La jueza aplicó la ley 18.778, que también prevé que para cinco delitos gravísimos (homicidio, violación, rapiña, secuestro y copamiento), los jueces pueden disponer en su sentencia que ese antecedente le sea mantenido en su legajo hasta dos años después de cumplir la mayoría de edad.

El juez podrá computar, o no, ese antecedente, porque si el fiscal no se lo pide, el magistrado pierde competencia ante la decisión del fiscal.

Vera Barreto comenzó el inicio del proceso con el envío de petición de antecedente al ITF. El menor debe ser liberado y ante un nuevo hecho delictivo se le notificará si reincidió, o no. Es decir, desde la instrumentación de la ley, los magistrados poseen la información de todo el país y no sólo de su juzgado

En un futuro, cuando un juez solicite al ITF la información sobre los menores que Vera Barreto enjuició el domingo, el organismo comunicará que ya recayó sentencia sobre los mismos, y entonces puede revestir la calidad de reincidente.

La jueza de menores admitió que es proclive a tener en cuenta la reincidencia cuando se trata de rapiñas. Si es un rapiñero contumaz, amerita el cómputo de reincidencia, dijo.

El defensor de oficio de adolescentes, Daniel Sayagués Laso, dijo a El País que la existencia de un registro de antecedentes de menores no tendrá un efecto práctico concreto en relación a la Justicia. "Ni agrava ni atenúa nada. Es tener la información completa para saber qué se va a resolver con ese joven".

Al respecto, la magistrada explicó: "Si se computa la reincidencia y se computa como agravante, por tanto se agrava la reincidencia, siempre que el juez lo comunique".

De todas formas, la jueza dijo no tener claro qué sucederá cuando los menores tengan la mayoría de edad: "Lo tengo que estudiar un poco (...) va a depender de cada caso. Y tengo que analizar qué consecuencias va a tener, no la tengo clara", concluyó.