La charla del sábado, que comenzará sobre las 18 y 30 horas, es promovida por un grupo de pobladores que están en contra del puente y a favor de las balsas eléctricas para cruzar la laguna.

El Espectador dialogó con Blanca Martorell Sainz, una mujer que ha vivido en José Ignacio toda su vida y explicó el por qué y desde cuándo están en contra de la construcción del puente.

"Estamos en contra y hemos estado siempre porque no es algo imprescindible para Rocha, se convertirá en un lugar de paso para seguir hasta los límites del Brasil y con las balsas hay un atractivo enorme", declaró Martorell.

Vale la pena recordar que el empresario Eduardo Constantini es uno de los más interesados en la construcción del puente que demandaría unos tres millones de dólares. Constantini ha anunciado un megaproyecto inmobiliario que se planifica desde 2009 con una inversión millonaria de 350.000.000, hablamos del emprendimiento Las Garzas en Rocha.

En breve habrá una audiencia pública convocada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para la cual fue citada la Liga de Fomento del balneario, que se opone a la inversión. También lo rechaza la ONG ambientalista Vida Silvestre, quien se ha manifestado en contra en más de una oportunidad.

Lorena Rodríguez, vocera de Vida Silvestre, escribió un informe donde dice que "se procura un desarrollo sustentable en la zona que permita conservar el bosque, las pequeñas lagunitas de agua dulce, la fauna asociada, la zona costera y el funcionamiento normal de la laguna Garzón".

"Numerosos estudios nacionales e internacionales han evaluado alternativas de desarrollo de la zona costera de Laguna Garzón y desaconsejan la intercomunicación dura a través de ese puente, principalmente porque comunica dos áreas protegidas: la Laguna Garzón y la de Rocha. La Laguna Garzón se encuentra en proceso de ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay, mientras que la Laguna de Rocha ya lo integra pero no cuenta con un plan de manejo", dice el informe de Vida Silvestre.

"Con la construcción del puente se perderá definitivamente la experiencia de andar en balsa, una modalidad que constituye una característica auténtica del lugar y que le da identidad propia". La defensora del medio ambiente y el turismo en José Ignacio explicó a El Espectador cómo nace su amor por el pueblo y qué beneficios traen las balsas eléctricas.

"Soy nieta del fundador de José Ignacio, hace 45 años que trabajo por la zona y antes mi propia familia lo hacía. Además soy integrantes de la Liga de Fomento de la Laguna, y creo que este puente trae depredación en la zona y además convierte al lugar en una zona de paso", declaró Martorell. 

"La gente no iría ni a Rocha ni a José Ignacio sino que pasarían a ser un lugar de paso gracias a la concreción de este proyecto", además, "hay dos empresarios que donan dos balsas eléctricas todo el año, y creo que turísticamente es un atractivo muy grande que se usa también en Europa y que es más conveniente, en lo ambiental y en los turístico, que este puente", sentenció la activista.

"Le dimos un pedido de socorro a la ministra Muslera", dijo Martorell, quien agregó que aún no les ha contestado al pedido de audiencia. Consultada sobre a qué se dedica respondió: "a defender José Ignacio desde hace 45 años". Ella, entre otros, consiguió la luz para el pueblo en los años setenta, el servicio de recolección de basura y saneamiento, y ha luchado contra los proyectos inmobiliarios.

Para conocer de primera mano el motivo sobre porqué está demorado el proyecto del puente sobre Laguna Garzón, El Espectador consultó a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera.

"Estamos recepcionando observaciones con respecto al trámite, esto dura 30 días, allí se recoge y analiza el tema por parte de los especialistas y cuando cierre el plazo de 30 días el Ministerio se expide", mientras este proceso dura la cartera "no actúa, escucha y solo recibe las objeciones y las observaciones".

Muslera señaló que la secretaría de Estado está en contacto directo con todos los actores sociales en el tema y conocen todos los puntos de vista sobre la inversión y los tiene arriba de la mesa como parte del análisis.

"Hemos dispuesto una mirada transversal sobre el tema. A la visión de la Dirección Nacional de Impacto Ambiental, se suma la de la Dirección Nacional de Ordenamiento y la de la Dirección Nacional de Aguas para sintetizar el análisis del impacto ambiental del puente". La idea, según lo expresó la secretaria de Estado, "es con seriedad buscar la mejor salida a la situación".

Más allá del cruce de declaraciones, lo concreto es que hay un pedido de autorización a Ministerio de Medio Ambiente de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, situación que impulsa un proyecto que viene bastante demorado y que lleva muchos años de planificación y anuncios. Es aquí donde la ministra Muslera entiende que se enfrentan dos modelos de desarrollo: "lo que se enfrentan son dos modelos de desarrollo, uno que es el de Maldonado con un impacto muy fuerte en los modelos costeros y otro que busca una profundización. Entre esos dos polos es donde tenemos que evaluar la mejor respuesta para esa zona que tiene un equilibrio muy delicado a sostener", sentenció Muslera.

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