El nuevo presidente destacó que le preocupa el descenso de la cantidad de futuros jueces, según cifras divulgadas por el Centro Jurídico Universitario. Indicó que esta caída no responde a factores económicos, sino a las propias exigencias de la carrera judicial, como los años que exige, los de permanencia en el exterior y el grado de responsabilidad.

Aclaró que en referencia a esto le encargaron un estudio a la Facultad de Ciencias Sociales para constatar cuál es la realidad de los estudiantes de Derecho.

En cuanto a la penalización por la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, Gutiérrez dijo que actualmente es un delito que ya está en la ley y hay que aplicarlo.

Con respecto al tema de la libertad anticipada y la modificación de la misma, Gutiérrez dijo que "hoy día  el sistema de libertado anticipada tiene rango legal y se aplica estrictamente por la Corte estrictamente. Si el legislador entiende que corresponde modificarla así lo hará. Y la Corte aplicará la reforma que adopte el Poder Legislativo. Pero no opino si conviene o no, no es mi tarea".

El nuevo presidente dijo que "el tema de la falta de seguridad es de un tema trascendete, No es un tema que sea imputable a la Justicia. Nuestra tarea en esa área será tratar de implementar los mecanismos para que la Justicia sea más eficiente y eficaz".

Acompañaron a Gutiérrez en la ceremonia el secretario de la presidencia Alberto Breccia, el prosecretario Diego Cánepa, ministros de la corporación y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el secretario letrado de la SCJ y el presidente saliente, Leslie Van Rompaey.

Luego de que firmaron las actas correspondientes, el ministro Leslie Van Rompaey, que pasará a retiro el 19 de este mes porque ya cumplió 10 años como ministro de la SCJ (el máximo estipulado por la Constitución) realizó un balance del pasado año.

"Quiero destacar en lo institucional un nuevo perfilamiento de la recomposición del relacionamiento con algunas autoridades, especialmente con el Ministerio del Interior desde una base del abandono de algunas posiciones confrontacionales", dijo Van Rompaey.

Además, Van Rompeay aludió al procesamiento de la jueza Anabella Damasco. "Sin dudas  será una excepción que confirma la regla de la tradicional honestidad de la Justicia uruguaya. Pero el impacto fue duro, y el dolor y la angustia perduran", opinó.

Por otra parte, hizo hincapié en cómo se llevó a cabo la actuación judicial en el reciente caso de la adopción de Mia por parte de la jueza de Paz, Mary Campiglia,  magistrada de feria del Juzgado de Familia de 5º y 6º Turno de la ciudad de Las Piedras.

"La resolución de esa juez de Paz, circunstancialmente actuando como juez Letrado en un juicio de amparo, puso las cosas en su lugar. Su serena reflexión y la preservación de los intereses superiores en juego no sólo generó credibilidad sino que hasta los propios actores ni siquiera apelaron la resolución", dijo el presidente saliente.

Van Rompeay puntualizó también que la justicia laboral está en un estado "caótico" y que los juzgados se encuentran congestionados. Además, explicó que lo mismo ocurre para los juzgados de violencia doméstica, a los que "no se está dando una respuesta satisfactoria a las injustas demandas de quienes la sufren".

Gutiérrez Proto cerró la ceremonia refiriéndose al compromiso que asume al volver a tomar la presidencia: "debo ratificar mi compromiso con la independencia del Poder Judicial y de sus jueces. Mi compromiso con la defensa y el respeto por la tarea judicial en todos los órdenes. Mi compromiso con la mejora de la gestión, que esperamos se concrete este año en la extensión de la aplicación sistema de gestión de tribunales".

Además de este nombramiento, hay dos cargos en disputa en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que hasta el momento no han sido ocupados. Está a estudio del Parlamento, al igual que el pedido de venia del Poder Ejecutivo para designar al juez Jorge Díaz, especialista en crimen organizado, como fiscal de la Corte en lugar de Rafael Ubiría, que renunció al cargo y pasó a desempeñarse como procurador de lo contencioso administrativo.


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