Una delegación internacional ofreció su apoyo al Gobierno uruguayo por el litigio con la empresa, calificada en el sector como la más poderosa del mundo.

El planteo tiene que ver con una demanda internacional contra el Estado uruguayo que inició Philip Morris -multinacional con sede en Suiza- en febrero de este año.

La tabacalera argumenta que existen en Uruguay tres normativas que están vigentes contra su negocio.

La primera sobre la resolución 514 de marzo del 2009 que dispuso una única presentación por marca de venta al público.

Y las dos restantes vinculadas a la advertencia sobre los efectos nocivos de fumar y la proporción que ocupan las mismas en cada cajilla.

Philips Morris considera que el gobierno uruguayo violó los términos del tratado de promoción y protección de inversiones celebrado entre Suiza y Uruguay en 1998.

Sin embargo la vocera de la delegación extranjera, Patricia Sosa, dijo a El Espectador que Philips Morris amenaza a Uruguay, pero difícilmente inicie un juicio contra el Estado.

"Uruguay tiene una posición muy fuerte en contra de la Philips Morris.(...) Todavía no han dado continuación al proceso. Nosotros pensamos que los argumentos de la empresa son muy débiles, porque el Gobierno uruguayo tiene la soberanía de establecer leyes para proteger la salud de sus ciudadanos", sentenció.