(emitido a las 10.40 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El estudio jurídico que representó a Antel en el caso contra los guardahílos, el estudio que encabeza el doctor Juan Andrés Ramírez, cobrará por los honorarios de su trabajo 1.484.374 dólares.

El dato apareció ayer en distintos medios de prensa, en particular en Búsqueda. Se agregaba que el diputado colorado Fitzgerald Cantero cuestiona el monto que se ha pagado y se pregunta por qué Antel contrató a un profesional para que se ocupara del caso cuando tiene abogados trabajando dentro de la propia empresa.

El legislador añadió que solicitó la ampliación de la citación a comisión del ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y de las autoridades de Antel por los gastos de publicidad y auspicio de espectáculos para que también den explicaciones sobre este pago al estudio del doctor Ramírez. Cantero sostuvo que la resolución fue reservada y que el director representante de la oposición en Antel, Carlos Guariglia, no estuvo al tanto.

El estudio del doctor Ramírez fue contratado en noviembre de 2007 por el directorio de Antel, presidido entonces por la ingeniera María Simón, para defender a la empresa ante la demanda millonaria presentada por trabajadores que se ocupaban de mantener la red de la telefónica en el interior del país.

¿Qué dice el propio doctor Juan Andrés Ramírez a propósito de esta discusión?

Vamos a conversar con él.

Empecemos por ubicar la contratación en sí, y de paso ya tenemos su versión a propósito de por qué Antel entiende que no le alcanza con sus propios abogados, que tiene que recurrir a un estudio jurídico externo.

JUAN ANDRÉS RAMÍREZ:
Vamos a ubicarnos en el 2007. La situación en ese momento era muy grave para Antel, había 26 juicios (no sé si 24 o 26 juicios) distribuidos en todo el país que estaban en distintas etapas. En algunos ya había sentencia de segunda instancia condenatoria a Antel, eran 151 guardahílos distribuidos no homogéneamente, en algunos reclamaban 28, en otros 4, en otros 14 en los 26 juicios. Pero 26 juicios independientes.

En los últimos años la jurisprudencia –los juicios de algunos guardahílos habían empezado por el 2002– se había ido inclinando y afirmando en la tesis de que eran trabajadores dependientes, que era lo que sostenían los guardahílos en su demanda. Al ser trabajadores dependientes y no empresarios independientes, como sostenía Antel, el resultado era que tenían derecho a todos los rubros laborales: licencias, salarios vacacionales, horas extras, que cuantificaban en cifras extraordinariamente altas. Esa jurisprudencia se había consolidado, los actores siempre invocaban 12 sentencias condenatorias de Antel entre primera y segunda instancia. Peor aún, la jurisprudencia de los tribunales de Trabajo había cambiado, inicialmente algún tribunal falló a favor de Antel, luego cambió parcialmente la integración, un ministro cambió y dos ministros cambiaron de posición, y esa fue la última sentencia condenatoria, creo que eran 28 guardahílos que estaban en ese trámite.

Entonces el monto era elevado, no estaba cuantificado; es muy difícil cuantificar los montos laborales, porque siguen corriendo a lo largo del juicio, son complejos de determinar. Además había tantas horas extras para uno, tantas para otro, licencia que no había cobrado uno, otro que sí, tenía más antigüedad un guardahílos que otro, etcétera. Sabíamos todos que el riesgo era muy importante, el riesgo era muy grave para Antel.

EC - Pero ¿había una estimación del conjunto de los juicios y cuánto podía terminar pagando Antel?

JAR - Antel calculaba más de 100 millones de dólares.

EC - Más de 100 millones de dólares era el cálculo de la propia Antel.

JAR - Ahí está. En noviembre de 2007 se acababa de dictar la sentencia del tribunal de apelaciones de Trabajo al que hice referencia recién, con una cuantiosa condena. Poco tiempo antes en la Rendición de Cuentas se había incluido una disposición que establecía que cuando los juicios eran contra el Estado o los entes autónomos o los municipios podía haber recursos de casación aun cuando las dos sentencias fueran conformes y sin discordia. Hasta ese momento el recurso solamente se habilitaba ante la Corte cuando había dos sentencias distintas entre primera y segunda instancia o la de segunda instancia, aunque confirmatoria, tenía discordia. En estos casos no había discordia, por lo tanto no había recurso, pero se lo habilitaba la reforma a la ley procesal que se había aprobado tres o cuatro meses antes.

Entonces el último cartucho que le quedaba a Antel era ese, el último tiro, era tratar de ganar el recurso de casación. Porque poca esperanza había de cambiar la jurisprudencia de los tribunales de Trabajo. Entonces nos vienen a ver, nos solicitan apoyo.

EC - Primera pregunta en ese sentido: ¿por qué los van a ver a ustedes? ¿Cómo se selecciona a un determinado estudio jurídico?

JAR - Habría que preguntarle al directorio de Antel de la época, que eran la ingeniera Simón y el doctor Carvalho. Fue una contratación urgente, había nada más que 15 días para presentar el recurso de casación, y obviamente primero había que elaborarlo. Nos vinieron a ver al estudio, nosotros habíamos defendido con éxito a Antel muchos años antes, bajo otra administración, en la ejecución de un laudo arbitral –nosotros no participamos– por la construcción de la torre de Antel que Antel había perdido y nos pidieron que negociáramos la ejecución de esa sentencia arbitral. Y además estábamos defendiendo ya al Estado en otros juicios, veníamos bien, habíamos ganado la primera instancia en un juicio por 230 millones de dólares del Ministerio de Defensa, que ha tenido mucha difusión pública; hace muy pocos días tuvimos la sentencia de segunda instancia confirmatoria del rechazo total de la demanda.

Lo cierto es que nos vinieron a ver. Yo le quiero aclarar: no me vinieron a ver como político, yo soy profesor titular de Derecho Civil –titular quiere es lo que la gente llama grado 5, que es el rubro presupuesta– desde hace 23 años, mal que me pese debo ser uno de los profesores más antiguos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, tengo 36 años de docencia y 40 años de profesión, y soy actualmente –es rotativo– el director del Instituto de Derecho Civil. Entonces, supuestamente, me vinieron a ver por una especialización técnica básicamente demostrada por mi actuación docente.

EC - ¿Hay que entender que usted y su estudio jurídico contaban con una especialización técnica e incluso antecedentes cercanos que los propios abogados de Antel no tenían?

JAR - No. No sé si la gente en general lo sabe, pero es muy frecuente –lo hago yo mismo a pesar de ser experto en alguna rama del derecho, particularmente en el derecho civil–, cuando uno tiene un asunto, pedir colaboración a expertos en otras áreas. Eso es absolutamente normal. Es más, en este juicio solicitamos apoyo técnico al doctor Cajarville, al profesor Risso, en derecho procesal al profesor Abal y al profesor Valenti, y en materia de derecho laboral al profesor Garmendia y a la profesora Mangarelli. O sea que no quiere decir que sean malos los profesionales, es lo mismo que en medicina: usted tiene un excelente médico de cabecera, pero cuando tiene un asunto grave y le queda el último tiro, como era en este caso, normalmente el paciente o los familiares del paciente deciden consultar a otro.

EC - ¿Y es común o es aceptado que se hagan contrataciones directas?

JAR - La contratación directa la mandaba –de acuerdo al TOCAF– la urgencia. Si hacían un llamado a licitación para ver a quién contrataban para eso, el plazo de 15 días hábiles se vencía con largueza, no había otra forma. Nos piden el currículo, lo presentamos –ya era conocido pero lo presentamos por escrito–, para seleccionarnos en la contratación directa. Pudo haber sido cualquier otro especialista, pero nos pidieron a nosotros.

EC - ¿Quién fijó los honorarios?

JAR - El directorio de Antel es muy claro, nos dice: "Ya que viene tan mal el asunto –porque venían siendo condenados en forma reiterada–, no queremos aumentar los costos, entonces le pedimos que nos fije honorarios fundamentalmente a resultados", esto es, en la medida del éxito o del ahorro que obtuviera Antel. Si Antel perdía el último cartucho, si la Corte llegaba a decidir que eran trabajadores dependientes, se confirmaba plenamente toda la jurisprudencia laboral anterior de los tribunales de Trabajo, seguramente iba a ser condenada en sumas abultadísimas y el ahorro iba a ser mínimo. Pero lo cierto es que nosotros íbamos a tener que defender a Antel durante seis o siete años en todos los puntos de la República donde estaban diseminados los 26 juicios, con pruebas distintas, porque son 151 pretensiones.

Nos hacen la oferta, asumimos el riesgo. Es claro que cuando un profesional acuerda un honorario a resultado con su cliente, si gana cobra muy bien y si pierde le va muy mal. Esa es la ecuación.

EC - De todos modos, ¿había alguna base mínima, alguna base fija?

JAR - Sí, por supuesto, hubo un mínimo, creo que fueron 50.000 dólares por el recurso de casación, y después un pago a cuenta de 110.000 dólares, si no me equivoco, que es lo que han descontado en la liquidación. Pero la base del honorario por la defensa es un honorario a resultados, Antel nos pagaba si nos iba bien.

EC - Y lo que pagaba Antel era 3% del monto que la empresa se ahorraba.

JAR - Está estipulado en nuestra oferta, 3%. Nos pidieron que hiciéramos una oferta por escrito, la estudiaron y resolvieron contratarnos sobre la base de un 3% del ahorro que obtuviera Antel en los juicios entre lo reclamado y lo que efectivamente tuviera que pagar, ya fuera por sentencia definitiva o por transacción. Eso es lo que estaba acordado.

Y había otro alia peor aún. Como le decía, el recurso de casación se habilitaba por la ley de Rendición de Cuentas, que había salido muy pocos meses o muy pocos días antes. Esa norma había sido cuestionada por la doctrina supuestamente por violar el principio de igualdad, porque afectaba solamente los juicios contra el Estado y no entre los particulares. Entonces era seguro que iba a haber una impugnación de inconstitucionalidad, que la hubo, y por lo tanto teníamos primero que salvar ese escollo, que la Corte compartiera nuestra posición de que la ley no era inconstitucional. Porque si era inconstitucional no entraba el recurso a la Corte y se consolidaban las sentencias de los tribunales de apelaciones de Trabajo.

En ese año y medio, casi dos años, ganamos la inconstitucionalidad; presentamos el recurso de casación de más de 100 páginas con cuatro consultas; ganamos un recurso de amparo que presentaron los dirigentes sindicales de los guardahílos contra Antel en tres instancias, que no estaba en los honorarios y no vamos a cobrar, que se perdió en primera instancia y se ganó en segunda y tercera instancia; litigamos en los 26 juicios en todo el país presentando nuevas pruebas, que obtuvimos gracias a los servicios de los técnicos de Antel, y sobre todo a fines del 2008 se obtuvo una sentencia de liquidación del monto en que el doctor Hackenbruch en Canelones abatió considerablemente los rubros reclamados por los guardahílos. Eso llevó a los guardahílos –que hasta ese momento se habían negado a todo tipo de negociación- a avenirse a negociar, porque se les cayeron los ánimos en cuanto a las expectativas de cuánto podían ganar.

EC - Porque finalmente termina habiendo un acuerdo por un monto insignificante si lo comparamos con lo que estaba en juego. En febrero de 2010 hay un acuerdo por siete millones de dólares.

JAR - No, en febrero de 2009. En ese momento los directores de Antel eran el ingeniero de Ruchansky, presidente de UTE, el economista Calloia, presidente del Banco República, y el ingeniero Ponce de León, presidente de OSE. Nos instruyen negociar con los guardahílos a ver si podía haber una solución, nosotros ya habíamos conversado y ellos se habían avenido –dos o tres meses antes, antes de la sentencia Hackenbruch habían rechazado todo tipo de negociación– a negociar. Conversamos, hablamos con los servicios de Antel, con el directorio de Antel, y al final se les propuso pagarles por todo concepto siete millones de dólares a los 151 guardahílos. Se terminaron pagando seis y pico, 6.200, porque un buen número de guardahílos no quisieron transar y todavía están litigando.

Se transa por el 4%. Creo que fue una negociación excelente, muy beneficiosa para Antel. Una transacción en ese orden, el 4, el 5, el 6 o el 7% de lo reclamado, es notablemente beneficiosa, sobre todo si uno piensa que hasta ese momento Antel venía perdiendo prácticamente todos los juicios en condiciones muy graves y nadie podía asegurar cuál iba a ser la posición de la Corte. La Corte tenía los expedientes a estudio desde hacía tiempo.

EC - Ese es el otro punto, esa negociación y ese acuerdo con los guardahílos se plasman dos días antes de que la Suprema Corte terminara fallando a favor de Antel.

JAR - Por suerte a favor de Antel. Si hubiera fallado en contra de Antel habría dicho "qué sagaces los directores de Antel de la época y el doctor Ramírez en haber forzado una negociación al 4%", porque si la condena podía ser de 180 millones, que fue la cuenta que hicimos, la liquidación era excelente. Con el diario del lunes todo es más fácil, pero en el momento en que se transa, que el directorio de Antel decide transar, durante enero y febrero del 2009 –la negociación se hizo en enero de 2009–, firma con escribanos mediante, certificación de firmas, etcétera, y acreditación de derechos por los guardahílos, se hizo el 9 de febrero, pero todo se había negociado antes. El directorio tomó la decisión después de estudiar ampliamente la propuesta y los riesgos, y yo creo que fue siempre muy beneficiosa.

Con otra nota adicional que a veces pasa desapercibida: que el hecho de que hubiéramos obtenido una o dos sentencias favorables de la Corte no implicaba que ganáramos todos los juicios. Es obvio que la Corte puede cambiar de posición, ha cambiado en los últimos tiempos, aun sin cambiar de integración ha cambiado de posiciones y sentencias en asuntos muy notorios, como el IRPF o la Ley de Caducidad.

Los juicios tenían además larga duración, algunos se habían iniciado un año o dos antes, por lo tanto para llegar a la Corte debían pasar por lo menos dos o tres años, y probablemente con cambios importantes en la integración de la Corte y eventualmente en la jurisprudencia de la Corte. En cambio la transacción fija las partes, tiene eficacia de cosa juzgada y no hay otra posibilidad.

EC - Si el acuerdo fue como usted estaba recordando, en febrero de 2009, ¿por qué termina habiendo un lapso de más de dos años hasta que usted presenta la factura final por los honorarios?

JAR - Porque seguimos. En enero, febrero de 2008, el directorio de Antel, sin consultarnos, sin preguntarnos –no tenía por qué preguntarnos, pero sin nuestra opinión–, decide cesar los contratos de todos los guardahílos. Eso generó una andanada de nuevas demandas por reintegro inmediato y subsidiariamente por despido abusivo.

EC - Usted dice que las actuaciones tuvieron que continuar después de febrero de 2009.

JAR - Claro, ahí Antel nos dice que no hagamos un honorario a resultados y nos ofrece pagar por todos esos juicios 200 dólares, de los cuales hemos cobrado la mitad, porque seguimos litigando esos juicios. Además no habíamos hecho la liquidación de cuánto era el monto que Antel nos debía. Hacemos la liquidación, muy compleja, del monto de los honorarios, porque del total reclamado hasta febrero del 2009 contra lo pagado, que eran seis millones y pico, había que descontar la pérdida de Antel, que era lo pagado por transacción, contra lo reclamado. El monto total reclamado fue, de acuerdo a nuestras cuentas, 180 millones de dólares a febrero de 2009. Eso era lo que podía perder Antel si los tribunales les daban íntegramente la razón a los guardahílos. Hicimos las cuentas y nos dio creo que 5.260.000 de honorarios por el 3%. Nunca pensamos que llegara a esa cifra, nos pareció exagerada, porque cuando aceptamos el reto sabíamos que el monto era muy cuantioso, pero no sabíamos cuánto era realmente, no lo sabían tampoco los servicios de Antel. Entonces presentamos la nota el 8 de julio al directorio de Antel diciendo que esa era la cifra, pero que íbamos a cobrar la tercera parte, en vez de un 3% el 1%.

EC - Ustedes ofrecieron cobrar menos de lo que teóricamente podían reclamar.

JAR - Un 66% menos. Una quita espontánea de nuestra parte, en virtud además de que no se trata de un cliente particular sino de una empresa pública, ofrecimos hacer una quita al directorio de Antel de tres millones y pico, teníamos derecho a 5.260.000 y dijimos que íbamos a cobrar 1.800.000. Antel estudió el asunto y planteó la posibilidad de pagarnos 1.500.000, a lo cual decimos que sí, si podemos rebajar dos millones y pico, tres millones, podemos rebajar 300.000 más.

EC - ¿Con qué fundamento? Porque estamos en números que van cambiando todo el tiempo.

JAR - Es un problema de razonabilidad y punto. A mí me consta que cuando hicimos la oferta nos preguntaron cuánto estimábamos cobrar a resultado si teníamos éxito, y dijimos el 3%. Le aclaro que el arancel del Colegio de Abogados fija por la primera instancia un 10% en caso de éxito y un 5% en caso de pérdida. Acá en caso de pérdida era 0% y en caso de ganancia era el 3% en vez del 10%, pero además por las tres instancias, por todos los juicios. Debe quedar claro que una cosa es un asunto de Antel contra los guardahílos en que uno tiene concentrada la prueba, concentrados los argumentos en un solo expediente, con mucho trabajo pero en un solo expediente, y otra cosa es esto, con una variedad enorme, porque todos los jueces opinan distinto, porque la jurisprudencia es diversa, porque las pruebas son distintas. Eran 26 juicios, con un promedio de siete millones de dólares cada uno, entonces si hoy uno hace las cuentas estaríamos cobrando 59.000 dólares por cada juicio de siete millones.

EC - Esa cifra ya quedó aprobada, falta simplemente el pago. ¿O no?

JAR - Falta que la acepte yo, porque dice "previa aceptación" y yo todavía no la he aceptado. La voy a aceptar, porque no voy a litigar contra un cliente, propuse hacer una quita del 66% y no del 70%, pero estoy dispuesto a hacer una quita de un 70%, o sea, a acordar con Antel el monto indicado. Que quede claro, el monto es importante, no cabe duda, no voy a decir que sea un monto chico, pero si hubiéramos perdido la inconstitucionalidad o la casación en la Suprema Corte, si se hubiera estimado que eran trabajadores dependientes y se les hubiera aplicado el estatuto del trabajador, en ese caso habríamos estado trabajando a pérdida en todo el país tratando de moderar los montos reclamados, en vez de 16 horas extras ocho, o en vez de dos salarios vacacionales uno.

EC - ¿Cuántos profesionales trabajaron en este juicio?

JAR - Tuvimos que cubrir todas las audiencias en el interior del país, en la matriz, en el recurso de casación trabajamos cuatro o cinco profesionales, más cuatro consultas que se pagaron por fuera –a Cajarville, Risso, Abal y Mangarelli–, y dentro del estudio no es el doctor Juan Andrés Ramírez, es el doctor Juan Andrés Ramírez y todos los asociados que tiene el estudio, que hemos dedicado mucho tiempo a esto. Y el honorario a resultados no lo pedimos nosotros, fue una política –que puede ser buena– de Antel de decir "no queremos incrementar los costos si seguimos perdiendo".

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Transcripción: María Lila Ltaif