(emitido a las 07.39 Hs.)

EMILIANO COTELO:
"Primer general en actividad que va a prisión por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura". Este es el destaque en toda la prensa esta mañana a propósito del caso del general Miguel Dalmao. En Últimas Noticias formula algunas declaraciones, como por ejemplo: "esto me liquida" y "soy inocente de la i a la e".

El jefe de la División de Ejército IV, general Miguel Dalmao, se convirtió ayer en el primer militar en actividad que es procesado por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. La decisión fue tomada por el juez Rolando Vomero, que procesó con prisión a Dalmao y también al coronel retirado José Chialanza en calidad de coautores de un homicidio especialmente agravado por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en el año 1974.

Sabalsagaray fue detenida el 29 de junio de 1974 y conducida al Batallón de Transmisiones Nº 1, que en ese entonces estaba a cargo de Chialanza, quien en ese momento era teniente coronel.

Dalmao, que entonces era alférez, estaba a cargo de la inteligencia militar de la unidad, un área que tenía bajo su responsabilidad la llamada lucha antisubversiva.

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EC – Estamos con la doctora Mirtha Guianze, fiscal letrada en lo penal de segundo turno, que justamente había solicitado estos procesamientos. ¿El juez se avino a lo que usted había pedido?

MIRTHA GUIANZE:
Sí, porque este es un expediente que tiene un trato procesal bastante complicado y largo. Empezó en fines de 2004 y la prueba que se fue recolectando se hizo a lo largo de los años. Primero tuvo el impedimento de la ley de Caducidad, hasta que se pidió la inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia la declaró en octubre de 2009. Recién ahí se pudo interrogar a los militares como a cualquier otro indagado y se pudo avanzar un poco más en la instrucción.

EC – Por lo que estuve repasando del auto de procesamiento de 25 páginas, no surge ni que Chialanza ni que Dalmao hayan sido partícipes directos de la muerte de Nibia Sabalsagaray.

MG – Hay fuertes indicios con respecto a que uno de los procesados puede haber sido el ejecutor directo. Estamos en una situación de difícil producción de pruebas, como todas las cosas que ocurrieron en las unidades militares en esa época. Pero contamos con algunas declaraciones que ponen de manifiesto que uno de los procesados es el autor material. Lo que sí queda probado es que esas personas integraban el equipo de la tortura. Uno de ellos incluso era el S2 del cuartel y estuvo con la detenida esa noche unas pocas horas entre que la detuvieron y se comunicó su muerte a sus familiares.

EC – Usted ahí está aludiendo al hoy general Miguel Dalmao, entonces alférez.

MG – Prefiero no dar los nombres, porque si yo no llegué a la prueba en el grado de certeza suficiente... Que yo tenga un convencimiento no quiere decir que yo lo pueda plasmar en un expediente. Incluso puede haber más prueba diligenciada en el futuro. En este momento es claro que esas personas eran las que tenían a los detenidos bajo su responsabilidad. Sabalsagaray entró al cuartel a una hora determinada y al poco rato estaba muerta.

EC – En uno de los numerales de la resolución se dice que "el delito será imputado a título de dolo eventual", y luego se cita al doctor Cairoli: "en el dolo eventual el autor no quiere el resultado pero admite su producción, acepta el riesgo de que se produzca, considera a ese resultado como consecuencia posible de su conducta". ¿Usted puede explicarlo mejor?

MG – Hay muchos casos de muertos en tortura en nuestro país. Cuando la tortura llega a un grado tal que se emplean determinados métodos que son capaces de causar la muerte, el dolo eventual aparece cuando no se desea el resultado directamente pero se prevé, y aún así no se detiene el accionar.

EC – Cuando ocurrió la muerte de Nibia Sabalsagaray, la versión oficial decía que se había tratado de un suicidio. Ese fue uno de los temas que se investigó a lo largo de este expediente. ¿Cuál es la conclusión?

MG – La conclusión me parece clara: no se trató de un suicidio. Cuando Nibia Sabalsagaray fue muerta en el año 1974, por supuesto no había libertad de prensa ni podíamos estar hablando como hablamos ahora. Sin embargo, en la familia de Nibia todos tuvieron la certeza de que no se había suicidado. Probar eso o simplemente decirlo era imposible. El cajón se entregó cerrado y con prohibición de abrirlo, y eso es algo que sucedió en otros casos. Lo que ellos trataron de hacer fue tener alguna información sobre la situación del cadáver, pero no más de eso. Vivían en Nueva Helvecia y no pudieron conseguir a nadie que le quisiera hacer una autopsia. En general no se iba contra lo que los militares ordenaban porque era bastante riesgoso. Toda la cuestión se ha reconstruido a partir de una autopsia histórica y psicológica hecha por los médicos forenses y la facultad de Medicina. Luego se hizo la reconstrucción de los hechos a través del expediente de la Justicia Militar. En su momento se formaron los datos, las fotos. Hace años encargamos una inspección en los calabozos y los habían demolido. Como en todos los casos, la prueba es difícil. Hay que irla produciendo de a poco con lo que se puede encontrar. Y la familia, siempre la familia, es la que consigue los datos, porque no hay un sistema investigativo para estos juicios.

EC – Ese es uno de los puntos polémicos. Si se mira la evolución del expediente desde el otro lado, hay declaraciones que formula el teniente general retirado Raúl Mermot –comandante en jefe del Ejército entre 1995 y 1997 y presidente del Círculo Militar– en las que rechaza el fallo y dice: "Es increíble. Pensé que el procesamiento no iba a llegar. La Justicia tiene un manejo que no es creíble", y destaca que "los magistrados actúan en base a testimonios y no a pruebas". ¿Cómo contesta a esta objeción?

MG – Lo que solicité al Ministerio de Defensa fue que me informaran quién era el S2 en ese momento en el cuartel y quién se encargaba del tema de la subversión. En todos estos años y en todos los expedientes en que actué, el Ministerio contesta que no tiene la lista de personas que revistaba en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Si el Ministerio de Defensa no me lo puede dar, quisiera que cualquier militar me diga quién puede hacerlo. Hay ocultamiento de documentos y una situación muy difícil. No hay un plan estatal o una política definida en relación a estos juicios. Los únicos testigos disponibles son algunos militares que revistaron en ese cuartel y que han sido citados. No es que los hayamos elegido. Y nos dan algunos datos que no coinciden con los datos que brindan los que eran los indagados en ese momento. Tenemos otros datos de detenidos en el cuartel que son testigos necesarios. Con esos testigos es que se han hecho los juicios en toda América. No sé si al general Mermot o a cualquier otro militar le llama la atención que declaren las personas que sufrieron tormentos en la misma época en ese cuartel y que dicen cómo fueron las pautas de acción. Tendríamos que decir que han mentido seis o siete detenidos en el cuartel. También hay detenidos de ese mismo cuartel que estuvieron internados en el hospital Militar por gravísimas lesiones provocadas por la tortura.

EC – Teniendo en cuenta esas condiciones en las que tuvo que desarrollarse la investigación, ¿hay elementos suficientemente sólidos como para disponer procesamientos con prisión?

MG – Si no hubiera elementos yo no lo hubiera pedido. Me parece que hasta ahora actué seriamente en todos los expedientes de este tipo. Hasta ahora ningún tribunal revocó los procesamientos que se dieron a raíz de mis pedidos. no creo que se pueda pensar que los tribunales están animados de alguna intencionalidad política. No me parece que Uruguay sea una isla en medio de toda América y del Plan Cóndor. Lo que sucedió en América sucedió, le guste o no a determinadas personas.

EC – ¿Por qué se dispone procesamiento con prisión?

MG – Porque es un delito de acuerdo a la Constitución. Los delitos que tienen pena de un mínimo de penitenciaría corresponde que sea con prisión. Ese es nuestro sistema procesal. Que la prisión preventiva esté bien o no, eso podrá ser objeto de una reforma, pero ese es nuestro sistema procesal y es el que se aplica a todo el mundo.

EC – ¿Y cómo sigue esta investigación ahora?

MG – Muy probablemente haya una resolución en tribunal, según dijo el doctor Langón, que va a interponer recurso de apelación. Yo tengo más pruebas que preferí no proponer en este momento para no dilatar más el expediente, que ya llevaba más de cinco años.

EC – ¿Esas pruebas que usted piensa proponer procuran solidificar la acusación contra estos dos militares o abrir la responsabilidad a otras personas?

MG – No creo que sea el momento de decirlo, pero en este país los militares han tenido un sistema garantista, y la fiscalía tiene los mismos derechos. Creo que no es cuestión de hablar ligeramente acerca de que esto es una cuestión política o de que no hay pruebas. Acá tuvieron las mismas garantías, estuvieron presentes los abogados en todas las audiencias y esto se va a seguir como corresponde a un sistema democrático. Todos van a tener su juicio justo y el tema de si es o no pertinente la prisión preventiva, eso se discutirá cuando se reforme el Código del Proceso Penal.

EC – Mi pregunta apuntaba a saber si puede haber otros militares responsabilizados por este mismo caso, según lo que usted ha reunido como elementos de prueba y como testimonios.

MG – Si hay otros militares corresponde a la defensa o al mismo general Dalmao decirlo. Hasta ahora no han aparecido elementos de juicio que digan que hubo otros militares actuando esa noche en el cuartel. Lo hemos tratado de averiguar y ellos han dicho que no. Hay una especie de muro de silencio. Eso es conocido en todos los casos que tienen que ver con muertes producidas por torturas o con desapariciones forzadas, así como con las torturas mismas o con la desaparición de niños. Si hay alguien que sepa algo, el general Dalmao puede presentar a esa persona para que lo diga.

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EC – Los antecedentes que se publican esta mañana en la prensa recuerdan que Dalmao fue ascendido a general el 1º de febrero del año 2005, en el último mes de la presidencia del doctor Jorge Batlle. Sin embargo, fue su sucesor, Tabaré Vázquez, quien le dio destino con un nuevo grado, como director de Sanidad Militar. En el año 2008 fue designado como jefe de la División de Ejército IV con asiento en Minas. La producción de En Perspectiva intentó en el día de hoy incorporar la respuesta, la reacción y el análisis del comandante en jefe del Ejército, el general Jorge Rosales, quien prefirió no formular declaraciones. De todos modos, en el diario La República se informa que Rosales convocó para hoy a la hora 10.00 en la sede del Comando a todos los generales, a efectos de ponerlos al tanto de forma oficial de la situación procesal del general Dalmao.

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