(Emitido a las 07.37)

EMILIANO COTELO:
Un fuerte enfrentamiento entre el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y el ministro de Salud Pública, Conrado Bonilla, ha pautado las últimas semanas.

Ese choque no ha pasado inadvertido, sobre todo teniendo en cuenta los extremos a los que ha llegado: el viernes pasado les informábamos que el SMU había resuelto suspender la afiliación del ministro en su calidad de socio hasta que se expida un tribunal de ética sobre su actuación; el SMU también resolvió demandar penalmente al ministro por mala praxis, a raíz del manejo de su cartera en relación a la bacteria resistente a los antibióticos.

Durante el fin de semana, Bonilla atribuyó estas decisiones del SMU a las decisiones que él viene sosteniendo en contra al proyecto de ley que limita las indemnizaciones por mala praxis médica, un proyecto que ya fue aprobado por el Senado: "Se trata de una reacción corporativa", afirmó el ministro.

Este enfrentamiento continúa, porque el SMU hizo ayer un nuevo pronunciamiento público, refutando las imputaciones del ministro. Precisó que las decisiones gremiales no son una respuesta a su posición de Bonilla respecto al proyecto de mala praxis.

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Estamos en comunicación con el presidente del SMU, doctor Marcos Carámbula. ¿Cómo explican ustedes este choque tan duro que están viviendo con el ministro Bonilla?

MARCOS CARÁMBULA
Lo primero es señalar que las razones de divergencias claras que tenemos con el ministro no tienen nada que ver con las fundamentaciones que hace el Ministerio en relación al "corporativismo médico".

EC - El ministro manejó dos grandes temas en ese sentido: el proyecto de ley que limita las indemnizaciones por mala praxis, y las investigaciones en el llamado "caso Máykol", este chico que murió a raíz de distintos problemas de mala atención, entre ellos en el Hospital de Clínicas, y en las que se evalúa críticamente la conducta de dos médicos de este último.

MC - Yo le voy a señalar cuáles son las razones de fuerte divergencia que tiene el SMU con el ministro.

Cuando empezó su gestión, él instaló una serie de comisiones con temas centrales, lo que nosotros apoyamos e incluso incorporamos 28 medidas vinculadas a esos temas. No tuvimos respuesta. Y en los temas centrales que se planteaban en aquel momento, que eran un cambio del modelo asistencial, una política en materia de tecnología, un cambio en la política de medicamentos, una racionalización de la gestión del sector mutual, ninguno de esos aspectos se han cumplido en esta gestión del ministro. Ni siquiera se ha empezado un proceso de transformaciones que a uno le hagan generar expectativas de que esto va a cambiar. Primer gran capítulo de divergencia: hablamos con el ministro en aquel momento, integramos las comisiones y planteamos una serie de propuestas que ni siquiera fueron respondidas.

En segundo lugar, temas sanitarios sumamente importantes. Le doy tres ejemplos: el primero, la mortalidad infantil, que lamentablemente ha tenido un incremento vinculado a las condiciones de pobreza que está pasando nuestra población. Desde luego, no es responsabilidad del Ministerio, pero sí es su responsabilidad asumir la realidad, no negar cifras que la vida muestra que son las cifras reales, y por lo tanto tomar iniciativas para corregir lo que se pueda desde la Salud. Cuando se planteó el tema del departamento de Artigas, el ministro salió rápidamente a desmentir las cifras, después los hechos demostraron claramente cuáles eran.

Para otro tema sustancial como es el aborto provocado en condiciones de riesgo, presentamos al ministro una serie de iniciativas sanitarias, dentro del marco de la ley vigente (no pensando que se modificar la ley sino dentro del marco vigente), para reducir el número de abortos en condiciones de riesgo que se producen en el país, y que lamentablemente cuestan muertes evitables de gente joven. No tuvimos respuesta.

Con el tema del estafilococo dorado meticilo-resistente, el SMU y su Centro de Asistencia fue planteando desde el año 2003 la realidad que se estaba viviendo desde el punto de vista epidemiológico; lamentablemente, el germen ha cobrado ya 20 vidas entre 2002 y 2004. Lo que advertimos en aquel momento y lo hicimos ahora, fue que el Ministerio no estaba cumpliendo rol de policía sanitaria que debe cumplir.

Por lo tanto, las divergencias no están centradas en la situación actual ni mucho menos. Lo venimos advirtiendo, a tal punto que la asamblea del SMU en setiembre del año pasado ya había resuelto, a solicitud del Comité Ejecutivo, el pase del ministro al Consejo Arbitral. No es una situación coyuntural por el apoyo o no del ministro a la ley de mala praxis.

EC - Escucho la enumeración de discrepancias que tienen ustedes con el ministro, y de todos modos me queda la pregunta sobre el tipo de medidas que ustedes han resuelto. Porque, aún entendiendo esas críticas a la gestión del ministro, no termina de comprenderse por qué llegan a suspender la afiliación del doctor Bonilla del padrón social, y por qué además una denuncia penal. Parecen decisiones muy graves.

MC - Eso tiene su explicación en dos aspectos fundamentales. Lo primero, creo que queda claro que tenemos discrepancias de fondo con el ministro en el manejo sanitario del país.

En segundo lugar, las discrepancias tienen que ver con el procedimiento. Cuando sucede esta epidemia sumamente grave, que nos tiene a todos particularmente preocupados (por suerte, y a nuestro entender se están encaminando las decisiones para que la población esté informada, que el cuerpo médico esté informado de manera que haya rápida respuesta frente a los casos que se presenten), observamos que la respuesta del ministro... Primero, señala públicamente que hace dos meses que se enteró de esta situación, y segundo reitera su expresión de que el SMU hace esta denuncia por ideas corporativistas y por defensa de la ley sobre responsabilidad médica...

EC - Incluso, desde el MSP se ha comentado que había médicos que conocieron casos desde año 2002 y nunca los comunicaron al Ministerio; "sugestivamente el SMU publica un alerta en la página web después de la muerte de Máykol Cardozo".

MC - Justamente eso es lo que nos genera una profunda indignación, porque pensar que este tema que realmente nos preocupa a todos es expresión de una especulación corporativista es inaceptable. Cuando está en curso la investigación a nivel universitario, como corresponde, trasciende desde el Ministerio un informe preliminar (cuando, desde luego, en cada acto de mala praxis queremos que se investigue hasta el fin)...

EC - Usted alude a que se conoció a través de la prensa un informe preliminar sobre el caso Máykol Cardozo.

MC - Y en la misma prensa trasciende que es de fuentes del Ministerio. Entonces el procedimiento realmente no nos parece correcto. Respetamos toda investigación universitaria y judicial que corresponda, y nos parece absolutamente de derecho que eso se produzca; pero naturalmente hay que respetar los procesos de una investigación.

EC - La pregunta era por qué se llega a suspender al ministro del padrón social del SMU.

MC - Es una suspensión transitoria que adopta el Comité Ejecutivo en función de que, por decisión de la asamblea, el ministro estaba pasado al Consejo Arbitral. Pero además el hecho de que, ante situaciones graves desde el punto de vista sanitario, la respuesta del ministro sea acusar a los médicos de no hacer la notificación o de actuar corporativamente, o [explicarlo en] que no está a favor de una ley, la acusación viene hacia el gremio médico. Nos parece absolutamente inaceptable, cuando entendemos que hay omisión del Ministerio de Salud Pública frente a una patología que a todos nos preocupa mucho. Pero además...

EC - ¿Hay antecedentes de suspender en la afiliación al SMU...

MC - Sí, sí.

EC - ...a un ministro, por ejemplo?

MC - Es potestad del Comité Ejecutivo, una vez que hay una resolución de la asamblea, adoptar medidas previas a la decisión del Consejo Arbitral que es, desde luego, el fallo inapelable acerca de esto.

EC - ¿Qué es lo que debe analizar el Consejo Arbitral?

MC - El pase al Consejo Arbitral se produjo en setiembre del año pasado cuando, en plena movilización por los salarios del personal y los médicos de Salud Pública, fuimos acusados de practicar terrorismo salvaje, de intimidar a quienes no estaban haciendo paro... Recibimos una serie de acusaciones que merecían, según lo entendió la asamblea en aquel momento, el pase al Consejo Arbitral del titular de la cartera, que era quien hacía estas afirmaciones.

EC - ¿Y la denuncia penal?

MC - Es un tema a estudio de nuestros asesores, es decir que en función de esta situación sanitaria que vive Uruguay hubo omisiones en el papel de policía sanitaria del Ministerio de Salud Pública. Entendemos que, así como debe investigarse desde el punto de vista sanitario para que se adopte las medidas imprescindibles, está a consideración si eso merece o no una investigación penal.

EC - Pero ¿cuál es el mensaje: "Ya que se lleva a fondo las denuncias por mala praxis, hagámoslo también cuando se trata de la conducta del ministro"?

MC - Entendemos que todos tenemos que asumir las responsabilidad de cada cual. Los médicos asumimos que el hecho de que las condiciones laborales no son las mejores, las más adecuadas, no eximen que cada cual asuma las responsabilidades que tiene en cada acto médico. De ninguna manera queremos eximirnos de la responsabilidad que tenemos. Y le quiero señalar, a propósito de la ley sobre mala praxis, que es una ley que viene impulsada desde el Senado; no fue presentada por el SMU sino por el senador Ortiz hace casi 15 años...

EC - De todos modos, el SMU la comparte.

MC - Sí; pero le quiero señalar para que vea que no hay ningún espíritu corporativista, que estamos trabajando muy activamente (ayer hubo una reunión muy importante) justamente con las autoridades jurídicas del Instituto de Derecho Civil, con el Colegio de Abogados... De ninguna manera hacemos de ese proyecto una cuestión inmodificable sino al contrario, recoger todo lo mejor que pueda venir desde la sociedad, desde los expertos, desde los usuarios, y efectivamente estamos buscando caminos para actualizar la legislación vigente y al mismo tiempo respetar el derecho del usuario (con todas las facilidades necesarias para hacer las demandas cuando corresponda) y además la preservación de los tiempos que entendemos convenientes. O sea que para nada hay una actitud corporativista del SMU, de cerrarse a que este proyecto no pueda modificarse... No: entendemos que es totalmente válido lo que se ha planteado, que es bueno corregirlo en lo que sea necesario, y si podemos encontrar una solución de consenso que pueda ir a la Cámara de Diputados y actualizar la ley con el aporte de las mejores opiniones.

Pero además, si se va a la resolución del Comité Ejecutivo, ¿cómo se va a hablar de corporativismo médico, y más desde el Ministerio de Salud Pública, cuando el ministro sabe que la mitad de los médicos de su cartera ganan menos de $ 5.000; cuando el ministro sabe que hay 2.000 médicos desocupados; cuando sabe -o debería saberlo- y vea la gravedad que tiene esto, que de los alrededor de 250 - 260 médicos que egresan actualmente, 180 están pidiendo la reválida para irse del país? El ministro sabe que se perdieron 1.500 puestos de trabajo en el mutualismo, y cuando el cierre de Cima nos contesta que en el próximo cierre de mutualistas se iba a ocupar de los médicos. El ministro sabe que los médicos han perdido más del 33% del salario, como todos los trabajadores.

Entonces, no se puede simplificar ante una situación sanitaria grave como la que se vive y salir a hablar de que esto es consecuencia de una visión corporativista. No es responsable encarar los temas sanitarios y de salud del país de esa manera.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón