(emitido a las 07.37 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
A los cambios que propone el Sistema Nacional Integrado de Salud, esta ley votada en 2006 que implica, tal como está planteado el escenario, la desaparición de las cajas de auxilio, aparece otro elemento arriba de la mesa.

Esta ley establece que tanto las empresas unipersonales prestadoras de servicios como los profesionales pasan a partir del 1º de enero a aportar al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por su facturación real y no por ficto, como estaba establecido hasta ahora.

Esta situación preocupa dado que hasta ahora la recaudación de los aportes al Fonasa, la que realizan trabajadores y empresas unipersonales, es responsabilidad del Banco de Previsión Social (BPS), aunque la gestión del Fonasa recae en el Ministerio de Salud Pública.

EMILIANO COTELO:
¿Por qué y a quién preocupa?

JAE – Porque hay un cambio en cuanto a la instrumentación.

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JAE – Estamos con la contadora Elvira Domínguez, representante de los empresarios en el directorio del BPS. En función de la información que se ha conocido, la ley remite a una reglamentación que hasta ahora no se conoce. ¿Cómo está manejando el BPS este cambio?

ELVIRA DOMÍNGUEZ:
Nuestros técnicos han estado trabajando en un posible borrador de reglamentación. No obstante, las definiciones no nos competen porque ya no es el BPS el que toma las decisiones en relación al Fonasa. Lo único que hacemos es ejecutar e implementar la cobranza. Estamos a la espera de las definiciones que a esta altura del mes ya nos están preocupando. Ya estamos muy cerca de fin de año y esto tendría que estar en aplicativo a partir del 1º de enero, pero no tenemos las pautas claras para poder seguir avanzando.

JAE – La situación al día de hoy indica que hay empresas unipersonales que aportan al Fonasa en base a un ficto. Es decir, a partir de un monto estable que se da todos los meses más allá de la facturación. En los casos de los profesionales no hay aportes al Fonasa porque todavía no están incluidos como beneficiarios, lo cual sucederá a partir del 1º de enero.

EC – ¿De qué orden es el ficto para tener una idea?

JAE – De 13.000 pesos. Son seis bases de prestación mínima y estamos hablando de un aporte que anda en el entorno de los 1.300 pesos. Eso es lo que las empresas unipersonales aportan mes a mes, independientemente de si alguien factura 10 pesos o 100.000.

ED – Exactamente.

JAE – ¿Qué vendrá a partir del 1º de enero tal como está establecido en la ley?

ED – Lo que se está manejando es que se pague sobre real. Lo más probable es que sea la misma base de cálculo para el IRPF. Esto constituye una diferencia en el tratamiento que podría considerarse una inconstitucionalidad estar tratando de forma diferente situaciones que son similares. En tanto, empresas unipersonales de capital y trabajo pagan por ficto, cosa que es lo más razonable dado que es muy difícil llegar a la determinación exacta de cuáles son los ingresos reales. Además sería muy complejo para administrarlo. Tenemos otros profesionales que estarían siendo obligadas a pagar por sus ingresos reales, como los profesionales universitarios o las unipersonales prestadoras de servicios.

JAE – Ese es uno de los argumentos que ha manejado el Colegio de Abogados esta semana. Se señala que el Fonasa es inconstitucional tal como está delineado, sin conocerse todavía esta reglamentación.

ED – Exactamente. Estamos a la espera de esas definiciones. Es un tema complejo, que está movilizando no solamente al Colegio de Abogados sino también al Colegio de Contadores, y a sectores vinculados a los seguros profesionales. Sin lugar a dudas, en las próximas horas van a comenzar a tener algún tipo de actividad conjunta para poder dirimir esto.

JAE – Hoy en el BPS, que recibe de las empresas unipersonales un monto fijo, aunque después se va ajustando en función del ajuste mismo del BCP, ¿tiene que darse un cambio en términos de operativa para que siga recaudando el Fonasa en función de esta ley?

ED – Este colectivo es nuevo, sobre todo el de los profesionales universitarios. Hay que hacer nuevos desarrollos tecnológicos para que nuestros sistemas puedan procesar esta información. Y no podemos seguir avanzando en tanto no tengamos las definiciones. Vemos que en caso de esto, seguir demorándose hará que la implementación será muy difícil de lograr para el próximo año.

JAE – Claro, porque estamos hablando de aportantes –en el caso de los profesionales– que no existen para el BPS, por llamarlo de alguna manera.

ED – Claro.

JAE – Actualmente los profesionales no tienen relación con el BPS. Los escribanos sí lo hacen a través de su caja profesional o de la caja notarial.

ED – Para nosotros es una incógnita. Hay que ingresarlos, establecer cómo se ingresan y fijarle códigos de acceso porque no tienen el mismo tratamiento que las otras empresas, y nada de eso se puede hacer en dos días. Nuestros sistemas son muy complejos. Hacen una cantidad enorme de validaciones porque no debemos olvidar que el BPS emite lo que se llama la prefacturada que hace todos los cálculos, realiza una serie de cálculos con muchas validaciones. Todo eso supone tocar sistemas informáticos muy complejos, por lo que debe hacerse con muchísimo cuidado y no trabajando con presión.

JAE – Tomando en cuenta la complejidad y el grado de involucramiento que tiene el BPS en este caso como recaudador, llama la atención que no haya una pauta clara y establecida. Sobre todo, tomando en cuenta que estamos muy cerca de la aplicación de esta ley de acuerdo a lo que está vigente. ¿No ha habido contacto con el ministerio de Salud Pública a propósito de esto?

ED – Sin duda. Desde la presidencia del BPS se ha estado trabajando en forma permanente. Ayer se hizo mención a esta situación en directorio, pero es un tema que políticamente está teniendo algunas resistencias por parte de los involucrados. Esto es lo que está demorando las posturas definitivas.

JAE – ¿Qué otros elementos hay? Si se repasa el marco normativo que está vigente, hay otros asuntos que también han sido anunciados como la incorporación de cónyuges y concubinos al Sistema Nacional Integrado de Salud. A partir de los aportes de los trabajadores al Fonasa, de acuerdo a lo que está vigente en la ley un grupo de ellos tiene que estar incorporados antes del 31 de diciembre de 2010.

ED – Hay un pequeño nivel de avance porque nuestros técnicos han definido los códigos, pero también faltan algunas definiciones. Por ejemplo, ayer fue citada por el presidente del Banco la posibilidad de que ingresen algunos colectivos o cónyuges de colectivos que no están en Fonasa. Esto es algo totalmente novedoso que ni siquiera está en la norma. Pero me parece que no estamos a tiempo de poder procesar eso.

JAE – ¿Qué es lo que se plantea?

ED – Lo que estamos planteando desde el BPS es la inminente necesidad de contar con todos estos elementos para que el BPS los pueda procesar con la seriedad y la seguridad que siempre lo ha hecho. Tampoco tenemos que dejar de lado que esto va a repercutir en las empresas, porque en definitiva son los empresarios y empresarias quienes van a tener que ingresar esta información. Van a tener que consultar a los trabajadores cuál es su situación personal, si tienen esposos, si tienen cónyuges, si tienen tres hijos o más –porque esto solamente alcanza en esta primera etapa a quienes tienen más de tres hijos. Todo esto lleva tiempo. Después habrá que manejar los códigos nuevos y hacer los ingresos. Pero no queda tiempo para hacerlo y no es bueno someter a las empresas a este nivel de estrés a esta altura. La mayor parte están en zafra, y van a tener que cumplir con sus obligaciones e ingresar toda esta información en tiempo récord.

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