(emitido a las 8.57 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El 19 de febrero de este año, pocos días antes de dejar el Gobierno, el presidente Tabaré Vázquez promulgó la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, una iniciativa que fue aprobada en la Asamblea General con el respaldo de todos los partidos políticos.

La ley, que en su momento impulsó el senador nacionalista Ruperto Long, promovía que el Estado adoptara nuevas medidas para atender a personas con distintos tipos de discapacidades, y contenía planes concretos para que pudieran ser incorporadas al mercado laboral.

El martes pasado, durante la Semana de la Discapacidad, la diputada Verónica Alonso realizó una presentación sobre el tema en el Parlamento, durante la cual trazó un panorama poco alentador. Hizo notar que la ley todavía no fue reglamentada y que, por lo tanto, las herramientas disponibles no están pudiendo aprovecharse.

Dijo que tampoco se avanzó en conocer cuántos son los uruguayos que tienen algún tipo de discapacidad, ya que los datos más recientes siguen siendo los de 2004, según los cuales habría unas 210.000 personas en esa condición.

Por eso, propuso un "Plan de integral de protección a las personas con capacidades diferentes", que abarca varias áreas. Para empezar, reclama que se reglamente rápidamente la ley y que se cumpla con ella. Pero además, incluye propuestas para incorporar a los discapacitados al mundo laboral, por ejemplo en esquemas de teletrabajo.

Para detenernos en estos temas y hablar de ese plan, recibimos en los estudios de El Espectador a la diputada Verónica Alonso, de Correntada Wilsonista, Partido Nacional.

¿Cómo y por qué decidió tomar este tema, el de los discapacitados?

VERÓNICA ALONSO:
En primer lugar porque me parece un tema de dignidad humana. Muchas veces se trata el tema de las capacidades con una actitud de buena voluntad, de caridad, ese sentimiento que muchas veces nos nace, pero no debe ser un tema asistencialista ni solamente de buena voluntad. Es un derecho humano que lamentablemente no siempre está consagrado.

Yo decía el otro día en la Cámara que la peor discapacidad que tenemos todos es no darnos cuenta de que todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos. Yo sé lo que significa vivir con una persona con una capacidad diferente en el ámbito familiar, en el seno familiar he convivido con un familiar en estas condiciones y eso quizás ha condicionado esta sensibilidad especial por este tema. Pero es un tema con el que –al menos en mi caso– necesitamos no solamente comprometernos, sino que es una responsabilidad, una obligación.

EC - Usted estuvo recorriendo instituciones vinculadas con el trabajo con discapacitados en estos meses.

VA - Desde principios de año tomamos este tema, porque ha habido avances en materia social y en materia legislativa, pero quedan muchas cosas por hacer. A principios de año comenzamos una recorrida, recorrimos la Escuela Horizonte, la Escuela Roosevelt, la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, el Plenario Nacional de Organizaciones de Impedidos, la Asociación de Enfermos Musculares, visitamos y nos han visitado una gran cantidad de instituciones buscando saber cuáles eran las demandas. Lo hicimos previo al ámbito del Presupuesto para ver cuáles cosas necesitan recursos presupuestales, que son unos cuantos. Pero además para escuchar cuáles eran esas demandas, sobre todo teniendo en cuenta que hacía muy poco tiempo, apenas iniciado el año, se había aprobado esta ley nº 18.651. Ahí nos encontramos con una serie de necesidades y de propuestas, de iniciativas, de reclamos, entonces tratamos de juntar todo eso para llevar adelante una acción en estos años para neutralizar esas desventajas, porque no siempre, como decimos, alcanza con buenas intenciones ni con buena voluntad, que estoy segura de que todos los partidos políticos tenemos.

EC - Uno de los puntos que usted incluyó en la intervención fue el llamado de atención sobre el hecho de que esta nueva ley sobre discapacitados no está reglamentada todavía. Yo decía que la ley se discutió durante buena parte del período de Gobierno pasado y que se terminó aprobando en febrero de este año con el voto de todos los partidos políticos. Van 10 meses desde de su promulgación, podría decirse que en comparación con otras leyes quizás el período no es tan largo. Pero ¿usted tiene información?, ¿qué ha pasado?, ¿cuáles son las causas?, ¿por qué no se ha reglamentado todavía?

VA - En primer lugar, existe una ley anterior, la nº 16.095 de 1989, que quizás no manejaba tanto el tema de la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Pero menciono como antecedente, para evitar que se repita, que muchos de los artículos de esa ley no fueron reglamentados. Pasaron 20 años para que algunos de los artículos de esta ley fueran consagrados, pero muchos otros no. Por supuesto que esta es una ley nueva, pero el Parlamento, el Poder Legislativo trabajó, acá hubo un trabajo del senador Ruperto Long, de senadores de otros partidos, como Margarita Percovich, Pablo Álvarez, de muchos legisladores que están y de otros que no están, entonces la idea es que esto no quede en letra muerta. El Poder Legislativo aprobó una ley, ahora falta el trabajo de la Comisión Honoraria y del Poder Ejecutivo, que no cumplen con esa eficiencia y esa ejecutividad por lo que quienes quieren hacer uso de los beneficios de esa ley hoy no lo pueden hacer.

EC - Cuando entrevistamos al ingeniero Long en febrero, todavía senador en ese momento, él contaba que una de las observaciones que nosotros le hacíamos, el hecho de que el texto no incluía plazo para la reglamentación, había sido uno de los temas que se habían negociado para que la ley pudiera salir con apoyo de todos los partidos, que el Poder Ejecutivo había solicitado que no existiera ese plazo. Ese dato ya daba una señal.

Por otro lado, nos llamaba la atención el volumen de la ley, es una ley de 93 artículos, llena de detalles y especificaciones, y además quien quedaba encargada de elaborar al menos el borrador, la primera versión de la reglamentación, era la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, que está integrada por 13 organismos públicos, más representantes de todas las organizaciones que se ocupan de personas con discapacidad. Un grupo multitudinario, que quizás no es lo más eficiente para hacer este trabajo.

VA - Exacto. La creación de estas comisiones tan amplias, con tantos integrantes, atenta contra la eficiencia y la ejecutividad. De todas maneras acá falta el compromiso de la Comisión Honoraria y del Poder Ejecutivo. Esto tiene que ser algo expeditivo, insisto, porque el tiempo sigue pasando sin que la ley esté reglamentada, hay un vacío, y cuando las personas quieren acogerse a los beneficios de esta ley se encuentran con ese vacío.

El tema de la discapacidad es extremadamente amplio, tiene muchas aristas, pero yo me enfoqué especialmente en el tema del acceso al mercado laboral, que es un tema central para muchas personas que tienen este tipo de capacidades diferentes, que no pueden acceder al mercado laboral, porque a veces uno tiende a discriminar o a denostar, piensa que no van a hacer el trabajo de la misma manera. Y está comprobado que una persona con una capacidad diferente puede cumplir, bien motivada, en aquel lugar donde esté preparada para desempeñarse, está motivada, puede ser un ingreso para su familia o para ella misma. Es un derecho humano que tenemos que resguardar y consagrar.

EC - La ley que se aprobó en febrero, la nº 18.651, tiene tres caminos para favorecer las oportunidades de trabajo de los discapacitados. A eso iba usted, a que esos caminos hoy están cuestionados por la falta de reglamentación.

VA - En el ámbito público se maneja el tema del 4%, que ya estaba en la ley anterior.

EC - Las oficinas públicas que tomen empleados deben guardar esa proporción, 4% de los cargos deben ser para personas con capacidades diferentes. Eso ya venía de antes.

VA - Estaba de antes, entonces averiguamos cuáles oficinas cumplían y cuáles no. Porque a veces como legisladores cometemos ese error, hacemos una ley y creemos que con eso alcanza. Y acá hay que ver si la ley es buena, y es una ley es buena en la medida en que sea aplicable y se cumpla. No alcanza con hacer una ley, hay que hacerla y hay que ver cuál es el cumplimiento o el incumplimiento. Esto está tratado en el artículo 49 y los que siguen. ¿Qué pasa en caso de incumplimiento, cuando las oficinas públicas, los Gobiernos departamentales no cumplen con este porcentaje? Hicimos pedidos de informes, como legisladora tengo esa herramienta. Le pedimos la Oficina Nacional del Servicio Civil, que tiene la obligación de proporcionar esa información, y hasta el día de hoy no tuvimos respuesta, e hicimos pedidos de informes a cada una de las oficinas y empresas públicas. Sabemos que la Intendencia Municipal de Montevideo sí cumple con este requisito, pero muchas oficinas públicas no, de hecho varios jerarcas nos han confesado que no se cumple. El Poder Ejecutivo, el Gobierno, tiene que establecer auditorías y definir qué pasa con los incumplimientos, porque la ley establece sanciones a los propios jerarcas. Esto es lo que a nosotros nos produce esa impotencia, hay una ley, se establecen sanciones al incumplimiento y sin embargo no se cumple.

EC - La ley que es letra muerta.

VA - Eso en el ámbito público. Pero a veces uno tiende a cargarle al Estado todas las tintas; yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo sobre todo de las discapacidades más severas, pero después hay un amplio margen que el ámbito privado puede desempeñar y de hecho está interesado. A mí me han llamado de unas cuantas empresas privadas, porque los artículos 64 y 65 de esta ley dicen que aquellas empresas de origen privado que contraten personas con discapacidad van a tener los aportes patronales exonerados. Esto es bueno para las empresas privadas, para las personas con capacidades diferentes, porque van a entrar al mercado laboral, y para el propio Estado que va a tener una rebaja en las pensiones que otorga. Sin embargo, conocí el caso de una persona que fue a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) a registrarse para acogerse al beneficio, y parece que la encargada de la Dinatra le dijo: "Yo no tengo la menor idea de lo que me está hablando".

EC - Porque el artículo 65 de la ley dice "los empleadores que participen del régimen establecido en el artículo 64 de la presente ley deberán inscribirse previamente en el Registro Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, el que estará a cargo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La reglamentación establecerá la forma y las condiciones de dicho registro".

VA - A eso voy. Frente a la ausencia de reglamentación, hay un vacío que es muy difícil. Por eso insistimos en primer lugar en que se reglamente la ley, en que se cumpla y se difunda, porque no hay esa difusión necesaria ni para quienes pueden acogerse a los beneficios ni para quienes pueden ayudar, me refiero al ámbito privado.

Y voy a un tercer punto que planteamos en la exposición que tiene que ver con el mecanismo del teletrabajo. He hablado con varias personas interesadas en establecer este mecanismo, esta modalidad de trabajo que está desarrollada en el mundo, y me decían, "pero si yo quiero tomar personas con capacidades diferentes y acogerme al beneficio de esas exoneraciones, ¿a dónde voy?, ¿dónde las busco?".

EC - Es interesante este rubro del teletrabajo, porque desde que existe o desde que se ha ido extendiendo, de hecho genera posibilidades de empleo para los discapacitados que antes quizás no existían. Les facilita las cosas, un discapacitado que tiene dificultades para trasladarse, dificultades motrices, puede trabajar en su casa.

VA - Exacto, nosotros lo empezamos a analizar para presentar un proyecto de ley con respecto al teletrabajo, primero porque es una modalidad que se ha desarrollado en el mundo, tomamos ejemplos de la normativa jurídica de Chile y de Colombia, que tienen desarrollado este mecanismo en la región. En nuestro país no hay reglas de juego claras con respecto a este tema, sobre todo con respecto al tema de contrato laboral, sabemos que se trata de un contrato diferente, pero nos interesó especialmente un capítulo para la discapacidad. Porque hay personas que tienen dificultades para moverse en la ciudad, hay personas que no pueden tomar un ómnibus, que no pueden subir escaleras, porque tienen sus capacidades intelectuales en las mejores condiciones, pero tienen esa dificultad motriz para trasladarse. Y de esa manera, trabajando en su domicilio, la discapacidad pasa a un segundo plano. Esa persona que muchas es veces es señalada, con ese estigma de que no va a poder hacer el mismo trabajo, con este tema pasa a un segundo plano, va a cumplir y va a hacer la tarea exactamente igual que cualquier otra persona considerada normal.

EC - Por lo que usted dice, también en el caso del teletrabajo se presenta en primer lugar la dificultad de que la ley con estos beneficios de exoneración de aportes patronales a la seguridad social no está reglamentada, y por lo tanto ese incentivo no puede usarse. ¿Qué más? ¿Por qué habría que hacer una ley especial en esta materia? Usted está preparando un proyecto.

VA - En Uruguay no están todavía establecidas reglas de juego claras, no hay un marco jurídico estable para esta modalidad de trabajo. Hemos conversado con personas que están interesadas, esta última semana hemos trabajado con alguien que viene desarrollando el teletrabajo, Álvaro Lamé, director de la empresa Netgate, sobre cuál sería esa reglamentación o esa normativa jurídica para que el teletrabajo se desarrolle con estabilidad. En el caso de las personas con capacidades diferentes nos parece que tenemos que dar mayor incentivo, ¿cuál es el incentivo para que una empresa contrate a una persona en estas condiciones o a una persona "normal"? El tema de los aportes patronales está contemplado en esa ley, pero tiene que haber algunos incentivos, cuáles pueden ser las personas con mayores ventajas para desarrollar la tarea, eso es lo que estamos estudiando para presentarlo apenas inicie de vuelta el año en marzo.

***

EC - Decíamos que en nuestro país hay unas 210.000 personas con alguna discapacidad. Ese fue uno de los puntos de preocupación que usted expuso, el hecho de que no hay información actualizada. ¿Por qué ese punto es importante?

VA - En primer lugar para tomar decisiones, uno para tomar una decisión tiene que saber de qué mundo está hablando. Y los únicos datos válidos cuantitativamente y cualitativamente son de una encuesta del año 2004, que como encuesta es un muestreo, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es ese mundo del que estamos hablando. Uno de los planteos que hicimos fue que se incorporen en el Censo Nacional Universitario datos específicos sobre discapacidad: tipo de discapacidad, por género, por edad; de acuerdo con los datos de la encuesta del año 2004, el 57 o 58% de las personas con discapacidad en el país son mujeres. Este es otro dato a tomar en cuenta, sobre todo mujeres, muchas madres, jefas de familia, entonces muchas veces se genera esa doble discriminación, por género y por discapacidad. Es necesario saber de qué mundo estamos hablando a la hora de tomar decisiones. Por eso es importante, parece poco serio que en el censo no esté esa información.

EC - ¿Está previsto? Porque el próximo censo está muy cerca.

VA - El próximo censo es en el 2011, nosotros hemos pedido audiencia con el Ministerio de Economía para tratar este tema y para tratar de que sean incorporadas dos o tres preguntas. Y lo mismo con el Instituto Nacional de Estadística. Esperamos poder hacerlo antes de que finalice el año para tratar de concientizar –aunque creo lo saben– de que es necesario y es importante conocer el número de que estamos hablando. Sobre todo insisto con el tema laboral, las personas con capacidades diferentes se educan menos. En esta encuesta se habla de que cerca del 40% tiene menores posibilidades de educación, y esto va aumentando a medida que va aumentando el nivel de educación, cuando llegan a nivel terciario tienen menos posibilidades aún. Entonces quienes tienen capacidades diferentes se educan menos, tienen menos posibilidades de trabajo, y además cuando consiguen trabajo ganan menos, cerca de 40% menos que quienes hacen la misma actividad pero que no tienen discapacidad. Es necesario tener la información para darles las posibilidades y las oportunidades, que tienen que ser las mismas para todos.

EC - Un mensaje de la audiencia. María dice que tiene una hija con discapacidad psiquiátrica y la ley no se cumple, porque siempre hacen una prueba psicológica. "¿Qué pasa con estos casos?" También habla de los llamados laborales, que empezaron recién en el Gobierno pasado aunque la ley ya existía.

VA - Es un tema que nos han planteado en muchas oportunidades. Por ejemplo en el caso público, cuando hay un llamado de la administración pública los requisitos de por sí, quizás por falta de experiencia, dejan afuera a estas personas, no se tienen en cuenta las discapacidades. Son requisitos que de hecho los discriminan. Habría que estudiar y analizar muy bien esos requisitos para que no se discrimine ya desde el llamado.

EC - Pensando en la ley, recuerdo que otro de los puntos que conversábamos con el senador Long era la introducción de la figura del asistente personal.

VA - El artículo 25, que tampoco se cumple por esta falta de reglamentación.

EC - Ese es un punto especialmente importante, porque la ley consagró el derecho de que el discapacitado severo cuente con un asistente personal.

VA - Que además le paga el propio discapacitado, no es mi tío que me puede ayudar, es alguien que tenga determinadas aptitudes para hacerlo. Este es otro de los puntos que no se cumplen, porque el BPS es el que otorga ese beneficio para que el discapacitado pueda pagar, pero frente a la no reglamentación de la ley hoy no es posible acogerse a este beneficio.

EC - Leo el artículo 25 para que se vea cómo está redactado: "Facúltase al Poder Ejecutivo a crear, en el Banco de Previsión Social, el Programa de Asistentes Personales para personas con discapacidades severas, requiriendo para su instrumentación la intervención del Banco de Previsión Social". Es una facultad.

VA - Es una facultad, pero a mí me rebela eso, la lentitud en la reglamentación de una ley, el Legislativo aprueba una ley, y el Poder Ejecutivo, vía la Comisión Horaria en este caso, tiene que reglamentarla y hacerla cumplir. En función de esos mensajes y de lo mucho que hemos conversado durante todos estos meses sabemos lo que significa esa ley, para otros quizás parezca mínimo, pero para ellos es mucho, eso tiene que ser un compromiso, por lo menos en mi caso en el Parlamento es una obligación, una responsabilidad.
   

EC - Fíjese en este mensaje de Gerardo: "Quiero agradecer enormemente a la señora legisladora por ocuparse del tema, y a la radio por tratarlo. Debería ser una de las primeras cosas a encarar en cualquier Gobierno". Y después dice: "Un ejemplo, en una empresa pública había un pasante con discapacidad, no intelectual sino física, y fue dado de baja en su contrato".

***

EC - Mire qué interesante otra discusión que viene de la audiencia, y la plantean varios oyentes: "No hay que decir capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, así que el término no es ‘persona con capacidades diferentes’, ni ‘discapacitados’; la forma correcta es ‘personas con discapacidad’, ante todo hay que reconocer la condición de personas. Las formas suavizadas de nombrar a las personas con discapacidad son también una forma velada de discriminación". ¿Qué le parece?

VA - Coincido absolutamente. Muchas veces me han dicho "no digas personas con discapacidad", y yo lo he vivido en el seno familiar y siempre sentí que era una persona con discapacidad pero que no por eso dejaba de ser persona con derechos, con beneficios, con oportunidades. Yo no lo siento y lo digo con el máximo respeto.

EC - Lo de "capacidades diferentes" es todo un eufemismo.

VA - Exacto. Además uno tiene que buscar en las personas con discapacidad cuáles son las capacidades, que las tienen, estoy completamente segura de que las tienen, no buscar esa discapacidad o esa capacidad diferente. Tienen capacidades, y hay que darles oportunidades para aplicarlas, sobre todo que puedan desarrollarlas con integridad y dignidad en el tema laboral. Pero es verdad, ese debate se ha dado muchas veces y me han dicho "no digas personas con discapacidad". Yo lo digo con el máximo respeto, pero funciona y es así.

EC - En la exposición de la semana pasada usted también mostró preocupación porque se ha eliminado desde hace tiempo la capacitación para maestros especializados en discapacidad. ¿Cuál es el problema?

VA - Recorrimos una gran cantidad de escuelas especiales, y el planteo que se nos hizo en la mayoría es que, sumado al ausentismo docente, que se repite en escuelas especiales y no especiales, en este caso tratar de desarrollar con integridad con niños especiales demanda una dedicación y una preparación especiales. Lamentablemente se ha retirado esa especialización, hoy se da como algo opcional o ni siquiera eso, cuando es obvio que es necesario que la persona que va a atender a niños con discapacidad tenga una preparación especial. En todas las escuelas se nos ha planteado lo mismo, quedan muy pocas maestras especializadas, por lo tanto muchas no tienen la paciencia suficiente, porque no están preparadas, no tienen capacitación porque no se han propuesto como objetivo tratar a niños especiales. Hay que conversarlo, es un tema para analizar en el ámbito de la ANEP y de la educación, recuperar aquello de las maestras especializadas, porque tienen una preaparición especial para tratar a estos niños, que no se tratan de cualquier manera, todos sabemos que estos niños necesitan una preparación especial para desarrollar sus habilidades, y quien imparte esa educación también tiene que estar preparado de una manera diferente.

EC - Todavía no conversó este punto con las autoridades de la enseñanza.

VA - Es un tema controversial. Lo hemos conversado, hay dos bibliotecas en este tema, aquellos que hablan de que los niños pueden ser educados por maestras en general, y estamos en esa discusión, a nosotros nos parece bien que muchos niños se incorporen a la escuela y tengan esa integración con niños comunes, pero hay otros que piensan que no es necesario la especialización de los maestros. Yo estoy convencida de que sí, en función de lo que hemos dicho, que hemos recorrido todas las escuelas especiales este año y en todos los casos nos han planteado la misma demanda. Sobre todo: tenemos un problema, porque sumado al ausentismo docente, tenemos este tema en especial de que tienen que tratar con niños que requieren una atención especial.

EC - ¿Qué viene después de este planteo que hizo en el Parlamento?

VA - Seguir insistiendo, ser fiel guardiana del cumplimiento de esta ley, de la reglamentación de esta ley. Vamos a pedir una entrevista con la Comisión Honoraria, con el Poder Ejecutivo, para tratar de que esto sea expeditivo, eficiente y en los tiempos, porque en el día a día esto queda en letra muerta, pero quienes pueden acogerse a los beneficios están esperando todos los días la reglamentación, la difusión y por lo tanto el cumplimiento de una ley que tiene muchos beneficios.

EC - Tiene por delante una larga serie de reuniones con organismos, con autoridades. Usted habló de un plan de integral de protección a las personas con discapacidad; ¿a qué se refería?

VA - En primer lugar, al cumplimiento, si hay una ley debe cumplirse la protección de los derechos.

EC - Lo básico, que se cumpla la ley, que se reglamente.

VA - Que se reglamente, que se difunda, la difusión es elemental y básica, sobre todo a través de los medios. Hemos pedido la colaboración de todos los medios de comunicación para la difusión de la ley, porque muchas veces la información no llega a quienes tiene que llegar. Eso como primer punto.

También decimos que la discapacidad tiene muchas aristas, y nosotros nos enfocamos sobre todo en el acceso al mercado laboral, y ahí estamos en tres puntos, en el ámbito público, en el ámbito privado y esta nueva modalidad desarrollada pero no específica para las personas con discapacidad que es el teletrabajo. Otros puntos son la incorporación de la información al Censo Nacional Universitario, la incorporación de maestros especializados, y estamos analizando el tema de una causal jubilatoria diferencial para trabajadoras y trabajadores que se dedican a trabajar con estos niños.

En la Escuela Horizonte y en la Roosevelt, en especial en la Horizonte, donde estuvimos en varias oportunidades, hemos visto la dedicación y el trabajo de muchas mujeres –mujeres y hombres– con estos niños; tienen un desgaste físico y mental diferente. Lo conversamos en aquella oportunidad con María Auxiliadora, la señora de Tabaré Vázquez, y coincidíamos en que hay que trabajar para que estas mujeres tengan un retiro digno, porque ellas dedican la vida a esto. Uno no lo sabe hasta que va ahí y lo ve. Es una dedicación muy humana, pero les genera un desgaste físico y mental diferente.

***

Transcripción: María Lila Ltaif