Estimado Emiliano,

Venía escuchando la referencia al tema del trato de los menores infractores en dependencias del Iname y la verdad es que a pesar de la falta de tiempo que tengo, no puedo menos que enviarle algún comentario de sorpresa luego de escuchar a esas "nobles" damas firmantes del comunicado que Ud. leyó.

Le aclaro que no tengo nada que ver con el Iname y por el contrario actualmente soy Defensor de Oficio de Familia en Montevideo y anteriormente fue Defensor de Familia y Menores Infractores por lo que conozco bastante esa problemática (seguramente más que las tres instituciones que hicieron el informe).

En primer lugar, lo que realmente asombra es esa ligereza en determinar la inversión de la carga de la prueba a partir de una denuncia, lo cuál subvierte los más elementales conceptos de nuestro orden jurídico o sea que al funcionario del Iname denunciado se le debe exigir que "pruebe que no cometió los hechos que se le imputan" (???)

Independientemente de las culpas propias de estos funcionarios, debería informarse a estas "nobles damas" que tanto los menores infractores como los detenidos mayores utilizan cuanto recurso hay a su alcance para generar un ambiente favorable a la posibilidad de salir de su situación (lo cuál es lógico).

Durante las visitas de cárceles es lo más común que se le indique al Ministro de la Corte que el Defensor de Oficio nunca lo visita y no lo tiene informado ni a él ni a sus familiares, lo cuál apenas es verificado queda desmentido por una larga serie de firmas del propio detenido en un cuaderno de visitas que el Defensor le hace firmar cada vez que lo ve, precisamente para tener un orden administrativo y evitar estas distorsiones. Eso independientemente de que "ninguno hizo aquello que se le imputó y por lo cuál está ahí dentro injustamente" .

En el caso de los menores infractores (sean copadores, rapiñeros, violadores y demás delitos peligrosos) la situación es la misma, a lo que debe agregarse la presión de sus familiares directos que semanalmente visitan la Defensoría u otras organizaciones explicando la "inocencia de su hijo adolescente" al cuál en realidad se le han probado todo tipo de actos ilícitos y hasta lo han confesado en el Juzgado (lo cuál omiten aclarar a su madre o padre).

Por lo tanto, si cualquier persona que tenga la tarea de vigilar, asesorar, defender jurídicamente o estar a cargo de un establecimiento de detención va a tener la carga de probar que son falsas o no las denuncias que le hacen este tipo de personajes acostumbrados a vulnerar libremente y en cualquier ámbito los derechos de los demás ciudadanos pacíficos, estamos con las coordenadas mentales cambiadas y evidentemente resulta muy fácil apoyarse en esos conceptos genéricos de los Convenciones Internacionales que abarcan tanto que terminan por no cumplir nunca con su supuesto cometido.

Saludos
Walter Pritsch Arcieri