(emitido a las 10.00 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Vamos a ocuparnos de la reforma del Estado, un asunto que abordó ayer el Consejo de Ministros en Anchorena, pero que no se manejó públicamente.

"La reforma del Estado es la madre de todas las reformas", decía el expresidente Tabaré Vázquez. "Pues no deberíamos permitir que esa madre nos siga esperando." Esta frase apareció en la memoria anual que el presidente de la República, José Mujica, entregó al Parlamento el 1º de marzo de 2011. El presidente ya había señalado en 2009, en el libro "Pepe Coloquios" –aquella entrevista muy comentada–, que está de acuerdo con esa definición de que la reforma del Estado es la madre de todas las reformas. "Estoy de acuerdo pero nos quedamos en el enunciado", dijo.

A todo esto, se abre una negociación entre el Poder Ejecutivo y la Confederación de Organizaciones de Funcionario del Estado (COFE) por el nuevo estatuto del funcionario público. Se ha estado manejando que en el nuevo estatuto aparece el tema de las ocho horas establecido en negro sobre blanco, aparece la propuesta de que los funcionarios públicos trabajen los feriados laborables y que, por ejemplo, en Semana de Turismo se maneje una semana de lunes a jueves. Este es un aspecto puntual entre muchos otros, porque el documento es muy largo.

Vamos a conversar de estos asuntos con el presidente de COFE, Pablo Cabrera.

A partir de estas definiciones que aparecen en este borrador de proyecto de ley, porque esto debe ser aprobado en el Parlamento, ayer en El País aparecieron algunas definiciones: este 2012 será un año difícil desde el punto de vista del vínculo entre Estado, Gobierno y los sindicatos de COFE. ¿Cómo ven el panorama para el año?

PABLO CABRERA:
Ya terminando el 2011 analizábamos que este 2012 sería un año complejo, con cierta incertidumbre, principalmente porque se lo valora como un año de inflexión en el Gobierno Mujica, con leyes fundamentales como la Ley de Rendición de Cuentas, esperada para mediados del año, y leyes como la que la que se pretende impulsar en este momento con el estatuto del funcionario público. Para COFE serán tiempos de mucho trabajo, de mucha discusión, y dependerá de una herramienta fundamental, la negociación colectiva, y cómo podamos salir a abordar estos temas con el Gobierno y, algo fundamental, no solo con el Gobierno, con la sociedad. Porque estos son temas para debatir en sociedad; hablamos del Estado, hablamos de todos, por lo tanto hay que involucrar a todas las partes.

JAE - En ese punto coinciden con el presidente, porque el presidente ha insistido una y otra vez en que el Estado y la situación de los funcionarios públicos tienen que ver con la ciudadanía.

PC - Totalmente. Es de carácter de ciudadanía, de carácter de construcción de democracia, porque cuando hablamos del Estado y de transformar el Estado estamos hablando del país en su conjunto. Ya no es solamente visualizar un Gobierno equis, sino a la gente, por lo tanto hay que involucrar a la gente cuando se trata de cambios sustanciales como los que están previstos para estos tiempos.

JAE - ¿En líneas generales cómo ve el proyecto?

PC - COFE analiza en una primera instancia los primeros artículos que tienen que ver con la definición del funcionario, y ahí debemos hacer un hincapié: definir con claridad qué es un funcionario público, definir la función pública, y con esto definir una carrera administrativa que contenga a ese trabajador mediante su función y traducir esto en condiciones de trabajo y en salario, que son las partes fundamentales por las cuales los sindicatos estamos peleando.

JAE - ¿Cuándo va a ser la siguiente etapa, ya de negociación en torno a este proyecto?

PC - Para el próximo 6 de febrero tenemos prevista una reunión en la que vamos a intercambiar con la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) así como con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) la visión de este borrador que fue entregado a mediados de setiembre, en el que COFE presenta una contrapropuesta. Esperamos que el carácter de la verdadera negociación se dé en estas instancias en las que podamos intercambiar, llegar a acuerdos o al menos a transitar por un camino que nos permita pensar que estamos intercambiando opiniones y no que es simplemente una etapa más de presentación y que quede en eso, ya que obviamente después el debate parlamentario será fundamental.

JAE - ¿Para ustedes es necesario cambiar el estatuto del funcionario público? Porque ya hay uno vigente.

PC - El estatuto es necesario. En eso creo que fuimos los primeros en compartir la visión del expresidente Tabaré Vázquez cuando hablaba de la necesidad de una reforma del Estado, y una reforma del Estado vista desde varias aristas, no solamente desde lo funcional; los recursos humanos son un tema central y hay que atacarlo con la regulación de lo que hace a las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras dentro del propio Estado. Tenemos que recordarle a la gente –porque a veces no queda muy claro– que este estatuto es específicamente para la Administración Central, y cuando hablamos de funcionarios públicos nos hacemos eco solamente en la Administración Central, por lo tanto ministerios y no el resto, que muchas veces se engloba en discusiones de funcionariado público cuando en realidad es solamente un segmento de toda la administración.

JAE - ¿Ustedes comparten eso?

PC - Entendemos que es correcto el transitar, pero también es bueno que la gente entienda por qué este estatuto no va a regular ni a los bancos ni a la enseñanza ni a los entes ni al Poder Legislativo ni al Poder Judicial, que muchas veces quedan fuera de esa visión "funcionario público", para bien y para mal. Es importante hacer la puntualización porque corresponde también sobre la base de qué tipo de derechos se pueden lograr mediante este estatuto y el tema de la jornada laboral, así como otros tantos temas que están abarcados en esta nueva etapa del estatuto que se visualiza específicamente para la administración.

JAE - Se ha señalado no sé cuántas veces que hay acuerdo en cambiar el propio Estado, que hay que reformar el Estado. ¿Por qué el ritmo de cambios de la reforma del Estado es tan lento?

PC - Esa es la gran pregunta. Nosotros también tratamos de analizar por qué, si se ha hablado desde hace ya tanto tiempo; tenemos que retrotraernos al 2005 cuando Tabaré hizo esas primeras apreciaciones.

JAE - Me animaría a decir que antes.

PC - Pero hablando de esta nueva etapa de trasformación. El sistema político en general siempre ha colocado en su debate público las reformas del Estado, desde que iniciamos la democracia, desde el propio 85, primer Gobierno del doctor Sanguinetti, y así hacia delante se ha visualizado. Lo diferente es el contenido, cómo está la visión de los funcionarios y si hay mayor o menor participación. Lo que entendemos distinto en esta etapa es que mediante la negociación colectiva los funcionarios estamos involucrados directamente en el tema y podemos aportar, porque entendemos que hay una experiencia acumulada muy importante que tenemos el derecho de colocar para que la transformación sea más profunda y le llegue a la gente, que en definitiva es lo que se busca.

JAE - ¿COFE no tiene una respuesta a esa pregunta de por qué se avanza tan lentamente?

PC - No, es una gran incertidumbre. Lo demandamos todo el tiempo. Es más, cuando se ha tratado de avanzar siempre se ha avanzado en un único camino que es la reforma de los recursos humanos del Estado, y cuando hablamos de transformar el Estado hay que hacer reformas profundas y podemos hablar de que ha habido caminos interesantes y que apoyamos, como la reforma de la salud, que fue una reforma en profundidad y que abarcó conceptos importantes a largo plazo. Pero en otros temas todavía hay una cierta lentitud que no comprendemos.

JAE - Porque después está la percepción no voy a decir "de la gente", porque aquí hablamos de la percepción de cada uno de los que integramos esta sociedad, pero tal vez en este mensaje de Martín se pueda resumir buena parte de la sensación: "Esta gente quiere seguir con los mismos privilegios que pagamos todos, ¿y pretenden que los apoyemos? Por eso es que no se cambia, por eso es que no se reforma el Estado". ¿Qué contesta?

PC - Primero los privilegios, habría que analizar desde cuándo y cómo se tienen determinados derechos adquiridos. Si apostamos a los verdaderos cambios, y lo fundamental en una primerísima instancia es una verdadera autocrítica, hay errores que hay que subsanar, pero lo fundamental es que hay que cambiar. Hay que cambiar con las reglas de juego claras, para que desde todos los lados se pueda entender cuál es el camino a transitar y qué es lo que se quiere cambiar.

JAE - Por ejemplo, ¿están dispuestos a perder en un proceso así conquistas que logró el movimiento sindical, o el punto de partida es: con estos logros –no voy a decir privilegios–, a partir de acá empezamos a conversar? Dicho de otra manera: ¿el movimiento sindical está dispuesto a sacrificar algo de lo que ya se logró para el funcionario público?

PC - En toda negociación siempre hay la posibilidad de las dos partes de ceder en algo para poder continuar y lograr construir. Ahora bien, en el caso muy claro que se ha debatido de las famosas ocho horas –en realidad ocho horas que ya están impuestas en la mayor parte del funcionariado–, hoy en la administración se hacen 40 horas semanales. La única diferencia, y donde se está atacando, es en el sector profesional, que tiene una carga horaria menor y en algún caso se pretende aumentar esa carga horaria. Ahora bien, si el aumento de la carga horaria se acompasa con un crecimiento salarial es un paso importante para empezar a discutir o a rediscutir la forma de la jornada laboral. Si no hay un cambio en el salario es muy difícil que la gente opte por tomarlo livianamente y decir: "Hay un cambio radical en la jornada de trabajo y nos quedamos con eso".

JAE - Usted planteaba la diferencia que hay en torno a la definición de funcionario público. En primer lugar, en el documento se hace referencia más bien al ejercicio de la función pública como sujeto, aunque el término funcionario público aparece por ejemplo en el artículo 3, en el que se menciona que funcionario público es "quien habiendo sido seleccionado por alguno de los mecanismos previstos en el presente estatuto haya superado la evaluación técnica del provisoriato y en consecuencia sea designado para desempeñar un cargo dentro de la carrera administrativa". ¿Cuál es la diferencia en este punto?

PC - La diferencia es sustancial: en el estatuto se entiende por funcionario público solo al funcionario que está atado a un presupuesto nacional. Entendemos que el funcionario público es aquel que cumple dentro de la función pública y tiene una relación laboral con el Estado. Esto habla de derechos y de obligaciones. Por tanto, si logramos contener ese marco es mucho más sencillo para el relacionamiento general dentro de la órbita del Estado, en este caso dentro de la órbita de la Administración Central, que es el camino que pelea COFE, que es que todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con el Estado sean presupuestados. Sabemos que hay una variedad de relaciones laborales que no son específicas de un presupuesto, pero son funcionarios públicos desde el momento en que prestan una función dentro del Estado.

JAE - ¿Por ejemplo?

PC - Hoy tenemos la posibilidad de los contratos temporales en la función pública. Esos contratos no van a estar contenidos en lo que es referencia de este estatuto, sin embargo son profesionales, trabajadores que están dentro de la función, que prestan un trabajo específico en un determinado tiempo que es mayor de lo que uno podría pensar cuando se hace una pasantía, que son seis meses como máximo. Acá estamos hablando de años de labor, y por lo tanto se debe regir, a nuestro entender, por los mismos derechos y obligaciones, más allá de la diferencia, que está en la construcción de una carrera administrativa porque no es un cargo a permanencia. Creemos que en este estatuto se podría desglosar entre las diferentes posibilidades, pero deberían estar contenidos, porque para nosotros son funcionarios públicos.

JAE - Aquí hay una categoría de provisorato. "Un ciudadano puede llamarse a un llamado para alcanzar una relación provisoria con el Estado por 18 meses y si después la persona que trabaja en ese período cumple con los exámenes correspondientes puede eventualmente quedar como funcionario público o de carrera." ¿Cómo ven este punto?

PC - Sí, en esto se ha avanzado con la ventanilla única al ingreso a la administración y a partir de calificaciones que tienen que ver con la posibilidad de concursar. Quien gana está demostrando que tiene la capacidad para el cargo que se le va a asignar, pero entonces pensar en una primera etapa de evaluación, porque no es solamente ese conocimiento que pueda presentar en el inicio de la actividad, porque en el transcurso del trabajo hay otras variables que se tienen que medir. No es incorrecto pensar en ese tiempo; tal vez 18 meses es un tiempo bastante extenso, pero, como lo planteó Servicio Civil desde el comienzo, son temas a discutir y a resolver en una mesa de negociación.

***

JAE - Han llegado muchas preguntas de la audiencia. Muchos del sector privado y muchos que plantean si en esto de la reforma del Estado para hacer un Estado más eficiente no debería irse a un régimen como el que existe en la empresa privada, en el que al que no rinde lo sacan. "¿Por qué se defiende tanto la inamovilidad del funcionario público? ¿No es esto una traba para hacer más eficiente al Estado?".

PC - Coincido totalmente en que hay que lograr más eficiencia y eficacia en los servicios que brinda el Estado. Pero en el tema inamovilidad –un gran tema que ha sido debatido–, si bien los procesos por los cuales el funcionario puede ser desafectado de la función son más lentos, tienen que ver también con derechos, garantías para que sea expulsado de la función quien se merece ser expulsado. También tenemos que coincidir en que en el derecho privado, en las empresas, es todo mucho más rápido, pero no siempre el trabajador tiene garantías de por qué es expulsado y la empresa tiene el derecho porque define por sí y ante sí. Creemos que en lo que hace a garantía de derecho, el espacio que se le brinda al funcionario para tener una defensa auténtica y que le permita demostrar si es o no pasible de la sanción de la expulsión es un tema importante.

JAE - En ese caso el privado tiene también una defensa hoy, aunque no sea inamovible de su cargo tiene la posibilidad de acudir a la justicia laboral, si es que existe algo abusivo por parte del patrón. ¿Por qué no aplicar lo mismo para el sector público?

PC - Porque en estos casos el patrón asume directamente que tiene que pagar por los derechos que está lesionando y es tan simple como "no me gusta cómo trabajás, no me gusta tu cara y te despido". Tengo el dinero, te pago, y ahí se termina la relación laboral entre ese trabajador y la empresa. El tema es la inestabilidad que se le genera a la persona, lesión de derechos básicos en ese espacio por los que creemos que el Estado tiene la obligación de velar porque es la contención de la sociedad, no como sucede con las empresas que buscan el lucro por sí y ante sí.

JAE - Hablando de señales, con respecto al sistema actual, a la realidad hoy, dice un oyente que en un ministerio para un mismo cargo hay tres salarios diferentes, tres tipos de remuneraciones distintas. ¿Cómo se entiende eso?

PC - Esa es una de las cosas que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y es parte de la plataforma que ha colocado COFE desde hace muchos años: a igual tarea, igual remuneración en toda la administración.

JAE - ¿Por qué no se ha avanzado en esa dirección?

PC - En 2010 se plantearon las primeras reestructuras de los ministerios en ministerios piloto, como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Industria, y al día de hoy todavía no se ha concretado la estructura final. Con ese prototipo se entendía que había un avance sustancial en comenzar a pensar que ese camino podía ser viable, que los salarios para una misma función, sea en el Ministerio de Salud Pública, sea en el Ministerio de Educación y Cultura o sea en el Ministerio de Vivienda, deberían ser los mismos.

JAE - ¿Cómo queda lo que algunos llaman la "escala del burro" con esta propuesta, la posibilidad de ir aumentando el ingreso en función de la antigüedad?

PC - También ahí hay un gran debate y la gente tiene que ser consciente de que dentro de la Administración Central hoy la carrera administrativa está totalmente coartada. Hay compañeros que tienen 20 años de función y no han tenido la posibilidad de establecer un crecimiento dentro de su carrera administrativa; esto habla de las grandes carencias a la hora de la definición de la Administración Central de lograr un crecimiento como corresponde cuando el funcionario tiene la capacidad, la demuestra y tiene ese derecho, porque en la carrera administrativa también hay un vínculo con el salario y a medida que el trabajador genera experiencia, genera conocimiento, eso también debería ser visto desde el punto de vista salarial.

JAE - Pero salarialmente mejora, en esos 20 años fue mejorando con el paso de los años, por el hecho de tener más años, nada más.

PC - No, la antigüedad prácticamente no pesa en el salario. Las mejoras que se han dado han sido de carácter colectivo y en muchos casos de carácter más particular, según en qué lugar se está. Acá todos tenemos muy claro que en lugares como Economía, por estar más cerca de la caja, siempre se ha tenido la posibilidad de mejorar un poco más los salarios que en otros sectores. O en situaciones puntuales como los Registros públicos, porque sabemos que si Registros para, para el país, no hay compraventa. Por lo tanto, cuando hay demanda de ese tipo de sectores muchas veces se solucionan los temas más rápidamente que en otros espacios.

JAE - El proyecto que presenta el Poder Ejecutivo tiene un capítulo sobre remuneración y va a que la remuneración total del funcionario, con excepción de licencia, sueldo anual complementario y beneficios sociales, se integra por la retribución al cargo presupuestal del que es titular. ¿Esto ordena las cosas?

PC - Sí, tiende a dar mayor orden.

JAE - Las compensaciones personales pasarían a formar parte de la retribución.

PC - En el planteo del Poder Ejecutivo, si se analiza la primera etapa de la carrera administrativa, sí. Donde hay una diferencia es en el escalafón de conducción, que es un escalafón particular, es el intermedio entre el final de la carrera administrativa y el cargo político. Las cabezas son específicamente definición política del Gobierno de turno, pero tiene que haber un intermedio, que en este caso es el escalafón de conducción, para quien la remuneración se divide entre la compensación a ese cargo específico y el salario por la función, ya que si no tiene la capacidad para demostrar que la función es a ese trabajador, debería volver al escalón anterior de su carrera.

JAE - ¿COFE apoya lo de las ocho horas que está en este proyecto?

PC - Hoy la carga horaria que tiene la Administración Central es de 40 horas semanales, si lo analizamos en lo que hace a la jornada de lunes a viernes la gente hace ocho horas. Hay lugares donde se hacen 48 horas semanales, porque también trabajan los sábados, como los obreros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por lo tanto, también dentro de la propia Administración Central tenemos diversidad de horarios. Creemos que esto tiene que ver con visualizar a los profesionales, que son los que tienen cargas reducidas, y también hay que dar una discusión, tal vez más de fondo, porque no es la manera de discutir plantear "vamos a homogeneizar la carga horaria". También hay que visualizar el porqué, hacia quién van los servicios y, como insistimos desde el principio, qué tipo de salario se les puede pagar.

JAE - Si entiendo bien, en este proyecto se asegura que un profesional trabaja ocho horas si es parte del Estado.

PC - La tendencia, o al menos será gran parte de la discusión, es a homogeneizar, a que la carga horaria dentro de la Administración Central sea pareja de 40 horas semanales, sea cual sea la función, sea un profesional o un no profesional. Insistimos: para hablar de los cambios sustanciales en la jornada de trabajo también tiene que haber cambios sustanciales en la remuneración.

JAE - ¿Forma parte de la plataforma de COFE una jornada laboral de seis horas?

PC - Forma parte de la plataforma de COFE pensar que todos y todas deberían hacer seis horas. Y cuando se trata de analizar el ámbito público o ámbitos privados, el mundo va hacia la reducción de la carga horaria por infinidad de razones. Primero, para lograr mayor cantidad de puestos de trabajo, para lograr mejor calidad de vida, que también es fundamental, porque el tema es visualizar al trabajador en su trabajo, en la posibilidad de un descanso y de recreación, que tienen que formar parte de esa integralidad del individuo. En el país tenemos un ejemplo en el sector privado: en la bebida hubo una reducción de la carga horaria y eso ha dado muy buenos resultados. Por lo tanto, habría que entrar a visualizar esos ejemplos, tomarlos y hacerlos a la práctica, porque pueden dar muy buenos resultados.

JAE - El punto de arranque es bastante diferente, el Ejecutivo quiere plasmar en negro sobre blanco las ocho horas y ustedes quieren ir a un régimen de seis.

PC – Exactamente. Esa es la diferencia. Hoy las ocho horas son parte de la vida de la administración. Nosotros creemos que es viable empezar a discutir que la carga horaria general sea de 30 horas.

JAE - ¿Qué peso tiene este aspecto en la plataforma que maneja COFE?

PC - La jornada laboral tiene un peso importante, porque estamos hablando nada menos que de condiciones de trabajo, y redunda en calidad de vida, por lo tanto es un aspecto central que será debatido como corresponde en febrero en las reuniones que tengamos con el Ejecutivo.

JAE - ¿Por qué un funcionario público no trabaja un feriado laborable?

PC - Eso es una definición que es parte de los derechos ya conquistados. Insistimos con que no todos los funcionarios públicos entran dentro de ese paquete. En la salud, los trabajadores y trabajadoras trabajan los 365 días del año, por lo tanto no hay feriados. Los feriados se los pueden tomar después, tarde y mal, según cómo se presentan los servicios. En todo lo que son servicios a la comunidad siempre tiene que haber una guardia. Por lo tanto, hay mucha gente que trabaja todos los días del año y no hay feriados. Ese es otro tema a discutir, así como también visualizar cómo cambiarían las reglas de juego a nivel general en el tema específico de la Semana de Turismo, que también tiene que ver con visualizar un contexto país, porque el propio Ministerio de Turismo siempre está pensando en la posibilidad de que la gente tenga días libres para que exista un movimiento interno importante. Y ejemplos muy claros tenemos –sin ir muy lejos– en Argentina. La presidenta ha cambiado la forma de ver los feriados y eso ha permitido dinamizar la economía con el turismo interno, un aspecto importante. Uruguay debería ir por el mismo camino.

JAE - Se propone ir a una Semana de Turismo de lunes a jueves, trabajo de lunes a jueves y descanso el viernes. Y con respecto a los feriados, solamente no se trabajaría en los feriados no laborables, salvo que se pague.

PC - Acá estamos hablando de una diferencia sustancial. Si llevamos al plano del derecho privado, donde existen los cinco feriados no laborables pagos, también tendríamos que visualizar la posibilidad de que se pagara un salario vacacional al trabajador público cuando sale de licencia. Esto no sucede. Nosotros no percibimos ningún tipo de beneficio en el momento de salir al descanso anual, como debería corresponder.

JAE - Esa es otra pregunta que llega de la audiencia: ¿qué pasa con las licencias, con los salarios vacacionales?

PC - Eso también es parte de la discusión y de la pelea que venimos dando desde hace mucho tiempo. La respuesta siempre ha sido que por temas de recursos del Estado no se puede disponer del pago de un salario vacacional.

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JAE - En suma, con estos planteos, ¿qué hay que esperar para este 2012? ¿Hay que esperar un escenario de conflictos entre sindicato y Estado? ¿Hay un escenario de resistencia a este nuevo estatuto del funcionario?

PC - Primero lo podríamos definir como un año sensible. En estos primeros meses esperamos encontrar una respuesta real del Poder Ejecutivo mediante la negociación colectiva. Apostamos fuertemente a que en la mesa de diálogo podamos construir lineamientos generales, que después tendrán su traducción a nivel parlamentario, porque estos temas terminarán siendo leyes, por lo tanto son los legisladores los que tienen la última palabra. Pero prevemos que va a ser un año que probablemente nos encuentre con un grado de conflictividad no esperado, pero tenemos que ser realistas en cuanto a que si los cambios se pretenden hacer como se ha escuchado en alguna parte, no serán tiempos fáciles.

JAE - Y a partir de ese punto, ¿hasta dónde tenemos que imaginar este escenario circunscrito a los funcionarios públicos? Porque ahora COFE tiene una línea independiente dentro del PIT-CNT, cosa que antes no ocurría. Ahora están los moderados, el ala más radical y COFE con una tercera vía con representación en el PIT-CNT. ¿Cómo juega todo esto?

PC - También eso es parte de una discusión profunda que entendemos deben dar los estatales en su conjunto, porque la discusión de lo que sucedió con la banca oficial, lo que puede significar la discusión de la transformación de AFE, hace que el resto de los trabajadores también estén involucrados y tengan la necesidad de aportar, discutir y trabajar para que las mejoras sean reales. COFE también va a hacer sus planteos con esta visión de la Administración Central, porque la construcción de la Administración Central tiene los dos aspectos, el interno, que es el directamente vinculado al trabajador y su trabajo, y el externo, que es el servicio que se presta. Cuando uno está hablando de los servicios de la Administración Central está hablando de los servicios para la gente, por lo tanto la discusión no puede quedar exclusivamente circunscrita a la realidad del trabajador de la administración.

JAE - ¿Cómo se traduce eso, cómo le explica a la sociedad en general? Tengo un mensaje que dice: "Siempre lo mismo con los funcionarios, discuten de remuneración u horario, nunca de objetivos y logros laborales".

PC - En este tiempo hemos tratado de plantear todo lo contrario. Lo primero que le hemos preguntado al Poder Ejecutivo es eso: cuál es el objetivo, cuáles son los roles de la transformación del Estado que se pretenden visualizar para entender dónde se tiene que insertar el trabajador para que los servicios sean cada vez mejores, de calidad, para que tengamos eficiencia. Queremos avanzar, el tema es tener herramientas para avanzar, y ahí también entra el tema de la discusión de la formación, de la verdadera preparación, de visualizar la experiencia acumulada, pero tiene que ver siempre con eso: definición de roles, definición de objetivos, definición del camino por el cual hay que transitar.

JAE - Tiene que haber herramientas, dice usted, pero muchas veces se señala como una herramienta el salario. Para mejorar hay que aumentar el salario.

PC - Todo trabajador está siempre en disputa por su salario. Esa es una realidad del primero al último, no miremos si hablamos de sectores públicos o privados, cuando uno trabaja quiere percibir un salario y el salario debe ser dignificante para el trabajador. Esa es una realidad, y en este país, si bien hemos avanzado, hay mucha gente que todavía no tiene un salario digno. Creemos que es importante, son discusiones paralelas, una cosa es la construcción del salario y otra cosa es la construcción política de lo que queremos para el país y en este caso qué es lo que debe ser la administración para la gente. Nosotros queremos aportar, queremos que se discuta con una mirada más integral lo que es la inserción del trabajador, las condiciones, el salario y la sociedad a la cual van los servicios que prestamos.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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