(emitido a las 7.38 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Guardias de seguridad privados están de paro desde las 22.00 horas de ayer hasta las 22.00 horas de hoy en protesta por la muerte del guardia Fabián Correa, ocurrida la semana pasada, y en reclamo de mejores condiciones de trabajo.

Además del paro, los guardias se movilizarán a las 9.00 horas en Justicia y Amézaga, donde Correa fue asesinado el jueves de la semana pasada. Protestarán por las condiciones informales en que suele desarrollarse esta actividad.

Un poco más tarde, a las 13.00 horas, se concentrarán en la plaza Matriz para recorrer sucursales de bancos instalados en la Ciudad Vieja, donde leerán una proclama vinculada con las condiciones de trabajo.

¿Cuál es el panorama de este gremio? Hay unos 25.000 guardias de seguridad en todo el territorio nacional, de los cuales hay unos 3.000 sindicalizados, según dice el sindicato la Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Unatrase), que a su vez pertenece a la Federación Uruguaya de Comercio y Servicios (Fuecys).

En los próximos minutos vamos a conversar con Ángel Amestoy, dirigente de Unatrase.

Recién mencionaba que, además del paro, ustedes tienen dos actividades principales preparadas para el día de hoy. Van a manejar proclamas distintas y ustedes ya tienen prontos los textos de esos discursos.

ÁNTEL AMESTOY:
Es correcto. En la mañana, [el objetivo] es conversar y difundir con la población y con los vecinos en particular la situación del informalismo en el sector. Situación que está agravada con el caso lamentable de Fabián y con el hecho de que como sindicato ya habíamos denunciado, tanto en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Trabajo, como en las cámaras empresariales, y trabajar en la vía pública no nos parece compatible con nuestra función.

EC – Antes que eso, ¿qué es el "informalismo" en el sector de la seguridad privada?

AA – Las empresas, además de cumplir con todos los requisitos de BPS, de DGI, etcétera, que tiene cualquier empresa o comercio, se debe cumplir con la reglamentación vigente del Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse), del Ministerio del Interior. Los trabajadores tienen que estar debidamente habilitados, haber hecho un curso, haberlo aprobado y estar registrados no solamente como trabajadores dentro del Ministerio del Interior sino además registrado en el lugar donde trabaja. Cuál es el protocolo de seguridad allí, etcétera. La mayoría de estas situaciones que se dan de guardias en la vía pública, en una garita aislada, no están debidamente habilitadas de acuerdo a la norma.

EC – ¿Eso quiere decir que pertenecen a empresas que funcionan en la informalidad? Porque también está la otra posibilidad, que creo que está bastante extendida, que es la de que se trate de guardias contratados individualmente, los que, en el mejor de los casos, son empresas unipersonales.

AA – Claro, la normativa permite eso siempre y cuando esté registrado en Renaemse, los trabajadores hayan hecho los cursos de habilitación correspondientes, estén efectivamente habilitados, y el lugar donde se presta servicio esté denunciado anteriormente con cuántos funcionarios se presta, cuál es el protocolo de seguridad y quién es el responsable ante el Ministerio. Generalmente, ese tipo de normativa no se cumple, lo cual deja a los trabajadores sin las herramientas necesarias para desempeñar la tarea, ya que no hay capacitación teórica ni la logística necesaria que se precisa de apoyo en esta tarea.

EC – ¿Usted tiene cifras de esos 25.000 guardias privados de seguridad? ¿Cuántos serían empresas unipersonales?

AA – No. A nivel de los 25.000 son los que están registrados tanto a nivel de BPS como en el Ministerio del Interior. Los prestadores particulares dentro de esos 25.000 son muy poquitos. Los que son prestadores particulares son empresas unipersonales. El resto se divide entre las multinacionales y las empresas nacionales.

EC – ¿Tienen números de los que no están registrados?

AA – Sí. Tenemos datos parciales porque es muy difícil poder llegar a la situación general, ya que no hay de dónde sacar la información a nivel nacional. Vamos viendo las situaciones. Se han ido denunciando tanto a nivel de Renaemse como de la Dirección Nacional de Trabajo, pero es difícil estimar el total. Sé que son bastantes, sobre todo en el interior.

EC – Usted venía hablando de una de las preocupaciones que tiene el sindicato que es la relativa al trabajo en la calle. ¿Qué pasa con estos guardias cuando desempeñan su actividad en la vía pública?

AA – En principio, como sindicato entendemos que es exponer al trabajador a la fuente de riesgo. Las normativas laborales, el decreto 406 y los propios convenios de la OIT siempre nos hablan a alejar al trabajador de la fuente de riesgo. Cuando esto no es posible, hay que tomar las precauciones de seguridad necesarias. Consideramos que la realización de nuestra tarea en la vía pública es exactamente al revés [porque] acerca al trabajador a la fuente de riesgo.

EC – ...Pero eso pasa muchas veces porque hay un grupo de comerciantes o de vecinos que contratan a un vigilante para que se ocupe de una determinada zona.

AA – Sí. Con eso tenemos, en el mejor de los casos, al compañero en una garita. Ya desde ahí contamos con que no hay acceso a baños ni a agua potable, como debe tener todo trabajador en el Uruguay. Y, ya de pique, hay un montón de normativas que no se están cumpliendo correctamente. Además, no podemos actuar en la vía pública. Eso es terreno exclusivo de la Policía Nacional. Nosotros nos movemos dentro...

EC – ...Entonces, ¿cómo se explica que esta situación se haya extendido tanto? Porque es un hecho.

AA – En principio, los pocos compañeros que había hace muchos años trabjaban más que nada en la custodia de algún barrio privado o la garita en la puerta de un comercio en particular pero que tenía relación directa con el establecimiento, sobre todo puertas de fábricas y demás. En los últimos tiempos se ha presentado que en las puertas de las financieras vemos compañeros que están en la vereda. Entendíamos que las medidas de seguridad que se están tomando por parte de los comerciantes y de los empresarios son con la seguridad física como primera línea de contención. Esto significa que los compañeros están más expuestos.

EC – Ustedes son muy críticos en la proclama que van a manejar esta mañana con los comerciantes o con buena parte de los comerciantes.

AA – Se entiende que toda empresa contratante de otra prestadora de servicios es corresponsal, y así lo entiende la ley además, de la situación de los trabajadores y los elementos de seguridad con los que deben contar los mismos. Tanto la empresa de seguridad, la empresa prestadora, como la contratante, son responsables de la situación por igual. Así lo entendemos, así lo entiende la ley y así lo vamos a denunciar. Si usted contrata a una persona a nivel personal, un prestador personal o unipersonal, debe saber que esa persona tiene que tener los aportes, tiene que estar registrada debidamente, tiene que haber hecho la denuncia del lugar en el Ministerio, etcétera. Si usted contrata un servicio que es mucho más barato, también es responsable de la situación sin duda alguna.

EC – Hay un punto crítico en toda esta discusión que es el chaleco antibalas.

AA – Sí. El decreto está vigente y las empresas no lo han cumplido. Los bancos tampoco. Acá no estamos hablando de empresarios que tengan necesidad de rebajar costos como podríamos llegar a imaginar en algún pequeño comercio. Estamos hablando de bancos, de empresas multinacionales. No se ha cumplido. En reunión con el ministro Bonomi le planteábamos que entendemos que el chaleco no es sólo para los compañeros en el área financiera sino a nivel general, para todo trabajador que porte un arma. Pero, en principio, este decreto establece exclusivamente para los trabajadores del área financiera y ni siquiera eso se ha cumplido hasta ahora.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Usted hace referencia al decreto del 23 de junio de este año.

AA – Efectivamente. El 346, que establece la obligatoriedad del uso del chaleco antibalas para todo trabajador en el área financiera.

JAE – Básicamente, el decreto que tiene todo el reglamento general de requisitos de seguridad para instituciones de intermediación financiera. Entonces, con este planteo, usted lo que dice es que quieren ampliar este reglamento a otras áreas de actividad. ¿Cómo se canaliza eso? Porque había una comisión que venía trabajando a nivel partito.

AA – Sí, es una comisión que había estado establecida dentro del consejo de salarios a nivel bipartito entre cámara de empresas y sindicatos, pero la extensión del decreto actual es de relación directa con el Ministerio del Interior, porque es quien debe emitir el decreto. El Ministerio del Interior, en principio, compartió nuestro planteo en líneas generales y posiblemente haya un nuevo decreto extensivo de la situación para todo aquel trabajador que porte un arma en cualquier lugar que sea establecido y que custodie valores no necesariamente en el área financiera.

JAE – ¿Eso está establecido así, es un compromiso del Ministerio del Interior?

AA – Eso sería instrumentar un nuevo decreto. Tenemos que juntarnos y empezar a ver los lugares, pero habría muy buena voluntad para cubrir a todos los trabajadores. Ahora, lo que es mayor preocupación es que el que establece la obligatoriedad para los compañeros del área financiera está plenamente vigente pero las empresas no le dan cumplimiento. La comisión bipartita había sido cortada después de tres reuniones en Cámara de Comercio en el Ministerio de Trabajo y en la propia Fuecys por los empresarios; recién ayer a última hora nos volvieron a llamar para retomar el diálogo, exactamente a dos horas de comenzar el paro nacional.

JAE – ¿Cuál es el punto de mayor incumplimiento de la norma que está vigente?

AA – El uso del chaleco antibala. Establece tres cosas básicas para los trabajadores: el chaleco antibala para todo trabajador; que los bancos presenten sus protocolos de seguridad con algún tema de infraestructura a nivel edilicia para dar mayor protección; y los cursos de capacitación que se extenderían notablemente de lo que son hoy 20 horas a 90 o 120 en el caso del uso de armas. En el único punto que tenemos relativo acuerdo con las empresas es en los temas de cursos de capacitación, porque los trabajadores planteamos la posibilidad de que el Inefob intervenga en los mismos. Entonces, obviamente, ahí no estamos hablando de costo para las empresas o de costo mayor. Pero sobre el chaleco antibala estábamos en discusión sin acuerdo. Y, además de eso, establecieron el diálogo cortado.

JAE – ¿Qué efectos puede llegar a tener este paro que está vigente? Porque, por lo pronto, la sindicalización que hay en el sector es bastante baja en relación al total. ¿Qué expectativas tienen ustedes?

AA – Tengamos en cuenta que es muy relativo según la relación de dependencia de cada trabajador dentro de las empresas. En las empresas más grandes la sindicalización es alta. El tema es que existen muchas empresas pequeñas a nivel del interior con muy pocos trabajadores y nos ha costado mucho llegar a organizar a los trabajadores y detectar exactamente los lugares de trabajo. De todas maneras, como sindicato de rama tenemos dos años de fundados, y la afiliación ha venido creciendo geométricamente. Si bien antiguamente existían históricos sindicatos por empresa, como organización de rama es relativamente nueva. Pero el acatamiento al paro no necesariamente es para los trabajadores afiliados sino que alcanza a todo trabajador del sector.

***