(emitido a las 10.11 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Era una dirección del Estado prácticamente desconocida para la mayoría de la población hasta que se instaló la empresa Dirox en San José, o, sobre todo, hasta que se desató el conflicto por la planta de celulosa de Botnia. Desde entonces, y cada vez más, nos hemos acostumbrado a entender que en las inversiones que recibe el país, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) juega un papel fundamental, tanto en la autorización como en el seguimiento una vez que el emprendimiento se pone en marcha.

Por mencionar algunos de los proyectos que están siendo estudiados en este momento por la Dinama: el de la minera india Aratirí, el puente sobre la laguna Garzón en la ruta 10, la planta de celulosa de Montes del Plata en Colonia, y ahora un nuevo proyecto minero a cielo abierto que se anuncia en Rivera. Además, la Dinama acaba de emitir autorizaciones ambientales, por ejemplo para una fábrica de aceite de oliva, un parque eólico, una planta de acopio de granos, entre varios más. También se ocupa de analizar el impacto ambiental de los tambos lecheros o de los llamados "feedlots" donde se engorda el ganado vacuno a corral. Y, paralelamente, participa junto con Argentina en el monitoreo de la planta de UPM y de otros puntos críticos de las costas del río Uruguay, según acordaron los presidentes José Mujica y Cristina Fernández.

¿Cómo trabaja esta dirección? ¿Con qué recursos cuenta? ¿Está preparada para todos los proyectos que tiene en carpeta? ¿Cómo atiende las presiones de la comunidad que se ve afectada?

Vamos a conversarlo con el arquitecto Jorge Rucks, director de la Dinama.

La semana pasada el presidente José Mujica había manejado la posibilidad de llamar a una consulta popular respecto a la instalación o no de la minera Aratirí. Pero este martes dijo que la consulta debería limitarse a resolver qué hacer con los ingresos que el Estado va a recibir por el canon de ese emprendimiento. Y agregó que la autorización en sí dependerá de la Dinama, en la cual, subrayó, confía plenamente.

Entonces, primera pregunta: ¿la Dinama puede llegar a decir "no" a la inversión de Aratirí?

JORGE RUCKS:
Puede llegar a decir no. Si identifica que los daños ambientales residuales que genera la actividad no tienen alternativas de mitigación o de solución y son de carácter irreparable, la Dinama tiene, de acuerdo con la legislación, la posibilidad de negar la actividad.

EC - ¿Ha ocurrido eso? ¿Hay ejemplos de eso en el Uruguay?

JR - Hay algunos casos, por ejemplo de rellenos sanitarios en lugares inadecuados, localizaciones de plantas en zonas urbanas en condiciones de contaminación. Hay casos, por supuesto.

EC - Pero ¿casos en los que la Dinama directamente haya frustrado un proyecto?

JR - Hay casos en que se han negado proyectos, se ha considerado que son inaceptables, aunque son excepcionales. La tendencia y la responsabilidad de la Dinama es fundamentalmente trabajar para encontrar las soluciones a los problemas ambientales que plantean los proyectos. La resolución de los temas ambientales siempre es la resolución de conflictos de uso, y como resolución de conflicto de uso, en el fondo el esfuerzo que debe hacer la Dinama es encontrar la salida que atienda los problemas ambientales que generan las actividades, asegurar que se mitiguen, que se compensen o que se anulen en determinados casos, y evidentemente, para las actividades de tipo productivo, que siempre tienen una incidencia sobre el ambiente, como toda actividad humana, hay también alternativas de solución.

Alternativas que muchas veces se logran mediante consultas con los distintos actores que están involucrados, otras veces con la incorporación de tecnologías adecuadas o modificando procesos industriales. Siempre se buscan las alternativas tratando de que la evaluación ambiental no se constituya en una traba a los procesos de desarrollo, pero asegurando que esos procesos tengan condiciones de sostenibilidad, es decir, que tengan integrada aquella dimensión ambiental que nos asegure que el daño no va a ser irreparable.

EC - A propósito del caso Aratirí, que es el que el que está más candente arriba de la mesa, ayer entrevistábamos al senador Tabaré Viera, del Partido Colorado, que opinaba que en el proceso de estudio de este caso hay que poner "paños fríos" para que el país pueda encararlo seriamente. Por un lado, dijo, hay que afinar los aspectos legales, y por otro hay que dotar a la Dinama de los recursos necesarios para enfrentar un desafío de estas proporciones. Según el senador Viera, la Dinama no está preparada para manejar un proyecto de 3.000 millones de dólares que pretende desplegarse sobre más de 6.000 hectáreas.

(Audio Tabaré Viera.)

"Hay proyectos en el mundo exitosos, con problemas medioambientales pero absolutamente mitigados. Y hay desastres ecológicos. Hay de los dos casos. ¿De qué depende? De una buena legislación y adecuados controles. Entonces, una pregunta natural es: ¿está el país en condiciones de controlar a una empresa extranjera que viene a hacer su negocio, se va y que si la obligan va a hacer bien las cosas? Allí es donde yo prendo una luz amarilla. Me parece que hoy la Dinama no está preparada, no tiene los técnicos en cantidad y calidad suficiente para hacer un control y un seguimiento de este proyecto, con todo lo que esto implica. Los técnicos en el mundo no abundan y son muy caros".

(Fin.)

EC - ¿Qué responde a este planteo?

JR - Por supuesto que la Dinama requiere ser fortalecida frente a los procesos de desarrollo intensos que se están verificando en el país. El incremento del número de proyectos y la calidad y la dimensión de los proyectos que ingresan a la Dinama hoy son mucho mayores que los que entraron en años anteriores. Eso implica necesariamente un fortalecimiento de la institución para poder cumplir sus cometidos.

Ese fortalecimiento fue previsto, en el presupuesto aprobado el año pasado se generaron espacios para nuevos contratos. En este momento por medio de Uruguay Concursa se están incorporando 45 nuevos técnicos a la Dinama; la Dinama tiene alrededor 80, 85 personas en el staff, y estamos incrementando en un tercio aproximadamente la capacidad técnica de la institución.

Pero además de eso, también somos conscientes de que tenemos que capacitar al personal en temas específicos. Yo diría que claramente tenemos hoy la capacidad para hacer el análisis y la evaluación de un proyecto como el de Aratirí en términos de la evaluación ambiental previa.

EC - Para esta etapa del proceso, que es la de la autorización ambiental previa, usted dice que la Dinama sí está preparada.

JR - Estamos preparados, hemos conformado un grupo, que no es solamente de la Dinama, es del ministerio en su conjunto, fue una decisión de la ministra crear un grupo de trabajo en el marco de la Dinama. Institucionalmente somos responsables de ese grupo de trabajo, pero ese grupo incorpora gente de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi). Este grupo se conformó cuando se presentó la primera solicitud de Aratirí y fue el que hizo el análisis del proyecto inicialmente. Ese análisis determinó carencias y un rechazo del trámite, no del proyecto, pero la empresa resolvió archivar el proyecto. Eso demuestra que hay una capacidad de análisis, hay una experiencia, se ha puesto a la mejor gente que tiene la Dinama.

EC - Usted mismo ha dicho que este proceso de evaluación en el que se encuentra la Dinama con respecto al caso Aratirí va a insumir más de un año, un año y medio. ¿No es demasiado tiempo?

JR - Si usted considera que un proyecto de evaluación es un diálogo en el cual se incorpora valor, los valores ambientales, al proyecto, le diría que no. La empresa tendrá que atender muchas cosas, tendrá que modificar, ajustar, aclarar, profundizar, de acuerdo con los requerimientos que se le planten, por lo tanto implica un ida y vuelta, implica estudio, trabajos adicionales a los que se presentan. Si usted compara los tiempos que se demoran en Uruguay para aprobar proyectos de estas dimensiones con los de otros países, estamos en los tiempos promedio normales de aprobación de un proyecto de estas características.

EC - Y después, para la otra etapa, ¿qué cambios, qué fortalecimientos tendría que tener la Dinama si se concretara el emprendimiento de Aratirí? Ayer el senador Tabaré Viera hablaba de su inquietud por ese aspecto en particular. Mire cómo lo planteaba.

(Audio Tabaré Viera.)

"La Dinama deberá contratar técnicos especialistas resolviendo los problemas de los límites salariales que tiene el Estado. De lo contrario, contratar una empresa consultora que haga el gerenciamiento, el seguimiento, el control permanente para los próximos años en que va a estar realizándose esta explotación. Y esto hasta ahora no se ha hecho".

(Fin.)

EC - ¿Está pensando en esta posibilidad?

JR - No estamos pensando en tercerizar un servicio de este tipo. Sí estamos pensando ser positivos y que el proyecto tenga su aprobación. Requerimos del fortalecimiento de las capacidades para el seguimiento y control de un emprendimiento de este tipo, hemos tenido reuniones con la OPP en términos de la cooperación internacional para asegurarnos tener mayores capacidades de control en el tema específico. No desconocemos la necesidad de fortalecer la capacidad de control de una empresa de las dimensiones de Aratirí. Pero no podemos tomar acciones desde ya cuando todavía tenemos un proceso de un año y medio de análisis, no vamos a hacer gastos sin tener claro cuáles son las necesidades que vamos a tener. Pero lo estamos previendo, estamos pensando en los aspectos de capacitación, en los aspectos de cooperación internacional para tener las capacidades para un seguimiento y un control adecuados de un tipo de actividad que tiene una escala no común en el país.

EC - ¿Cuáles son los aspectos ambientales que hay que controlar en un proyecto minero a cielo abierto según la experiencia de otros países? ¿Qué es lo que puede ser peligroso, dañino?

JR - Hay elementos de control de la contaminación de los acuíferos, hay que monitorear la calidad del agua, hay que tener controles de la calidad del aire, ver cómo se mitigan los efectos del polvo, controlar los explosivos, hay normas a cumplir en el uso de explosivos, todo eso tiene que ser controlado. Algunos aspectos van a corresponder a la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) por tratarse de una explotación minera, y otros aspectos hacen al control ambiental. También en ese aspecto entendemos que hay una necesaria coordinación con el organismo responsable de los aspectos productivos, hemos mantenido reuniones con Dinamige para tener una visión del tipo de complementaciones que tenemos que tener en el control y para buscar el fortalecimiento en la capacitación, cada uno en sus aspectos específicos.

EC - Por ejemplo, ¿cuánto cuenta en el control ambiental la forma como quede el terreno después de terminada la operativa de la minera?

JR - Eso es parte del proceso que tiene que ser controlado, en la medida en que en una explotación de este tipo la recomposición de las áreas que van a ser afectadas tiene que ser llevada adelante no al final, en el cierre, sino durante el propio proceso de ir abriendo nuevas minas, se tiene que ir reconstituyendo el espacio. Eso tiene que ser controlado en su calidad, y por supuesto implica acuerdos que tienen que estar establecidos en la aprobación del emprendimiento, en la evaluación ambiental. Tiene que quedar definido claramente qué recomposición se va a hacer, cómo se va a hacer, incluso los montos de esa recomposición, porque tiene que haber garantías de cumplimiento, tiene que haber seguros que nos garanticen que la recomposición va a ser efectiva.

Todo eso tiene que tener un seguimiento y un control por parte del Estado, que tradicionalmente ha hecho la Dinama. Podemos pensar otras formas, tenemos que buscar formas que sean más eficientes y más económicas para el Estado, pero eso dependerá también de las características del desarrollo de la propia actividad minera. Si la minería se constituye en una actividad de desarrollo nacional más allá de Aratirí, el país en su conjunto tendrá que organizarse y tener un Estado capaz de controlarla.

***

EC - Yo mencionaba al principio un listado de proyectos que tiene a estudio en este momento la Dinama: Aratirí, el puente sobre la laguna Garzón, la planta de celulosa de Montes del Plata en Colonia, se viene un nuevo proyecto minero a cielo abierto en Rivera. Pero aparte de eso, la Dinama está tomando resoluciones de manera permanente en otros ámbitos quizás más sencillos, a menor escala, como una fábrica de aceite de oliva, un parque eólico, una planta de acopio de granos, los tambos lecheros, los feedlots. ¿Cuánto ha crecido la Dinama para hacer frente a responsabilidades cada vez más amplias como le van tocando?

JR - Con relación al crecimiento en términos de personal, eso se previó en el presupuesto anterior. En los años anteriores no había habido incremento de personal.

EC - ¿Con cuántos funcionarios cuenta hoy?

JR - Hoy contamos con 85 funcionarios, aproximadamente.

EC - ¿Y qué es lo que necesitarían?

JR - Estamos planteando la incorporación de 45 más, y tenemos que pensar en seguir creciendo. Pero tampoco podemos crecer explosivamente, porque hay que mantener el control de la institución, hay que capacitar a la gente que ingresa, hay que adecuarla a la metodología de trabajo, tiene que tener conocimiento de la legislación. Un crecimiento explosivo tampoco sería positivo para el trabajo de la Dinama, por tanto lo que tenemos previsto hoy es el ingreso de 45, y el año próximo quizás otro tanto; con eso creo que nos estabilizamos en el nivel de desarrollo actual del país.

EC - ¿No se sienten desbordados?

JR - Por supuesto que sí que nos sentimos desbordados. Pero tenemos un equipo consciente, cuando entré a la Dinama lo hice con la seguridad de tener un equipo de gente que tiene una vocación de trabajo y un compromiso con el trabajo muy grandes. Eso hace que la gente se multiplique, hay veces que a uno le da no sé qué pedir más trabajo, pero hay un esfuerzo enorme del personal, en ese sentido hay que reconocer que hay una voluntad de trabajo que trasciende el trabajo burocrático.

EC - ¿De dónde surge el personal especializado? ¿Hay en nuestro país suficiente formación en esta materia?

JR - Sí, la formación se ha ido actualizando, la Universidad ha ido incorporando áreas de estudio adecuadas para la gestión ambiental. A lo largo de los 20 años de existencia del ministerio y de la Dinama se ha ido generando una escuela acá dentro, y eso también ha interactuado con la propia academia, mucho personal que ha trabajado durante muchos años acá en la Dinama es docente universitario. Por lo tanto hay canales comunicantes, hay vasos comunicantes con la academia, lo que hace que hoy la Universidad esté formando personal de acuerdo con los requerimientos que tenemos. Eso no obsta que cuando hay temas muy especializados se busquen cooperaciones internacionales para fortalecer áreas específicas de trabajo. Pero pensamos que hoy en el Uruguay se está formando en términos generales el personal necesario, con la capacidad necesaria para el control ambiental que hace la Dinama.

EC - Tengo acá un correo electrónico que nos llegó temprano de un biólogo, Gustavo, que dice:

"Soy biólogo y he trabajado en estudios de impacto ambiental. Por eso considero importante hacer una pregunta muy concreta, a la luz de todas las interrogantes que están en el tapete del tema medioambiente y la evaluación del impacto ambiental, por ejemplo emprendimientos mineros, puente sobre la laguna Garzón, etcétera. Si la Dinama está siendo cuestionada por su infraestructura –personal técnico, etcétera–, ¿por qué siguen siendo las empresas, los inversores, quienes contratan los consultores para el estudio de impacto ambiental? En concreto hoy en Uruguay es el inversor quien contrata la consultora para la evaluación medioambiental, y es intermediario entre el que hace el estudio y la Dinama. ¿No sería más correcto y transparente que el inversor pagara los estudios, pero fuera la Dinama quien los realizara, y en todo caso fuera la Dinama quien subcontratara una consultora con la que tuviera trato directo? Con esto no quiero cuestionar la honorabilidad de las consultoras, pero he visto que los aspectos económicos pesan demasiado a la hora de decidir qué estudios hacer".

¿Qué responde usted?

JR - Son modelos diferentes. Nosotros entendemos que el esfuerzo de hacer el estudio de impacto ambiental es parte de un proyecto y corresponde a la empresa que lo presenta hacerlo. Consideramos, de acuerdo con nuestra propia legislación, que la capacidad del Estado puesta en la Dinama en este caso tiene que ser aquella que tenga la posibilidad de evaluar la propuesta que se hace como proyecto. Y evaluarla en forma integral, evaluar el estudio de impacto ambiental con relación al proyecto. Eso es lo que hacemos en la Dinama, tenemos la capacidad técnica con distintas disciplinas, interdisciplinaria, capaz de analizar los proyectos y los estudios de impacto ambiental correspondientes. Esa metodología nos asegura una coherencia entre el proyecto presentado y la interpretación que hace el emprendedor del impacto ambiental de su proyecto. Evidentemente, la evaluación nuestra es independiente, en ese sentido se incorporan los requerimientos y las consideraciones ambientales que sean necesarios.

EC - Un caso particular de esto se dio estos días con el puente sobre la laguna Garzón. En teoría es un puente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), aunque va a ser costeado por el empresario argentino Eduardo Constantini, porque esa es la condición que le planteó la Intendencia de Rocha al autorizar su emprendimiento inmobiliario Las Garzas, del otro lado de la laguna Garzón, en Rocha. En la audiencia pública que tuvo lugar el viernes, y ante un planteo de los vecinos, el MTOP confirmó que su estudio de impacto ambiental del puente fue financiado por Constantini. Es más, los vecinos dicen que el estudio no solamente fue pagado por Constantini, sino que además él fue el encargado de elegir la consultora.

¿Qué responde sobre este detalle, que los vecinos llegaron a calificar como un escándalo?

JR - El problema habría sido que Constantini nos pagara el personal de la Dinama. Nosotros estamos haciendo una evaluación independiente de un proyecto que tiene su estudio de impacto ambiental y territorial. Eso es lo normal frente a los distintos emprendimientos. En este caso hay una situación particular, que quien se interesa en el proyecto es el MTOP, y por lo tanto le solicitó al inversor que hiciera el estudio de impacto ambiental correspondiente. Lo que nosotros necesitamos asegurar es que la evaluación que se haga del proyecto sea independiente y que quien la haga tenga la libertad total de medir su impacto real y la independencia necesaria que debe tener el Estado en estas circunstancias.

EC - En particular, quien está muy crítico de este aspecto de este caso concreto del puente sobre la laguna Garzón es el fiscal en lo civil Enrique Viana. Dice que "Uruguay fracasa porque la propia Dinama no tiene los técnicos suficientes para hacer estas evaluaciones". Y señala: "Si la Dinama autoriza la obra del puente sobre la laguna Garzón, voy a pedir la reapertura de un expediente que se inició en el año 2002 para que la justicia impida la construcción de esta obra hasta que existan las garantías ambientales que hoy no están. La ley de impacto ambiental es tramposa, y a esto se suma que el Estado tiene incapacidades físicas y jurídicas para expedirse sobre proyecto como sobre tantos otros".

¿Qué responde usted?

JR - Estamos tranquilos de estar procediendo de acuerdo con la legislación vigente. No hemos hecho todavía una evaluación final del puente sobre la laguna Garzón, por tanto entiendo que son apreciaciones condicionadas de parte del fiscal Viana; por supuesto, tiene toda la autoridad para hacerlo. Nosotros estamos tranquilos de trabajar bajo el proceso normativo que el país se ha dado y tenemos la tranquilidad de poder trabajar y creo que las audiencias públicas fueron de una riqueza extraordinaria para recibir los puntos de vista de los distintos actores que están involucrados. No puedo decir que haya sido la primera vez, porque estuve un período muy largo fuera del país, pero me pareció extraordinariamente rica la participación en estas dos audiencias que tuvimos sobre le puente, y creo que estamos frente a una situación de una disyuntiva que no es tan drástica en el sentido de cortamos totalmente el tráfico a través de la laguna, porque las dos opciones que están planteadas son o puente o balsas mejoradas. De manera que el problema no está en el puente sino en el impacto que significa esa conexión y el tipo de conexión sobre el desarrollo territorial tanto del área de Maldonado como de Rocha, que está influenciada por esa conexión. Hay que manejar las cosas con los elementos técnicos, con lo que surge del proceso participativo, y habrá que tomar la decisión en el marco de la normativa nacional. Nos sentimos tranquilos de estar trabajando en ese marco, y veremos cuál es el resultado. Esperamos tener rápidamente una solución; como decía, siempre se busca resolverlos conflictos mediante entendimientos con las distintas partes involucradas, y resolver las cosas en beneficio del conjunto que es el ambiente.

EC - El fiscal Viana en sus declaraciones da como un hecho que el tema está resuelto. Dice: "Estamos ante una situación planteada, hay muchos informes de las propias intendencias que ahora están a favor del proyecto, que en aquel momento se pronunciaban en contra del puente". ¿Qué comentario tiene usted a propósito de este cambio de postura?

JR - Las posturas fueron explicadas claramente por los actores. La Intendencia de Rocha ha desarrollado una zonificación, ha desarrollado planes locales, planes entre las dos lagunas, ha definido el uso de la zona de la faja costera a través de normas departamentales que ha cambiado sustantivamente los peligros que existían de un desarrollo totalmente desequilibrado de la costa de Rocha. Eso hay que reconocerlo, es una realidad, significa que el puente se encuentra ahora con una conexión que su impacto sobre el territorio es diferente cuando ese territorio está zonificado, regulado, que un territorio totalmente arbitrario su uso como existía antes. Estos son los argumentos que plantea la Intendencia de Rocha, y que han cambiado el escenario hace 20 años y el escenario actual. Eso fue claramente planteado en las audiencias, está en las exposiciones de motivos de las intendencias, en su punto de vista, y creo que ha habido una evolución. Ha habido una evolución, no reconocerlo es cerrarse a la realidad.

EC - ¿Cuándo estiman que tendrán una resolución sobre este proyecto del puente?

JR - Yo querría tenerla en un mes, pero el volumen de información que ha surgido de las audiencias es muy grande, nosotros quisiéramos trabajarlo y estamos trabajando analizando todo ese material. Es voluminoso, por eso no sé si esto nos va a llevar un mes o tres meses, pero no puede ser más de ese plazo.

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Transcripción: María Lila Ltaif