(emitido a las 07.37 Hs.)

EMILIANO COTELO:
"El Ministerio del Interior comenzará hoy una lucha frontal contra las organizaciones de intermediación lucrativa de captación de socios en el sistema mutual. Algunas instituciones llegan a pagar al responsable de esas organizaciones de intermediación el equivalente a cuatro meses de la cuota del socio", dice esta mañana el matutino La República.

Agrega que "estos actos delictivos llegan a movilizar cuatro millones de dólares anuales".

En ese contexto, y con la apertura del corralito bien fresca –tiene apenas una semana–, la Junta Nacional de Salud (Junasa) presentó el viernes formalmente una denuncia penal por las maniobras ilícitas que fueron denunciadas ante ese organismo del Ministerio de Salud Pública (MSP). El motivo es la captación de socios con dinero de por medio para determinadas mutualistas.

El jueves pasado se mantuvo una reunión entre las autoridades del Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio del Interior y la Junasa para analizar una serie de casos que habían sido informados de captación ilegal de socios para mutualistas. Estos casos se produjeron en este período en el que se permite a los socios el cambio de institución mutual, con tres años continuos de permanencia en una de estas.

Estamos en diálogo con el presidente de la Junasa, el doctor Luis Enrique Gallo. Estamos hablando de algo viejo, ¿no?

LUIS ENRIQUE GALLO:
Sí, larga historia en el país.

EC – El corralito mutual, que no se llama así formalmente pero que ha sido identificado de manera popular de esa forma, se instauró porque existían este tipo de maniobras.

LEG – Sí. Esto fue inventado en 2002 en el Gobierno del doctor Jorge Batlle (Partido Colorado) porque en los años 90 esta práctica era importante. Llevaba al desfinanciamiento de las instituciones. El corrimiento de usuarios de una institución a otra era importante. Las instituciones no podían prever su estrategia financiera, económica y de trabajo en función de que estas organizaciones traficaban usuarios en forma importante. Entonces, en 2002...

EC – ...Recordemos que lo que ocurría era que se producía el traspaso permanente. Había usuarios que iban rotando de una mutualista a otra en coordinación con estas organizaciones.

LEG – Exacto. Estas organizaciones tenían el padrón de un número importante de afiliados. Se lo presentaban a una institución, estaban cinco o seis meses en ese lugar y después sacaban ese padrón y se lo vendían a otra institución. Así hacían de forma constante hasta que en 2002 apareció la prohibición y el atrapamiento de los usuarios dentro de cada institución. Esto queda vigente hasta 2009, cuando nuevamente se abre la movilidad regulada.

EC – Estamos hablando de usuarios vía Disse o Fonasa.

LEG – Sí.

EC – De todos modos, este tipo de maniobras igual surge en el período en el que el corralito se abre.

LEG – Sí, este tipo de maniobras está durante todo el año. Estas organizaciones son contratadas por las instituciones para la captación de socios nuevos. Una persona entra a trabajar y tiene que optar por una institución. A través de dinero estas personas se vuelcan hacia una u otra institución. La zafra es en febrero, ya que cualquier usuario que tenga más de tres años en cada institución puede cambiar. Por esa razón es que ahora aumentaron las denuncias de los propios usuarios, que nos venían a contar cuál era la situación. Después pudimos percibir personalmente cómo era la situación. En función de todo eso, conjuntamente con las autoridades del BPS, que tienen una larga historia de lucha contra esto, hicimos la denuncia formal ante el Ministerio del Interior.

EC – ¿Cuál es la ventaja para el usuario, para el que va a parar a una mutualista determinada por este negocio?

LEG – Si uno lo mira desde nuestra perspectiva es una desventaja. Esto pasa en familias o en personas de clase media baja, donde sabe que el cambio de institución le equivale a un premio de 1.000 o 1.500 pesos o un celular. Entonces va hacia el BPS porque sabe que en las afueras están estas organizaciones delictivas montadas...

EC – ...Claro, pero el dinero, por lo que usted está contando y teniendo en cuenta que es por una única vez, después no se puede seguir haciendo la calesita...

LEG – ...Por tres años no.

EC – ¿Se justifica entonces aceptar la propuesta de anotarse en una mutualista que quizás la persona no conoce o no considera la más adecuada sólo porque le dan 500 o 1.000 pesos?

LEG – No. No debería pasar pero pasa...

EC – ...No entiendo por qué llega a funcionar el negocio.

LEG – Usted imagine a una persona que gane en el entorno de los 8.000 y los 10.000 pesos. Si esa persona tiene la posibilidad de cambiarse de mutualista y que le den 1.500 o 2.000 pesos, es prácticamente un salario vacacional. Esas personas optan por eso. O si no está el caso de mucha gente que está tratando de averiguar cómo se hace el cambio mutual y encuentra una de estas personas que le ofrece dinero. Las organizaciones trabajan con varias instituciones, no sólo para una. Le abren a la gente el abanico de instituciones y la convencen. Y la gente accede porque, en definitiva, están hablando de instituciones conocidas...

EC – ...Sí, y sin duda que la opción es más interesante cuantos más miembros tenga el grupo familiar, ¿no?

LEG – Obviamente.

EC – Ahí se le ofrece más dinero. ¿Han recibido una importante cantidad de denuncias en estos días?

LEG – Sí, hemos recibido denuncias de los propios usuarios que se han visto involucrados. Les han ofrecido dinero por el cambio de instituciones. Las autoridades del BPS, inmediatamente después de la apertura del corralito, empezaron otra vez a ver a estas organizaciones. El presidente del BPS, Ernesto Murro, ha trabajado frontalmente contra estas organizaciones. En seguida nos pusimos en contacto para frenar esto mediante la intervención del Ministerio del Interior...

EC – ...Usted acaba de decir que estas organizaciones son conocidas. ¿Cómo es que no se ha actuado contra ellas antes?

LEG – Sí se ha actuado y algunas personas han ido presas. Hubo procesamientos en 2008. En ese momento yo no estaba en la Junta pero me comentaban que hubo dos o tres personas detenidas y procesadas. A una institución incluso se le aplicó una sanción económica muy severa en aquel momento.

EC – Se tiende a poner el foco en la organización que trafica, pero detrás de esa organización está una de las mutualistas que paga por esa intermediación.

LEG – Para nosotros lo más importante no es la organización que interviene en la intermediación lucrativa, sino que es detectar la institución que contrata a estas organizaciones. El artículo 19 del contrato de gestión que las instituciones de asistencia médica colectiva tienen firmado con la Junasa habla de que por el sólo acto administrativo de la Junta y ante la constatación de estos hechos puede haber sanciones a aplicar desde la Junta hacia las instituciones. Estas sanciones pueden llegar hasta 50% de la recaudación de la institución.

EC – A eso iba con mi próxima pregunta: ¿A qué monto de sanciones se exponen las mutualistas?

LEG – Siendo la primera vez, la Junta puede aplicar la mitad de la recaudación de esa institución.

EC – ¿La mitad de la recaudación por Fonasa en un mes?

LEG – Sí. Que una institución reciba la mitad de la recaudación en un mes es una sanción muy importante.

EC – Usted dice que ya hubo una institución que recibió ese tipo de sanción.

LEG – Sí, en 2008. No sé si recibió ese tipo de sanción porque no sé si en ese momento el contrato de gestión estaba vigente, pero sí recibió una sanción económica importante. Creo que fue antes de la formación de la firma del contrato de gestión que está vigente.

EC – Esa es la advertencia que ustedes están haciendo públicamente. ¿Ahora cómo sigue esto?

LEG – Desde el viernes ya está actuando el Ministerio del Interior a través del Departamento de Delitos Económicos y Financieros, donde estuvimos reunidos con los directores correspondientes y dimos toda la información que teníamos. Entre otras cosas, fotos y matrículas de vehículos, porque el modus operandi de estas organizaciones es juntar a tres o cuatro personas en varios autos y llevarlas a la institución. Tenemos fotografías sacadas por funcionarios del BPS y del MSP. El Ministerio del Interior está trabajando desde el viernes.

EC – O sea que en la información que ustedes tienen también figura el nombre de las mutualistas involucradas.

LEG – No. La información que tenemos es de cuando parten desde el BPS. No hemos seguido a estos vehículos y por lo tanto no hemos visto hacia dónde se dirigen. Lo que va a hacer el Ministerio del Interior es seguir a esos vehículos.

EC – ¿Cuándo se dará a conocer el nombre de las mutualistas que contratan este tipo de organizaciones?

LEG – Será público cuando podamos constatar y sancionar administrativamente a las instituciones. En ese caso no hay motivos para no hacerlo. En este momento está en plena investigación. Además tenemos denuncias de instituciones a otras instituciones. Tenemos una rica información para que dé resultados.

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EC – En la sección de humor del matutino La Diaria se toma esto como una de las noticias con las que se la agarra. La sección de "Los informantes" titula: "Usuarios de la salud denuncian intentos de soborno para cambiarse de mutualista: les ofrecen buenos médicos y consultas en menos de dos meses".

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