Garcé dijo a El Espectador que la existencia de armas de fuego en las cárceles "es una inquietud que tenemos hace años que y  hemos planteado en varias oportunidades. Tenemos la certeza que hay, no sabemos quiénes las tienen ni donde están escondidas. Mientras no se requisen todas las armas nadie puede estar seguro, ni los reclusos ni los policías", comentó.

Y agregó: "Esto es algo que puede pasar. Mientras no sean retiradas las armas de los celdarios, efectivamente puede pasar".  

Garcé además se refirió a los denominados "peajes" que hay en las cárceles nacionales. Según, el comisionado hay dos modalidades de cobro extorsivo en las penitenciarías: el peaje y el cobro de deudas por droga.

"El peaje es un pago por una supuesta seguridad. Imagínese que ingrese una persona cuyas características difieran del reto de la población carcelaria y unos reclusos le ofrecieran protección. Esa amabilidad se transforma pronto en una exigencia de pago de dinero para la familia. Eso desgraciadamente ocurre. El  cobro de deudas por droga es el pago de consumo de drogas dentro de la cárcel. Quien consume adentro manda a pagar afuera, y si los familiares no pagan, sufren las consecuencias los internos o los propios familiares afuera. Fundamentalmente lo que reconsume es pasta base".

Con respecto a controles de ingreso a las visitas y policías, en el Presupuesto nuevo estaban contemplados comprar nuevos equipos de detectores de metales. Consultado si ya están funcionando, Garcé dijo: "Tengo la seguridad, porque así se me ha informado, que la tecnología ha sido comprada. Lo que ocurre es que todavía no está operativa en un 100% y esto dificulta el proceso de revización de los familiares".

Según el comisionado, el mecanismo actual es poco eficaz porque es una especie de selección aleatoria. "Eso termina debilitando el control, no se puede en estas condiciones revisar al 100% de la población que ingresa", dijo.