La cuestión, como algunos quisieron plantear, no es si la Marcha [del Silencio] es un asunto político o no, ni si la jueza [Mariana Mota] tiene prohibición constitucional de asistir a ella o no, asuntos de por sí bastante opinables.

El gran tema es si el ineludible deber que los jueces tienen de imparcialidad y de no adoptar posiciones que puedan siquiera rozar el prejuzgamiento queda a salvo luego de una eventual participación de un juez en la Marcha del Silencio.

Me parece que, si hablamos del problema con seriedad, es innegable que el conjunto de asistentes a esa marcha y la posición que frente al problema de los DDHH ellos sustentan es, más allá de detalles de forma jurídica, una de las "partes" en varios de los contenciosos que la jueza tiene en su despacho.

Por si no se entiende o no se quiere entender, dos ejemplos :

¿Pensarían lo mismo quienes dicen que no hay ningún problema, si en lugar de ir a la Marcha, la jueza hubiera asistido al acto de avenida Italia y Abacú, en homenaje a los soldados asesinados por el MLN.? Creo que preguntarlo es responderlo.

¿Que pasaría si, en la mañana de un clásico, el árbitro designado va a la feria con la camiseta de uno de los equipos? Seguro habrá "distraídos" que afirmen que el señor puede usar la ropa que quiera en su vida privada, pero para muchos otros, sin dudas, su imparcialidad habrá quedado cuestionada, y al decidir en un sentido u otro cuando cobre ante una mano dentro del área, el sistema todo estará desacreditado.

Pienso que esa es la verdadera cuestión, así que, por favor, a no poner en juego distractores y a no tomarnos por tontos, como algunos han intentado.

Aldo Francescoli