Uruguay tiene 90 procesados por ese delito, investiga cerca de 200 actividades anuales y figura entre los países con mayor nivel de cumplimiento de las exigencias internacionales en esta materia, según dice Presidencia de la República en su portal web.

El convenio entre el Banco Central y la DGI está enmarcado en el artículo 5 de la ley 17.835, que obliga a los organismos públicos a proporcionar información en materia de lavado de activos y precisa que el secreto bancario y el deber de reserva no son motivos suficientes para negar una solicitud en ese sentido.

Gracias a este acuerdo el Banco Central contará con acceso a la base de datos de contribuyentes.


Fuente: y foto: Presidencia