Según Viana, la ley de impacto ambiental "es tramposa" y a esto se suma que el Estado tiene "incapacidades físicas y jurídicas" para expedirse sobre este proyecto, como tantos otros (caso Botnia, Aratirí, etc).

"Ahora estamos ante esta situación planteada, hay muchos informes de las propias Intendencias que ahora están a favor de este proyecto sobre la Laguna Garzón que, en aquel momento se pronunciaban en contra del puente", declaró Viana.

"Yo dije en la última audiencia pública que había y hay dudas en cómo y quiénes hacen los estudios de impacto ambiental y yo dije que esa ausencia de garantías se ha dado en muchs casos, ejemplo es Botnia, Dirox, ahora Aratirí, etc", dijo el fiscal.

"Yo entiendo que el empresario Constantini está interesado en que se haga la obra, el puente ese va a beneficiar el emprendimiento que el tiene a costa del mismo", pero la duda surge en que "cuando los estudios se hacen por particulares y el Estado no hace estudios sino que avala estudios que se le presentan, no hay garantías".

A criterio del fiscal, Uruguay "fracasa porque la propia Dinama no tiene los técnicos suficientes para hacer esas evaluaciones". Dinama actualmente "avala informes o no, no evalúa. Cuando mucho hace observaciones y exige nuevos estudios. Cuando se hizo lo de Botnia, nunca se hicieron estudios sobre el lugar donde se iba a instalar la planta", ejemplificó Viana.

"La ley de impacto ambiental es defectuosa y tramposa", porque "no da garantías ni permite que lo hagan técnicos de las empresas interesadas, algo similar al abogado que defiende a su cliente, no se puede pedir objetividad e imparcialidad", sostuvo.

La realidad "plantea que estamos ante algo no confiable", si a esto le agrega "que el Estado esta interesado en que el proceso salga, las garantías se reducen a muy poco".

Si bien la fiscalía no puede hacer mucho, puede pedirle a la Justicia que impida la obra y eso es lo que Viana está dispuesto a hacer, siempre y cuando la construcción se ponga en marcha.

Consultado sobre el caso Aratirí, Viana dijo que "todo lo que hable se aplica para este caso". "Si realmente todos pensáramos que tenemos que aguardar las decisiones técnicas, y el Estado no tiene las posibilidades de alcanzarlas, si ese fuese el punto de quiebre para un proyecto estamos siendo ilusos. Si las autoridades le dan las bienvenidas a los proyectos, las informaciones técnicas no tienen valor, máxime si las decisiones se toman en otro lugar, en otra mesa".

"Emprendimientos como el de Aratirí se contestan con una sola disposición: el artículo 47 de la Constitución y la reforma del agua que en el 2004 fue aprobada por el 70% de la población, frente a esa disposición es imposible que se instale Aratirí que ocasiona múltiples daños a un recurso esencial para la vida como es el agua", sentenció el fiscal civil.