatado. La mutualista Círculo Católico anunció que no cumplirá con la distribución de anticonceptivos. En respuesta, el gobierno anunció que aplicaría sanciones.

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JAE - Para ver el alcance de este decreto reglamentario y conocer la situación concreta del Círculo Católico y la del sistema en general, vamos a conversar con el doctor Luis Enrique Gallo, presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa).

¿En qué etapa se encuentra el decreto reglamentario que se anuncia para ahora?

LUIS ENRIQUE GALLO:
En este momento está en la División Jurídica del Ministerio de Salud Pública (MSP), ya prácticamente redactado, y esperando ser elevado al Poder Ejecutivo para su aprobación.

JAE - ¿Tiene alguna estimación de cuándo entrará en vigencia?

LEG - Calculamos que entre 15 y 20 días, aproximadamente. Hemos trabajado intensamente en los últimos dos o tres meses para reglamentar esta parte de la ley, y ya estamos prácticamente terminando la reglamentación en lo que tiene que ver con la anticoncepción.

JAE - Ese es uno de los componentes de la ley nº 18.426.

LEG - Exactamente.

JAE - ¿Quiénes podrán acceder a este servicio? ¿Cómo se define el universo objetivo de esta parte de la norma?

LEG - Como bien dice la ley en su artículo 3, literal F, el objetivo es la universalización de los métodos anticonceptivos. Cuando asumimos nos encontramos con que, a la inversa de lo que sucede habitualmente, las usuarias del sector público podían acceder a los métodos anticonceptivos mientras que las usuarias del sector privado no. Por eso nos pusimos a trabajar en la reglamentación de la ley, que tiene un alcance nacional donde todas las usuarias del sistema público y del sistema privado tienen derecho a la anticoncepción mediante métodos anticonceptivos orales, preservativos, etcétera.

JAE - ¿Se requiere que la mujer concurra al médico?, ¿no hay posibilidad de conseguir la receta mediante un compañero, por decir algo?

LEG - El decreto dice que en la consulta con un médico de referencia o con un ginecólogo se le prescribirá un talonario con 13 tiques con los que la usuaria podrá ir a la farmacia de la mutualista a retirar los anticonceptivos en la medida de sus posibilidades económicas, porque queremos que sea de fácil acceso, que las usuarias no tengan que ir todos los meses al médico para que les receten. Esto se hace tanto para las mujeres usuarias como para los varones, que también tenemos derechos y mediante el recetario del médico de referencia también podemos adquirir preservativos.

JAE - ¿Con el mismo esquema de un talonario?

LEG - Exactamente. Según estudios internacionales, estos servicios de salud sexual y reproductiva van a hacer una entrega de 15 preservativos mensuales.

JAE - En síntesis, estamos hablando de pastillas y preservativos.

LEG - Exactamente.

JAE - ¿Y qué pasa con el dispositivo intrauterino (DIU), otro sistema de anticoncepción?

LEG - La ley nº 18.426 de diciembre de 2008 es muy innovadora a escala mundial en lo que tiene que ver con la implementación de estos servicios. En este momento estamos trabajando en la reglamentación específica del artículo 3, literal F, lo que tiene que ver con los anticonceptivos, pero además estamos trabajando en la creación de los servicios de salud sexual y reproductiva que abordan el tema en su integralidad. Ahí vamos a implementar la colocación del DIU por los ginecólogos.

JAE - ¿Eso sería parte de otra etapa?

LEG - Seguro, entendemos que si queremos avanzar en estos temas, tenemos que ir por partes, y nos parecía prioritario empezar por la prescripción de los métodos anticonceptivos orales en sus cuatro fases, los monofásicos, los trifásicos, los de emergencia y los poslactancia, y los preservativos. En la segunda fase de la reglamentación de la ley vamos a trabajar en la creación de los servicios de salud sexual y reproductiva, y allí se va a incorporar la colocación del DIU.

JAE - ¿Qué origen tendrán las pastillas?

LEG - Los laboratorios. Actualmente el MSP las importa por medio del UNFA de las Naciones Unidas, que tiene una unidad de compras; allí se adquieren los preservativos y las pastillas anticonceptivas. En estos dos meses hemos trabajado con los laboratorios que proveen a las instituciones y a las farmacias de anticonceptivos, y hemos llegado a un acuerdo en el precio, porque queríamos hacerlos accesibles. El costo de 30 pesos nos parece un avance muy importante porque hoy las usuarias compran estos mismos anticonceptivos en el entorno de los 200 a 350, 400 pesos.

JAE - ¿Cómo se completa esa diferencia? ¿Qué pasa? ¿Se está cobrando muchísimo ahora? ¿Va a haber un subsidio?, ¿estos 30 pesos son un valor subsidiado que se complementará con alguna partida?

LEG - No, conversamos con los laboratorios y llegaron a este precio sin mayores inconvenientes.

JAE - En este negocio los laboratorios pierden.

LEG - No sé si pierden, porque tienen una gama muy importante.

JAE - O pierden de ganar.

LEG - O pierden de ganar. Creemos que con este decreto los laboratorios no van a ganar, ni van a ganar las instituciones; van a ganar los usuarios del sistema. Esa es una de las premisas, creo que los laboratorios no pierden, nunca pierden; van a dejar de ganar lo que ganan hoy mediante la venta en las farmacias.

JAE - ¿Cuál fue el objetivo de elaborar esta reglamentación? ¿Es una forma de promover las consultas ginecológicas?

LEG - No, mediante varios estudios que hemos hecho durante todo este tiempo hemos visto que el 70% de las mujeres que consumen anticonceptivos los compra en la farmacia, sin consulta médica. El 70% es un porcentaje muy importante. Consideramos que el ideal es que la mujer consulte con un médico de referencia, con un ginecólogo, que con la simple anamnesis puede orientar hacia un tipo determinado de pastillas, porque una mujer puede tomar una pastilla u otra según la situación, entonces lo ideal es que el ginecólogo le recomiende qué tipo de anticonceptivos debe tomar. Es una manera de regular.

JAE - ¿Esto puede incidir en el número de embarazos no deseados, y por lo tanto en la cantidad de abortos que se practican? ¿Tienen algún cálculo en este sentido?

LEG - No, creemos que no va a incidir absolutamente en nada.

JAE - Se sustituiría una forma de conseguir anticonceptivos por otra.

LEG - Exacto, universalizamos más el sistema que ya está dispuesto, porque prácticamente la mitad de los usuarios que se atienden en los servicios de salud del Estado, por ejemplo en ASSE o en el Hospital Policial o en el Hospital Militar, ya tiene anticonceptivos. Las que no lo tienen son las usuarias del sector mutual, y gran porcentaje, por no decir casi todas, de las que usan pastillas anticonceptivas las adquiere en las farmacias. Con esto facilitamos el acceso a las pastillas, que cuestan entre 200 y 400 pesos, según el tipo, a un costo inferior a 30 pesos.

JAE - ¿Cuántas mujeres calculan que van a verse beneficiadas por esto?

LEG - No le puedo dar un número, no lo tenemos cuantificado.

JAE - ¿Cuál es la situación del Círculo Católico? Se ha manejado por un lado una resistencia a entregar anticonceptivos y preservativos. ¿Cuál es la situación actual?

LEG - Ya tuvimos dos reuniones con el presidente del Círculo Católico, que nos manifestó su preocupación por la entrega de preservativos y pastillas anticonceptivas. El Círculo Católico es una empresa muy importante de salud, muy respetuosa, y tenemos un muy buen diálogo con las autoridades, pero estamos conversando. Una vez que salga el decreto, va a ser universal para todas las instituciones que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, será obligatorio. Buscaremos las maneras menos traumáticas para que el Círculo pueda acceder a esto y no incurrir en incumplimientos.

JAE - La norma va a ser universal, para todos.

LEG - Exacto, las normas tienen que ser para todos, sin excepcionalidad. Mientras les garanticemos a las usuarias del Círculo Católico el acceso universal a los métodos anticonceptivos, ya sea las pastillas o los preservativos, y esto esté registrado en la Junasa, no tenemos inconveniente en buscar otros mecanismos como la tercerización, por ejemplo.

JAE - Que una afiliada al Círculo Católico consiga pastillas, si quiere, en otra institución que se las entregue en nombre del Círculo.

LEG - En nombre del Círculo Católico. Esto tendrá que estar registrado en un subcontrato que la institución Círculo Católico va a tener con la institución o las farmacias que determine. No es buscar excepcionalidad, queremos garantizarle a la usuaria del Círculo Católico el acceso a estos derechos.

JAE - ¿No se invierten los papeles? Porque si la mujer socia del Círculo Católico quiere conseguir las pastillas porque tiene la voluntad y va al médico, ¿no tiene derecho por su propia voluntad de conseguir lo que la norma le otorga?

LEG - Sí, esa es la idea, que las socias del Círculo Católico, una vez que el ginecólogo les prescriba el anticonceptivo, vayan adonde el Círculo Católico haya determinado para retirar los anticonceptivos. Nosotros entendemos que el Círculo Católico va a tener que instrumentar esto de alguna manera, para no verse violentado en sus conceptos religiosos y empezar a cumplir la norma. No olvidemos que también estamos trabajando en la reglamentación de la ley nº 18.426 en lo que tiene que ver con los servicios integrales, que también el Círculo Católico va a tener que crear. Es un tema del Círculo, estamos dispuestos a escuchar alternativas, pero no vamos a ceder un ápice en que todas las usuarias del sistema puedan acceder universalmente a los métodos anticonceptivos.

JAE - Se está hablando de alternativas, no de sanciones.

LEG - No, cuando el decreto salga va a integrar el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), y todas las instituciones que tienen contrato de gestión firmado con la Junasa tendrán que integrarlo. Una vez que este decreto salga del Poder Ejecutivo, todas las usuarias, incluso las del Círculo Católico, van a tener que poder acceder a esto. Si hay denuncias de usuarias del Círculo Católico de que no pueden acceder, entonces la Junasa implementará las sanciones correspondientes. Pero me parece que vamos a arribar a soluciones, estamos dispuestos a conversar con el Círculo Católico para que de alguna manera –me parece que sería la solución– tercerice los métodos anticonceptivos a otra institución, de modo que quede un contrato firmado en la Junta. De esa manera el Círculo no se vería violentado, las usuarias podrían acceder y no estaríamos hablando de sanciones.

JAE - Hablamos de la reglamentación en términos generales, pero hay un montón de consultas y comentarios de la audiencia. Por ejemplo, dice una oyente: "Yo tomo determinadas pastillas de un determinado laboratorio. ¿A partir de ahora voy a poder tomar las mismas, o voy a tener que cambiar porque, por ejemplo, hay alguna similar producida por un algún laboratorio nacional?".

LEG - Nosotros elaboramos el paquete de métodos anticonceptivos que hoy brinda Salud Pública a sus usuarios. Dentro de cada una de las drogas, de los anticonceptivos orales, hay una infinidad de laboratorios y marcas comerciales.

JAE - ¿Entonces?

LEG - Para que la audiencia tenga claro, estamos entregando determinadas drogas que comprenden el universo de los métodos anticonceptivos orales, que son específicos. Si la usuaria quiere tomar algún otro, o está acostumbrada a tomar de otro laboratorio, lo va a tener que adquirir en la farmacia. Todos los laboratorios nacionales e internacionales tienen a la venta los productos que vamos a poner en el decreto.

JAE - Otro comentario. Dice Teresa: "Mi ahijada fue al ginecólogo a una revisión para que le recetara anticonceptivos y el doctor le dijo que tomara lo que quisiera. ¿Eso es control?".

LEG - Habría que ver el caso específico, pero un ginecólogo tras hacerle tres o cuatro preguntas a la usuaria puede decirle que puede tomar cualquiera de los que estén a la venta. En este caso le va a tener que indicar uno dentro de los que estén en el paquete que va a tener la institución.

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JAE - La ley de salud sexual y reproductiva tiene otros componentes que van más allá de los anticonceptivos y preservativos, que forman parte de una primera etapa. ¿Qué otros elementos van a estar contenidos en la reglamentación de esta ley?

LEG - En primer lugar vamos a sacar el decreto que tiene que ver con los métodos anticonceptivos. El MSP está trabajando en la reglamentación de toda la ley nº 18.426, y una de las cosas que se van a reglamentar –creemos que es lo más importante– son los servicios de salud sexual y reproductiva que va a tener cada una de las instituciones.

JAE - Se habla de policlínicas específicas.

LEG - Ahí está. No queremos utilizar el término "policlínica" porque la policlínica es más bien personal, el médico atiende al usuario; acá hablamos de un servicio integrado por recursos humanos con distintas especialidades. Por ejemplo, médico ginecólogo, partera, nurses, sexólogos, asistentes sociales, psicólogos. Es un servicio integral, porque la idea es el abordaje de la salud sexual y reproductiva en un conjunto de temas que tienen que ver con la propia sexualidad, con la violencia doméstica, con los métodos anticonceptivos y con el aborto, con el asesoramiento del pre y el posaborto. Se apunta a tratar el tema en su integralidad en esos servicios que obligatoriamente van a tener que prestar todas las instituciones públicas y privadas del país.

JAE - Eso no implica descentralizar, porque el concepto policlínica puede llevar a alguna confusión. ¿Esto implica que necesariamente las mutualistas tienen que tener un servicio específico para esto?

LEG - Exactamente.

JAE - ¿Que sea en su sede central o en los barrios?

LEG - Hay que empezar de a poco, la idea es que cada una de las instituciones prestadoras de salud tenga estas policlínicas; en la medida de las necesidades tendrá que haber un desarrollo hacia la atención del primer nivel, que es el ideal. Pero la primera exigencia es que cada una de las instituciones tenga los servicios de salud sexual y reproductiva; de acuerdo con el desarrollo se irán expandiendo en el territorio, la idea es descentralizar, que no estén solamente en un centro, sino que haya una red y que llegue al primer nivel, porque justamente lo que pretende el MSP es desarrollar el primer nivel de atención y que sea un nivel resolutivo. Creemos que si logramos desarrollar esta red de servicios en todo el país, va a ser muy importante.

JAE - ¿Qué atención brindarían estos servicios?

LEG - Por ejemplo, si una persona tiene un problema con respecto a la sexualidad y quiere una consulta, esos servicios van a tener un equipo multidisciplinario que la puede ayudar, que hoy no tienen las instituciones. Por ejemplo, si una persona quiere asesoramiento en el preaborto, quiere abortar o quiere hacer una consulta con respecto a determinadas características del aborto, va a tener un equipo multidisciplinario que primero intentará conocer los motivos por los cuales esa persona quiere abortar y tratará de disuadirla, porque nadie está de acuerdo con eso, y luego la asesorará en lo que tiene que ver con el desarrollo del pre y el posaborto, y los métodos anticonceptivos propiamente dichos. Estos servicios de salud sexual y reproductiva van a tener que brindar el servicio de colocación del DIU. Va a haber un avance muy importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de la salud sexual y reproductiva.

JAE - ¿Cuál será el costo? ¿Qué costo tendrá para el usuario, el socio de la mutualista?

LEG - La idea es que se cobre una tasa moderadora normal como para cualquier especialista. No va a haber un costo adicional para esto.

JAE - ¿A partir de cuándo? ¿Qué están pensando en términos de plazos?

LEG - No me animaría a hablar de plazos. La idea es que antes de fin de año tengamos estos servicios de salud sexual y reproductiva en cada una de las instituciones. También tenemos que ser conscientes de que los recursos humanos en salud son escasos, porque el perfil que deben tener estas personas es totalmente distinto, entonces puede haber dificultades con los recursos humanos para generar estos equipos multidisciplinarios en los servicios, pero la idea es que antes de fin de año estemos ya muy avanzados en la reglamentación total de la ley.

JAE - ¿Qué pasa con este encare en el ámbito público?

LEG - En el ámbito público está mucho más adelantado que en el sector privado. El sector público tiene un servicio en el hospital Pereira Rossell, por ejemplo, donde se aborda el tema en su integralidad y funciona muy bien. También en algunos departamentos estos servicios están funcionando o están queriendo funcionar en el sector público. No tenemos conocimiento de que estos servicios funcionen en el sector privado, pensamos que ninguna institución tiene este servicio montado.

JAE - Pero si es el Pereira Rossell, ¿se puede extender este servicio a otros centros?

LEG - Sí, la idea es que todos los centros públicos tengan los servicios de salud sexual y reproductiva. Todos los hospitales, Hospital Militar, Hospital Policial y toda la red de asistencia de ASSE.

JAE - María pregunta: "El doctor Gallo se refiere todo el tiempo a regulaciones y reglamentaciones, pero ¿qué pasa luego con el seguimiento? Ya hoy se reconoce que el tiempo para lograr consultas no se cumple, sino que por el contrario, la demora es alarmante".

¿Qué dice usted?

LEG - Estamos trabajando intensamente en la Junta no solo con el tema de la salud sexual y reproductiva sino también con los tiempos de espera de todas las instituciones.   Nos preocupa, le anunciamos a la audiencia que va a salir una encuesta nacional y obligatoria. La satisfacción de usuarios está dentro del contrato de gestión. Vamos a tener la realidad de los tiempos de espera porque varias de las preguntas del cuestionario abordan el tema de los tiempos de espera en las instituciones.

JAE - ¿Es una encuesta realizada por los centros?

LEG - Sí, el contrato de gestión que tienen las instituciones con la Junasa dice que es obligatorio hacer una encuesta una vez al año, y en esta etapa toca el nivel de satisfacción de los usuarios con el primer nivel asistencial, las policlínicas. Hemos trabajado con un consorcio de encuestadoras, con las encuestadoras más importantes del país, que van a hacer la encuesta, que va a ser financiada por las instituciones privadas y públicas del país. Se va a trabajar fundamentalmente en el primer nivel de asistencia, en lo que tiene que ver con los tiempos de espera de ginecología, medicina general, pediatría, cirugía, ahí vamos a medir la satisfacción o la insatisfacción del usuario y vamos a aplicar sanciones correctivas en los casos en que haya incumplimiento.

JAE - Se van a identificar las instituciones, obviamente.

LEG - Sí, porque esto es por institución. Vamos a tener un análisis de cada una de las instituciones y su comportamiento.

JAE - Usted reconoce que hoy hay un problema, que hay demoras para lograr una consulta.

LEG - Sí, las auditorías que hemos hecho desde la propia Junta nos han permitido ver que algunas instituciones de Montevideo y del interior incurren en un incumplimiento claro de la norma, sabiendo que para el ginecólogo, el pediatra y el médico de referencia o el médico general se debe tener consulta en el propio día, antes de las 24 horas, para el cirujano en 48 horas, y para otras especialidades 30 días. Eso no se está cumpliendo.

JAE - ¿Se ha sancionado a alguna institución?

LEG - Sí, se ha sancionado.

JAE - ¿Por ejemplo?

LEG - No voy a dar nombres de instituciones, pero se ha sancionado. Vamos a tener un panorama mucho más claro de cuál es la situación en todo el país. No tenemos que olvidar que la falta de recursos humanos en salud es importante, y que no es lo mismo encontrar un especialista del río Negro hacia arriba que del río Negro hacia abajo, eso también influye. Encontrar especialistas en urología, traumatología, cirugía infantil, neurología del río Negro para arriba es mucho más complicado, entonces uno tiene que entender que los tiempos de espera van a ser mayores. Lo que no se puede admitir es que del río Negro para abajo o en la capital del país haya que esperar siete días para acceder a un pediatra. Eso es inadmisible para la Junasa. Si comprobamos que hay una institución que demora siete días en dar hora para un pediatra, no tenga ninguna duda de que vamos a ser inflexibles con esa institución.

JAE - ¿A dónde tienen que dirigirse los usuarios que estén en esa situación?

LEG - Tienen que dirigirse a la Junasa.

JAE - ¿Cuál es el teléfono?

LEG - En el MSP. A la entrada hay una oficina que recoge las denuncias de los usuarios, que son analizadas por un equipo de la Junta y luego por la Junta propiamente dicha.

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Transcripción: María Lila Ltaif