Entrevistas

Unasev: "Uruguay está más de 60 años desfasado en materia de seguridad vial"

Unasev: "Uruguay está más de 60 años desfasado en materia de seguridad vial"

Las picadas ilegales de autos y sus a veces trágicas consecuencias se han transformado en un tema recurrente durante las últimas semanas. A efectos de controlar esta actividad, una comisión especial está preparando un proyecto de ley con sanciones concretas para distintas infracciones vinculadas a la seguridad vial. Gaby Lencina, integrante de esa comisión y secretaria general ejecutiva de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), explicó a En Perspectiva el alcance de esta iniciativa que prevé tipificar las picadas como un delito. La doctora consideró que la problemática de la siniestralidad vial está "desbordando" al Poder Judicial, por lo que también se planteará la creación de juzgados nacionales de tránsito. "Nos quedamos desfasados y hay que reconocerlo. Nuestro Código Penal no refleja la realidad de la seguridad vial", manifestó.


(emitido a las 09.00 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Las picadas, ¿cómo hay que sancionarlas desde el punto de vista penal?

EC - Los hechos trágicos del fin de semana pasado en Piriápolis pusieron otra vez en el tapete esta costumbre tan peligrosa, cada vez más extendida en el interior y en algunas zonas de Montevideo.

Una discusión es si se deben habilitar algunos lugares donde las picadas puedan practicarse de manera controlada. Pero aun si se va por ese camino, quedan otras preguntas: ¿Cómo penalizar a los que de todos modos participen en picadas clandestinas? ¿Debe haber sanciones con prisión o alcanza con penas alternativas?

El tema tendrá un avance importante este lunes, cuando se reúna una comisión integrada por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), los ministerios del Interior y Deporte y las intendencias de Montevideo y Canelones que hace meses está preparando un proyecto de ley con sanciones concretas para distintos delitos vinculados a la seguridad vial.

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EC - Recibimos a la doctora Gaby Lencina, secretaria general ejecutiva de la UNASEV e integrante de la comisión que está trabajando en el proyecto de ley.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
¿Qué análisis hace la UNASEV de la evolución que han tenido las picadas y sus variantes, la "gallina" y la "ruleta rusa"?

GABY LENCINA:
Entendemos que ese tipo de circulación en la vía pública constituye una violación a un principio básico de seguridad para el resto de los usuarios. Por lo tanto, el tratamiento que le hemos dado es del real alcance que tienen, en el caso de verificarse, este tipo de situaciones, y por eso la UNASEV ha incorporado la picada, la competencia no autorizada en la vía pública, como un delito a la seguridad vial dentro de otros proyectos de ley.

JAE - ¿Está cuantificada la magnitud del incremento, esto de las variantes que mencionaba, la gallina, la ruleta rusa? ¿Se tiene algún estudio concreto de los efectos de lo que se está produciendo?

GL - El grupo liderado por el Ministerio del Interior (MI) al que usted se refería tiene información más concreta sobre el tema. En la UNASEV tenemos el traslado de la preocupación por la problemática y las vías de solución que han planteado los distintos ámbitos e instituciones. La UNASEV tiene una visión global, una visión integradora de los múltiples aspectos del tema de las picadas, que no es sencillo.

JAE - ¿En qué zonas se han desarrollado más? Hay un relevamiento que concluye que los accesos a la mayoría de las ciudades capitales son sitios propensos para este tipo de prácticas. ¿Están identificados?

GL - Hay varios lugares en el país, y es así, efectivamente, se realizan a veces en lugares donde confluyen la jurisdicción departamental con la jurisdicción nacional. En departamentos como Paysandú, Tacuarembó, Maldonado y Canelones se sabe que se desarrolla este tipo de actividades. También sabemos que a la hora de arribar a esos lugares para controlar se toma conocimiento y generalmente hay un traslado de la competencia a otro lugar, se comunican para evadir el control institucional, ya sea policial o de las intendencias.

EC - Vamos a ser explícitos, porque hay cosas que parecen obvias pero que vale la pena incorporar cuando estamos analizando cómo legislar a propósito de las picadas. Estamos hablando de una competencia que llevan adelante distintas personas que utilizan vehículos preparados especialmente, tanto automóviles como motos, y que tiene riesgos para terceros, porque no solamente son peligrosas en sí mismas, por la velocidad que alcanzan, la forma como corren, sino que además, al realizarse en los lugares que describimos, perfectamente pueden derivar en un choque, un atropellamiento a personas que no tienen nada que ver con ese juego.

GL - Por eso entendemos que este tipo de competencias pone en peligro la integridad psicofísica de las personas que establece la ley nacional de tránsito como un derecho primario, que si nos ponemos a pensar tiene una base constitucional. Tenemos el derecho a circular seguros. Las distintas modalidades a veces se circunscriben a un espacio determinado, a veces a la salida de un departamento, de una ciudad, pero también se desarrollan en plena vía pública, en pleno centro urbano, con esas modalidades de cruzar los semáforos en rojo con los ojos vendados o sin disminuir la marcha. Hay varias modalidades, y todos sabemos que ponen en riesgo a cualquiera de nosotros que esté circulando.

EC - El concepto de picada ya está bastante comprendido por la población, pero se han ido incorporando otras modalidades. Mencionamos al pasar la "gallina", que el lunes citaba en una entrevista aquí en En Perspectiva el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Es bastante impresionante, son dos motos que salen al choque, a velocidad y en sentido contrario una contra la otra, y es gallina el que se corre, el que evita el choque. Y después está la ruleta rusa, alguien que con una moto y con los ojos vendados cruza una esquina con luz roja o una ruta, venga lo que venga, ese es el juego, cruzar la ruta y que pase lo que sea.

GL - Exacto, ese es el juego. El asunto es que en ese juego puede provocar daños a otros totalmente inocentes.

EC - La idea que ustedes manejan es tipificar la picada como un delito.

GL - Como un delito a la seguridad vial. Acá nos asustamos cuando planteamos este tema, no en vano se hizo el planteo en el Parlamento anterior, en la ley nº 18.191, los delitos de la seguridad vial fueron uno de los capítulos que se extrajeron de la ley y se trasladaron a la comisión de reforma del Código Penal. Sin embargo, más allá de lo que se opine al respecto, si analizamos el tema a escala internacional entendemos que en Uruguay estamos desfasados setenta y pico de años en materia de tránsito y seguridad vial. El Gobierno ha dado señales de trabajar este tema, por eso tenemos una ley nacional que protege la integridad psicofísica de las personas y el derecho a la vida en la vía pública, por lo que esta modalidad para nosotros constituye un peligro real para los usuarios, es un delito. Planteamos delito a la seguridad vial, es un delito de peligro, se tipifica una conducta antes de que suceda un hecho, un siniestro, con saldo de lesionados y fallecidos. Tipificamos una situación de riesgo y de daño probable.

Puede plantearse la diferencia en cómo tratamos el delito de seguridad vial. La UNASEV plantea tipificar algunas conductas como delito a la seguridad vial, en especial el tema de las picadas. La forma de penalización puede variar. La comisión del MI está tratando el tema específico de las picadas, si bien el MI ha participado con Policía Caminera y Policía de Tránsito en otros proyectos y en este proyecto de ley que es mucho más abarcativo que este tema de las picadas.

JAE - Pero por ejemplo, ¿hay espacio para considerarla un deporte a ser controlado, para que se legalice la picada en algún lugar específico con determinadas normas de seguridad y demás?

GL - En la reunión anterior participó el Ministerio de Turismo y Deportes por primera vez en la comisión, se lo invitó a los efectos de definir si la picada es un deporte, y, si lo es, cómo se lo debe realizar, en qué condiciones y en qué ámbitos.

JAE - ¿Eso no está resuelto?

GL - Se está definiendo, estamos en la etapa de definición.

EC - Está la experiencia de Tacuarembó.

GL - En Tacuarembó se generó el picódromo, pero nos han informado en forma absolutamente informal –porque pedimos formalmente la documentación y los datos– que no se lo está usando. Tenemos entendido que en Tacuarembó se invirtieron 30.000 dólares para realizar ese picódromo y no está funcionando.

EC - No se utiliza la infraestructura creada especialmente, donde se supone que hay ciertas garantías, cierto control, y se siguen haciendo picadas fuera, en los lugares de antes.

GL - Claro, el asunto es que en el picódromo hay que insertarse dentro de una serie de reglas. Creo que hay que analizar en profundidad qué es lo que mueve a este tipo de conductas, y evidentemente uno de los aspectos –no digo que sea así en la mayoría de las personas que realizan picadas, habría que medirlo– es el hecho de hacerlo en forma clandestina.

JAE - De infringir la ley.

EC - El sabor de la cosa está en la ilegalidad, en la clandestinidad, en la violación de normas.

GL - Totalmente.

EC - ¿Qué ocurre en otros países?, ¿qué caminos se han seguido? ¿Se ha intentado dejar un canal regularizado y controlado por un lado, y aparte las penas y sanciones para quienes insisten en el camino clandestino?

GL - Exacto, ese es el camino que se ha adoptado en muchos países. Las agencias nacionales informan que se reglamentaron las picadas, que existen lugares para eso, pero que sin embargo la modalidad se sigue dando. Pensamos que en este proceso está bien plantear lugares o definir, reglamentar, regular esta modalidad, pero sabemos que el problema estriba en las circunstancias que se realizan en la vía pública, donde estamos expuestos todos los terceros, todos los usuarios de la vía pública.

EC - En función de los antecedentes, usted dice que por más que se instalen pistas a estos efectos, por más que se destinen recursos –que habrá que ver de dónde salen, si son recursos del Estado o de privados, porque hay que invertir en infraestructura y hay que poner personal–, por más que se adopte ese tipo de precauciones y se intente legalizar, va a continuar existiendo la picada clandestina.

GL - Pensamos en el tema de números, en lo que podemos obtener si realmente hay una disminución de personas involucradas en este tipo de actividades al darles lugares específicos.

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EC - "¿No es más inteligente que habiliten un lugar para correr picadas?", pregunta un oyente.

Es uno de los ángulos de esta discusión. Es más, ya mencionamos la experiencia en Tacuarembó y otras en el mundo. Pero ese camino, a su vez, abre una serie de preguntas, la primera ¿quién paga?, ¿quién paga la pista?, ¿quién paga a los funcionarios que se encarguen de hacer los controles del caso? ¿Estamos dispuestos a que sea el Estado? ¿Estamos dispuestos a que las intendencias pongan dinero en eso para evitar un cierto porcentaje de los posibles accidentes derivados de las picadas? Tenemos que pensarlo.

Otra posibilidad: ¿Hay sponsors?, ¿hay empresas privadas dispuestas a financiar esto? No sé, pero no es tan sencillo decir "hagamos pistas, hagamos lugares para las picadas". Después viene la otra parte, incluso si se va por ese camino, porque no todos van a aceptar las reglas de juego.

Hay oyentes que anotan que los aficionados a las picadas no usan el picódromo, cuando existe, porque ahí no les permiten drogas ni alcohol. La aseveración puede resultar chocante, pero esos elementos forman parte de este fenómeno, el afán por la transgresión que está detrás de estas costumbres no se limita a transgredir normas de tránsito, abarca también este tipo de consumos, la droga y el alcohol.

Doctora Lencina, ¿ustedes manejan estas variables?

GL - Sí, todas; no es sencillo. Lo primero que nos preguntamos es lo que usted decía: ¿tenemos que pensar en darles solución a quienes deseen realizar un deporte de riesgo que ahora se realiza en la vía pública? Y ahí nos preguntamos si el Estado debe responder a ese requerimiento de realizar ese gusto por la velocidad, con todas las modalidades, y en qué espacio, si en un espacio público brindado por el Estado. En Tacuarembó sucedió un siniestro dentro del picódromo, no sabemos si por eso se dejó de usar, una persona quedó con lesiones y discapacidad.

Entonces, primera situación: ¿brinda el Estado lugares públicos? Si lo hace, se hace responsable de lo que pase, de las consecuencias del desarrollo de esa actividad. Si está reglamentado o regulado se requieren personal, inspectores de pista, auditores, se requiere incluso el apoyo de emergencia móvil que tienen todas las reglamentaciones, requieren servicio 222. Además, ¿hay un costo, un precio?, ¿tiene un valor económico el tema de la picada? ¿Qué viene detrás de todo esto?

EC - ¿Cuánto hay de droga y alcohol en la práctica de la picada?

GL - Ahí tenemos un universo múltiple, porque sabemos de chicos que desean estar regulados o reglamentados, que aseveran que en ese tipo de picadas no corren ni el alcohol ni las drogas. Pero también sabemos lo que decía el oyente, que la ingesta de alcohol integra esta modalidad. Nosotros planteamos que dentro de un recinto reglamentado o regulado las prácticas para el que va a correr, para el que va a realizar la picada, van a tener que sujetarse a lo que disponen los reglamentos internacionales, que serían los mismos.

EC - Vamos a la penalización.

JAE - En los últimos meses han surgido varios borradores. Por un lado ha aparecido la idea de establecer prisión y por otro la de establecer penas alternativas para quienes participan en picadas. ¿En qué está la situación?

GL - El tema ha tenido un desarrollo y un proceso. Primero, como está inserto dentro de otros delitos a la seguridad vial, el proyecto originario de la UNASEV tenía la pena de privación de libertad.

JAE - Originalmente se establecía cárcel.

GL - Exacto, pena de privación de libertad. En el caso de las picadas era con mayor rigor.

JAE - ¿Qué pasó después?

GL - Hicimos un estudio de la inserción de este tema en Uruguay, dentro de la problemática de la situación de cárceles, del proceso de efectiva rehabilitación que queremos tener de los conductores –porque no nos interesa meterlos en una cárcel y que no se trabaje sobre esa conducta que generó la situación– y replanteamos el tema en lo que tiene que ver con los delitos a la seguridad vial dentro de este proyecto que es mucho más abarcativo.

JAE - Ahí ingresó la idea de penas alternativas.

GL - Exacto, incorporamos el tema de las competencias no autorizadas, de las picadas, e incorporamos la pena de realización de trabajos en beneficio de la comunidad, que se aplica también a quien organiza o promociona esa conducta, no solo al que participa en la competencia. Por supuesto, también hay sanción administrativa de privación de conducir vehículos por hasta cuatro años, de uno a cuatro años, eso es determinado por un juez. Nosotros al plantear que es un delito a la seguridad vial planteamos que no sea una sanción meramente administrativa, sino que el que lo comete sea procesado ante un juez que determine y que se obligue a la persona a concurrir a un proyecto de rehabilitación; dentro del proyecto se crean centros de rehabilitación o resocialización.

EC - ¿Es posible rehabilitar a alguien que tiene la costumbre de las picadas? ¿Cómo se hace eso?

GL - Hay un componente mayor de aspectos psicológicos que tienen que ver con el riesgo, con poner en peligro la vida; la idea sería trabajar sobre esos aspectos que mueven a la realización de esa conducta. En todo caso decimos que si el centro de rehabilitación verifica que la persona no va a insertarse como un usuario seguro en la vía pública, entonces se le retira definitivamente la calidad de conductor. Eso sería lo definitivo.

JAE - No me queda claro si el proyecto ahora va por el lado de la cárcel o de las penas alternativas.

GL - Acá tendríamos que tratar el tema de las picadas separado, pero para nosotros también es importante, por ejemplo, que conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas o tirar objetos perjudiciales en la vía pública y provocar siniestros de tránsito sean delitos de la seguridad vial. Y dentro de la mecánica que planteamos para la solución de los delitos de la seguridad vial están los trabajos comunitarios con asistencia al centro de rehabilitación. Estamos de acuerdo todos los que participamos en este tema en que las picadas deben ser un delito de seguridad vial, pero estamos definiendo –espero que este lunes quede definido– si va a ser con pena de privación de libertad o con las propuestas ha establecido la UNASEV en forma global, que dirigen todo este tema a la realización de trabajos comunitarios y a la rehabilitación o resocialización del conductor.

EC - Hay oyentes que sostienen que "acá es necesario que haya sanciones drásticas, severas", pero entienden que la prisión puede no ser una solución, sobre todo si se tienen en cuenta las limitaciones del sistema penal uruguayo. Y preguntan: "¿No habría que adoptar una medida como por ejemplo la incautación del vehículo?".

GL - La incautación está prevista.

EC - Porque sin duda que a alguien aficionado a las picadas la incautación del vehículo le duele.

GL - Eso está previsto, pero lo pensamos desde el punto de vista del conductor. Lo que tiene que ver con la parte de la implementación, la organización, está previsto dentro del proyecto de ley.

EC - ¿Siempre se incauta? ¿Para el caso de que alguien sea ubicado participando en una picada lo que se propone como medida sancionatoria incluye la incautación del vehículo?

GL - Sí.

EC - ¿Siempre?

GL - No hemos definido si en caso de reincidencia o no.

EC - Podría ocurrir que en una primera oportunidad no se le retirara el vehículo, pero sí en la segunda.

GL - Exacto, se está discutiendo. Lo definiremos a la brevedad para incorporarlo al proyecto, pero en la UNASEV nos planteamos la incautación y el decomiso del vehículo en caso de reincidencia.

EC - Teniendo en cuenta el peligro potencial que hay de por medio, ¿lo lógico no es incautar de primera?

GL - Puede ser, no está cerrado, me parece que es positivo el planteo de los usuarios de la vía pública, de todos los que estamos involucrados en este tema. A lo mejor dan mayores elementos para definir que hay que incautar de una. No hay que olvidar que en el procedimiento de control que se realiza en muchos departamentos se procede al retiro del vehículo, eso es parte de la operativa, pero acá nos planteamos una medida superior, el retiro del derecho de propiedad del vehículo.

EC - En las operaciones que hoy se llevan a cabo para combatir las picadas usted dice que se retira el vehículo, se retira la moto, y ¿qué pasa después con esa moto?

GL - En los lugares donde se está trabajando en este tema en forma coordinada y que funciona bien, el vehículo queda en poder de la División Tránsito o de la seccional policial, y luego se lo entregan al usuario de vuelta. En este proyecto de ley planteamos una modalidad en la cual no devolvemos el vehículo.

EC - ¿El Poder Judicial está preparado para administrar una legislación de estas características?

GL - No, sinceramente. La problemática de la siniestralidad vial está desbordando los actuales trámites y asuntos que trata cada sede judicial. Eso lo tenemos claro, especialmente las sedes penales, que tratan muchísimas situaciones. Entendemos que para que esto sea posible hay que reforzar el Poder Judicial; uno de los proyectos nuestros plantea la creación de juzgados nacionales de tránsito. Podemos pensar que seguramente no va a ser ahora, ni dentro de dos, tres o cuatro o cinco años, pero el tránsito requiere un tratamiento específico, los conductores requieren un tratamiento específico, los responsables de siniestros de tránsito, y ni hablar de los que protagonizan delitos de peligro. Le pongo un ejemplo, en el Código Penal ya está prevista la velocidad excesiva como una falta que debería ser procesada en la sede penal, pero no se realiza. Se aplica una sanción administrativa y en ella se queda. Se ha planteado en alguna oportunidad el proceso en la vía de los tribunales de falta, y ha pasado, por ejemplo en Montevideo, que no se sigue adelante, prescribe la acción.

EC - ¿Por qué ocurre eso?

GL - Por la cuantía de asuntos que trata la sede judicial, por la envergadura de los asuntos.

JAE - Entonces no sería un tema de reglamentación sino del Poder Judicial directamente.

GL - Exacto, de aplicación y de hacer las denuncias correspondientes, que se efectivice lo que existe. De todos modos, lo que existe no da respuesta a la realidad del tránsito, nos quedamos desfasados y hay que reconocerlo. Nuestro Código Penal no refleja la realidad de la seguridad vial, no queremos ponernos tremendistas ni nada por el estilo, pero otro tipo de delitos han aumentado y se les ha dado respuesta dentro de nuestro sistema penal, sin embargo en el tema del tránsito esto se asimila a un análisis de cabeza de conductor, "no pasa nada", y si pasa, "es entendible dentro del tránsito". Esa concepción se traslada al momento de legislar.

EC - ¿Cuándo estará pronta una ley en esta materia? ¿Cuándo nos sacaremos de encima esta deuda, este atraso?

GL - Tenemos un paquete de varios proyectos de ley que se van a elevar a nuestros jerarcas, a la Presidencia de la República. La tramitación es interna y llega al Parlamento cuando es presentado por el Poder Ejecutivo. Más allá de eso, el 15 de octubre cuando cerremos la Semana Nacional de la Seguridad Vial vamos a partir de la plaza Independencia en una especie de caravana por la seguridad vial a entregar los proyectos de ley en forma simbólica al Parlamento. Se está trabajando en estos proyectos, y el tema de las picadas está incorporado al proyecto de ley, que es mucho más abarcativo que este tema.

EC - Por eso le pregunto cuánto tiempo más nos va a llevar todo esto.

GL - Lo importante es que el tema se puso en el tapete, se discutieron las alternativas y estamos planteando un proyecto de ley que tiene que ver con tipificar un delito de seguridad vial. Eso es una primera medida. La otra es definir si se requiere una reglamentación porque se consideran las picadas como un deporte, y si es así, entonces habrá que elaborar esa reglamentación y establecer los lugares adecuados para practicarlas.

EC - Estamos hablando de un año, por lo menos.

GL - Sí. En lo que tiene que ver con la solución primaria de penar las situaciones en la vía pública podemos hablar de menos tiempo, pero si se define la necesidad de reglamentar y otorgar espacios adecuados, eso lleva su tiempo. Lo que no se hizo en 40 o 50 años no se hace en dos meses.

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Transcripción: María Lila Ltaif


(Crédito de foto de portada: calispar.paraguay.com)