(emitido a las 7.37 Hs.)

EMILIANO COTELO:
En menos de 48 horas fue asesinado un segundo recluso. En este caso se trata de Luis Eduardo Gancio Olmos, que apareció muerto ayer en su celda del módulo 6 del Comcar.

Según publica hoy el diario El Observador, dos agentes de policía habían sido procesados tiempo atrás por suministrarle drogas al preso fallecido. Un comisario fue procesado por ingresar cuatro kilos de marihuana y otro agente por entregarle un kilo de marihuana y 20 de pasta base. Según las fuentes que ha consultado el matutino, Gancio habría recibido el dinero para la droga pero no habría entregado la droga, y por eso alguien habría optado por asesinarlo.

Estamos hablando de un hecho que ocurre apenas después del asesinato del recluso Nelson Peña Otero, conocido como "Rambo", un hecho que ocurrió en el Penal de Libertad.

El diálogo es a partir de este momento con el doctor Álvaro Garcé, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. ¿Qué análisis está haciendo usted de esta situación? ¿Estas dos muertes en dos días significan algo o pueden ser una casualidad?

ÁLVARO GARCÉ:
No, queda claro que si bien no existe conexión causal entre un hecho y otro, ambos son la expresión sintomática de una realidad que se parece. En un caso, un hecho se produce por arma de fuego. En el otro es con un arma punzante, de esas que normalmente aparecen en ocasión de las requisas generales, a diferencia de lo que sucede con las armas de fuego que en general no aparecen en esas requisas. Las armas de fuego cuando son halladas sucede por resultado de alguna negociación entre alguien que quiere entregarlo por alguna razón.

EC – Está bien, pero ¿el hecho de que las dos muertes hayan sido tan seguidas tiene algún mensaje detrás?

AG – No. Creo que la proximidad en el tiempo es una coincidencia. En todo caso, como decía, las muertes son la expresión de un clima de violencia que existe en las cárceles. Desgraciadamente, el relacionamiento entre los internos, y luego entre los internos y la guardia suele ser bastante violento. En ese sentido hemos marcado la preocupación por un clima de convivencia que ha ido variando a lo largo de los años. Siempre ha habido incidentes. Esto es una constante. Pero se veía que en los últimos 10 o 12 años la convivencia cotidiana ha ido cambiando. Creo que la entrada de determinadas drogas a las cárceles ha sido muy negativa, concretamente desde 2002 en adelante, cuando ingresó la pasta base.

EC – ¿Qué ve usted en la incidencia de la droga y más específicamente de la pasta base? Quiero decir: ¿usted va por el lado de la alteración de las conductas de los presos o por el lado de la presencia dentro de las cárceles de elementos pertenecientes al narcotráfico, tanto de acá como de afuera?

AG – No, básicamente apuntaba al consumo como un factor que tiende a complicar la vida cotidiana. Vemos en ese sentido la cantidad de incidentes que se producen, no siempre con resultado fatal, y que se origina muchas veces en cuentas que tienen que ver con el consumo de droga. Este es un análisis dependiente de estos hechos. Lo que ha habido en ambos casos son viejas cuentas y esto es lo que surge de la crónica.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Hay otro elemento que tiene que ver con algo que llegó de afuera, ya sea el arma que terminó con la vida de Rambo o la droga que llega del exterior. ¿Dónde está el principal canal de ingreso de productos prohibidos en la cárcel: en la guardia policial, en los propios policías carceleros o en las visitas que se producen habitualmente?

AG – Es difícil determinar la incidencia de cada una de las vías. En todo caso son situaciones que se superponen. Queda claro que esto tendería a minimizarse –si no a erradicarse– si hubiera un control generalizado de todas las personas que ingresan a la cárcel. A fines del año pasado fue votada la ley y se estableció que el Ejército nacional iba a revisar a todas las personas que ingresaran. Esta ley está en proceso...

JAE – Justamente le iba a preguntar sobre eso. La ley 18.717 faculta al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2012 a encomendar al personal militar dependiente de Defensa Nacional el control de acceso y egreso revisación e inspección de personas, vehículos y objetos que ingresan a las cárceles, etcétera. ¿Eventualmente esto podría mejorar el panorama que se presenta hoy?

AG – Seguramente sí. Queda claro que existen argumentos de peso a favor y en contra de esta solución, pero en la situación actual aparece como la menos mala de todas las posibilidades.

JAE – ¿La menos mala o la mejor?

AG – No, la menos mala. Está lejos de ser lo ideal pero es la opción que aparece como posible...

JAE – ...¿Y qué sería lo ideal para usted en este contexto?

AG – Lo ideal sería que no fuera necesario encomendarle al Ejército nacional determinadas tareas. Hace ya 14 años al Ejército le fue asignado la custodia perimetral en Comcar, luego en Libertad y luego en otras cárceles. Si bien esto puede tener algún tipo de reparo desde el punto de vista teórico, la asignación de la custodia exterior al Ejército era una necesidad. Con el correr de los años evitó muchos problemas que se hubiesen suscitado. Del mismo modo da la sensación de que es el momento de aplicar esa norma. La ley o se aplica o se deroga, pero es una norma que está vigente. El artículo quinto de esa ley faculta al Poder Ejecutivo para reglamentarla. En este caso la reglamentación es especialmente importante porque fijará las condiciones de interacción entre dos fuerzas que están sometidas al principio de jerarquías...

JAE – ...Claro, porque la Policía no queda exenta del control al que se refiere.

AG – Exacto, así lo fija el artículo segundo de la ley y no es un detalle menor. Se trata de dos fuerzas que están sometidas por igual al principio de jerarquía. Entonces es necesario regular la interacción y fijar protocolos muy precisos de actuación. Es necesario tomar una medida fuerte que no se base en una presunción de deshonestidad de todo el personal sino todo lo contrario. Creo que hay que proteger a la mayoría, que sin duda cumple en forma honesta sus funciones.

JAE – ¿A qué atribuye esta demora en la reglamentación?

AG – Es una cuestión compleja. La interacción entre el Ejército y la Policía en estas circunstancias es un tema que requiere mucho cuidado.

JAE – Por otra parte, además de este aspecto que está incluido en la ley también es cierto que se han mencionado otros instrumentos tecnológicos. Por ejemplo en las últimas horas el tema de colocar escáners móviles para hacer más efectivo y más eficiente el control. ¿Cómo observa esto? Parece ser algo que puede resultar lógico, evidente y sin embargo todavía no se ha puesto en práctica.

AG – Sin duda. La solución al problema creo que pasa por la combinación de esas dos respuestas: primero la revisación de todas las personas y segundo para que esto sea viable. Para que sea efectivo tiene que haber tecnología. Los métodos de revisión que actualmente se utilizan. La inspección ocular de las personas es molesta, invasiva y desagradable para quien es revisado y para quien realiza la tarea de revisación. Y han demostrado que no son efectivos, las pruebas están a la vista.

EC – ¿Entonces la solución son los escáners?

AG – La solución es la incorporación de tecnología y la revisación de todas las personas. Esto nos acercaría a un estado de cosas mucho más seguro. Creo que la analogía con los aeropuertos es algo que se tiene que tener presente. Cuando un viajero va a subir al avión, las posibilidades de ingresar una bala o un arma tiende a ser cero. Ni siquiera una aspirina en el bolsillo, porque el escáner detecta absolutamente todo.

EC – Claro, el factor que está de por medio es el dinero, la inversión...

AG – ...Sin duda pero...

EC – ...El Estado continúa demandado para agregar dinero al sistema carcelario, en el que hace tiempo que se viene invirtiendo poco. Ahora ha llegado una ola de inversiones con la ampliación de cárceles y la creación de nuevas, pero también en este rubro hay que poner dinero. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hablaba de una primera licitación que está por los 600.000 dólares.

AG – Sí. Dos reflexiones. En términos cuantitativos, no parece una cantidad exorbitante. Y, además, en este momento en que han ocurrido algunos hechos de violencia me parece que hay que mantener una mirada equilibrada sobre lo que viene pasando en el sistema carcelario. Tengamos presente que ha habido una inversión fuerte en los últimos tiempos. En este momento existen 2.000 plazas que han sido construidas y que serán habilitadas en el correr de este año, sin duda con un impacto positivo en los niveles de hacinamiento. Hay cuestiones que se resuelven con más metros cuadrados y más lugares, y hay otras cuestiones que sin duda conciernen a la gestión. En este sentido, así como hace 14 años mencionábamos que se tomó la medida fuerte de asignarle al Ejército nacional la custodia exterior de algunos establecimientos, este parece ser el momento de tomar una medida fuerte que no consiste más que en aplicar una ley que está formalmente vigente y dar el paso de pasar a un control absoluto de todas las personas que entran y salen de las cárceles. Si se diera un proceso de acumulación irregular de fuerzas, es decir, si continuaran ingresando armas en los establecimientos, en el futuro las cosas podrían complicarse mucho más.

EC – Creo que esa observación suya es importante para calibrar por qué estas decisiones –y eventualmente estas inversiones– son necesarias. No solamente para preservar la seguridad interna en las cárceles y la vida de los presos, que es una obligación del Estado, sino porque si no se actúa las consecuencias pueden terminar siendo graves para el funcionamiento de la sociedad uruguaya. ¿A qué está aludiendo en ese sentido?

AG – Yo diría que si se continuara con este proceso de ingreso de armas sería realmente muy peligroso. Y ya lo es. Con respecto a las armas es muy difícil determinar cuándo ingresaron y cómo, pero se podría dar una acumulación de fuerzas. Sobre todo pensemos qué ocurriría si a ese ingreso de armas se le sumara un cierto factor organizativo, una cierta coordinación. Aquí está en juego no sólo la seguridad de los que están privados de libertad sino también la propia seguridad del personal y por lo tanto...

EC – ...Hablando de medidas para frenar ese proceso peligroso de acumulación de poder por parte de grupos de presos dentro de las cárceles, ¿cómo es que no se ha tomado otra medida también en el plano tecnológico, que es la de bloquear las señales de telefonía celular en las cárceles?

AG – Ustedes recordarán que en determinado momento, hace tres o cuatro años, fue planteado. Creo que el tema de los celulares definitivamente habría que reglamentarlo. Ha habido algún esbozo en ese sentido. Por ejemplo, está claro que quienes están en unidades abiertas de confianza sí pueden estar al aire libre y a un alambrado de la libertad pueden tener celular. Es un principio lógico: quien puede lo más puede lo menos. Si pueden salir 48 horas por semana pueden tener un celular. Pero esto no es admisible en unidades de máxima seguridad. Por lo tanto, la experiencia en algunas cárceles de Cerro Largo. En ese sentido es pionero. La reglamentación de la tenencia de los celulares ha dado buen resultado en la cárcel de Cerro Largo. Existe un registro en el que cada interno tiene autorizado una línea telefónica en determinadas condiciones y con determinado tipo de aparato. Creo que eso es inteligente. Se trata de controlar un fenómeno que existe. Con respecto  a medidas de seguridad, parecería razonable que se pudiera bloquear esa posibilidad de contacto con el exterior...

EC – ...¿Pero eso está hablado con las autoridades?

AG – Sí, y la respuesta fue que en determinado momento se dictó una nueva reglamentación según la cual se estudiarían caso a caso las distintas cárceles como para proceder a la autorización. Lo que ocurre es que no se completó ese proceso de autorización y el uso de celulares quedó permitido en algunos establecimientos y en determinadas condiciones. Ha faltado lo otro, que es bloquear mediante tecnología las señales en aquellos lugares de seguridad.

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