(emitido a las 7.40 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Ayer se abrió oficialmente un llamado a concurso de la Intendencia de Montevideo (IM) que había sido anticipado la semana pasada y que ya provocó un gran debate.

La IM plantea un llamado abierto para cubrir 2.000 vacantes generadas en áreas de limpieza y trabajos ligados al cuidado de la infraestructura. Pero los estudiantes terciarios están impedidos de aspirar a un cargo.

Mientras la educación de los jóvenes y la capacitación laboral está en el centro del debate público, la comuna decide impedir la chance de aquellos con un examen universitario aprobado.

De esa manera, el diario El Observador anunciaba este llamado la semana pasada y daba pie a esa polémica que luego se abrió.

Las bases del llamado, publicadas en el sitio web de la IM, convocan a un sorteo para 2.000 aspirantes de entre 18 y 30 años que conformarán una lista destinada a cubrir futuras necesidades de personal en el escalafón obreros en la administración. Los funcionarios podrán ser derivados a distintas reparticiones, según se aclara en el texto de la convocatoria.

Per, quizás, a los efectos de la discusión política que se ha dado, lo más importante es que esta oferta laboral de la Intendencia destaca en negrita como requisitos obligatorios para la inscripción haber aprobado la educación primaria de forma completa pero no tener una formación superior a la educación media. La comuna advierte a los aspirantes que deberán firmar una declaración jurada en la que aseguren no tener aprobado más allá de sexto de liceo.

Por otro lado, el 15% de los 2.000 cargos que ofrece la Intendencia para conformar esta lista (300 cargos) quedan reservados para los hijos de actuales funcionarios municipales, de acuerdo al artículo 70 del decreto municipal número 26.229. Por ahí se abrió un debate aparte.

Ahora que el llamado está abierto, que ya es oficial y ya está la posibilidad de presentarse, vamos a conversar con el doctor Jorge Basso, director de Recursos Humanos de la IM.

En primer lugar, ¿por qué no se puede presentar alguien que tenga una formación mayor a sexto año de secundaria?

JORGE BASSO:
La administración viene realizando alrededor de unos 50 llamados en las distintas áreas. Esta es una política de gestión humana que da cuenta de la voluntad de generar una planificación de los recursos humanos para las eventuales necesidades generadas en una organización tan compleja. Hay muchísimas especialidades, categorías, escalafones, subescalafones. La idea se ha llevado a cabo desde la década del 90 a la fecha e implica promover el ingreso democrático a la administración a través de dos procedimientos: concursos para todos los cargos y a través de la modalidad de sorteo, exclusivamente vinculada al escalafón obrero. La norma establece el sorteo como única modalidad para el ingreso del escalafón obrero, así que...

EC – ...Ese es el caso de este llamado, porque se convoca a interesados en participar de un sorteo.

JB – Efectivamente. Así está establecido en la norma y se viene desarrollando de esta forma desde la década del 90, a partir de la cual el ingreso se normaliza. Recordemos a los oyentes que previo a la década del 90 no existía ninguna norma que determinara cuál era el procedimiento de ingreso a la administración pública en la Intendencia. Es a partir de 1993 que se establece este decreto que usted leía y que también está en negrita en el llamado. Quisimos registrarlo para que aquellas personas a las que les llamara la atención supieran cuál es la fuente. Desde 1990, las distintas administraciones han hecho sorteos. El último ya tiene unos cuantos años. Fue en la administración anterior y se estableció con la misma modalidad, pero esa lista se agotó por múltiples razones; porque se ha ido acudiendo a ella, porque muchas veces las personas que están inscriptas en una lista de prelación de estas características al momento de su convocatoria ya tienen otras actividades y prefieren no modificarlas... Personas que niegan la posibilidad de ingresar a la administración. Eso se está dando muy frecuentemente en estos últimos tiempos porque el mercado laboral se ha ido modificando. La remuneración que ofrece la administración para algunas áreas ya no es tan atractiva, particularmente para profesionales de todas las profesiones, diría yo. Algunas más que otras, pero es muy frecuente que las listas de prelación se agoten no solamente porque son convocadas sino también porque hay personas que desisten de ingresar. Así que, en el caso de la categoría obrera, esto ya ocurrió hace unos cuantos meses. Tenemos que generar este procedimiento para tener una planificación de los recursos humanos al respecto.

EC – Claro, pero la pregunta era por qué se prohíbe que a este llamado se presente alguien que tenga una formación superior a sexto de secundaria.

JB – Cualquiera que esté en el área de administración de recursos sabe que hay una regla máxima que tiene que ver, justamente, con evitar la sobrecalificación de los funcionarios. Estamos en el marco de la política que tiene esta administración profesionalizando el área de los recursos humanos. Tenemos al frente a Humberto Rocco, de larga trayectoria en este tema. Además, se ha conformado un equipo muy solvente que con capacidad técnica va definiendo específicamente cuáles son las competencias y las particularidades que tiene el perfil del llamado. La clave, en lo que tiene que ver con el reclutamiento y la selección de personal, es esa definición que establece con precisión qué es lo que la administración requiere y necesita para tener los elementos para mejorar la gestión, que es uno de los grandes desafíos que tiene esta administración. Por lo tanto, se ha puesto mucho énfasis en que el llamado determine con total precisión cuál es el tipo de perfil de recurso humano que se requiere para esta actividad. Más allá de que el llamado establece con mucha precisión que quienes queden en esa lista de prelación y que luego salven un proceso de prueba (que tiene que ver con un test sicolaboral y con la parte física) deben permanecer en ese escalafón por no menos de 10 años, en el caso de ingresar a la administración.

EC – ¿Eso es para evitar qué?

JB – Porque otro de los aspectos que tiene que ver con la sobre calificación es que, muchas veces, en las organizaciones las personas dicen que lo importante es ingresar a la función pública y que después de que estés adentro vemos cómo te podés mover dentro de las distintas posibilidades y alternativas que ofrece la carrera administrativa. Entra a un proceso bastante complejo de buscar regularizar el escalafón. En definitiva, si un universitario que está a punto de recibirse ingresa a un llamado de este tipo, lo primero que va a hacer es tratar de buscar la forma de poder aproximarse a su futura profesión...

EC – ...De todos modos, aquí está muy claro que solamente puede presentarse aquel que no haya accedido a estudios de nivel terciario.

JB – Sí, al momento de la inscripción.

EC – Ese es el punto sobre el que, por ejemplo, Daniel Parrilla, abogado de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), señaló que viola el principio de igualdad ante la ley porque impide a muchos ciudadanos la posibilidad de acceder a un cargo que es público. ¿Cómo responde usted?

JB – Estas resoluciones siempre tienen el respaldo jurídico de la administración. Estas cosas se resuelven en una discusión con la intendenta en el marco del gabinete con asesoramiento jurídico. Esto no es novedoso en la administración pública. Ya se ha hecho...

EC – ...¿En el caso de la intendencia en especial ya se han hecho este tipo de llamados?

JB – En otras áreas de la administración pública anduvimos buscando antecedentes. Sin perjuicio de eso...

EC – ...¿Lo que usted señala es que se ha despertado una polémica en torno a este llamado y no ha ocurrido en el pasado en torno a otros similares dentro del propio Estado?

JB – Cuando uno analiza el problema técnicamente, no tiene la menor duda. Además, nosotros somos ardientes defensores de que la administración tenga una clara política de recursos humanos explícita y clara. Y, a su vez, que tenga un respaldo técnico. En ese respaldo técnico también está el área jurídica, que es la que, cuando hay cualquier resolución que toma la señora intendenta, tiene respaldo del área jurídica.

EC – Pero ¿cómo responde a la discusión de que en un momento en el que se promueve y valora la educación y se incentiva a los jóvenes a estudiar, aquí se esté dejando afuera a los que más han avanzado en sus estudios?

JB – La administración (y esto no es de ahora) tiene un programa que se llama "Process", por el cual paga recursos a los organismos de educación pública –tanto de secundaria como de UTU– para que aquellos funcionarios que lo deseen puedan culminar sus estudios. Hay una intención, como cualquier organización que se precie de tal, de promover la capacitación y formación de sus recursos humanos, inclusive en áreas de educación general. Por otra parte, nada impide que las personas que ingresen en este cargo puedan seguir sus estudios. Es solo a la fecha de la inscripción. Esa persona se inscribe y la vida dirá si en algún momento es convocada, porque depende de muchas cosas, pero esa persona puede seguir formándose. No apuntamos a que esto sea una traba para adelante. Entendemos que es a los efectos del llamado, porque los otros 49 llamados que andan en la vuelta tienen la particularidad de requerir determinadas formaciones curriculares. Apostamos a que las personas que tienen formación compitan entre sus iguales en los llamados que se generan en la multiplicidad de necesidades que tiene la administración. Hay una vocación de que cada cual compita entre sus iguales de forma democrática a los efectos de ingresar a la administración pública o de ingresar a una lista de prelación.

EC – Hay otro aspecto cuestionado: 300 de las 2.000 plazas van a ser sorteadas entre hijos de funcionarios en actividad, de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, concretamente el artículo 70 del decreto 26.229. Eso también ha sido tildado de inconstitucional.

JB – Esto tiene que ver con una norma que rige desde 1993. Ha estado planteado en los múltiples llamados que con esta modalidad se ha hecho a lo largo del tiempo. No es el primer llamado que se hace con esta modalidad ni mucho menos. El anterior, que fue hecho en la administración anterior, tenía otras particularidades que en este no las tiene y que establecía otros cupos vinculados a programas sociales. Estimulaba que también se promoviera una categoría independiente, un sorteo propio para personas que estuvieran en algunos de los programas sociales que en aquel momento se desarrollaban y que hoy ya están consolidados dentro del Estado. Me refiero a los programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a las mujeres solteras con hijos, a las personas discapacitadas que estuvieran por fuera del sistema habitual de la administración. En fin, una serie de circunstancias...

EC – ...Sí, pero este caso es muy distinto. ¿Por qué el ser hijo de un funcionario de la intendencia otorga privilegios a los efectos del llamado?

JB – Eso está establecido en el decreto que usted hace referencia...

EC – ...Sí, pero por qué.

JB – Yo no estuve en el momento en que se desarrolló. En el Gobierno de la Intendencia, este tema que tiene que ver con el legislativo y el ejecutivo ya ha determinado el área propia de elaboración de los decretos. Estamos hablando de un decreto que se sustituye por otro. En el ámbito de la Junta Departamental ya hay voluntad política para encarar este tema...

EC – ...¿Lo que usted está diciendo es que hay voluntad política para derogar ese decreto?

JB – Hemos constatado que hay algunos ediles con los que trabajamos permanentemente que quieren estudiarlo y buscar una solución al mismo. Entendemos que este tema va a ser encarado a la brevedad y serán los señores ediles de todos los sectores que conforman la Junta los que tomarán en definitiva la decisión.

EC – ¿Hay acuerdo en la Intendencia en esa dirección, más allá de que haya ediles del propio oficialismo proponiendo revisarlo?

JB – Creemos que hay que revisarlo.

EC – ¿O sea que este sería el último llamado en el que se daría esa preferencia a hijos de funcionarios de la intendencia?

JB – No quiero ponerme en el traje de quien no me corresponde. Este es un ámbito de decisión propio de la Junta Departamental. Hay voluntad de resolverlo en esa dirección.

EC – ¿Esto genera algún inconveniente con Adeom por los convenios vigentes?

JB – Veremos, yo diría que nosotros tenemos un relacionamiento con Adeom que estamos tratando de encausar desde hace un tiempo esto ha sido sencillo, estamos justamente yo diría analizando lo que denominamos nosotros las dos plataformas: una que tiene el gremio Adeom y otra plataforma que tiene la administración. Estamos en un organismo que se llama bipartita que tiene que ver justamente con el intercambio de opiniones y el eventual llegar a acuerdos en temas sustantivos para el funcionamiento de la administración y por lo tanto estamos haciendo el mayor esfuerzo para buscar puntos de acuerdo.

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