Luego que el mandatario dijera que quería conversar sobre el tema con las gremiales del sector agropecuario, la ARU decidió tomar la iniciativa y enviarle una carta para dialogar sobre el asunto, aunque ya se conoce su postura contraria al impuesto propuesto sobre la propiedad de la tierra.

Las gremiales rurales, la Asociación y la Federación, han expresado que un impuesto a la tierra no tiene en cuenta la productividad, ni la renta del negocio, y que si bien puede parecer fácil de soportar en tiempos de bonanza, su condición es rígida para cuando el escenario económico y comercial se vuelve desfavorable.

En tanto, la dirigencia de la ARU recibió con sorpresa el anuncio del Gobierno sobre un nuevo impuesto que está en etapa de diseño, sobre financiamiento adicional a la infraestructura.

El presidente de la ARU, José Bonica, dijo a El Espectador que la gremial agropecuaria comprende que el país debe encarar, entre Gobierno y sector privado, el desafío a mejorar la infraestructura del país:

"Uruguay tiene un problema de infraestructura que debe solucionar y estamos dispuestos a escuchar vías de solución pero la ARU esta dispuesta a estudiar distintas opciones para solucionar este problema".

Bonica recordó que este tema ya se ha discutido con el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que no esperaban la ARU ni la Federación Rural es que ambos impuestos se sumarán en dos reformas diferentes.

El tema será tratado ahora en la comisión de Hacienda de Diputados que abordará el proyecto sobre impuesto a la concentración de la tierra remitido esta semana por el Poder Ejecutivo.
 
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