Bianchi (IM): se protegerá más a las obras de gran valor arquitectónico para evitar que sean demolidas
Las "casas gemelas" de la avenida Luis Ponce, diseñadas por el arquitecto Román Fresnedo Siri, y la casona de bulevar España y Paullier son dos ejemplos de símbolos arquitectónicos montevideanos que han sido demolidos en los últimos meses. Estos dos casos se enmarcan en un contexto en el que edificios y casas de valor histórico y estructural son reemplazadas por nuevos proyectos edilicios. Para averiguar más sobre este tema, En Perspectiva dialogó con la directora de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo (IM), Eleonora Bianchi, quien estuvo de acuerdo con la idea de considerar de manera especial a las obras más significativas del país. Bianchi, que además es integrante del sector Vertiente Artiguista, del Frente Amplio, señaló que en el caso de las casas de la avenida Ponce y de la casona de bulevar España y Paullier "se siguió el procedimiento habitual sin detenerse a hacer un análisis técnico más exhaustivo de parte de las oficinas centrales". En este sentido, la jerarca añadió que "hay casos en los que, si no avanza la legislación para que aquellas viviendas que por características especiales queden establecidas en una lista protegida, no se puede actuar".
(emitido a las 10.08 Hs.)
EMILIANO COTELO:
En los últimos años los montevideanos nos hemos acostumbrado a ver cada vez más andamios y grúas como parte del paisaje que nos rodea.
En particular, los barrios sobre la costa montevideana viven por momentos un auténtico boom de la construcción. Sin embargo, en ocasiones, la contracara de esa actividad son las demoliciones de viejos símbolos arquitectónicos para dar lugar a edificaciones más nuevas, que dan paso a más viviendas aprovechando la altura. Las "casas gemelas" de la avenida Ponce, diseñadas por el arquitecto Román Fresnedo Siri, y la casona de Bulevar España y Paullier son dos ejemplos que han pasado a escombros en los últimos meses.
¿Por qué obras de gran valor arquitectónico quedaron desprotegidas y terminaron siendo destruidas? ¿La Intendencia de Montevideo (IM) no podía o debía actuar para preservarlas?
Son preguntas que nos quedaron pendientes cuando hicimos otros enfoques sobre este tema, y hoy vamos a trasladárselas a Eleonora Bianchi, directora de Acondicionamiento Urbano de la IM.
Hemos mencionado esos casos sonados de obras arquitectónicas emblemáticas que al ser demolidas generaron el rechazo, la protesta y la indignación de catedráticos reconocidos de la Facultad de Arquitectura y hasta del arquitecto Mariano Arana, exintendente de Montevideo del Frente Amplio.
Entonces sería bueno que usted nos explicara cómo funciona la normativa a propósito de autorización de demoliciones.
ELEONORA BIANCHI:
La Intendencia tiene establecido un procedimiento por el cual intervienen más de una oficina para todas las demoliciones. Por un lado, la solicitud de demolición se inicia en el Servicio del Centro Comunal correspondiente. Pero cuando las casas son anteriores al año 1940 o cuando están protegidas por estar en la lista de las que se consideran bien municipal, es decir que tienen protección municipal, o protección nacional, se debe hacer un procedimiento, un formulario especial que se llama fase A. Como además, cuando uno va a hacer una demolición no puede dejar el "hueco", debe hacer dos cosas. Por un lado, al presentarse en el Centro Comunal debe presentar las fotografías del lugar que se va a demoler, y por otro lado, cuando se inicia el permiso de construcción, que también es necesario para hacer una demolición, se hace una declaración jurada del bien, de qué año es, y se presentan fotografías. En ese caso se llama fase A y va a la oficina de Patrimonio. Las garantías están porque estas oficinas no dependen de los mismos departamentos. Es una especie de contralor que ejercen entre sí.
EC - El trámite empieza en el Centro Comunal.
EB - En dos lugares, en el Centro Comunal y en el quinto piso, en Contralor de la Edificación. En el Centro Comunal se solicita el permiso de demolición y en el quinto piso se presenta la fase A, en los casos que mencionaba, viviendas anteriores al año 1940 que se encuentren en bulevares, avenidas o ramblas. En esa fase A el estudio no está a cargo del Servicio de Contralor de la Edificación, sino que se envía a la Unidad de Patrimonio, y según en qué barrio está va a una comisión distinta de Patrimonio -tenemos varias, la de Colón, la de los Pocitos, la de la Ciudad Vieja-, que va a decir si esa vivienda se encuentra protegida.
En el caso de las que se mencionaban, en particular la que más estudié fue la de bulevar España, se hicieron las consultas y la casa no tenía una protección; no estaba en ninguna de las listas de preservación municipal ni nacional. Las de Fresnedo Siri sí estaban en una lista que tiene la Facultad de Arquitectura, que lo comunicó a la IM en su momento, pero nunca se estudió.
ROSARIO CASTELLANOS:
Las dos obras en cuestión eran anteriores a 1940, y en una resolución de 2001 de la Intendencia de Arana está contemplado que en esos casos deben pasar por este estudio. Entonces, más allá de determinar si son o no patrimonio departamental o nacional, ¿no merecen un tratamiento especial, por más que no lo sean, para resolver si su demolición es aprobada por la Intendencia?
EB - Creo que sí. En este caso se hizo el procedimiento habitual de analizar si estaban en las listas mencionadas, pero creo que debió haberse hecho una profundización mayor de la situación. Desde el punto de vista formal, se cumplió con lo que estaba previsto en el procedimiento. Desde el punto de vista de las sensibilidades, no se tuvo en cuenta esa situación. Ahí entramos en un punto muy importante.
EC - ¿Cómo fue que terminó autorizándose la demolición?
EB - Por lo que le señalo.
EC - Porque si se presentó la documentación correspondiente, si se presentaron las fotografías y los detalles a propósito de quién era el arquitecto autor del diseño, de qué año era, qué tipo de casa era, se supone que a continuación, a partir de esos requisitos, alguien tendría que haber analizado el caso como particular, no porque estuviera incluido en una lista específica de protección. Debió haberse estudiado: ¿autorizamos la demolición?, ¿vale la pena preservar la casona de bulevar España, por ejemplo? ¿No se hizo eso?
EB - Lo que tú señalas es así. Al inicio, cuando tú explicabas cuál es la situación por la que está pasando Montevideo en este momento, que es algo que no ocurría desde hacía muchísimos años, tenemos lo que podemos llamar un boom de la construcción. Creo que lo que ocurrió fue que no estábamos preparados -ahora sí, ya hay un equipo trabajando en eso- para que hubiera tanta renovación de viviendas de larga data en el país. Viviendas que, por otro lado, en general son viviendas lo suficientemente caras como para que las mantenga una familia tradicional y típica, de escasos habitantes. En general, estas casas, que de momento no tienen ningún tipo de protección, están en el mercado.
EC - Usted dice que es razonable que sus propietarios quieran venderlas.
EB - Es razonable. Y además existe otro problema -que me parece que es el gran desafío de estudiar y preservar con cuidado cada una de las cosas que se presenten-, que es qué pensamos para estas casas en adelante. Porque supongamos que hubiéramos podido proteger esta casa y no hubiéramos permitido esa demolición; ¿qué alternativa le habríamos propuesto al propietario? En este país la propiedad privada tiene derechos, por lo tanto tú no puedes actuar sobre ella libremente, ni desde lo municipal, ni desde lo departamental, ni desde lo nacional se pueden tomar medidas para el mantenimiento de ese bien. Ni tampoco se puede exigir -porque no está establecido por ninguna ley, ni nacional ni departamental- que el propietario haga lo que le piden. Puede ser un acuerdo entre partes, pero no hay nada que obligue.
EC - Ese es un viejo problema de las declaraciones de patrimonio.
RC - Sí, pero es un problema que otros países han resuelto de una manera que acá no se logra establecer, que es dar ventajas a los propietarios de esos bienes que se afectan y exonerarlos de determinados pagos. No se logra, y creo que es un resorte absolutamente municipal exonerarlo de contribución o de impuesto de puerta, pero no se llega a estudiar una medida que convierta eso que por ahora es un castigo para el propietario en una ventaja, más allá de que creo que hay una etapa de educación en la materia.
EB - Ya hemos estado aplicando algo parecido a lo que tú señalas en buena parte de la ciudad, sobre todo en aquella que se quiere preservar especialmente...
RC - Ciudad Vieja, por ejemplo.
EB - Por ejemplo. Cuando los propietarios hacen un mantenimiento del bien, de sus fachadas, etcétera, luego de realizado se los exonera de los pagos a veces totales y a veces parciales de la contribución inmobiliaria. Pero creo que este tema trasciende la política departamental, es un tema claramente nacional, porque podés plantearle al propietario que lo exonerás de la contribución, pero en algunos lugares la contribución no es muy alta.
EC - Por lo tanto no es suficiente ayuda para que el propietario se decida a conservar esa casa.
EB - Exactamente.
RC - Hay otra pregunta a partir de una afirmación que usted hizo al principio: ¿en qué medida esta forma de descentralizar determinadas responsabilidades no está detrás del error que se cometió? Es evidente que el Departamento de Acondicionamiento Urbano tiene un expreso mandato de ejercer el contralor de la edificación del departamento de acuerdo con las normas vigentes, ejercer el contralor del uso del suelo; es decir, hay una forma de responsabilidad de fijar políticas que parecería que en este caso, si se deja a discrecionalidad de los distintos arquitectos, podría fracasar. Si se establece una política de conservar valores de la ciudad desde Acondicionamiento Urbano, la última palabra debería tenerla la jefatura de ese departamento, usted.
EB - Quiero aclarar bien esto porque es importante. En esta área participan tres departamentos: los centros comunales -que actualmente dependen de los municipios-, Acondicionamiento Urbano y Planificación. No hubo omisión de ningún estilo del área descentralizada, de los municipios y de los centros comunales, ellos requirieron la fase A aprobada.
RC - Pero ellos resolvieron.
EB - Ellos resuelven a partir de una información muy precisa en la que la Unidad de Patrimonio les señala que es de régimen general. Hoy podemos decir que esa información decía que a esta casa, la de bulevar España, el régimen general le habilitaba la demolición. Eso hay que aclararlo.
EC - O sea que la responsabilidad no estuvo en esa instancia descentralizada, en el Centro Comunal, estuvo en la propia Intendencia.
EB - Sí.
EC - Hubo un descuido, ¿podemos llamarlo así? ¿Hubo un trámite que se cumplió de manera burocrática?
EB - Yo señalaría que se siguió el procedimiento habitual, común, sin detenerse a hacer un análisis técnico más exhaustivo de parte de las dos oficinas centrales.
EC - O sea que usted le da la razón al arquitecto Mariano Arana, que estaba convencido de que no se había cumplido con lo que aquella normativa prevé que se haga una vez que se presentan las fotos y la documentación, es decir, un análisis cuidadoso para evaluar si se autoriza la demolición.
EB - Creo que hay que ajustar más la normativa, que es laxa, permite que prevalezca la opinión del técnico actuante, y si el técnico actuante, como es el caso, sigue un procedimiento tabulado en el que un administrativo puede analizar "esta casa no está en las listas preservadas, entonces pasa a ser de interés general", puede ocurrir lo que ocurrió. Pero yo vuelvo a señalar que además de que puede ocurrir esto que ocurrió, pueden ocurrir otras cosas que también traen consecuencias para la ciudad y para la ciudadanía. Porque hoy tenemos una consecuencia que nos duele, que es que perdimos una casa importante.
EC - Eso ya no tiene arreglo.
EB - No tiene arreglo. Podríamos no haber perdido la casa importante, y entonces podríamos habernos visto sujetos también a un juicio de lucro cesante, porque no hubo advertencias previas. Si la casa está en una lista, el propietario sabe que no va a poder actuar de la forma que entienda que corresponde, por ejemplo hacer las alturas que le admiten un bulevar o una avenida. Sin embargo, en este caso esto no se señalaba.
EC - Usted dice que la discrecionalidad que está permitida en estos casos es un problema en un sentido y en el otro; es un problema cuando termina con el permiso para que se demuela una construcción de alto valor arquitectónico, y también puede ser un problema si se frena la demolición.
EB - Sin dudas. Porque además hay otro problema, que ustedes han señalado muchas veces, que me parece muy importante cómo lo han desarrollado, y es el tema de las casas que, en algunos casos, por ser declaradas de interés municipal o nacional, y en otros casos simplemente porque sus propietarios no las pueden mantener, se transforman en eso que uno encuentra en la ciudad y que a veces son verdaderos agujeros negros, porque como nadie la puede mantener la casa queda abandonada. Luego es ocupada y después se transforma en un problema serio para la ciudad y fundamentalmente para los vecinos. Por eso es que yo insisto tanto. Me parece interesante esta propuesta, lo que hay que hacer es legislar más fuertemente, no solo en lo departamental.
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RC - Recién estábamos comentando fuera de micrófonos que aun ese intento de preservación de las casas anteriores al año 1940 podría resultar insuficiente para algunas casas que están corriendo peligro. Pero la Facultad de Arquitectura, a la que también en algún momento le pedimos que se involucrara en este tema, hizo un relevamiento muy interesante de una cantidad de edificios en general en la ciudad de Montevideo a los que pretende dar cierta protección; entonces, ¿qué suerte puede correr una declaratoria de monumento departamental o de protección grado 4 para que ustedes la tengan en cuenta y quede clarísimo que ese bien está protegido?
EB - Estamos haciendo al menos un par de cosas. En lo que tú planteabas recién ya está trabajando en forma conjunta un equipo que tiene un representante de la Facultad de Arquitectura y un representante del Departamento de Planificación que comenzaron a estudiar ese listado de fincas que la facultad entiende deberían protegerse, para que se establezca con claridad cuáles de ellas tienen la posibilidad de ser consideradas de protección departamental o de protección nacional. Esa es una de las áreas en las que se está trabajando.
EC - Se iría por el camino de quitarle a la normativa la ambigüedad, la discrecionalidad que hoy tiene, se iría a un sistema de lista.
EB - Aumentar la lista existente.
EC - Pero una lista que abarcara períodos que no están comprendidos en la lista que ya existe.
EB - Exacto. Y por otro lado estamos trabajando con la Comisión de Patrimonio Departamental para establecer una comisión más pequeña que cada vez que ingrese una solicitud, por ahora de viviendas anteriores al año 1940 y con un plazo establecido para su estudio, le recomiende al Servicio de Contralor de la Edificación qué grado de protección tiene para actuar en consecuencia.
EC - Se está corrigiendo lo que se ha seguido hasta ahora. Ustedes entienden que hubo fallas, que hay que mejorarlo.
EB - Todo es perfectible. Lo más importante, cuando se está trabajando en áreas con estas características, en el gobierno concretamente, cuando se tiene ese tipo de responsabilidad, si uno detecta que hay algo que no estuvo correctamente resuelto, debe estudiarlo inmediatamente, y si hay que corregirlo lo debe corregir. Eso me parece mejor que "pasó y veremos qué pasa para adelante"; no compartimos eso.
EC - Desde la audiencia, Luis de Carrasco Norte pregunta si los responsables de las autorizaciones de esas dos demoliciones que hemos venido mencionando continúan en sus cargos.
EB - En un caso no, porque hubo un cambio de funcionario simplemente, no tuvo que ver con la demolición. Creo que desde el punto de vista procedimental se ajustaron a la norma y no actuaron tratando de poner parte de sus conocimientos. Actuaron como el procedimiento decía, por eso queremos dar muchas más garantías, y por eso, insisto, esta comisión está trabajando -por supuesto tiene que salir una resolución de la señora intendenta, que está al tanto y está absolutamente preocupada por esta situación- para que esto no vuelva a ocurrir y para establecer con absoluta claridad que para adelante vamos a actuar de esta manera. Y también para que sea público. Para que la forma en que actuamos sea absolutamente transparente, para que nadie se pueda llamar a sorpresa o a engaño, para que cuando se presente un permiso para un bien por ejemplo anterior al año 1940 y que esté en avenidas, bulevares o ramblas se sepa que va a haber algunas otras cuestiones que cumplir.
EC - ¿Cómo quedarían comprendidos casos como el de la llamada "casa Terra", hoy sede de Arpel, en bulevar España casi bulevar Artigas? Hace pocos días se conoció un llamado de atención que partía de ese caso:
"...el inminente derribo de la casa Terra, hoy sede de Arpel, un proyecto del arquitecto Arostegui de 1949, el próximo golpe que cierra esta absurda secuencia. Ubicada en pleno barrio Jardín, sobre la calle Javier de Viana, la casa Terra es una obra del arquitecto Aroztegui, autor de excelentes piezas modernas como el edificio de la extienda Merlinsky & Syrowicz (hoy dependencia del Poder Judicial), la sede del Club Nacional de Fútbol y la sucursal 19 de Junio del BROU, entre otras.
La citada vivienda es una obra emblemática de este autor, notable por su calidad edilicia, su diseño interior y su lograda inserción en medio de calles muy dispares, cuya eliminación resulta a todas luces absurda e incomprensible. Así están las cosas. En Uruguay la arquitectura moderna se muere. No tiene protección legal ni cuenta con apoyo colectivo. Pero esto no es fruto del azar ni un dictamen del destino. La arquitectura moderna es presa de un vasto criterio cultural que prioriza el peso de la historia y solo tiende a respetar lo antiguo. Un prejuicio que enturbia el juicio masivo y define también el dominio patrimonial en el marco normativo. Así, la ancianidad se entroniza erróneamente como valor esencial de la arquitectura a ser protegida y los mejores edificios modernos quedan sin amparo legal y reciben todo tipo de injurias.
¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Desidia? ¿Miopía? ¿Ignorancia? ¿Burda impotencia ante el criterio lucrativo?".
Así plantean su impotencia arquitectos como Gustavo Scheps, Conrado Pintos, Jorge Nudelman, William Rey, Laura Alemán, Laura Cesio, Leonardo Gómez, Mary Méndez, Christian Kutscher, Rubén Otero, que están dedicados a la preservación del patrimonio del movimiento moderno.
Lo leí, a pesar de que era largo, porque creo que vale la pena escuchar los argumentos.
EB - Sin duda. Los argumentos están. Hay que ubicarlos en el momento histórico, en el momento social y en el momento económico de la historia de este país. Porque mayoritariamente lo que plantean los arquitectos es absolutamente de recibo. Simplemente hay que lograr mantener esas construcciones valiosas modernas en un régimen de libre mercado en el que también los propietarios de esos bienes tienen derechos.
EC - Estoy hablando de una construcción de 1949, o sea que en esa normativa que venimos mencionando no está contemplada como de consideración especial siquiera.
EB - Exactamente, por eso señalaba esto, porque ahí vamos a tener que hacer varias cosas. Por un lado, la comisión permanente que corresponde a esa zona seguramente va a actuar, va a opinar; obviamente para nosotros esa opinión va a ser importante; y seguramente va a haber que convocar, si hay personas que quieren actuar...
EC - Pero en este caso por lo visto no es necesario presentar esa documentación especial.
EB - Para nada. Por eso digo, hay casos en los que, si no avanza la legislación para que aquellas viviendas que por características especiales queden establecidas en una lista protegida, no se puede actuar.
EC - A la casa Terra la salvaría la existencia de una lista más amplia que la de hoy.
RC - Que ya existe.
EB - Pero que no está avalada, existe por la facultad. Cuando una lista tiene valor de ley, tiene que estar avalada por otros organismos, en este caso el Gobierno. Se está trabajando en eso.
EC - ¿Con qué plazos?
EB - No depende directamente de mi departamento. Está trabajando Planificación; supongo que lo están haciendo con celeridad porque me consta que estaban muy preocupados. Sé que ya hace unos días tomaron contacto con la Facultad de Arquitectura. Sé que están absolutamente preocupados porque nos importa.
Y quería señalar una cosa breve. Estamos en un momento muy especial, porque, como todos sabemos, en pocos días se va a aprobar una ley de construcción con algunas exoneraciones para sectores medios. Esa ley seguramente va a tratar de construir en áreas de la ciudad que ya tengan todos los servicios. La IM, que ha estado trabajando en este tema para adelante junto con la Agencia Nacional de Vivienda, para reglamentar esa ley cuando esté vigente, cree que hay que redensificar algunas áreas de la ciudad. Creemos que la costa ya tiene, sobre todo la costa este, Pocitos, etcétera, una densificación lo suficientemente importante como para no poder recibir nuevos vecinos, y creemos también que esta vivienda para sectores medios y medios-bajos podría ubicarse en las áreas centrales de la ciudad. Y nos vamos a encontrar con estas situaciones, porque en general los padrones que permiten las mayores alturas están sobre avenidas y bulevares. Por lo tanto, estamos integrando esta oportunidad y esta restricción, para que cuando se presenten los permisos el privado tenga las garantías de que va a poder construir en ese lugar y que no estemos perdiendo cosas que son importantes para el patrimonio de la ciudad.
EC - Suponiendo que haya un marco más cuidadoso, ¿qué solución hay para el propietario de una casa a quien se le impone una protección? ¿Qué pasa si se le dice a alguien que está por vender una casa de alto valor patrimonial: "No la puede vender, allí no se puede hacer un edificio"? ¿Qué tipo de apoyo se puede instrumentar?
EB - Ahí hay todo un problema. Creo que ahí los apoyos deben venir de más de un lugar. La Intendencia tiene algunas herramientas que permiten dar algunos apoyos, pero están restringidas; esas herramientas son la contribución inmobiliaria y los impuestos de puerta, no muchas más. Por eso es que insistía en que me parece que como país que tuvo una importante construcción desde 1890 hasta 1940, por lo que plantea esta normativa, pero que también tuvo una construcción moderna muy importante -como mencionan estos arquitectos que tú acabas de leer-, un país joven de alguna manera, tiene que empezar a establecer algunas leyes de carácter nacional, otras departamentales, que permitan generar fondos para estos fines.
EC - ¿Cómo serían? ¿Cómo son en la experiencia comparada esos fondos? ¿Cómo funcionan?
EB - Hay de todo estilo. Algunos están vinculados con lo que se recauda en algunas zonas de la ciudad para destinarlo protección del patrimonio. Creo que no deberíamos quedarnos solo con fondos que se creen en el nivel departamental, porque las intendencias tienen un ingreso muy restringido, que son exclusivamente ingresos por contribución inmobiliaria, por patente, y no acompañan los crecimientos económicos del país. Por eso insisto tanto en que deben también existir leyes de carácter nacional que creen fondos nacionales para aplicar al territorio, tanto al de Montevideo como al de otros departamentos, porque también hay bienes muy importantes en otras ciudades del país. Podemos encontrar bienes interesantísimos sobre todo el litoral y en otros lugares.
EC - Estamos concentrados en Montevideo, pero el problema es mucho más amplio.
EB - Exacto.
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Transcripción: María Lila Ltaif